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Chapter 8 Conclusion
8.1.1 Impact of the Study
Con la expedición de la Nueva Constitución Política de Colombia en 1991, se reformaron los postulados de la Constitución Política de 1886 expedida por el gobierno de Reyes, incluyéndose en la nueva carta política los derechos fundamentales, derechos de primera, segunda y tercera generación, valores y principios, y se enmarco institucionalmente en el comercio exterior con una regulación clara de orientación a la I.E.D, (KALMANOVITZ, 2010).
La nueva Carta Política (C.P.) introdujo grandes cambios en el papel y estructura del Estado; el nuevo ordenamiento institucional declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho, Art. 1, C.P. (1991), cuyo fundamento es la soberanía popular y la legitimidad del gobierno se deriva de la representación del pueblo, este concepto es el que sirve de base para el andamiaje político y social, junto con el principio de la dignidad del ser humano, se doto al Banco de la República de una verdadera
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autonomía e independencia, atemperado a los cambios de la estructura económica colombiana, influyendo su relación con la economía internacional, y la intervención del Estado como órgano regulador de la Economía, Artículos. 371, y 273, C.P. (1991). El Banco de la República mantuvo la estabilidad en el sistema monetario, redujo la inflación llevándola a términos internacionales, mejoro el mercado de capitales, freno la emisión de títulos del gobierno y amplió el crédito privado, (KALMANOVITZ, 2010), y como parte del paquete de reformas remitidas por el gobierno en el proceso de Internacionalización de la economía colombiana se expidió la ley 9 de 1991, o estatuto de la IED. El objetivo final del Banco de la República fue controlar la inflación en un entorno de crecimiento económico y de bajo desempleo, (CÁRDENAS, 2013), y Sentencia C-481 de 1999, de la Corte Constitucional.
Por consiguiente, al introducir la competitividad extranjera, como elemento para impulsar la calidad de los productos domésticos, y la innovación, se determinó una tendencia que se enfocaba en la disminución de los costos, convirtiéndose en un mayor beneficio para el consumidor. El incremento de la privatización empresarial se llevó a cabo durante este tiempo, pero aun así no se ofrecieron incentivos a los sectores estratégicos, Constitución Política de 1991, Artículos 150, 371 y 372
Así las cosas, la constitución de 1991 buscó mejorar las condiciones de vida en el país por vía del crecimiento y la protección del gasto social, el cual se consolido en una mayor inversión en la educación, la salud, la nutrición, la seguridad social, la vivienda, y en un crecimiento de la I.E.D., y al trato igualitario tanto del inversionista nacional como del extranjero, (CÁRDENAS, 2013).
Es de señalar, que durante el gobierno Gaviria se obtuvo un crecimiento económico del 5.03% a pesar de los vaivenes de la política, la intervención
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económica y el manejo fiscal en Colombia, (CÁRDENAS, 2013, p. 474).
De tal manera, que como política pública la apertura económica la continuaron ejecutando los gobiernos, que siguieron a Cesar Gaviria: Para el presidente Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998), presentó su plan de gobierno denominado El Salto Social, dentro del Plan De Desarrollo, D. N. P. (2002), se basó en cuatro conceptos fundamentales: Equidad y solidaridad; acumulación de capital social por medio de inversión en este; competitividad; y la movilización del conjunto de la sociedad6, lo cual no se pudo cumplir, debido a la inestabilidad de su gobierno por las filtraciones de dinero del narcotráfico en su campaña, pero pese a ello, su gobierno concluye con un crecimiento económico del 2.8%, (SILVA, 2003).
En el año 1997 los flujos de I.E.D., debido a la crisis financiera internacional; y a nivel interno por 8 reformas tributarias surtidas entre 1994 y 1998, que reflejaba la inestabilidad económica afectando la rentabilidad de los nuevos proyectos productivos de los inversionistas internacionales, incluso de los nacionales, permitiendo un descenso en la I.E.D. (KALMANOVITZ, 2010), que llegó en el año 1999 a - 4.2% del PIB, contracción incluso mayor al -2,8%, fijado en la gran depresión económica de 1929. Al contrario el pico más alto de crecimiento inversionista se registra en el año 2005 con un 7,5% del PIB, (KALMANOVITZ, 2010, p. 134).
Luego, en el periodo presidencial de 1998 – 2002 durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se fundamenta el plan de gobierno en la construcción de la paz denominándolo Cambio Para Construir La Paz, D. N. P. (2002), y en el Plan Nacional
6EL plan de gobierno “El Salto Social” fue aprobado por el Congreso de Colombia, con la Ley 188 de 1995 - “Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995 -1998”, publicado en el Diario Oficial Número 41.876 del 5 de junio de 1995.
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de Desarrollo, se plasmó entre sus objetivos: la consecución de la paz y la reactivación de la producción, fue el soporte de la descentralización y el fortalecimiento del tejido social7, este gobierno termina con un crecimiento económico del 0.36% comportamiento asociado a la crisis de Asia Oriental 1997- 1998, (SILVA, 2003, p. 40).
Durante el periodo de los noventa, la I.E.D en Colombia alcanzo un 81% hacia el año 1997, y la inversión alcanzo los US$5.639 millones, con un promedio de 55% de crecimiento anual contra un 15% obtenido en la década de los ochenta, (ZAPATA, 2006, p.42).
Ahora, para 1998 la I.E.D. disminuye en un 48% en relación con el año 1997, y para el año 1999 la I.E.D. desciende en un 68% frente a 1998, justificado por el efecto negativo del reembolso de utilidades en el sector petrolero, que ascendió en US$ 901 millones, marco la más profunda crisis de la historia reciente de Colombia. El PIB cayó 4.2% en 1999 y la I.E.D. Llego a los índices más bajos en la historia económica del país. El costo de la crisis represento el 4.1 % del PIB, lo cual incremento el déficit fiscal, y solamente fue superado en gran parte por los recursos de Fogafin; recursos que a su vez fueron recuperados por la venta de las entidades oficiales u oficializadas, (OCAMPO, 2015, p.338).
Ahora, la inversión que llegó se orientó al sector manufacturero, con un 35% de los capitales, seguido por el sector de la electricidad, el gas y el agua con un 26%, luego el sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones con un 17% y, finalmente, el sector financiero y de seguros con un 12%, (ZAPATA, 2006, p.44).
7El plan del gobierno Pastrana Arango, fue aprobado por el Congreso, con la Ley 508 de 1999, y publicado en el diario Oficial No. 43.651, de 30 de julio de 1999. Congreso de la Republica (1999).
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En cuanto a los ingresos por I.E.D, a Colombia le representó en promedio para los años noventa el 0.4% a nivel mundial, del 1.4% dentro de los países en desarrollo y el 5% en América Latina, pese a estos avances aún persisten obstáculos para la llegada de la I.E.D, debido a las variables de las reglas y la información, tramites excesivos, corrupción, inseguridad, además de una estructura impositiva compleja y a unos altos gravámenes. Esta inestabilidad tributaria afecta la productividad de los inversores.Es de precisar, que los recursos provenían de E.U., España e Inglaterra, (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2012, p.13).
Grafica 1. Fuentes de Inversión Extranjera en Colombia 1995-2002 Fuente: Coleman (2012).
Ahora, la CEPAL establece que el crecimiento económico en países como Argentina, Chile, Venezuela, y Colombia fue negativo llegando en ciertos países a un - 6. 3, es decir que fue el resultado de la galopante apertura financiera implementada en países sin reservas. El consenso de Washington lidero las reformas enfocadas en la reducción del control estatal y la ampliación de los mercados en toda América Latina. Colombia no estuvo exenta a la crisis de fin de siglo, con graves repercusiones económicas que fueron más visibles en el año 2002, (KALMANOVITZ, 2010).
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De tal manera, que la I.E.D. fue el resultado de la expedición de la Ley 9 de 1991, que permitió promocionar a Colombia como un país atractivo para la I.E.D., esta Ley estableció un nuevo régimen cambiario y de inversión extranjera, que se fundamenta en los principios de: 1) Igualdad: tratamiento igual para el inversor nacional como para el extranjero; 2) Universalidad: Permite el ingreso de recursos externos a cualquier actividad económica; y 3) Automaticidad: Se suprime la aprobación por parte del Estado de ingreso de recursos; se deja la protección a determinadas actividades, y la condición sine qua non es registrar la inversión en el Banco de la República con el fin de garantizar sus derechos cambiarios, (FEDESARROLLO, 2007).