Entre 1984 y 1994 aproximadamente 100 millones de personas en el mundo fueron desalojadas de manera involuntaria debido a la construcción de hidroeléctricas (Cernea, 1999: 34). Durante su apogeo, entre la década de 1950 y 1970, éstas fueron presentadas como medios hacia el progreso, la modernización y el bienestar. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, la comunidad internacional había reconocido ya, tras una larga lista de ejemplos de proyectos con nefastas consecuencias, los efectos negativos que traían consigo para el medio ambiente, las comunidades aledañas y los sistemas productivos.
La discusión llegó a tal punto que el Banco Mundial, históricamente uno de los principales financiadores de proyectos hidroeléctricos, impulsó en 1997 la Comisión Mundial de Represas (WCD, por sus siglas en inglés), organismo que se conformó con miembros de la sociedad civil, la academia y el sector privado, con el objetivo de determinar los impactos económicos, sociales y ambientales de las grandes represas. Como resultado de su trabajo, la WCD emitió una serie de recomendaciones para que en el futuro, antes de construir un proyecto hidroeléctrico, los gobiernos e inversionistas cuestionaran su viabilidad económica, social y ambiental y garantizaran una participación efectiva de las comunidades del área de influencia de aquellas represas que finalmente se construyeran (Comisión Mundial de Represas, 2000).
No obstante, el entusiasmo por la construcción de mega represas ha resurgido en la última década de la mano del crecimiento económico acelerado de los BRICS17, cuya demanda energética ha crecido exponencialmente. Solamente la represa de Belomonte, ubicada en la amazonia brasileña, desplazará al menos 40.000 indígenas de diferentes etnias, una cifra que parece pequeña al lado de los dos millones de personas que desplazó la represa de las Tres Gargantas, inaugurada en China en 2003.
Pero no es sólo el crecimiento de las superpotencias emergentes lo que ha permitido el relanzamiento de las represas como forma privilegiada para la producción de energía. La discusión sobre el calentamiento global y la cada vez mayor escasez de combustibles fósiles también han incidido en este proceso. El argumento de que las represas, en comparación con las termoeléctricas, prácticamente no generan en su funcionamiento emisiones de carbono, ha hecho que se les considere como sistemas de generación de energía limpia. De ahí que las empresas generadoras de energía hidroeléctrica estén participando como oferentes en el mercado de bonos de carbono (creado a partir del protocolo de Kyoto), sin duda, una fuente de ganancias adicionales para estas empresas.
Todos estos cambios han generado transformaciones tanto en la política ambiental como en la posición de los organismos multilaterales frente a los proyectos hidroeléctricos. El caso más evidente de ello ha sido el del Banco Mundial, cuya preocupación por los impactos de estos proyectos parece haber cesado, por lo que se ha comprometido nuevamente a invertir en ellos (World Bank, 2009).
A lo anterior se suma el hecho de que inversionistas chinos, españoles, italianos y brasileños, entre otros, en busca de rentabilidad financiera, invierten en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos más allá de las fronteras de sus propios países. Dicha inversión se realiza a nivel de las empresas de generación, pero también y sobre todo en las empresas constructoras. Como mostramos más arriba, en el caso colombiano la inversión extranjera en las empresas de generación es actualmente minoritaria, pues predomina el capital nacional, tanto público como privado. Sin embargo, en Colombia (que comenzó el siglo XXI sin la capacidad para producir los bienes de capital necesarios para adelantar el proyecto de desarrollo que ella misma se trazó) en el 100% de los megaproyectos hidroeléctricos las constructoras son empresas extranjeras especializadas en este tipo de obras. Así, por ejemplo, en el caso del proyecto El Quimbo, del cual nos ocuparemos en el tercer capítulo, la empresa constructora es Impregilo, una multinacional italiana con proyectos hidroeléctricos en los 5 continentes.
El nuevo auge de las represas no ha estado exento de debate. Comunidades afectadas en numerosos países han adelantado movilizaciones en contra de los megaproyectos hidroeléctricos. En algunos casos estas movilizaciones se han formalizado como organizaciones de la sociedad civil en representación de los derechos de los afectados, que cuentan con el apoyo de ONG nacionales e internacionales expertas en el tema. Entre estas últimas se destacan organizaciones como International Rivers y la Red Latinoamericana contra las Represas (integrada por más de 200 organizaciones de la región) entre otras. Estas organizaciones han buscado incidir en el freno a la construcción de represas mediante acciones a diferentes niveles: empoderamiento de organizaciones
locales, sensibilización frente a los impactos de las grandes represas, promoción de tecnologías alternativas para la producción de energía eléctrica y batallas jurídicas para el cumplimiento de los procesos de compensación de los afectados. No sobra señalar aquí que las afectadas son, con frecuencia, comunidades rurales con precario o nulo acceso a la energía eléctrica, condición que se suma a otras asociadas a la pobreza y la exclusión, por lo cual son poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad cuyo desplazamiento forzoso de sus territorios originarios se convierte en sinónimo de un empobrecimiento mayor, además de procesos de cambio cultural acelerado18.
Nos encontramos entonces ante un conflicto socio-ambiental en el que la demanda de energía eléctrica asociada al estilo de vida urbano característico del modo de producción capitalista, entra en contradicción con el frágil equilibrio en el que viven las comunidades rurales asentadas en los territorios donde se construyen proyectos hidroeléctricos.
18 Sin entrar en muchos detalles, quisiéramos dejar mencionados aquí los casos de las
2 Características del Sistema Eléctrico Colombiano en la actualidad En este capítulo describiremos el Sistema en la actualidad, intentando dilucidar el contexto macroeconómico y técnico en el que se decide la construcción de proyectos para la generación de energía y, en particular, de hidroeléctricas.
Esta no pretende ser una descripción exhaustiva; hay numerosos aspectos técnicos y económicos del Sistema que se han dejado de lado para presentar una visión relativamente simplificada. El propósito de este capítulo es mostrar el marco socioeconómico macro que determina, en últimas, el desplazamiento de las comunidades rurales que habitan en los territorios donde se construyen las represas.