FUNCTIONAL FORM

La inmigración es un determinante social de la salud de los países receptores, es primordial identificar los orígenes de las enfermedades que afectan la población inmigrante e ir en su ayuda. No se debe olvidar que al momento de hablar de salud no se debe limitar sólo a la atención de un médico en una clínica u hospital, sino que se debe evaluar el estado completo del ser humano, físico, mental y social (OMS, 1946) e incluso, se debe condicionar esta mirada de acuerdo al género, edad, condiciones laborales y ambientales. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los orígenes de sus enfermedades están relacionadas a la maternidad, cuidados del recién nacido, cuidados del niño, salud sexual y reproductiva e incluso la violencia que se ejerce en ellas (OMS, 2017).

0,87% 2,08% 1,10% ,51% 2 ,00% 0 ,50% 0 ,00% 1 ,50% 1 ,00% 2 ,50% 2 ,00% 3 2011 2016 Postulaciones Seleccionados

El Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que suscribió Chile en 1969 y promulgó en 1989: Parte III, Artículo 12, establece: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. (Decreto N°326, 1989)

Si lo llevamos a la realidad nacional, dirigida a la población inmigrante, la Política de Salud hacia el inmigrante en Chile en 2017, según el Ministerio de Salud: Se basa en Derechos humanos, es decir, las personas migrantes son sujetos de derecho y el Estado tiene obligación de asegurar que estos derechos se respeten. Sin importar su nacionalidad o el tiempo que lleve en Chile (GPM, 2017). Estás, personas podrán recibir atención de salud en el Sistema Público, Fondo Nacional de Salud (FONASA), o el Sistema Privado, Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Este camino, se inició el año 2002, el país comenzó a definir a nivel nacional el Régimen de Salud que debía reformular los programas de salud, mejorar los estándares de calidad en las prestaciones e integración de las personas. Esperando así, disminuir la desigualdad y discriminación de los ciudadanos en este ámbito, es en este plan cuando se comienza a evidenciar por parte del Estado la preocupación por la población inmigrante, así nace el proyecto piloto en la Región Metropolitana zona norte (Opazo y Reyes, 2011). Este proyecto tuvo como objetivo caracterizar a la población inmigrante e identificar cuáles eran los nodos críticos entre esta población y los problemas relacionados al acceso de la atención en el servicio público.

Se constata, que el caso particular de Chile, según la epidemióloga social Cabieses, que la población que ingresa al país:

Se ha observado el efecto del “migrante sano”. Este grupo auto-reporta menos problemas de salud que la población chilena. No obstante, existe una clara gradiente según nivel socioeconómico (NSE) del inmigrante. Es decir, los inmigrantes de bajo NSE no presentan el efecto de “migrante sano”. Más aun, inmigrantes viviendo en bajo NSE en Chile, a pesar que es más joven que la población local, presentan tasas de morbilidad similar a la población nacida en Chile. Esto muestra ser consistente independiente del problema de salud observado (agudo o crónico) pero especialmente importante en inmigrantes que llevan largo tiempo en Chile (más de una década) (Cabieses, 2015; Cabiese, Bernales y McIntyre, 2017).

Por otro lado, este proyecto piloto, vino a evidenciar el choque cultural entre los profesionales del área y las comunidades inmigrantes. Por un lado, el servicio público, según el Centro de Investigación e Información Periodística durante el año 2008, se manifestaba por:

El exceso de trabajo que ya estaban padeciendo y que se incrementaría aún más con los inmigrantes; la falta de infraestructura en los hospitales y centros de atención; la falta de personal; la nula capacitación de los funcionarios de salud respecto a la diversidad culturales, la irresponsabilidad de los inmigrantes frente a sus enfermedades y chequeos médicos y de todos los miembros de sus familias. Junto con ello, los Directores de centros de salud presionaban para no atender a las personas que no sigan un régimen de autocuidado y controles médicos, afirmaban que no era discriminación, racismo, malos tratos o negación del derecho a la salud, sino que esta despreocupación por su salud, controles en sus embarazos, vacunación en los niños traería consecuencias para el sistema y no querían responsabilizarse (Opazo y Reyes, 2011; Mosquera, 2011).

Por otro lado, la población inmigrante reclamaba por:

La precariedad de la atención médica tanto para hombres como para mujeres; la discriminación por parte de los funcionarios; la negación de la atención por falta de papeles migratorios; la discriminación de los chilenos en las salas de espera y por los altos costos de la atención y medicamentos. Declaraban que preferían automedicarse o utilizar remedios caseros. También afirman ser clientes de la

Farmacia del Doctor SIMI, este sistema informal, declaraban que les proporcionaba facilidades, ya que no les exigía papeles ni previsión y, sólo por enfermedades más complejas recurrían al sistema público o los servicios de Organizaciones no Gubernamentales, Cruz Roja, Centros médicos universitarios o Fundaciones especializadas (Opazo y Reyes, 2011; Mosquera, 2011).

Estos servicios, cobraron relevancia considerando que se estimó un periodo de 6 meses entre que el extranjero, principalmente ilegal, ingresa al país y es atendido por primera vez en el Sistema Público de Salud o una de estas organizaciones (Vásquez, 2009)

Esta situación, debía regularizarse, por seguridad de los afectados, por ello, durante el año 2003 se envían los Oficio Circular N°1179 y Oficio Circular N°6232, en ellos se establece con carácter de cobertura nacional, la Protección a la maternidad. Así, la mujer en estado de gravidez, independiente su condición migratoria, se le proporciona una visa temporaria para que se controle en el consultorio que corresponde a su domicilio, además, los inmigrantes que no han regularizado su situación también tienen derecho a la atención de urgencia (OC N°1179, 2003; Mosquera, 2011; Martínez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 2013). Entre el 2004 y 2008, dado este Oficio, habrían recibido esta visa mil doscientos ocho mujeres embarazadas en situación irregular, el 80% eran de nacionalidad peruana (Martínez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 2013)

Este primer paso, sin embargo, se orientó sólo hacia las mujeres embarazadas y niños menores de 18 años, excluyendo y dejando sin protección al género masculino, a pesar de esto durante el 2005, en la Región Metropolitana el 40% de los niños extranjeros no se encontraban inscritos en el Sistema de Salud Pública (FONASA) o en alguna Institución de Salud Previsional (ISAPRE). Además, el 30% de los niños no tienen cédula de identidad, requisito primordial para ser atendidos en el sistema, transformando esta irregularidad en un obstáculo para hacer uso de este beneficio (Mosquera, 2011; Cano, Soffia y Martínez, 2009; Martínez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 2013).

La Encuesta CASEN 2006, sin embargo, informa que a nivel nacional pertenecen al sistema público de salud según nacionalidad fue 73% de argentinos, 59,5% bolivianos,

44,3% ecuatorianos y 71,1% peruanos. Mientras que al sistema privado el 48,3% eran ecuatorianos, 15,9% argentinos, 13.6% peruanos y 5% bolivianos. Esta diferencia, se deduce por el acceso a las fuentes de trabajo, dados los convenios de convalidación de estudios y ejecución de las profesiones, tendrían más ingresos para ser parte del sistema privado (Martínez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 2013; Lara, 2014; Rojas y Silva, 2016; Cano, Soffia y Martínez, 2009).

Cuadro N°15: Participación en el Sistema de Salud. Público o Privado.

Fuente: Encuesta CASEN 2006

Este escenario, un año más tarde se comprueba que tres mil niños indocumentados, especialmente peruanos, bolivianos y ecuatorianos seguían sin atención médica (Vásquez, 2009) se considera la necesidad de asegurar la regularización migratoria y el acceso a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes extranjeros menores de 18 años que se encuentren en situación irregular, a través de la Resolución Exenta N°1914 de 2008, esta se sustentó en la Convención de los Derechos del Niño, Decreto N°830 y, también se fundamentó, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, Decreto Supremo N°84, Promulgada el año 2005. Que establece (artículo 28) que todos deben tener derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para prevalecer su vida o para evitar daños irreparables a su salud (RE N°1914, 2008). Esta resolución, el mismo año fue ratifica con el Oficio ORD A 14 N°3229 (Martínez, Soffia, Cubides y Bortolotto, 2013; Lara, 2014; Rojas y Silva, 2016; Cano, Soffia y Martínez, 2009; Inst. Pres. N°9, 2008). A pesar de esto,

Argentinos Bolivianos Ecuatorianos Peruanos

FONASA 73% 59,50% 44,30% 71,10% ISAPRE 15,90% 5% 48,30% 13,60% % 0 10% 20% 30% % 40 50% % 60 % 70 % 80 FONASA ISAPRE

durante el 2010 se evidencia el aumento de las muertes perinatales, para las autoridades era por desinformación por parte de los inmigrantes sobre sus derechos, la demora en concurrir a los controles de las catorce semanas por temas culturales y por miedo a su irregularidad y posible deportación. Producto de la desinformación y difusión de los beneficios que otorgaba el Estado (Opazo y Reyes, 2011)

Esta situación, por desinformación reanuda el sentimiento discriminatorio por parte de la ciudadanía frente a enfermedades que en teoría se encuentran erradicadas de Chile y aparecerían nuevamente con la población inmigrante. Por un lado, se constata que las patologías de los niños y adolescentes eran debido a la precariedad de su situación económica y ambiental, que gatillaban infecciones y enfermedades que no supone un riesgo mayor para la población (Vásquez, 2009) y, se reconoce que es oportuno, por la falta de información de la población que llega al país tener más conocimiento sobre la realidad sanitaria de los países de la región en temas relacionados a programas de vacunas, costumbres médicas, etc.

Cuadro N°16: Retos en materia de salud.

2 , 14 _7,8 0,7 113 66 26 155 37 25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tuberculosis (cada 100.000) Mortalidad Infantil (cada 1000) Desnutrición (Porcentaje) Chile Bolivia Perú

Fuente: Vásquez, Rodrigo. Impacto de las migraciones en Chile. Nuevos retos para la pediatría. 2009

De acuerdo a los casos de tuberculosis que aparecieron en el país durante el año 2015, la Dra. Olivia Horna, académica del programa de Epidemiología, hace referencia que el 90% de los casos son chilenos y sólo el 10% son inmigrantes, por tanto se rompe el mito que los inmigrantes traen enfermedades teóricamente erradicadas (Horna, 2015). Lo importante, que desde los médicos ya se comenzó a generar interés por comprender las diferencias culturales y buscan reconocer las costumbres,

a modo de ejemplo, se evidencian las inquietudes por parte de equipos profesionales en torno a las pautas de alimentación del colectivo haitiano. Funcionarios de distintos centros de salud y jardines infantiles muestran preocupación por la alimentación de niños y niñas haitianas, quienes -según relatan los profesionales- recibirían alimentos poco adecuados según los cánones de alimentación utilizados en Chile. Cuando no se conocen las pautas alimenticias de su país de origen –y por lo tanto no se consideran al momento de intervenir- las prácticas se ejecutarán en base a la norma, invisibilizando la particularidad, lo que podría leerse desde la persona migrante como una denegación de la propia cultura, determinando así la adherencia a estos procesos. (Cabiese, Bernales y McIntyre, 2017)

Por otro lado, informa el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez el año 2016, los hospitales Roberto del Río, San Borja Arriarán, Barros Luco y el Servicio Metropolitano de Salud han implementado desde 2010 estrategias de atención, contratando a personas haitianas para superar las barreras idiomáticas entre médicos y pacientes. Han implementado cartillas en créole e inglés, han capacitado a funcionarios en atención y entrega de medicamentos, leche e información. Decisión clave, si se considera que la mala comunicación puede seguir siendo interpretada como una acción discriminatoria hacia los pacientes (Martínez, 2016). Permitiendo así, la generación de confianza por parte de las comunidades y su eventual incorporación al sistema de salud, la Encuesta CASEN 2011 si bien evidencio que el 15,6% del total de la población inmigrante

estaba fuera del sistema de salud, en la Encuesta Casen 2013, este porcentaje había disminuido al 8% (Calderón y Saffirio, 2017)

Cuadro N°17: Afiliación en Sistema de Salud 2011

Fuente: Sandoval, Rodrigo. Lineamientos de la Política Migratoria 2014-2018. Departamento de Extranjería y Migración En Jornadas Migratorias 2014

La ratificación el año 2010 de la Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas, se transformará en la base de las próximas políticas públicas para el tema migratorio, con esto, el país se encuentra en una posición que avanza en la protección del bienestar y salud de la población migrante. Al tomar este contrato social, el Estado y el Ministerio de la Salud tendrán que velar por una nueva forma de gestión a nivel local, regional, nacional e internacional (Cabiese, Bernales y McIntyre, 2017). Para ello, a través de un proyecto piloto durante el 2014 (Resolución Exenta Nº 1266) con cobertura inicial de 11 comunas, de manera eficiente se implementa las bases para conseguir mejor acceso a la atención, promoción y prevención de la salud que afecta a la población inmigrante, en especial la no regulada. Que permitiría aprobar e implementar el año 2015 el Programa Acceso a la Atención de Salud a Personas inmigrantes (Resolución Exenta N°24). Siendo, posteriormente, implementado el segundo semestre del 2015 en 4 regiones del país: Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Región Metropolitana (MINSAL, 2017).

Junto a ello, para resolver los obstáculos por la irregularidad de los documentos, durante el año 2016 a través del Decreto N°67 modificará el Decreto N°110 e incorporará como

Fonasa A-B Afiliación Isapre

Autopercepción Estado de Salud nota 6 a ( 7) Nacionales 59,3 12,8 62,1 Migrantes 58,4 15,6 69,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nacionales Migrantes

beneficiario en el tramo A de FONASA a las personas inmigrantes que carecen de documentos (Circular A15 N°4)