Los lectores de los primeros borradores de este capítulo quedaron confundidos con la categoría de «demandas democráticas» utilizada en el texto. ¿Por qué denominarlas «democráticas» en lugar de «puntuales» o simplemente «aisladas»? ¿Qué hay de particularmente democrático en ellas? Estas son preguntas legítimas que requieren una respuesta. Debo decir, en primer lugar, que por «democrático» no entiendo, en este contexto, nada relacionado con un régimen democrático. Como se expone repetidamente en mi texto, estas demandas no están teleológicamente destinadas a ser articuladas en ninguna forma política particular. Un régimen fascista puede absorber y articular demandas democráticas tanto como un régimen liberal. Debemos además agregar que la noción de «demandas democráticas» tiene aún menos que ver con cualquier juicio normativo relativo a su legitimidad. Ella permanece en un plano estrictamente descriptivo. Los únicos rasgos que retengo de la noción usual de democracia son los siguientes: (a) que estas demandas son formuladas al sistema por alguien que ha sido excluido del mismo —es decir, que hay una dimensión igualitaria implícita en ellas—; (b) que su propia emergencia presupone cierto tipo de exclusión o privación (lo que hemos llamado en este texto «ser deficiente»).
¿No es esta una noción un tanto peculiar de la democracia? Considero que no. Trataré de defenderla diciendo algo sobre la genealogía de mi uso del concepto. El punto de partida de esta reconstrucción genealógica debería ser la categoría marxista de «revolución democrático-burguesa». La democracia, según esta concepción, estaba ligada a la lucha de la burguesía naciente contra el feudalismo y el absolutismo. Por lo tanto las demandas democráticas eran inherentemente burguesas y estaban ligadas esencialmente al establecimiento de regímenes «democrático-liberales». Diferentes de las demandas democrático (burguesas) eran las demandas socialistas, que implicaban trascender la sociedad capitalista y correspondían a un estadio más avanzado del desarrollo histórico. Por lo tanto, en los países donde el punto principal de la agenda política era el derrocamiento del feudalismo, la tarea de las fuerzas socialistas debía ser el apoyo a la revolución democrático-burguesa que establecería, durante todo un período, una sociedad capitalista plenamente desarrollada. Solo con posterioridad, como resultado de las
contradicciones internas del capitalismo, las demandas socialistas estarían en la vanguardia de la lucha política. Por lo que la principal distinción era entre demandas socialistas y democráticas, y la inscripción de estas últimas dentro de la hegemonía burguesa y el establecimiento de un Estado liberal se daban por sentados.
La claridad de estas distinciones fue empañada por la emergencia de los fenómenos que más tarde serían subsumidos bajo el rótulo de «desarrollo combinado y desigual». ¿Qué ocurre si, en un determinado país, la tarea de derrocar al feudalismo retiene toda su centralidad, pero la burguesía como fuerza social es demasiado débil para llevar a cabo su propia revolución democrática? En ese caso, la revolución democrática permanece en la agenda histórica, pero su carácter burgués se vuelve cada vez más problemático. Su liderazgo debe ser transferido a diferentes actores históricos, y todo tipo de articulaciones no ortodoxas entre actores y tareas se vuelve posible. La fórmula bolchevique de una «dictadura democrática de obreros y campesinos» modificó la noción de «democracia» y la condujo en direcciones nuevas e inesperadas, y la «revolución permanente» de Trotsky requirió una conexión aún más flexible entre revolución, actores y tareas democráticas. Las luchas antifascistas de la década de 1930 y la ola de revoluciones del Tercer Mundo después de 1945 hicieron que este proceso de desintegración de la noción de «revolución democrático-burguesa» fuera aún más rápido: por un lado, la conexión entre demandas democráticas y liberalismo demostró ser puramente contingente (muchos regímenes formalmente antiliberales eran el único marco posible para el avance de las demandas democráticas); por otro lado, en aquellos casos en los cuales las demandas democráticas requerían la defensa de las instituciones liberales contra la arremetida autoritaria, el carácter «burgués» de esas instituciones ya no podía afirmarse fácilmente. Existía una mediación articulatoria cambiante de la cual dependía el significado de las fuerzas, las instituciones y los eventos. Recuerdo haber leído en la Argentina, en la década de 1960, un periódico con un titular de primera página que decía: «La Constitución Nacional se está volviendo subversiva».
Es dentro de esta vasta mutación histórica donde podemos apreciar el significado global de la intervención de Gramsci. Toda su teoría de la hegemonía tiene sentido solo si la inscripción popular de demandas democráticas no procede de acuerdo con un diktat dado a priori o teleológicamente determinado, sino que es una operación contingente que puede moverse en una pluralidad de direcciones. Esto significa que no existe una demanda con un «destino manifiesto» en lo que a su inscripción popular se refiere —y, de hecho, no es solo una cuestión de la
contingencia de su inscripción, porque ninguna demanda se constituye plenamente sin alguna clase de inscripción—. Cuando llegamos a este punto en la teorización de Gramsci no estamos lejos de la noción de «demanda democrática» que hemos presentado en nuestro texto. Sin embargo, no completamente. Porque para Gramsci, la esencia última de la instancia articuladora —o la voluntad colectiva— es siempre lo que él llama una clase fundamental de la sociedad, y la identidad de esta clase no es considerada como el resultado de prácticas articulatorias —es decir, que aún pertenece a un orden ontológico diferente del de las demandas democráticas—. Esto es lo que, en Hegemonía y estrategia socialista, hemos denominado el último resabio de esencialismo en Gramsci. Si lo eliminamos, el pueblo como instancia articuladora —el locus de lo que hemos denominado demandas populares— solo puede ser el resultado de la sobredeterminación hegemónica de una demanda democrática particular que funciona, como hemos explicado, como significante vacío (como un objeto a en el sentido lacaniano).
Esto explica, por qué hemos llamado «democráticas» a estas demandas. No por algún vínculo nostálgico con la tradición marxista, sino porque hay un ingrediente de la noción de «democracia» en esa tradición que es vital retener: la noción de insatisfacción de la demanda, que la enfrenta a un statu quo existente y hace posible el desencadenamiento de la lógica equivalencial que conduce al surgimiento del «pueblo». Supongamos que en lugar de demandas «democráticas» habláramos de demandas «puntuales». Esta última denominación evocaría inmediatamente la idea de una positividad completa, cerrada en sí misma. Pero sabemos que no existe tal positividad: o bien la demanda está diferencialmente construida —lo que significa que su positividad no es monádica, sino que está posicionada dentro de un conjunto relacional— o está equivalencialmente relacionada con otras demandas. Sabemos también que esta alternativa se yuxtapone con aquella otra entre demandas satisfechas e insatisfechas. Pero una demanda satisfecha deja de ser una demanda. Es solo la falta de satisfacción —que puede oscilar entre un rechazo categórico y «un estar en un equilibrio inestable entre satisfacción y no satisfacción»— lo que otorga materialidad y presencia discursiva a una demanda. El calificativo de «democrática» (que no es, de hecho, tal porque repite como un adjetivo lo que ya estaba incluido en la noción de demanda) apunta a ese contexto equivalencial/discursivo que es la condición del surgimiento de la demanda, mientras que los calificativos de «puntual» o «aislada» no lo hacen.
Aún queda el problema, por supuesto, de la relación entre demandas populares y democráticas, tal como ha sido expuesto en nuestro texto, y la noción
más convencional de democracia. Vamos a abordar parcialmente esta cuestión en el capítulo 6.