Future work

La crisis actual es un fenómeno de origen urbano que, en el caso español, se observa muy claramente a causa de la estrecha relación entre el modelo de crecimiento económico de las últimas décadas y el urbanismo, una relación que es seña de identidad del proyecto neoliberal (Lefebvre, 1974). Junto a los síntomas que hablan de agotamiento del régimen denominado por algunos expertos “de acumulación flexible”, se observan otros que afectan a las instituciones propias de la democracia representativa (Font y otros, 2004), instalada en España desde el año 1978 y caracterizada por su prudencia, para no remover la historia y para no dar excesiva participación a unos ciudadanos que han alcanzado un nivel de acomodamiento elevado (Monedero, 2013).

Hoy en día, el grado de insatisfacción hacia dichas instituciones es alto, tal y como puede verse en las numerosas movilizaciones que invaden las calles de nuestras ciudades. Si hasta hace pocos años la decepción por los representantes políticos y por su forma de gobernar y resolver los conflictos tan solo movilizaba a un reducido número personas, mientras el resto se sumía en la despreocupación y la falta de motivación para participar en los asuntos públicos, hoy la parte de ciudadanía crítica, capacitada y dispuesta a cambiar las cosas es mucho mayor y crece. Cuestiones como la corrupción y la impunidad, la sumisión de la política a los intereses de la economía y de los mercados, la continua desposesión de los bienes comunes, la pérdida de derechos fundamentales, la precarización y la ausencia total de espacios para la participación y la toma colectiva de decisiones, ha convertido la insatisfacción en descrédito y falta de respeto hacia los representantes políticos. Sin embargo, el apoyo, el anhelo y la reivindicación por una verdadera democracia aumenta (Font y otros, 2004).

La complejidad del territorio construido, fundamentalmente el transformado en las últimas dos décadas, ha desbordado todas las expectativas y nuestra capacidad para comprender y explicar los fenómenos sociales y territoriales (Ulied, y Jorba, 2003). Las tendencias globales del urbanismo neoliberal han ido planificando una ciudad que hoy se caracteriza por la dispersión, la fragmentación y la segregación social, con periferias extensas e inacabadas donde proliferan las prácticas urbanísticas privadas de excelencia que fomentan la exclusión y el encierro junto a paisajes de marginalidad y pobreza y fuertemente estigmatizados. Y con centros urbanos teatralizados y elitistas donde la industria del turismo y el ocio, en connivencia con el agente institucional y las políticas

públicas de rehabilitación y renovación urbana, modela con gran eficacia, utilizando la historia como reclamo económico y reformulando identidades hacia ansias de consumo (López Levi, 2006). Maneras de actuar en la ciudad que vienen acompañadas de procesos de gentrificación y de mercantilización del espacio público, los que, además de transformar los lugares en dividendos, tratan de ejercer un férreo control social (Cabrerizo Sanz, 2013).

Es el mercado, en negociación ideológica con la institución, el que asume y reinterpreta las demandas actuales en su afán por ofrecer continuamente nuevos productos exitosos y, por tanto, rentables (Rodríguez y Cabrerizo, 2010). Con una visión de ciudad como espacio para la inversión y la especulación, convierte a todos en propietarios, al favorecer el acceso al crédito bajo cualquier condición, lo que permitió el gran avance del sistema inmobiliario que hoy conocemos y la expansión sin límites de la ciudad (Rodríguez Chumillas, 2013). Supone, además, una estrategia inteligente para bloquear cualquier atisbo de creatividad y de emancipación de otras formas de urbanismo (y de vidas) alternativas, mientras fomenta lo individual y privado.

Si durante años, la “Plata del Potosí” se hallaba en la trasformación de suelo nuevo1_,

expandiendo la ciudad ilimitadamente con un enorme desprecio por el suelo rústico2_{, tras}

el estallido de la burbuja inmobiliaria los intereses e imaginarios de los actores con mayor incidencia en la construcción de la ciudad ponen el foco en la ciudad consolidada. Así, por ejemplo, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas consigue poner directamente en manos del mercado la proyección de procesos de renovación gentrificadora y densificadora en amplias zonas, pobladas o no, prósperas o no, mucho más allá de sus necesidades como respuesta al voraz mercado explotador de plusvalías (García, Fernández y Cabrerizo, 2013)3_.

En todo caso, dentro o fuera de la ciudad construida, la forma dominante de producción de espacio urbano está basada en decisiones desterritorializadas donde, hasta los

1 En general, la urbanística y la acción planificadora en España ha sido de corte expansionista, con raras ex- cepciones temporales o territoriales 2 La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones ha sido, con toda probabilidad, la que más ha despreciado el suelo rústico común, con el “todo es urbanizable hasta que no se demuestre lo contrario”. 3 Bajo la obligación normalizada de la conservación, mantenimiento y decoro por parte del propietario de los inmuebles, encontramos en numerosas ocasiones situaciones en las que el arrendatario o propietario es incapaz de acometer las reformas, viéndose obligado a abandonar la vivienda y el barrio, o directamente desahuciado, en pro- cesos donde lo habitual es el exceso, tanto en la prescripción, como en las obras y, por supuesto, en los presupuestos (García, Fernández y Cabrerizo, 2013). Sin embargo, dicha obligación legislativa no afecta de la misma forma en fun- ción de quién sea el propietario. La pérdida de patrimonio público edificado debido al incumplimiento del deber de conservación por parte de algunas administraciones públicas es hoy frecuente.

propietarios del suelo van perdiendo poder como agente decisorio frente a los promotores inmobiliarios, muy dependientes y vinculados a las entidades financieras, que son las que aportan el capital necesario tanto para la construcción o rehabilitación de viviendas y demás elementos infraestructurales, como para los créditos a particulares. El sector financiero se convierte, por tanto, en el verdadero gestor del negocio urbano y máximo beneficiario de las plusvalías, amparado por una legislación – hipotecaria y urbanística – que le es favorable (Vives y Rullán, 2014).

Ante este modelo de desarrollo urbano, los gobiernos locales pierden el control político sobre el espacio urbano (Smith, 2002: 429) y se someten a las reglas de la especulación del suelo y a los intereses del capital, resultando así una política que prima la “competitividad” y responde casi exclusivamente a procesos de producción de capitales, mientras se reduce su papel tradicional y su responsabilidad en la “reproducción social” – vivienda, educación, salud, trabajo, etc. (Harvey y Smith, 2005).

La fuerte dependencia de los capitales financieros y la subordinación al juego de la competencia territorial de los gobiernos locales, alejan del territorio la toma de decisiones y excluye a la sociedad civil de la política y de las redes de gobernanza. Con un urbanismo de una visión mercantilista, cuya única condición es la viabilidad económica de los proyectos, el plan urbanístico se convierte, como señala Jordi Borja (Harvey y Smith, 2005), en la herramienta operativa de las ciudades para obtener los recursos que se requieren para triunfar en el mundo global. Una filosofía que ha incrementado los casos de corrupción vinculados al urbanismo y, con ellos, la aparición en el imaginario colectivo de esta práctica como el único “instrumento” válido y utilizado en los últimos tiempos para clasificar suelo.

El mejor plan posible debe resultar de un proceso de elaboración, aprobación y ejecución democrático, que atienda verdaderamente al interés general, y a los deseos y aspiraciones sociales y culturales de los ciudadanos. Una cuestión contraria a la forma de hacer urbanismo basada en el convenio o pacto tan extendida en nuestro país y que determinan la potestad del planeamiento, pero también a los formalismos vacíos que suponen los períodos de exposición pública regulados por la ley para los procedimientos de aprobación de los planes.

Las ciudades son entidades de gran complejidad, social, cultural, tecnológica, y su gestión y planificación no puede basarse solo en las decisiones de unos pocos políticos

y unos pocos técnicos. Hay que dar respuesta a dicha complejidad y a la diversidad en la búsqueda de una calidad de vida conceptualizada desde principios de justicia territorial, sostenibilidad medioambiental, solidaridad, transparencia informativa y responsabilidad.