En 2004, 988 de las 5.404 solicitudes de asilo presentadas en España fueron inter- puestas por ciudadanos argelinos, casi una de cada cinco. Sin embargo, a lo largo del año pasado, de las 859 solicitudes de asilo de ciudadanos argelinos sobre las que la OAR se pronunció sobre su inadmisión a trámite, tan sólo 18 fueron admiti- das, apenas el 2,09 por ciento. Las cifras de la década 1994-2004 son algo más equilibradas, ya que las resoluciones de la OAR inadmitieron a trámite 2.872 expe- dientes (el 68,89 por ciento) y admitieron 1.297 (el 31,11 por ciento). Por tanto, para la Oficina de Asilo y Refugio la situación de los derechos humanos en Argelia ha mejorado de manera sobresaliente en los últimos años.
No es ningún secreto que los sucesivos gobiernos españoles han temido que una política justa hacia el exilio argelino provocase un aluvión de solicitudes de asilo en nuestro país por la situación de guerra civil encubierta que sufre Argelia desde 1992 y que ha causado la muerte de al menos 150.000 personas.
Human Rights Watch ha revelado que los inmigrantes argelinos detenidos mientras intentaban entrar en territorio español padecen con frecuencia abusos y son devueltos a través de procesos de expulsión masivos, de manera que les impi- den el acceso a un estudio individualizado de su caso. Entre esas personas puede haber refugiados, cuya vida entonces queda en grave riesgo, ya que no han obteni- do la protección internacional que buscaban.
La inmigración argelina hacia España se intensificó desde finales de la déca- da de los ochenta, con el colapso económico y político del Estado, y sobre todo a partir de 1992, cuando el ejército dio un golpe de Estado tras la victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta de las elecciones legislativas, por lo que se desencadenó una espantosa guerra civil no declarada entre el ejército, las milicias paramilitares y los grupos armados integristas.
FUENTE: OAR. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.028 1.078 448 479 495 1.245 686 457 494 442 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
En los años posteriores, tanto el ACNUR como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) se preocuparon por la situación de los refugiados argelinos y criticaron los reducidos índices de protección otorgada a estas perso- nas en los países europeos.
GRÁFICO 14
SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS EN ESPAÑA POR CIUDADANOS ARGELINOS (1994-2004)
Argelia tiene 33 millones de habitantes y una esperanza de vida de 70,5 años, su población es mayoritariamente árabe (78 por ciento) y amazight(bereberes, 20 por ciento) y de religión musulmana sunnita (98 por ciento). Los idiomas oficiales son el árabe y el amazight. El Gobierno del presidente Adel-Aziz Bouteflika, elegi- do en 1999 y reelegido en abril de 2004, está sustentado por tres partidos: el his- tórico Frente por la Liberación Nacional (FLN), la Agrupación Nacional por la Democracia y el Movimiento de la Sociedad por la Paz.
La independencia del país fue proclamada el 5 de julio de 1962, tras una cruenta guerra contra el imperialismo francés, aquel mismo año se aprobó en referéndum una Constitución y Ahmed Ben Bella fue elegido presidente por sufragio universal en 1963. Pero el malestar en la cúpula del ejército crecía por su subordinación al poder civil y el 19 de julio de 1965 el general Houari Boumedienne dio un golpe y puso el Estado al servicio de una elite militar que estableció un régimen de partido único.
La muerte de Boumedienne en 1978 llevó al poder a Chadli Benjedid, que ordenó un proceso de liberalización económica y ofreció un mejor trato a las corrientes integristas islámicas, que aprovecharon este contexto para impulsar su proyecto de extender la fe religiosa a amplias capas de la población y convertirla en un elemento autónomo del Estado, a través de la creación de centenares de mez- quitas, su presencia creciente en la universidad y la edificación de una red de asis- tencia social que reemplazó a un Estado en quiebra. Los islamistas aparecieron como el único movimiento político con capacidad de movilización social y atinaron a canalizar las protestas populares y exigir una apertura democrática.
FUENTE: OAR. 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 301 266 108 273 326 231 344 682 988 1.595 1.342
En febrero de 1989 se aprobó una nueva Constitución en referéndum y se pudo crear así el FIS, que fue legalizado en septiembre. Desde su nacimiento, el FIS se convirtió en la primera fuerza política y social del país, y se proclamó here- dero de la revolución argelina y del discurso unitario del movimiento de liberación nacional que encarnó el FLN durante la guerra de independencia.
Ante su contundente victoria en las elecciones municipales de junio de 1990, en las que obtuvo el Gobierno de la mitad de los municipios, y su éxito en las legis- lativas del 26 de diciembre de 1991, que anunciaba que en la segunda vuelta de enero de 1992 alcanzaría los dos tercios del Parlamento para poder modificar la Constitución y poner fin a los privilegios del ejército, los militares volvieron a irrumpir el 12 de enero de 1992 con otro golpe de Estado y la ilegalización del FIS, que originó una dinámica terrible de represión estatal y atentados de las organiza- ciones terroristas islamistas.
Mientras el ejército formó “grupos de autodefensa rural”, con la distribución de armamento por todo el país y la militarización de la sociedad, los grupos arma- dos integristas intensificaron una violencia que pronto fue indiscriminada y des- piadada. Así empezó la prolongada guerra civil que sufre el pueblo argelino, no reconocida como tal, y que ha causado ya la muerte de más de 150.000 personas.
En la actualidad el conflicto se perpetúa con un ejército que rechaza cualquier diálogo y unos grupos terroristas que han convertido su actuación en una forma de vida y que cada día amplían sus filas con el reclutamiento de los jóvenes sin futuro de las grandes ciudades. Un conflicto poliédrico, enquistado, sin un proyecto polí- tico claro ni del régimen militar ni de los grupos de la oposición y para el que es cada día más difícil hallar soluciones que ofrezcan un camino hacia una paz posible.
En este contexto la respuesta de la comunidad internacional ha sido y es el silencio, un oprobioso mutismo, porque Argelia es un país clave para la Unión Europea y Estados Unidos. Para la Unión Europea su importancia deriva, en primer lugar, de la trascendencia del gas natural que se extrae de su subsuelo y que llega a través de distintos oleoductos; así, el 70 por ciento del gas natural consumido en España procede de este país, mientras que en Italia es el 55 por ciento y en Portugal el 100 por ciento.
En segundo lugar, la UE privilegia sus intereses geoestratégicos en detrimen- to de la protección de los derechos humanos, ya que aprueba que un régimen mili- tar autoritario y represivo dirija Argelia porque así controla la inmigración y con- tiene la expansión del islamismo radical en el Magreb.
Por su parte, Estados Unidos siempre ha tenido contratos para la extracción de petróleo en Argelia y en los últimos años ha visto en el régimen de Bouteflika un ejemplo de lucha contra el terrorismo, por lo que se han multiplicado los acuerdos
de venta de armamento entre ambos países. Washington considera que lo que sucede en Argelia son asuntos internos y que todo pronunciamiento en la esfera internacional es una injerencia externa en la soberanía argelina.
Ni la Unión Europea ni Estados Unidos están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto que Argelia vive en un estado de guerra civil encubierta, ya que cuestio- nar el poder de la cúpula militar que dirige el país pondría en peligro los contratos para la extracción y explotación de los hidrocarburos.
Tal vez el tipo de violación de los derechos humanos más cruel sea la desapa- rición forzada de personas, una práctica que el régimen argelino ha ejercido de manera masiva, porque se calcula que hay más de 5.000 detenidos desaparecidos. Sin embargo, según Amnistía Internacional, el Gobierno niega la amplitud de este fenómeno y sólo admite casos muy contados imputables a las fuerzas de seguridad del Estado, puesto que sostiene que la mayoría de ellos son responsabilidad del terrorismo islamista o son personas que se han marchado con estos grupos y cuyos familiares, desconocedores de ello, han denunciado su desaparición.
Pero estos argumentos no han convencido a los familiares de los detenidos desaparecidos, porque las pruebas de la participación de las fuerzas de seguridad en su detención son sólidas, incluso con testigos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han identificado trece centros de detención clandestinos en Argel y su periferia y otros cuatro en otros rincones del país, y señalan que el Gobierno no puede sino conocer la gravedad y magnitud de esta práctica. Muchas familias se han dirigido por carta o personalmente a las autoridades civiles y mili- tares, locales y nacionales, con la esperanza de obtener alguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.
Por otra parte, el número de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales supera las 50.000 según distintas fuentes. Al principio del conflicto, las ejecuciones eran hechos aislados, pero desde marzo de 1994 esta práctica se convirtió en frecuen- te y masiva. Tanto el ejército como los grupos paramilitares afines han asesinado a miles de personas a lo largo de todos estos años, en una suerte de espiral de acción- reacción-acción que ha ensangrentado este país de la otra orilla del Mediterráneo.
A la responsabilidad del Gobierno argelino hay que atribuir las detenciones arbitrarias de miles de personas, que pasan mucho tiempo incomunicadas, sin garantías judiciales efectivas, sometidas a torturas… En algunos casos, las perso- nas detenidas son finalmente víctimas de ejecuciones extrajudiciales meses des- pués de su detención.
Un informe de la Federación Internacional de Ligas de los Derechos del Hombre señala que los agentes de las fuerzas de seguridad argelinas pueden ir ves- tidos como civiles y actuar sin identificarse como tales, y pueden mantener a los
detenidos en centros secretos e ilegales incluso durante meses, donde son tortura- dos y muchos de ellos fallecen también a consecuencia de ello.
La tortura, además, es una práctica habitual contra los detenidos en las comi- sarías de policía y las brigadas de la gendarmería. La tortura en Argelia está insti- tucionalizada, incluso hay centros especializados que cuentan con los métodos más “sofisticados”, como la Escuela Superior de Policía de Chateauneuf, conocida por las víctimas como la “Escuela Superior de Tortura”. Algunos de los procedimientos más empleados son la corriente eléctrica, las quemaduras con cigarrillos, las pali- zas… Estos métodos inhumanos y degradantes continúan utilizándose aún hoy, aunque los prohíbe la Constitución.
Otro capítulo de este crudo expediente son las deportaciones. Un decreto presidencial del 4 de junio de 1991 instituyó los campos de concentración, a pesar de que contravienen de nuevo el orden constitucional del país y los trata- dos internacionales ratificados por Argelia en materia de derechos humanos, y autorizó a la autoridad administrativa a ordenar el traslado de una persona dete- nida a un campo de concentración durante un tiempo indefinido sin ni siquiera un juicio previo.
En 1992 se abrieron un mínimo de doce campos de concentración en el sur del Sáhara argelino, donde fueron encarceladas alrededor de 35.000 personas acusa- das de pertenecer o simpatizar con el FIS. Miles de ciudadanos argelinos han pasa- do por estos campos desde su apertura y entre los deportados se encuentran muchas personas que se presentaron como candidatos en las elecciones municipa- les, regionales y legislativas. Algunos deportados fueron arrestados después de su liberación por los servicios de seguridad, mientras que otros fueron asesinados por el ejército.
Por su parte, a las organizaciones terroristas, sobre todo al Grupo Islámico Armado (GIA), se les han atribuido un elevado número de masacres absolutamen- te crueles e inhumanas, en las que han fusilado, apuñalado, degollado a hombres, mujeres y niños. Además, las asociaciones de defensa de los derechos humanos también les acusan de cometer otros actos repudiables y que afectan de manera indiscriminada tanto a civiles —en especial a las mujeres—, como a miembros de las fuerzas de seguridad: amenazas de muerte a individuos (policías, periodistas, maestros…) y a comunidades enteras, atentados en lugares públicos como estacio- nes de tren o escuelas, secuestro, tortura y violación de mujeres…
Amnistía Internacional ha denunciado también el papel de los grupos armados por el Estado en las operaciones militares para exterminar a los grupos terroristas islamistas. La multiplicación de las violaciones masivas de derechos humanos se enmarca en un panorama de progresiva militarización de la sociedad, ya que el
Gobierno potencia y favorece la aparición de civiles armados en los pueblos con el argumento de la protección de la población, pero está comprobado que intervienen tanto en la lucha contra los integristas como contra quienes simpatizan con ellos.
En enero de 1997 un decreto promulgó la Ley sobre los Grupos de Legítima Defensa que ofrece un barniz de legalidad a las acciones de los autodenominados “patriotas”, unas agrupaciones paramilitares irregulares que, junto con las guar- dias municipales, completan la nómina de grupos antiterroristas armados por el Estado, que actúan al margen de la ley y sin supervisión de ningún tipo. Se estima que más de 150.000 personas forman parte de ellos y, según Amnistía Internacional, desarrollan operaciones militares de carácter ofensivo, con o sin el acompaña- miento del ejército.
Por su parte, las guardias municipales, que cuentan con alrededor de 50.000 efectivos, fueron creadas por el Ministerio del Interior a través de un decreto de 1993; así fueron reconocidas de manera oficial y asumieron funciones propias de los cuerpos policiales.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por las consecuencias del traspaso de facultades propias de los cuerpos de seguridad del Estado a grupos privados, cuyas consecuencias más importantes son el peligro de la seguridad y la vida de las personas, y la impuni- dad en que quedan los abusos y crímenes perpetrados por las milicias, muchas de ellas relacionadas con partidos o facciones del ejército y dotadas de armamento muy sofisticado.
Los grupos de autodefensa armados por el Estado han sido acusados, junto con las fuerzas de seguridad, de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en las zonas rurales, donde su implantación es mayor. En definitiva, la militarización de la sociedad es el fruto de la política gubernamental de confrontación con el terro- rismo islamista.
En los últimos años, las organizaciones integristas han debido replegarse desde las zonas rurales hasta los grandes núcleos urbanos, sobre todo hacia la peri- feria de Argel, por lo que en esta zona, y en concreto en su zona sur, se han produ- cido enfrentamientos y masacres.
Tampoco podemos dejar de citar el control gubernamental de los medios de comunicación, sobre todo en lo que se refiere al conflicto, que alcanza incluso a los corresponsales extranjeros, la discriminación y represión que sufre el 20 por cien- to de la población bereber por su resistencia a las políticas de arabización forzada de los distintos gobiernos y la discriminación de las mujeres, subyugadas tanto por un Estado que ha otorgado rango legal a su sometimiento como por el islamismo, que las condena a una situación de postración.
Muchas mujeres y niñas han sido y son amenazadas, secuestradas, golpeadas, insultadas o asesinadas por los distintos grupos armados y es casi inexistente la asistencia a las que han sobrevivido a estas violaciones de los derechos humanos. Ésta es la cara más dramática del conflicto que destroza Argelia desde hace ya casi tres lustros, de las causas de la llegada cada año a España de centenares de soli- citantes de asilo de este país, que en su inmensa mayoría no logran la protección internacional que buscan y merecen.
GRÁFICO 15
SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS EN ESPAÑA POR CIUDADANOS ARGELINOS EN 2004
En todo caso, no menos cruda es la situación económica del país. El régimen argelino ha cumplido sobradamente la agenda política y sobre todo la económica que las instituciones financieras internacionales y la UE le exigieron, tras el golpe de Estado de 1992, a cambio de mirar hacia otro lado. Pero el precio, no sólo por la población, sino también como país y como estado, ha sido muy elevado.
Hoy Argelia es un país dividido en dos, una “Argelia útil” (la región del Sáhara donde se encuentran los yacimientos de gas y petróleo, y los barrios residenciales de Argel), controlada directamente por los militares argelinos, y la “otra Argelia”, donde vive la mayoría de la población, rehén y víctima del fuego cruzado entre los actores del conflicto. Las políticas de ajuste estructural, impuestas por las instituciones financieras internacionales, han supuesto una brutal solución neoliberal para una población desestructurada y sometida por la guerra y el estado de excepción. La liquidación de los sectores públicos productivos y la venta de las tierras arrojan un saldo dramático de paro y exclusión social, mientras que la privatización de la sanidad y de la enseñanza liquidan derechos sociales tan ligados a la Argelia independiente como la conquista de la soberanía nacional en 1962.
A pesar del espectacular ascenso del precio del petróleo y de que obtiene el 97 por ciento de sus ingresos por la exportación del gas y del crudo, Argelia no logra salir de la crisis económica en que está inmersa desde hace más de dos décadas.
FUENTE: BOLETINES DE ASILO DE LA OAR. ELABORACIÓN PROPIA. 69 27 75 72 74 179 149 152 105 86 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio- Sept. Oct. Nov. Dic. Agosto
El 30 por ciento de la población carece de empleo, la renta por habitante se ha desplomado de 3.600 dólares anuales a 1.600 en 11 años y los licenciados en inge- niería, informática, medicina… se marchan a las naciones industrializadas y aban- donan un país, donde un habitante de cada dos no cumple 20 años, el salario míni- mo mensual es inferior a 70 euros, existe un enorme déficit de viviendas y cerca de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza.
En materia diplomática, destacados mandatarios de varios países han visitado Argelia, entre ellos el presidente de Francia, el secretario de Estado de Estados Unidos o el actual presidente del Gobierno español. Uno de los hitos de la política exterior argelina reciente fue el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, sus- crito en abril de 2002 en Valencia, que normalizó de manera definitiva las relacio- nes bilaterales; además, las negociaciones para su integración en la Organización Mundial del Comercio ya han entrado en su fase final y el acercamiento a la OTAN se ha concretado en maniobras militares conjuntas.
Hace ya varios años organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional mantuvieron numerosos contactos con diversas autoridades del anterior Gobierno español para que apoyara que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara un plan de actuación frente a la realidad argelina que incluyera el nombramiento de un Relator Especial para este país. Incluso en diciembre de 1998, AI publicó el informe La pasividad del Gobierno espa-
ñol ante una crisis de derechos humanos a 200 kilómetros de sus fronteras.
Después de las elecciones de 2004 el nuevo Gobierno anunció su deseo de renovar las relaciones de España con Argelia en el marco del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, suscrito en octubre de 2002, por el que nuestro país se comprometió a no intervenir en los “asuntos internos” de este país.
La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores a Argel preparó la cumbre bila-