Genus 3

Desde la década del cuarenta, los pueblos indígenas de México fueron sujetos del indigenismo burocrático, la política de un Estado paternalista implementada a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), que buscó a los pueblos en una sociedad nacional, rescatando su cultura como folklore y, en el mejor de los casos, abordando sus necesidades políticas, económicas y sociales como ciudadanos, pasando por alto diferencias de identidad y los derechos que emanaban de ella. Así, si el campesinado creado por la revolución estuvo firmemente contenido en las instituciones corporativistas del Estado, los indígenas del siglo XX fueron inventados por el INI durante tiempos de paz (Bartra y Otero, 2008).

El nuevo indianismo comenzó a definir su perfil durante las décadas del setenta y ochenta, cuando varias comunidades en México central y occidental desarrollaron movimientos locales o regionales en defensa de las tierras, los bosques y el agua, contra los caciques y gobiernos municipales, principalmente en Oaxaca, Guerrero y sureste mexicano (Bartra, 2000). En estas luchas los indígenas no expusieron especificidades en torno a su identidad como etnias nativas de territorios específicos, con lengua y cultura propias y diferenciadas, entre sí y con la sociedad

mexicana que vivía en la capital y los mestizos de los centros urbanos. El centro de las demandas era la tierra, no por las raíces históricas de sus derechos y formas de posesión del ejido, ni la comunidad29, sino la mayor cesión de tierras para su usufructo (Bartra, 2000).

De acuerdo con Bartra y Otero (2008), el primer neozapatismo explícito en la era posrevolucionaria estaba expresado en la Coordinadora nacional Plan de Ayala (CNPA), compuesto por veintiún organizaciones regionales, catorce de ellas indígenas con etnias diferentes (Náhuatl, Purhépecha, Otomí, Huasteca, Mazahua, Zapoteca, Chinanteca, Triqui, Amusga, Chatina, Tsotsil y Tseltal). Aunque con menos peso, la organización coordinante de los grupos regionales, UNORCA, tiene también una militancia importante de pueblos autóctonos. No obstante, hasta mediados de los setenta, ninguna de estas dos organizaciones convergentes postuló con fuerza a la cuestión étnica, sino la campesina (Bartra, 2004).

El primer Congreso Indígena en México se llevó a cabo en Chiapas en 1974. Con lenguas mayas rigiendo la comunicación, se hicieron diagnósticos y propuestas consensuadas en torno a la tierra, el comercio, la salud y educación en el campo, sin resaltar de manera importante la identidad indígena que unía a los participantes (Bartra, 2000). Sin embargo, en Oaxaca ya había comenzado un proceso de formación de organizaciones de corte indígena, que elaboraron una plataforma programática en torno al derecho a la autodeterminación comunitaria sobre el uso de las tierras, los recursos naturales y las formas organizativas, en lo social y lo político, propias de cada grupo cultural y lingüístico, oponiéndose al uso generalizado del término “desarrollo nacional” (Bartra y Otero, 2008).

El Congreso de Chiapas promovió dos iniciativas de organización: la formación de Consejos Supremos por grupo étnico y la formación del Consejo Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), además de criticar la Ley de Fomento Agropecuario decretada por López Portillo (1976-1982), que promovía desarrollar el capitalismo agrario vía empresas conjuntas entre empresarios y ejidatarios, usando tierra ejidal (el antecedente directo a las reformas que se hicieron en los noventa al artículo 27 constitucional). Pese a que el CNPI se transformó en una confederación de corte oficialista durante y por acciones del gobierno de de la Madrid, detonó

29 _{Comunidad agraria y ejido son figuras de ocupación de tierra decretada por la reforma agraria,} diseñadas para uso colectivo por comunidades indígenas que podían probar un derecho sobre la tierra basado en documentos coloniales (Bartra y Otero, 2008).

procesos nacionales de formación de organizaciones regionales independientes, durante los ochenta y principalmente los noventa, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero (Bartra, 2000).

Con el surgimiento de nuevas organizaciones (los consejos regionales) se sucedieron reuniones y encuentros masivos que, gradualmente, reforzaron el componente identitario de la lucha ante el Estado, encontrando en la diversidad cultural, carencias y demandas comunes que, aunque mantenían los reclamos campesinos, se cohesionaban también en torno a la necesidad de incluir otros términos, de índole cultural, para los reclamos ante el Estado (Bartra, 2004). El Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se realizó en Matías Romero, Oaxaca, en 1989, con participantes de noventa y seis organizaciones de catorce Estados y de veintitrés grupos étnicos, con la participación de delegados de Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia, además de estudiantes, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales (Bartra y Otero, 2008). Esta reunión tuvo como resultado la Campaña Mundial de 500 años de Resistencia Indígena y Popular, que definió claramente una agenda indígena, cuyos objetivos fueron la lucha por el derecho a la autonomía y autodeterminación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra y los recursos naturales, el derecho a determinar la condición política interna de las comunidades, de acuerdo con las formas tradicionales de organización, y el predominio de derecho consuetudinario tradicional indígena. También pidió “alentar la unidad de pueblos indígenas con el campesino, trabajadores y sectores populares” (Bartra y Otero, 2008: 35).

Este proceso de convergencia coincidió con los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que trataba de atraer los movimientos independientes rurales al pliegue corporativista30, además de procurar que, las tierras que habían sido devueltas o confirmadas a pueblos indígenas no fueran excluidas del mecanismo por el cual el gobierno procuró tener tierras de ejido y comunidad que adoptaran el título de domino absoluto, ya sea por el programa PROCEDE, como por su equivalente, el programa de certificación de tierras comunales (PROCECOM) (Sánchez, 1998), lo que constituyó el paso anterior a la enajenación y la venta de tierras. Antes de la revisión de 1992 de la Ley de Reforma Agraria, las tierras de

30 _{Como lo hemos mencionado, el CAP atrajo a organizaciones creadas de manera independiente a los} partidos políticos como la UNORCA, CIOAC y CNPA.

ejido no podían venderse, sólo podían ser transferidas a herederos, puesto que la tenencia de la tierra era comunal, no había un dueño único, lo cual era necesario para modificar el artículo 27 constitucional.

Como parte del quinto centenario de la llegada de Colón a América, y en oposición a las grandes celebraciones planeadas por los gobiernos Latinoamericanos para tal fecha, se celebró en Quito, Perú, una amplia reunión de pueblos indios llamada “quinientos años de resistencia indígena”, en 1990; esta reunión, además de ser la base de lo que se convertiría en un movimiento campesino transnacional31 (Martínez y Rosset, 2010), fue un refuerzo latinoamericano para las organizaciones indígenas que asistieron en representación de México (Sánchez, 1999). Con la fuerza adquirida en este momento y el impulso movilizante contra las modificaciones al artículo 27 constitucional, se realizaron eventos y manifestaciones el 12 de octubre de 1992, tanto en el zócalo de la ciudad de México como en centros urbanos de toda la República. En estos eventos que además buscaban una reflexión distinta en torno al “Día de la Raza” demostraron el aumento del activismo indígena además de que conjuntaron contingentes en representación de una dispersa pluralidad de posiciones políticas: desde grupos culturales ritualistas y la asamblea del Consejo Mexicano de los 500 Años, hasta manifestantes religiosas camino hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe (Bartra y Otero, 2008). En estas demostraciones participaron también ONGs que desde su quehacer, algunas en el medio rural, apoyaban la idea de que no había nada que celebrar sino una idea de dominación y colonización, es decir, la versión oficial de la historia latinoamericana que ignoraba la resistencia que hubo a la conquista (Martínez y Rosset, 2010).

El terreno, sin duda, había sido preparado por casi veinte años de luchas étnicas para ganar la independencia del indigenismo institucional, pero el levantamiento de Chiapas transformó a un “grupo vulnerable” merecedor de asistencia en el emblema de la dignidad y la rebeldía (Bartra, 2003).

Poco después, el levantamiento zapatista, que salió a la luz el 1 de enero de 1994, fecha exacta de la entrada en vigor del TLCAN, desde el primer momento se pronunció en contra del neoliberalismo y los instrumentos de globalización económica. En un primer momento, el programa zapatista no fue particularmente indigenista, pues buscaba trabajo, tierra, habitación, alimentación, salud, educación,

31 _{La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, antecedente latinoamericano} directo de la Vía Campesina Internacional (Martínez y Rosset, 2010).

independencia, libertad, democracia, justicia y paz, pero su composición siempre fue indígena y su bandera también, pues nunca ubicó al actor campesino como primordial en sus discursos (Grammont y Mackinlay, 2008). Gradualmente se persuadió de que, hablar de identidad indígena como la primordial para la lucha, permitía ostentar también la idea de pueblos, de comunidades enteras cohesionadas, en vez de sectorizar al interior de las comunidades a los campesinos como idea de sector laboral (Bartra, 2003). También fueron indígenas las identidades enarboladas en las demandas, cuando la movilización nacional e internacional abrió el camino hacia la paz. En diciembre de 1994, durante la campaña de la Paz con Justicia y Dignidad que permitió al EZLN romper con el cerco del ejército, se publicó la conformación de treinta y ocho “municipalidades rebeldes” autónomas (Sánchez, 1999), en las cuales las decisiones políticas se tomarían según las formas de gobierno tradicionales, ignorando las autoridades emanadas del sistema de partidos políticos. Para la conformación efectiva de los Aguascalientes o MAREZ, se realizaron consejos amplios de deliberación, que resultaron en nuevas comunidades, pero también en desplazados.

El EZLN revitalizó el movimiento indígena nacional. Las numerosas reuniones que se organizaron para discutir las bases programáticas del nuevo movimiento indígena, sus estrategias de lucha, las formas de solidaridad para defender a los zapatistas chiapanecos frente a la ofensiva del gobierno después de romperse el pacto de San Andrés, sentaron las bases del nuevo movimiento autonomista indígena (Reygadas, 1996).

La primera convergencia de pueblos autóctonos expresamente llamada por el EZLN fue el Primer Foro Indígena Nacional en San Cristóbal, Chiapas, en octubre de 1996, con la Constitución del Congreso Nacional Indígena, que convivió con la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), creada un año antes para elaborar un proyecto de legislación autonomista (Bartra y Otero, 2008). Estas dos instancias crearon insumos para acuerdos amplios entre pueblos indígenas y gobierno, en la idea de llegar a un producto para proponer a la Comisión por la Concordia y la Paz, un grupo parlamentario encargado de redactar leyes que reconocieran las especificidades culturales y políticas de los pueblos indígenas, como actores del desarrollo nacional.

Sin embargo, pronto surgió una discrepancia en torno a la concepción de la autonomía que provocó una escisión en el movimiento entre la ANIPA y el Congreso

Nacional Indígena (CNI). La ANIPA reivindicaba ciertos derechos autonómicos a nivel regional, mientras que el CNI, más radical, retoma el concepto de autonomía y autogestión del EZLN aplicado a nivel comunitario y municipal (López Bárcenas, 2004). A su vez, en términos organizativos la ANIPA asumió una modalidad más centralizada, mientras que el CNI funcionaba como un espacio de discusión y coordinación de las luchas de los pueblos indios al estilo de la CNPA y de la UNORCA de los años ochenta. Es decir, un frente o una red “alejada de una organización política o social jerarquizada” (López Bárcenas, 2004: 45). Aún así, la ANIPA hizo una contribución significativa a la construcción de los Acuerdos de San Andrés.

En 1996, después de una larga negociación, el EZLN y una representación del gobierno de Zedillo firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que preveían, entre otras cosas, cumplir con el principal planteamiento programático de los insurrectos: otorgar la autonomía a los pueblos indígenas. Estos acuerdos fueron plasmados en la Ley de Cultura y Derechos Indígenas por la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa32), pero el gobierno no ratificó la propuesta de ley, por lo cual no fue presentada a la Cámara de Diputados (Bartra y Otero, 2008), lo cual llevó al EZLN y en general al movimiento indígena a cerrar las puertas para posteriores negociaciones con el gobierno.

El CNI celebró a partir de entonces seis congresos en distintos Estados de la República, a nivel nacional y por regiones. Se ha constituido en el principal órgano de planeación y orientación para todos los pueblos indios que se asumen como parte del movimiento indígena, y anualmente celebra reuniones regionales.

La “marcha del color de la tierra”, como también se llamó a una caravana de zapatistas indígenas que, junto con varias ONGs marcharon de Chiapas al zócalo de la ciudad de México, fue el punto más alto de la fase del movimiento indígena que comenzó a mediados de la década del noventa, y se articuló con la demanda de reconocimiento constitucional de autonomía para los pueblos indios (Bartra, 2003).

Ésta no era una meta pequeña. En un país donde las demandas se pelean en términos muy específicos con la esperanza de que el gobierno las satisfaga, luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales era un gran paso. La caravana movilizó a una vasta mayoría de organizaciones indígenas que contaban con amplia

simpatía del público en general. Por lo tanto, la posibilidad de que un proceso legislativo se iniciara desde las bases era percibida como viable (Bartra y Otero, 2008).

El camino legal parece haberse agotado en la perspectiva de los principales protagonistas. Cuando el Congreso amputó severamente la iniciativa Cocopa, y especialmente después de que la Corte Suprema se negara a arreglar el problema, tanto el CNI como el EZLN cambiaron el terreno de la lucha. Los indígenas en el CNI ratificaron su decisión de ejercer la autonomía en la práctica, y los zapatistas anunciaron la suspensión de todo contacto con el gobierno (Díaz-Polanco y Sánchez, 2002).

La implementación de estas decisiones ha sido un proceso tortuoso, largo y con problemas, ante gobiernos que expresan mediante la militarización su presencia y su intención de evitar a toda costa las propuestas de autonomía, y ante grandes retos económicos y pugnas intra-territoriales para conseguir consensos en torno a las decisiones comunitarias para la autosubsistencia y el autogobierno. El CNI, si bien marca lineamientos operativos importantes, no tiene una instancia de resolución de conflictos, y a menudo al interior de las comunidades surgen pugnas, impulsadas por condiciones de pobreza, en torno a las negociaciones con gobierno, pues los apoyos materiales durante épocas de elecciones, así como los programas de desarrollo social parecen ofrecer soluciones, aunque efímeras y paliativas. Los apoyos financieros de orden internacional se han retirado junto con las noticias mediáticas del conflicto armado, de tal forma que la implementación de autonomías se hace en un clima de hostilidad y precariedad económica, ante condiciones ambientales de degradación y cambio climático que hacen de la tarea toda una hazaña.

Particularmente, para la rama del CNI que participa en el movimiento por la soberanía alimentaria, la autonomía se expresa en la continuidad de los ciclos y las semillas nativas de siembra local, resistiendo los paquetes biotecnológicos de apoyo gubernamental.

Las organizaciones sociales y comunidades que siempre vieron con desconfianza la participación político-partidaria-electoral, encontraron en la consolidación del EZLN y del CNI un fundamento político-ideológico que les permitió legitimar su desempeño al margen del sistema electoral. Sin embargo, no todas las organizaciones indígenas concordaron con estas ideas ya que muchas de ellas siguieron participando en los procesos electorales en sus distintos niveles

(Viqueira y Sonnleitner, 2000). Tal es el caso, por supuesto, de organizaciones indígenas cercanas al partido gubernamental, que durante el gobierno de Zedillo sirvieron de dique de contención al zapatismo, pero también de organizaciones que actuaron en los niveles locales o de la ANIPA que, con base en un proyecto de autonomía más aceptable para el gobierno que el del CNI y del EZLN, se integraron a la administración de Vicente Fox (Grammont y Mackinlay y Otero, 2004), en las comisiones y dependencias para atender a la población indígena.