En el marco de las transformaciones históricas identificadas en el anterior capítulo, este ofrece una síntesis cualitativa de los rasgos regionales que caracterizan el acaparamiento de tierras contemporáneo en Colombia. Aunque en los últimos años se haya ido consolidando el estudio de este fenómeno en el país, la gran mayoría de textos encontrados se construye alrededor de estudios de caso sobre regiones particulares, o sobre un tipo de cultivos en específico. El objetivo de este ejercicio es ofrecer una mirada global sobre lo que se ha escrito hasta ahora, con el fin de subrayar tanto las particularidades que adquiere el fenómeno en distintos contextos locales, como las tendencias generales que subyacen a estos procesos. Esta síntesis aporta a la discusión actual sobre acaparamiento de tierras en Colombia, y ayuda a identificar los vacíos teóricos que deben constituir a futuro una agenda de investigación sobre el tema.
Aunque no es exhaustivo, el ejercicio de revisión de literatura de este capítulo procuró cierta sistematicidad. En otras palabras, por cuestiones de tiempo, no pudieron ser revisados absolutamente todos los textos existentes sobre procesos de acaparamiento de tierras en Colombia. No obstante, la recopilación de conocimiento estuvo dirigida por una pregunta de investigación exploratoria, que permitió distinguir conceptos claves y priorizar las lecturas más relevantes sobre el tema. La búsqueda, selección y síntesis de la información, siguió una serie de protocolos que buscaban darle rigor al ejercicio, y permitir que las discusiones derivadas fueran pertinentes para el campo de conocimiento en exploración (Dijkers, 2015). El ejercicio se realizó en una matriz de análisis cuya metodología y resultado final puede ser consultado en el Apéndice A.
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Gráfico 2: Cantidad de textos por región estudiada
Altillanura (Meta y Vichada)
Con 12 textos, la Altillanura ha sido la zona más estudiada. Esto se debe principalmente al reiterado interés que han mostrado los gobiernos recientes por promover el desarrollo agroindustrial allí. Esta extensa región comprende la mitad oriental del Departamento del Meta, y todo el Departamento de Vichada. Tradicionalmente, ha sido una región de frontera con vías de comunicación limitadas, por lo que su integración a circuitos comerciales está apenas en desarrollo. El territorio ha sido el escenario de disputas entre grupos armados al margen de la ley, como las FARC y los paramilitares, y aunque el desplazamiento forzado ha hecho parte de su historia, no se ha presentado con la misma intensidad que en otras zonas del Meta o del país (Osorio Pérez, 2015).
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En la Altillanura hay una gran variedad de proyectos diferentes ocurriendo simultáneamente, por lo que la mayoría de la literatura se ha referido primordialmente a las dinámicas generales de la región (Álvarez, 2012; ILSA, 2014; P. Gómez, 2015; Osorio Pérez, 2015). Algunos textos han profundizado individualmente sobre las dinámicas de la palma (Marín-Burgos, 2014) o los cultivos forestales (M. Gómez, 2015). Otros incluso, se han enfocado en el funcionamiento específico de compañías particulares como Poligrow (SOMO-Indepaz, 2015).
La presencia de empresas que funcionan a través de fondos de capital extranjero, y de créditos subsidiados por el Estado, ha dado cabida a importantes debates públicos en los que se denuncia la "extranjerización de la tierra", y se señalan las potencialidades neo- coloniales de estos emprendimientos (Álvarez, 2012; Osorio Pérez, 2015; Robledo, 2015; Revista Semillas, 2015). Por otro lado, grandes firmas nacionales como Manuelita, Riopaila Castilla o el Grupo Sarmiento Angulo, también han comprado grandes extensiones de tierra en la región (Contraloría, 2013), dando cuenta del importante papel que simultáneamente han jugado las élites nacionales.
La informalidad de los títulos de la tierra, y la gran cantidad de baldíos han propiciado que algunas empresas agroindustriales recurran a estrategias irregulares con el fin de acceder a derechos de propiedad. Estas estrategias son variadas, y van desde la fragmentación en pequeñas compañías para solicitar baldíos como sujetos de reforma agraria20, hasta el despojo de habitantes sin títulos (Álvarez, 2012; Contraloría, 2013; ILSA, 2014: Robledo 2015; P. Gómez 2015).
Otros estudios han profundizado en las maneras en que el control de la tierra por parte de estos megaproyectos transforma las condiciones de vida de los habitantes. Patricia Gómez (2015) ha explorado desde una perspectiva geográfica, cómo los cercamientos y la
20La ley 160 de 1994, a través de la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino, buscó promover el acceso de campesinos a la propiedad rural a través del mercado de tierras. La ley creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la empresa básica de producción agrícola cuya extensión permite a las familias beneficiadas remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que contribuya a la formación de su patrimonio. Así mismo, “determinó que en ningún caso una sola persona podía tener más de una UAF y que tampoco podían ser destinatarios de baldíos las personas naturales o jurídicas que tuvieran un patrimonio superior a 1000 salarios mínimos” (Osorio, 2010).
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privatización de caminos y senderos han afectado la relación que los pobladores tradicionales entablan con el espacio. De otro lado, Robinzon Piñeros (2016) ha investigado las transformaciones en los regímenes laborales asociadas a la expansión de la palma de aceite y la caña de azúcar. En su estudio describe los flujos de trabajo y capital que hay entre la Altillanura y el piedemonte del Meta, y denuncia la precarización y flexibilización de la que son víctimas los trabajadores de la palma. La vinculación a través de Cooperativas de Trabajo Asociado dificulta la actividad sindical, y a menudo, los liderazgos reivindicativos son amedrentados por grupos paramilitares. Juan Ricardo Aparicio (2016) ha estudiado la manera en que las compañías que llegan a territorios afectados por la violencia, aprovechan el discurso de la paz para ganar mayor aceptación entre la población. En consecuencia, ha interpretado la promoción de ciertas prácticas de memoria y reconciliación en Mapiripán, Meta, como mecanismos para movilizar afectos en favor de los procesos productivos que empiezan a tener lugar allí.
Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó)
Con 9 textos, el del Bajo Atrato, en el Departamento del Chocó, es un caso paradigmático porque describe una situación clara de transición agraria mediada por la acción violenta de un grupo que deliberadamente busca nuevas fronteras para la acumulación de capital. Este proceso de formación de relaciones sociales capitalistas en el campo fue denominado por Marx como "acumulación primitiva"21. La importancia mediática que adquirió el caso tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional a favor de las comunidades afectadas, explica también la atención recibida por parte de académicos y ONG.
En 1997 grupos paramilitares del Urabá antioqueño, con apoyo de las Fuerzas Armadas, incursionaron violentamente en las selvas de Curvaradó y Jiguamiandó amparados en el desarrollo de operaciones antisubversivas (Osorio Pérez, 2015). El desplazamiento masivo generado por la intensidad de los bombardeos fue aprovechado por los paramilitares para
21 Derek Hall (2013) ofrece una discusión extensa sobre el papel que ha tenido el concepto de acumulación
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apropiarse de las tierras abandonadas, muchas de las cuales estaban tituladas colectivamente a comunidades negras. Tres años después, empresarios agrícolas de Urabá - contactados e invitados por los mismos paramilitares-, ocuparon la región con miles de hectáreas de palma de aceite (Memoria Histórica, 2012; Grajales, 2015).
Una parte importante de los textos encontrados ha estudiado los mecanismos ilegales empleados por las empresas para proteger jurídicamente sus inversiones, revelando así una larga lista de triquiñuelas jurídicas que incluyen la falsificación de títulos de propiedad, la presión a notarios, y transferencias fraudulentas por parte de supuestos representantes de los Consejos de las comunidades negras. El lúcido análisis de Jacobo Grajales sugiere que estos eventos revelan la fluida interacción que hay entre lo legal y lo ilegal en los procesos de acaparamiento de tierras (Mingorance et al., 2004; Grajales, 2011; 2013; García Reyes, 2014).
Otros textos han mostrado que los paramilitares y los empresarios palmeros formaron liderazgos comunitarios, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, y ofrecieron servicios públicos para legitimarse ante la población. Las oportunidades laborales que ofrecían los cultivos de palma eran restringidas a quienes decidieran vincularse a tales organizaciones, generando así una división social entre los miembros de la comunidad (Osorio Pérez, 2015). Rey Martinez (2011) y Marín-Burgos (2014) por su parte, han evidenciado los distintos apoyos crediticios que recibieron los empresarios palmeros por parte de entidades nacionales e internacionales para el desarrollo de estos proyectos. Finalmente, Jacobo Grajales (2015) ha estudiado las distintas formas de resistencia legal que han ejercido las comunidades para recuperar sus tierras.
Un vacío llamativo en la literatura sobre este caso tiene que ver con el poco conocimiento que se tiene sobre las transformaciones en las relaciones sociales y laborales que tuvieron lugar una vez la tierra estuvo en control de paramilitares y palmicultores. Aunque mucho se ha escrito sobre el desplazamiento forzado generado, poco se ha estudiado qué pasó con quienes permanecieron en el territorio (Li, 2011).
47 Montes de María (Bolívar y Sucre)
La región de Montes de María, conformada por 15 municipios de Sucre y Bolívar, ha sido abordada por 9 textos. Entre 1968 y 1990 albergó una pujante economía campesina productora de alimentos que coexistió con grandes propiedades ganaderas (Coronado y Dietz, 2013). En la década de 1990 grupos armados al margen de la ley aprovecharon su estratégica conexión al mar, y su geografía montañosa para el tráfico de armas y drogas, y para la siembra y procesamiento de coca (De los Ríos et al., 2012). Masacres, asesinatos selectivos, enfrentamientos y desplazamientos masivos transformaron profundamente el paisaje de los Montes de María. El despojo de tierras aumentó significativamente la concentración y precedió la transformación agroindustrial que experimentó la región (Memoria Histórica, 2010).
En 2002 la región fue declarada Zona de Rehabilitación y Consolidación en un intento del gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, de retomar el control militar e institucional de la región (González, 2012). Simultáneamente se promovió la inversión agroindustrial (luego de que las tierras de los desplazados habían sido compradas a precios bajos). Empresarios pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño adquirieron desde entonces, cerca de 60.000 hectáreas (Coronado y Dietz, 2013) que han dedicado al cultivo industrial de palma de aceite (Marín-Burgos, 2014), caña de azúcar, arroz, tabaco (Ojeda et al., 2015) y teca (De los Ríos et al., 2012). La mayoría de los textos estudiados insisten en la relación que hay entre conflicto armado y transformación agraria, haciendo del desplazamiento, y de los mecanismos de adquisición de tierra sus temas centrales (Memoria Histórica, 2010; Memoria Histórica, 2012; De los Ríos et al., 2012; Gómez, Sánchez-Ayala, y Vargas, 2015).
Otros textos han descrito la relación entre políticas públicas y empresarios agroindustriales, evidenciando que tanto el gobierno nacional, como los mandatarios locales, han privilegiado las condiciones de rentabilidad de los empresarios (González, 2012). Marín- Burgos (2014), en un estudio detallado sobre el tema, describe el sistema de puertas giratorias que hay entre líderes del gremio palmero, y ciertas instancias gubernamentales
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locales y nacionales. Coronado y Dietz (2013) muestran que el sistema de incentivos que ofrece el Estado ha terminado por constituir un modelo de desarrollo que excluye a todos los que se niegan a sembrar este tipo de cultivos. De igual manera, señalan que el esquema de alianzas productivas, muy practicado en la región, concentra enormemente el control sobre el territorio en las manos de los grandes empresarios.
Algunos otros, han abordado las dimensiones cotidianas de las transformaciones vividas. Ojeda y sus colegas (2015) muestran cómo el control del agua ha sido concentrado por las empresas, a la vez que los regímenes laborales han tendido a la flexibilización y a la precarización. Aparicio (2016) por su parte, evidencia que el trabajo de las fundaciones asociadas a las empresas ha remplazado la labor de organización social que cumplían los sindicatos en otras épocas, restando sin embargo, el contenido clasista, reivindicativo y contestatario de sus discursos. Varios de los autores mencionados coinciden en que si bien las condiciones socioeconómicas de los habitantes vinculados a los proyectos agroindustriales han mejorado un poco, existen malestares y conflictos por la concentración del control en manos de los empresarios.
Piedemonte (Meta)
La importante transformación que desde los años 2000 ha vivido el suroccidente del Departamento del Meta, ha sido documentada y estudiada por 4 textos. Desde los años 50, campesinos colonos poblaron la región. Tradicionalmente, han enfrentado la apropiación violenta de tierra por parte hacendados, o de distintos grupos armados que se disputan el control de la zona a través de acciones violentas dirigidas en muchas ocasiones, a la población civil. Con ayuda del gobierno de Estados Unidos, en 2002 se dio inicio al Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM), que buscaba asegurar el control militar sobre la región para introducir paulatinamente instituciones estatales y económicas que permitieran el desarrollo local (Gutiérrez Lemus, 2012). Aunque los primeros cultivos de palma en el Meta se establecieron en la década de 1960 en el noroccidente del Departamento, el PCIM los impulsó en el Piedemonte. Se estima que en 2015, había cerca
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de 7.000 hectáreas de palma sembradas, y dos plantas extractoras en construcción además de la que ya existe en el municipio de Puerto Rico (Fajardo, 2015).
La literatura ha hecho énfasis, por un lado, en las desigualdades que se generan a través del esquema de alianzas productivas. De acuerdo con Darío Fajardo (2015), los contratos de alianza productiva han sido muy rentables para las compañías que llegan a la región atraídas por los bajos costos de la tierra. Aunque deban contribuir con capital semilla y con capacitación técnica a los pequeños productores que deseen vincularse, el esquema les garantiza proveedores exclusivos, y un mercado constante. El acceso a crédito cobija a las grandes empresas y excluye a los campesinos asociados, pues estos muchas veces, tienen títulos deficientes de tierra. A pesar de que las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores han mejorado, se mantiene un desbalance enorme en el control sobre la tierra y los procesos productivos.
Por otro lado, David Maher (2015) ha planteado una relación entre la violencia perpetrada por los paramilitares y las Fuerzas Militares, y el crecimiento del sector palmero en la región. Para ello compara el crecimiento del área sembrada con datos de desplazamiento en el sur del Meta, sugiriendo que la palma ha crecido gracias al despojo de tierras. Finalmente, señala que la pacificación de las relaciones laborales entre los palmeros y los jornaleros ha estado mediada por la violencia paramilitar y las intimidaciones a los sindicatos. Robinzon Piñeros (2016), en un lúcido estudio, muestra que la producción de palma y caña de azúcar en torno a la infraestructura vial ha terminado por expulsar la economía campesina hacia las regiones marginales. Señala además, que el crecimiento de estos cultivos se ha dado en tierras dedicadas tradicionalmente al latifundismo ganadero. Por último, Piñeros muestra que los incentivos gubernamentales a la agroindustria (zonas francas, garantías jurídicas), han consolidado una hegemonía corporativa en el territorio. Urabá antioqueño
3 textos se han concentrado en la región del Urabá, ubicada al norte del Departamento de Antioquia. Al igual que muchas de las otras regiones mencionadas, esta fue una frontera
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agrícola hasta la segunda mitad del siglo XX. Su desarrollo temprano está asociado a la agroindustria bananera y a la ganadería extensiva. Desde los años 70 los conflictos agrarios se alimentaron de la incursión de grupos guerrilleros que motivaron grandes invasiones de tierra, infiltraron los sindicatos y extorsionaron a los terratenientes. En 1989 fueron fundadas las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo paramilitar financiado por narcotraficantes, ganaderos y propietarios de plantaciones de bananos (Memoria Histórica, 2012). La intensificación del conflicto desde entonces, ha generado enormes desplazamientos, sea por el peligro de los enfrentamientos, o por amenazas relacionadas con filiaciones políticas (Muñoz et al, 2015).
En todos los textos encontrados el conflicto armado juega un rol fundamental. Desde una aproximación etnográfica, Teo Ballvé (2012) relaciona el acaparamiento de tierras con el proceso de formación del Estado, describiendo cómo el proceso de descentralización a finales de los 80 genero oportunidades para que los paramilitares se pudieran asociar con élites locales, y desde los años 2000, promover la integración económica a través de los agronegocios en tierras despojadas. Ballvé señala que los paramilitares formaron líderes sociales que promovieron este tipo de negocios, y reflexiona sobre la importancia del control territorial y social en la construcción de una hegemonía.
Muñoz y sus colegas (2015) muestran que el conflicto armado está íntimamente relacionado con una desigual estructura de la propiedad de la tierra. Su artículo se destaca en la literatura por utilizar métodos cuantitativos además de cualitativos. En él presentan una tipología de los mecanismos de apropiación de la tierra que incluye la venta forzada, el uso de documentos falsos para reclamar tierras abandonadas, el desalojo armado y la ocupación de facto. Llama la atención que ninguno de los tres artículos arroja mucha información sobre las transformaciones laborales generadas luego de los cambios en el control sobre la tierra.
51 Zona bananera (Magdalena)
Los 2 estudios sobre la Zona Bananera del Departamento de Magdalena exploran la relación entre el control de la tierra por parte de empresarios agrícolas y la violencia. Huyendo de los altos niveles de violencia, empresarios bananeros del Urabá desplazaron su producción al Departamento de Magdalena en la segunda mitad de los 80. La producción creció vertiginosamente, pasando de 60.000 toneladas en 1985 a 270.000 toneladas en 1990. Se estima que en 1991, la industria bananera empleaba cerca de 9.000 personas (Grajales, 2011).
Según Jacobo Grajales (2011), este súbito crecimiento estuvo acompañado de un rápido proceso de organización sindical que exigió mejores condiciones laborales. Su estudio se concentra en mostrar cómo la violencia paramilitar fue utilizada para pacificar las crecientes tensiones entre empresarios y sindicatos, planteando que el tema del control sobre la tierra es relevante, no solo por el desplazamiento que puede precederlo, sino también por las implicaciones que tiene sobre el manejo de las relaciones laborales en los nuevos contextos de agricultura industrial más propensos a la movilización social.
La apertura comercial de los 90, sumada a las fuertes presiones que la guerrilla ejercía sobre los empresarios -y se podría especular que las tensiones laborales descritas por Grajales también influyeron-, golpearon duramente la rentabilidad de los cultivos de banano en la zona22, y sumieron al sector en una dura crisis. La crisis motivó a los empresarios de la región a sustituir el cultivo de banano por el de palma, pues ofrecía mayor estabilidad, resistía mejor a las enfermedades y a los cambios climáticos, requería menos pesticidas y productos químicos y podía aprovechar los canales de riego que ya existían, consumiendo sin embargo, menos agua (Goebertus, 2008).
El texto de Juanita Goebertus (2008) identifica las razones que explican el desplazamiento forzado en esta región. En primer lugar, la baja presencia institucional ha hecho posible el
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Un artículo publicado por Mariano Arango en 1994 recoge testimonios del gremio bananero a propósito de los efectos de la apertura comercial. Contrastar ambas fuentes ofrece un interesante panorama de las condiciones que pudieron motivar las transformaciones descritas por Goebertus. Cf. Arango 1994.
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cobro de extorsiones por parte de grupos armados. En segundo lugar -y esta es quizás la más interesante para nuestro estudio-, está la reducción en la demanda de mano de obra que se da por la transición hacia los cultivos de palma. La exigencia de conocimientos técnicos que requieren hacen escasas las oportunidades laborales para los antiguos trabajadores del sector bananero. Es importante recalcar que esta transición puede amenazar la seguridad alimentaria, en tanto el banano era comestible, mientras que el fruto de la palma no lo es. Goebertus (2008) y Grajales (2011) señalan que la expansión de la producción