Para empezar es necesario reconocer que ambas experiencias asociativas Camino Verde y Ecofuturo, se autodenominan como de base o naturaleza comunitaria, dado que además de encarnar prácticas de carácter solidario para enfrentar problemas de la vida cotidiana (González, 1997), éstas articulan un esfuerzo no solo de naturaleza privada, sino también de naturaleza estatal para resolver un problema común de la vida colectiva y pública, como lo es la prestación de un servicio público y el cuidado y conservación de los recursos naturales.
Con el proceso de descentralización para finales de los años 80 y la nueva constitución política a principios de los años 90 en Colombia cambió la naturaleza del Estado y aparecieron dos tendencias que se mantienen hasta la actualidad: la estatización de la sociedad civil y la socialización del Estado, trayendo como consecuencia un cambio en el rol y las funciones del Estado (Restrepo, 1995).
En este marco, se promueve la participación de la sociedad civil en sus formas privadas y públicas y emergen iniciativas de carácter colectivo que empiezan a cumplir funciones de Estado en materia de prestación de servicios públicos, educación, salud, bienestar social, etc. En este sentido, como se ha venido afirmando, ambas organizaciones desarrollan actividades de naturaleza pública a pesar de que por estatuto se definen como entes privados y no hacen parte del sector gubernamental; frente a lo que coincidimos con Bozeman (1998) en pensar que el orden de lo público y lo privado no son dos esferas separadas, ya que las organizaciones modernas independiente del sector o de su tipo, están influenciadas tanto por la autoridad política y económica, y ejercen de manera simbólica ambos tipos de autoridad.
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Un ejemplo básico de ello lo constituye el hecho de que a pesar de que uno de los valores que los miembros de las organizaciones señalan como parte del ethos de la organización, es la autonomía, esta se ve menoscabada de manera permanente, ya que existe una gran influencia de lo público, en varios sentidos. Por ejemplo, dado que ambas organizaciones tomaron el camino formal: el de la gestión institucional y no el de la protesta social (Brancoli, 2010) para interlocutar con el resto de la sociedad civil y con el Estado, y si bien mantienen interacción con múltiples actores, la principal relación que les ha permitido mantenerse en el tiempo, ha sido la establecida con los diferentes niveles de Estado especialmente el local y departamental, relación que se cristaliza, entre otros, en la firma de convenios y contratos para el desarrollo de programas y proyectos, en este caso para la prestación de un servicio público.
Como es sabido, en el marco del neoliberalismo, se debilita la función social del Estado y se ejerce presión para que los ciudadanos de manera organizada resuelvan sus propios problemas ante la falta de recursos suficientes para la ejecución de políticas públicas (Caruso, 2010). En este caso, con la Ley 142 de 1994 “se abre el camino a la privatización en el sentido de que los servicios puedan ser prestados por personas naturales o jurídicas y por grupos de personas o entidades particulares. El Estado pierde así el monopolio de la prestación de los servicios, aunque podrá seguir haciéndolo en ciertas circunstancias de imposibilidad de la competencia. Además, ejercerá funciones de fiscalización y control de las empresas prestadoras de carácter privado” (González y Velásquez, 1995:59).
Si tomamos en cuenta que hasta 1986 en el país, los municipios dependieron de organismos nacionales y departamentales para la prestación de servicios públicos, dado que entonces los municipios y las pequeñas localidades no contaban ni con la competencia, ni con los recursos para atender las demandas de los ciudadanos en materia de servicios públicos y que, según González y Velásquez, posterior al proceso de descentralización, sobrevino la crisis fiscal que redujo la inversión pública en lo social, lo que afectó al sector de servicios públicos como un componente importante del gasto social (1995:61), podemos entender el ambiente político en el que surge la posibilidad de que organizaciones como Camino Verde y Ecofuturo emerjan en el escenario de lo público y luego adopten la prestación de servicios públicos como parte de su quehacer.
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Es así como el proceso de descentralización, la apuesta por la ampliación de una oferta estatal de participación en Colombia40 y el debilitamiento de la función social del Estado en el marco de la implementación de un modelo de desarrollo económico neoliberal, componen el contexto nacional en el que se fraguan iniciativas locales para la prestación de servicios públicos por parte de grupos de personas o entidades particulares sólos o con presencia del Estado, luego del fracaso técnico y en otros casos financiero para manejar los servicios públicos por parte exclusiva de los municipios.
En este escenario, ambas organizaciones surgen subordinadas al sistema político vigente, es decir como parte de la ejecución de leyes, políticas o programas gubernamentales, y con apoyo de algunas de las instituciones del Estado sea a nivel local o departamental, por lo tanto ambas organizaciones siendo de naturaleza privada y mixta, terminan cumpliendo funciones de carácter público. Tal como lo afirma Montaño, las organizaciones como parte del fenómeno del tercer sector constituyen “un nuevo patrón de respuesta social a la cuestión social producto de la reestructuración del capital, pautado en los principios liberales (…) siguiendo los valores de solidaridad local, de la auto-ayuda y de la ayuda mutua” (2005:238).
En este sentido, y vinculando la emergencia de ambas organizaciones como patrón de respuesta a la cuestión social, es posible ir más allá y afirmar que no basta con la existencia de una necesidad o un problema a resolver tal como lo afirma Brancoli (2010), sino que además deben confluir varias situaciones como parte del contexto en que aparecen, tales como la presencia de un marco de condiciones políticas y jurídicas, en este caso, la existencia por un lado de un marco normativo que facilita la participación de la sociedad civil en la prestación de un servicio público, el aval por parte del gobierno municipal para propiciar y apoyar la participación de la sociedad civil organizada en espacios de intervención que otrora eran de naturaleza pública y un campo exclusivo de su propia intervención, esto en el marco de la tendencia hacia la socialización del Estado y la estatización de la sociedad (Restrepo, 1995), así como también la intervención de otras instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro de naturaleza privada y mixta (Comité de Cafeteros, Cencoa, ONGs locales, instituciones educativas,
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Según Fabio Velásquez en el caso colombiano, la apuesta por la participación estuvo íntimamente ligada a la descentralización que atañe al orden local, por lo tanto los municipios se configuraron en escenarios centrales para los procesos de participación (2010:47).
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Corpocuencas41, Gestar, etc.) que tomaron partido en el proceso de configuración de estas iniciativas colectivas en el marco de la ejecución de una política social; de igual forma, debe confluir la existencia de motivaciones para la participación por parte de sectores de la población local, que se construyen y consolidan en los procesos de interacción social, ya que no pueden ser pensados exclusivamente como una variable individual o psicológica (Melucci, 1996) como veremos más adelante.
Por otra parte, desde finales de la década de los años 80 con las declaraciones del informe Brundtland, la protección ambiental dejó de ser una tarea local y nacional y pasó a convertirse en una preocupación global, dada la necesidad de alcanzar el desarrollo económico, pero ahora sobre políticas de sostenibilidad ambiental y de ampliación de la base de los recursos naturales que hicieran posible continuar el camino hacia el progreso, a través del aumento de la producción, sin agotar las bases de las futuras generaciones (Informe Brundtland, 1987). De esta manera, empieza el reposicionamiento del tema ambiental como una preocupación internacional que fue consignada para el año 2000 como uno de los ocho Objetivos del Milenio, siendo el punto siete “garantizar el sustento del medio ambiente” tarea a lograr por los países miembros de las Naciones Unidas para el año 2015 (Objetivos del Milenio, 2000).
A pesar de que ambas organizaciones se encuentran ubicadas en municipios predominantemente rurales, que cuentan con una importante oferta de paisajes y escenarios naturales, y que coexisten paradójicamente con expresiones de la cuestión ambiental, dichas situaciones contribuyen a que el tema ambiental sea un asunto visible y una permanente preocupación por parte de sus habitantes, de organizaciones sociales y dirigentes locales, tal como se verá más adelante.
Para resumir, sobre el contexto en el que tienen lugar las experiencias organizativas podemos decir que la emergencia de estas organizaciones como patrón de respuesta a expresiones de la cuestión social debe leerse en el marco de la existencia de varias condiciones en sus contextos a nivel local, regional e internacional, por ejemplo, la presencia de un marco de condiciones políticas y jurídicas, que por un lado pongan en un lugar central o de interés general el tema o área en la que estas organizaciones intervienen (prestación de servicios públicos y la cuestión ambiental), que propicien y faciliten los procesos de participación de la sociedad civil de manera organizada dentro del campo de intervención, la existencia de
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Corpocuencas contrató a la organización denominada Gestar, encargados de orientar el proceso organizativo de Ecofuturo; Gestar fue constituido por los asesores que salieron de Corpocuencas debido a un cambio en la legislación donde no podía contratar personas naturales sino jurídicas. Por lo tanto, Corpocuencas en ese entonces financiaba los proyectos y Gestar los ejecutaba.
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voluntad política y de condiciones por parte del gobierno local que avalen y/o apoyen la intervención de la sociedad civil organizada en asuntos de interés colectivo, todo esto en el marco de un modelo de desarrollo económico y político que brinda un marco de actuación general en el que se configura lo público.
Por otro lado, la presencia y apoyo de otros actores como instituciones y organizaciones de naturaleza privada y mixta que aportan conocimiento y experiencia en la configuración de alternativas de asociación para resolver problemas locales. Así como el reconocimiento por parte de la población de un problema o necesidad y por supuesto, la existencia de motivaciones y prácticas de participación sostenidas en el tiempo.