El período comprendido entre 1975 y 2011, esto es, el lapso desde el fallecimiento del general Franco y la proclamación del rey Juan Carlos I hasta la actualidad, resulta un marco histórico coherente y pertinente a nuestro objeto de estudio. De este modo podemos situar la evolución de las drogas dentro de la propia evolución del sistema democrático en España, teniendo en cuenta que diversos autores estiman que las drogas han influido sobre el sistema político. Megías (2001) afirma que “el problema de la droga” no sólo “será uno de los “motivos” fuertes en el imaginario social” sino que “condicionará la consolidación del sistema democrático tal como lo conocemos”.
populariza el consumo de drogas en nuestro país, y surge lo que se ha llamado “problema de las drogas”, hasta alcanzar los primeros puestos en las encuestas de opinión. Por el contrario, en la última década se comprueba que este problema ha perdido interés por parte de los ciudadanos. Según el barómetro mensual que elabora el Centro de
Investigaciones Sociológicas, las drogas han pasado del puesto 3º en la década de los 90, con un tercio de encuestados que las mencionaban como uno de los principales problemas, al puesto 7-8º en los barómetros de 2003, bajando al 10% de los encuestados que las citan; cayendo hasta el puesto 19º en de 2011, cuando las drogas eran citadas sólo por el 0,6%.
Megías y otros (2001) entienden que las representaciones sobre las drogas han tenido un importante peso dentro del conjunto de representaciones sociales observables en España en los últimos veinticinco años. “En efecto, el llamado “problema de la droga” constituye un problema social que se ha ido construyendo en España en el período que va de finales del franquismo, hacia la mitad de la década de los setenta, hasta finales de la década siguiente, cuando podemos constatar que ya forma parte del repertorio de los problemas básicos de nuestra sociedad”. Según estos autores, durante el periodo de quince años comprendido entre 1975 y 1990 el problema se habría desarrollado
“alrededor de un determinado paradigma de “la droga”: los conflictos (personales, sociales, políticos) que tendrán a la heroína y a los heroinómanos como protagonistas”.
El fenómeno social de las drogas se va gestando en España de forma paralela a su desarrollo económico y su apertura internacional, pues durante el franquismo el consumo de drogas era un fenómeno secundario, cuando no marginal, debido fundamentalmente a dos razones: 1) la baja capacidad adquisitiva de una mayoría de españoles sólo les permitía acceder a productos de primera necesidad, pero no a productos caros dada su situación de ilegalidad; y 2) al cierre de fronteras respecto a otros países. “El régimen autárquico con su aislamiento político y cultural, el atraso socioeconómico y el ideario oficial nacional-católico, configuraban una eficaz barrera contra cierto tipo de sustancias y algunos hábitos de consumo (Usó, 1995). El “problema de drogas” en el Estado español no tiene su origen hasta después de la muerte del general Franco, en 1975, y surgiría “como consecuencia de las aspiraciones de libertad y tolerancia, con algunas dosis tardías del movimiento contracultural desarrollado una década antes en otros países europeos” (Markez, 2002:91).
Franco, la cuestión de las drogas estaba relegada a un segundo plano, ausente de la agenda de los grupos políticos de mayor peso específico, mientras que el conocimiento general sobre las drogas era “confuso, vago y distante. Se trataba de una realidad ajena”. Por tanto, es en los primeros años de la democracia, 1977-81, cuando ciertas drogas pasan a ser accesibles y consumidas por primera vez por un gran número de españoles, mientras que otras tradicionales y de incidencia crónica en la salud y las prácticas
socioculturales de los españoles, -como el alcohol y el tabaco- o bien intensifican su presencia como valor de interacción social o bien derivan hacia nuevos hábitos y prácticas sociales. “En estos años se expande la masificación del uso de las principales drogas legales, como el alcohol y el tabaco y, sobre todo, el cambio de pautas en los modos de beber (mayor introducción de combinados fuertes y, posteriormente, de cervezas; progresiva importancia de "las copas" de fin de semana...) o de fumar (feminización, "normalización" de su presencia callejera...)” (Romaní, 1999: 85-116).
Lo mismo ocurre con otras drogas como el hachís o la cocaína, pero la droga que va a marcar social y políticamente un período en la historia reciente es la heroína. Su introducción data de los primeros años 70, y hasta principios de los ochenta va a ser una droga con connotaciones contraculturales. Entre 1977 y 1980 se incorporan a su consumo hijos de clases medias y trabajadoras, y a partir de 1981 y 1985 entran en el mundo de la heroína individuos provenientes de los sectores marginales de la sociedad, que va a producir una identificación heroína-marginación. Esto, junto con la gran cantidad de asaltos a bancos y farmacias va a generar una “inseguridad ciudadana” que contribuirá a la creación de un discurso específico sobre "la droga". “La irrupción del SIDA, muy ligado en nuestro país al uso de drogas por vía intravenosa, ha contribuido a consolidar y
ampliar la alarma social, junto con el aumento de los llamados "muertos por sobredosis" (Romaní, 1999:85-116).
De este modo, la heroína pasa a convertirse en la droga “de referencia”, hasta el punto de que comienza a emplearse la expresión en singular “la droga”, término que se empleará para englobar por extensión a todas las sustancias. De esta forma “la droga” actuará de sinécdoque, en que la heroína y su problemática será la parte con que se defina el todo, el fenómeno de las drogas. Contra esta perversión del lenguaje encontraremos, a partir de los 90, advertencias por parte de diversos profesionales que entienden que emplear el singular produce confusión sobre la muy diferente naturaleza (legal, química, cultural, etc.) de cada sustancia. En esto nos extenderemos en capítulos
posteriores, sólo se pretende señalar ahora que el concepto de “la droga” referido a la heroína hará pasar por alto otros graves problemas de salud pública, como los creados por las drogas legales (alcohol, tabaco, tranquilizantes) y deformará el conocimiento sobre sustancias tan diferentes como el cannabis, la cocaína y los estimulantes, las enormes diferencias sociales y de edad de los usuarios de cada una de ellas, o las formas más adecuadas de abordar cada situación.
En 1983 el gobierno socialista despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de sustancias psicoactivas para uso propio, con la reforma del artículo 344 del Código Penal. Esto originó una reacción entre la oposición política y organizaciones sociales que
denunciarán la relación de las drogas con la delincuencia, origen del concepto de “seguridad ciudadana”. Acompañaba el hecho de que se pasó de menos de 300 atracos cometidos en 1977, a más de 6.000 en 1984, “récord mundial” de atracos a bancos, según cifras de Juan F. Gamella recogidas por Usó (1995:311). Según éste “antes de inyectarse heroína, muchos jóvenes españoles ya habían tomado la decisión de hacer del delito contra la propiedad su principal medio de vida (...) Si su actividad delictiva se incrementó de forma espectacular con el empleo endovenoso de drogas fue por una combinación del precio de la heroína y la amenaza de abstinencia”. En este año de 1983 la mitad de los reclusos españoles estaba en prisión por delitos relacionados con las drogas (Markez, 2003:1995). A ello hay que sumar las presiones internacionales. “Pronto aquel gobierno progresista se irá echando atrás y se encontrará, además, con el inicio de movilizaciones de grupos directamente afectados. Estos factores forjarán un consenso social que sitúa a "la droga" como la principal causa de la inseguridad ciudadana adoptándose como respuesta oficial el “paradigma represivo de percepción de la misma, lo que acabará tiñendo, por activa o por pasiva, todos los demás tipos de respuestas de orientación medicalista, asistencial, social o cultural” (Romaní, 1999:85-116).
El papel que las drogas van a jugar en la transición política española es, según varios autores, el de ayudar a conseguir un consenso ideológico, como recoge Juan Carlos Usó citando a Juan F. Gamella. “En la historia contemporánea, las drogas prohibidas ofrecen un tópico institucionalmente seguro sobre el cual unificar voluntades políticas,
favoreciendo la aceptación de una legislación más estricta, mayores gastos en fuerzas del orden y más protección paternalista” (Usó, 1995:317).
En esta línea, Rekalde y Romaní (2002:17) indican que las estrategias y discursos corporativos policiales, jurídicos, médicos, periodísticos y de los profesionales de las
drogas (en este orden de importancia) durante la transición política de la dictadura a la democracia van a influir en la definición de un determinado modelo de sociedad “en el que las formas de control social también se han tenido que redefinir, y en esta redefinición ha jugado un papel destacado la construcción social del “problema de la droga”, por su contribución a los reajustes entre los mecanismos de control social “hard”, que se irán dirigiendo hacia poblaciones específicas, y los “soft” de carácter más polivalente y con una progresiva mayor presencia en nuestra sociedad”.
Entre estos dispositivos “soft” de control social figurarían los medios de comunicación. En momentos de crisis se acudiría a las construcciones sobre “la droga” como sistema de control social. Según Aniyar (1987, citado por Vega, 1996) el control social consistiría en un despliegue de tácticas, estrategias y fuerzas para la construcción de la hegemonía, esto es, para la búsqueda de la legitimación o aseguramiento del consenso; o en su defecto para el sometimiento forzado de los que no se integran en la ideología dominante. “La noticia como forma de control social reduce la complejidad, refuerza las normas sociales, da ilusión de participación, no admite réplica, crea actitudes y crea prestigio, al mismo tiempo que desvía la atención de otros problemas, moviliza a la población ante medidas autoritarias” (Vega, 1996).
Así, Rekalde y Romaní (2002:17) entienden que el discurso generado en torno a “la droga” opera como sistema de control social. “Cuando falla la confianza en las autoridades que no han sabido evitar un crimen horroroso, unos comportamientos juveniles incomprensibles, etc. una buena redada anti-droga, bien publicitada por los MCS (unas imágenes, sobre todo televisivas, a caballo muchas veces entre la ficción y la realidad) tiende a restablecer la confianza perdida”.
Conviene matizar que la información forma parte de un flujo continuo y retroalimentado en el que intervienen muy diversos actores y que pasa por diferentes etapas, entre ellas los medios de comunicación (incluyendo a periodistas, propietarios, influencias externas, etc.) y las audiencias (público general del que también forman parte los actores citados), como se describirá en el epígrafe 4.4. Modelos del proceso de enmarcado. Por tanto, convendría evitar una concepción unidireccional de la información
de arriba (controladores de los medios de comunicación) a abajo (audiencias), como resultado de una acción consciente y jerárquica que estableciera un control irresistible y no intermediado por otros factores e influencias. Por tanto, deberíamos considerar los productos informativos, en nuestro caso el tr atamiento informativo de las drogas, y sus
efectos sociales como resultado de un complejo proceso con numerosos participantes. Los discursos generados en torno al concepto de “la droga” se habrían convertido, para Rekalde y Romaní (2002:17) en un metalenguaje que permitiría aprehender la realidad y orientar la actuación sobre ella de tal manera que los problemas reales a los que se hace referencia quedasen enmascarados. El paro, el empleo precario, los conflictos entre generaciones, la marginación social, el alejamiento de la política resultarían “silenciados” por la dificultad de encontrar un lenguaje con el que elaborarlos, mientras que “la droga”, a través de estereotipos simples y contundentes, ofrecería una vía de escape y de actuación que, además de dejar intocado el sistema que está en la base de todos estos conflictos y problemas (incluido el de las drogas) dificulta la adopción de medidas tanto políticas como técnicas de resolución de los mismos”.
Algunos autores incluso se han referido a una supuesta inducción al consumo de drogas de ciertos sectores concienciados de la población con finalidades políticas y de control social, si bien permanece sin probarse que el mayor consumo por parte de dichos sectores fuera fruto de una acción premeditada desde determinados sectores del poder, al tiempo que podrían encontrarse explicaciones alternativas y complementarias a esta hipótesis. Así, Usó cree que fueron los sectores más afectados por el consumo de heroína los que suponían una amenaza potencial para el consenso social e ideológico, lo que ilustra con una publicación de 1980 del Emk-Movimiento Comunista de Euskadi: “Parece claro la existencia de una manipulación política orientada a conseguir la autodestrucción pura y simple de miles de jóvenes que de otro modo podrían engrosar las filas de los contestatarios”. A similar conclusión llegaba Gamella para los jóvenes madrileños: “Los más propensos al uso de la heroína eran también los más propensos a la rebelión y al desorden: jóvenes, audaces, desempleados y con experiencia reciente de activismo político” (Usó, 1995:318-319).
En 1985 se crea el Plan Nacional Sobre Drogas , y es en la segunda mitad de la década de los ochenta cuando asistimos a una extensión de la asistencia sociosanitaria. La “alarma social” creada por la irrupción de la heroína, la aparición del SIDA y la percepción social de delincuencia en las calles, no sólo producirá una vuelta atrás legal, sino que parece acertado suponer que impulsó esta expansión de la asistencia. “Al tiempo se dan avances que sintonizan con las políticas y programas de reducción de daños y riesgos: programas terapéuticos de sustitución de opiáceos, distribución de jeringuillas, centros de noche y día, centros de consumo seguro, etc.” (Markez, 2002:91). Según la
periodista Isabel López (Markez, 2003:95) el SIDA cambió la historia de las drogas en España y otros países al concienciar a todo tipo de profesionales de que había que afrontar el problema de la drogadicción. Se comenzó entonces a conocer y aplicar medidas preventivas y de consumo higiénico, que desembocarían en lo que se ha llamado “reducción del riesgo”.
“Esta fase podríamos darla por finalizada al inicio de la década de los 90, con las movilizaciones ciudadanas “contra la droga” que se produjeron en numerosos barrios de nuestras ciudades alrededor de las elecciones municipales de 1991” (Romaní, 1999). A su vez, "la droga", como un metalenguaje a través del que llamar la atención acerca de malestares personales y sociales, ha mostrado su eficacia a través de movimientos sociales surgidos, sobre todo, de barrios degradados o marginales.
Finalmente, el gobierno socialista terminará por dar marcha atrás en la reforma de 1983, primero con una contrarreforma del artículo 377 en 1987, y más tarde con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, popularizada como “Ley Corcuera”, en 1992, por la que se impondrán multas por la tenencia y consumo en público. Esta ley, en opinión de algunos autores, “significó un gran retroceso en las libertades y derechos individuales” (Markez, 2002:91).
Así, empezamos la década de los 90 con una nueva ley que incrementará la persecución policial sobre el consumidor de sustancias ilegales, mientras que la heroína va perdiendo relevancia social, tanto por la progresiva reducción de su consumo como porque la sociedad española se habrá ido dotando tanto de recursos asistenciales para los heroinómanos, como de una cultura sobre esta droga que, por ejemplo, desembocará en nuevas vías de consumo más discretas (se sustituye la vía intravenosa por la nasal), o la expansión de programas de sustitución con metadona y narcosalas que reducirán la visibilidad, el contagio de enfermedades y la delincuencia.
El protagonismo central de la heroína a lo largo de los años 80, se va a diluir conforme avanzan los 90 entre muy diferentes sustancias, produciéndose cambios en los perfiles de los consumidores, en patrones y en ambientes de consumo. Sin embargo, tanto las instituciones como la percepción social del fenómeno de las drogas, van a reaccionar con retardo a este cambio en el consumo y en consumidores. En la década de los noventa la atención se desplaza hacia la cocaína, el éxtasis y el cannabis, al tiempo que aumenta la preocupación por los perjuicios para la salud de alcohol y tabaco. Ambas drogas legales van a continuar incrementando su consumo, resaltando el caso de las
mujeres, que se equipararán y superarán a los hombres en consumo de tabaco. En cuanto a los jóvenes, se empieza a detectar el consumo problemático de alcohol, en ocasiones mezclado con otras sustancias como el cannabis, éxtasis o anfetaminas.
Entre las sustancias ilegales, el cannabis va a ocupar un lugar destacado por su creciente popularidad durante la última década. Su consumo se generaliza entre la población, y alcanza dimensiones de moda entre los jóvenes; no sólo es habitual su consumo, sino también todo tipo de "merchandising" alrededor de símbolos como la hoja de la marihuana, Jamaica o Bob Marley; o el caso de canciones e incluso grupos enteros de música juvenil de vocación cannábica que venden miles de discos, son un ejemplo de esto último. “Ha dejado de ser una sustancia temida y etiquetada muy negativamente para convertirse en una de las drogas más toleradas por la opinión pública, e incluso valorada como beneficiosa. El nivel de peligrosidad que la población otorga al cannabis es el más bajo de todas las drogas ilegales y está muy cercano al alcohol y al tabaco” (Bobes y Calafat, 2000:234).
El cannabis es, además, la bandera de un movimiento antiprohibicionista que ha surgido en España en menos de una década. Alrededor de cuarenta asociaciones cannábicas de carácter local, autonómico, nacional y europeo, reivindican un cambio en las políticas sobre drogas, que reconozca el derecho al consumo por parte de adultos. Este movimiento va a encontrar una importante difusión gracias a la aparición de revistas de distribución nacional (entre otras, la decana Cáñamo; Yerba, edición española de la norteamericana High Times, y La María de Soft Secrets de la editorial holandesa Discover Publisher) cuyas tiradas alcanzan varias decenas de miles de ejemplares cada una, así como por innumerables páginas de internet. En paralelo han abierto en España no menos de 300 “tiendas de cultivo” ( grow-shops), en las que se puede adquirir legalmente desde semillas de marihuana a todo lo necesario para su cultivo (sustratos, abonos, insecticidas, sistemas de riego por goteo, etc). A ello hay que sumar la importante influencia de Internet en la difusión de información y coordinación del sector empresarial y asociativo.
Hasta tal punto se va a popularizar el cannabis y la cultura surgida en torno a esta planta que para algunos se estarían creando “las condiciones para que importantes elementos de la cultura y de la defensa del cannabis estén en proceso de convertirse en parte de los valores dominantes en la España actual” (Bobes y Calafat, 2000: 235). La situación específica del cannabis en nuestro país se analiza con más detalle en el epígrafe 2.3.