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STRUCTURAL CONTROL AGAINST DECISIONS LOAD

5.2 Identifying Model

5.2.2 Global Model

En junio, durante el examen periódico universal de la ONU, Eslovaquia reafirmó su compromiso de abordar el problema del gran número de niños romaníes escolarizados en centros para alumnos con discapacidad mental. Sin embargo, la Defensora Pública de los Derechos señaló en julio que se seguía violando el derecho a la educación de los niños romaníes mediante procedimientos diagnósticos discriminatorios.

El Ministerio de Educación persistió en sus planes –elaborados junto con la Oficina del Plenipotenciario Gubernamental para las Comunidades Romaníes– de construir “escuelas modulares” teóricamente destinadas a mejorar el acceso a la educación. El Ministerio tenía previsto construir 15 de estas escuelas a lo largo del año, varias de ellas en asentamientos romaníes. Sin embargo, el plenipotenciario reconoció en mayo que el proyecto podía tener como consecuencia un aumento de la segregación en la educación.

En el curso del examen periódico universal, Eslovaquia reconoció la necesidad de tomar medidas para legalizar los asentamientos informales de romaníes. El Ministerio de Transporte y Edificación elaboró propuestas para una nueva Ley de Edificación que abordara el asunto de las “construcciones ilegales”, incluidos los mencionados asentamientos de romaníes. En julio, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) expresó su preocupación por que las propuestas no incluyeran salvaguardias que protegieran del desalojo forzoso a los residentes de edificaciones no autorizadas,

y subrayó que las decisiones relativas a desalojos debían estar sujetas a revisión judicial y que los residentes afectados debían tener acceso a un recurso judicial y a una indemnización.

Actos de violencia cometidos por la policía

El Servicio de Inspección del Ministerio del Interior puso en marcha una investigación criminal en enero sobre el uso excesivo de la fuerza durante una operación policial efectuada el 19 de junio de 2013 en el asentamiento romaní de Budulovská, en la localidad de Moldavanad Bodvou. Anteriormente se habían desestimado denuncias de residentes afectados. La Defensora Pública de los Derechos criticó el uso excesivo de la fuerza, el trato despectivo y los registros arbitrarios durante la operación policial.

El juicio de los agentes de policía acusados de someter a malos tratos a seis niños varones romaníes en una comisaría de la ciudad de Košice en 2009 seguía pendiente ante el tribunal de distrito al final del año. En marzo fue reintegrado en su puesto uno de los agentes, que había sido destituido tras las denuncias de malos tratos.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,

BISEXUALES, TRANSGÉNERO

E INTERSEXUALES

El Consejo Nacional (Parlamento) aprobó el 4 de junio una enmienda constitucional que definía el matrimonio como “unión exclusiva entre un hombre y una mujer”. La enmienda, que excluía expresamente de la consideración de matrimonio a las parejas del mismo sexo,1 entró en vigor el 1 de septiembre.

En agosto, la organización “Alianza por la familia” entregó al presidente una petición firmada por 400.000 personas que reclamaban un referéndum para prohibir que pudieran definirse como “matrimonio” otras formas de asociación distintas de la unión entre un hombre y una mujer. Asimismo reclamaban que se prohibiera la adopción a las parejas del mismo sexo, que

ninguna forma de asociación distinta del "matrimonio entre hombre y mujer" tuviera reconocimiento jurídico y que se impidiera a los centros escolares impartir educación sexual obligatoria o información sobre cuestiones éticas como la eutanasia si el alumno o sus progenitores no habían dado su consentimiento. En septiembre, el presidente solicitó que el Tribunal Constitucional examinara la constitucionalidad de un referéndum sobre los asuntos planteados en la petición. El Tribunal resolvió en octubre que, excepto la cuestión del reconocimiento jurídico de las distintas formas de “asociación”, todas las demás eran constitucionales. En noviembre, el presidente fijó la fecha de febrero de 2015 para la celebración del referéndum.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

Eslovaquia continuó devolviendo personas a países en los que corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

Anzor Chentiev, de etnia chechena, fue extraditado en julio por Eslovaquia a la Federación Rusa, donde se lo buscaba en relación con varios delitos de terrorismo. Llevaba nueve años luchando para no ser extraditado. El Ministerio de Justicia aprobó la extradición a pesar de que existía el peligro de que Anzor Chentiev fuera sometido a tortura u otros malos tratos a su regreso, y a pesar de que había vuelto a solicitar asilo en Eslovaquia el 3 de junio.2

En agosto, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación de Aslan Yandiev contra la decisión del Tribunal Regional –con sede en la localidad de Trnava– de permitir su extradición a la Federación Rusa, donde estaba acusado de pertenencia a grupo armado. El Tribunal dio por válidas las garantías ofrecidas por la Fiscalía General de la Federación Rusa en febrero de 2011 al considerar que eran “específicas y fiables”. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional de Eslovaquia habían bloqueado anteriormente su extradición argumentando que Aslan

Yandiev quedaría expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos y que su solicitud de asilo en Eslovaquia estaba pendiente.

1. Slovakia: Amnesty International condemns discriminatory constitutional amendment defining marriage as the union between a man and a woman (EUR 72/001/2014)

www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/001/2014/en 2. Eslovaquia: Anzor Chentiev extraditado a Rusia (EUR 72/005/2014)

www.amnesty.org/es/library/info/EUR72/005/2014/es

ESLOVENIA

República de Eslovenia

Jefe del Estado: Borut Pahor

Jefe del gobierno: Miro Cerar (sustituyó a Alenka

Bratušek en septiembre)

Las autoridades perpetuaron la prolongada violación de derechos que sufrían las personas cuya condición de residentes permanentes les había sido revocada ilegalmente en 1992, al no restituirles esa condición ni proporcionarles una indemnización adecuada. La discriminación de la comunidad romaní seguía siendo generalizada.