obtenido una resolución denegatoria de asilo estriba en la incertidumbre absoluta sobre su situación personal, reflejada en una doble perspectiva: por una parte, el miedo a que se les pueda expulsar del territorio español al haberse quedado sin una posibilidad clara de conseguir una documentación válida para poder residir legalmente; por otra, la imposibilidad casi absoluta de poder trabajar y conseguir una autosuficiencia económica.
En un primer momento, a este colectivo le preocupa sobre todo el no poder trabajar legalmente, puesto que dependen totalmente de estos recursos económicos para poder subsistir, dado que en la mayoría de los casos (y desde hace unos años a esta parte) son personas que han podido trabajar con una Autorización Laboral, expedida por la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, y de repente ven truncada esta estabilidad personal y económica. Aunque con pocas esperanzas, pero mientras buscan alguna vía de legalización, en la mayoría de los casos los solicitantes denegados interponen un recurso contencioso-administrativo contra la resolución denegatoria de asilo ante el correspondiente tribunal.
Mientras éste se resuelve o se pueden acoger a alguna forma de legalización (una media de dos años), no tienen otra alternativa que trabajar de forma ilegal, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, y en puestos de trabajo habitualmente precarios o marginales, casi siempre en el servicio doméstico, el cuidado de niños y ancianos, la agricultura, la construcción y la hostelería, aunque en estos últimos puestos el número de personas que han estado trabajando sin contrato se ha reducido drásticamente por las continuas inspecciones por parte de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo a las empresas. Por otra parte, este colectivo también tiene que asumir un grave riesgo al no tener cobertura social en caso de accidente laboral por miedo a quedarse sin trabajo si denuncia tales hechos ante las correspondientes instancias judiciales o administrativas.
Así pues, la denegación de asilo, después de estar un año o dos de forma regular administrativamente en España, supone para los denegados de asilo una situación de vulnerabilidad que pone en peligro su proceso de integración en España por varios motivos. En primer lugar, significa pasar de una situación de regularidad, aunque sea provisional, a una de irregularidad, lo que conlleva una pérdida del ejercicio de derechos sociales y laborales. Con la denegación del asilo pierden la posibilidad de seguir trabajando legalmente, hacer cursos de formación ocupacional, recibir ayudas o entrar en los programas sociales para solicitantes de asilo.
En segundo lugar, esta pérdida de derechos supone, al mismo tiempo, que, al no poder trabajar de forma legal, se les obligue a trabajar en la economía sumergida, en los sectores laborales más precarios y en las peores condiciones laborales. Al no tener contrato de trabajo se les imposibilita alquilar un piso, por lo que este sector se ve abocado a vivir en pisos compartidos, en los que habitan, normalmente, hacinados, y en malas condiciones de salubridad, por la falta de recursos económicos.
En tercer lugar, pasan de una situación de relativa estabilidad social y emocional, como solicitantes de asilo, a otra de total inestabilidad, al no encontrarse regularmente en España, y la imposibilidad de regularizar su situación, dado el endurecimiento de la Ley de Extranjería, acarrea una tensión psicológica importante que impide, en muchos casos, seguir “trabajando” para su integración social, ya que todo aquello que han ido consiguiendo como solicitantes de asilo se ha desvanecido en un día por cambiar su situación regular.
En cuarto lugar, los solicitantes de asilo que están en España y han dejado a sus familias en el país de origen esperan tener una situación regular que les permita la reagrupación familiar. Son conscientes de que mientras están solicitando asilo no pueden traer, de forma legal, a su familia, pero se preparan para encontrar un trabajo, alquilar un piso… para pedirlo cuando estén integrados y estabilizados en España. La denegación del asilo implica retrasar aún más la posibilidad de poder traer a sus familias, con las consecuencias psicológicas que ya hemos analizado.
En quinto y último lugar, existe un peligro de expulsión si les detiene la policía ya que cuando se les deniega el estatuto de refugiado se les concede un plazo de 15 días para abandonar el país o regularizar su residencia. Así, se les obliga a vivir en una tensión constante por miedo a la expulsión y más cuando no pueden regresar a su país de origen por haber solicitado asilo.
Por todo ello, la denegación del asilo implica una crisis tan grave en su situación legal, social, laboral, emocional y en sus expectativas de futuro que les aboca a una situación de extrema vulnerabilidad que pone en peligro el camino recorrido en España para favorecer su integración y puede suponer, al alargarse esta situación, la imposibilidad de ésta.
Por último, estas personas, que carecen absolutamente de todo, de trabajo y de medios de subsistencia, se encuentran ahora en una situación tan desesperada y vulnerable que pueden tomar decisiones precipitadas o desesperadas. Comienzan a plantearse la posibilidad de volver a su país, aún a riesgo de su vida, porque consideran que “esto no es vida”, que "el Gobierno debería haber sido más rápido en denegarles el asilo", que "desde los primeros días les tenían que haber dicho que no les querían en este país"...
Veamos el caso de un ciudadano de Sierra Leona que llegó a España con su esposa y un hijo de un año y que después tuvo otra hija durante su estancia en un Centro de Acogida Temporal gestionado por CEAR. Recibió la resolución de denegación del asilo dos semanas antes del nacimiento de su hija.
“Vivía en mi país, Sierra Leona, en la zona de Makeni, como una persona normal. Trabajaba en un campo de mi padre, donde teníamos once trabajadores, y la mayor parte de la responsabilidad la llevaba yo. Pero cuando se inició la rebelión y la guerra, comenzaron los problemas, especialmente en mi zona, donde se produjeron combates entre los rebeldes y los militares. Los jóvenes de mi edad eran obligados a unirse a la guerrilla, en caso de negarse eran amenazados y torturados, como a mí, que me dieron un machetazo en el brazo, en la cabeza, y con el fusil me rompieron parte de los dientes; a personas de mi familia las mataron los mismos guerrilleros, aun cuando yo ya me había unido a ellos, para robarles.
Me habían tenido en la prisión durante seis meses. Era un gran hoyo en la tierra, donde sufríamos los cambios del tiempo, la lluvia, el sol, sin ropa, sin comida. En ese tiempo mi esposa y mi hijo de seis meses estuvieron en la zona
de la rebelión, en un campo, lejos de mí. Algunos de mis amigos murieron y otros se habían unido ya a la guerrilla. Se daban situaciones en las que era tu vida o la vida del otro, que había sido tu vecino, conocido o amigo. Al final no pude más y me uní a los rebeldes para hacer la guerra, con los que estuve tres meses, entonces permitieron que mi esposa y mi hijo volvieran a casa, pero yo estaba con la guerrilla.
Un día vinieron los de la ECOMOG36
y muchos huimos a BO, hacia Liberia; yo lo hice con mi esposa, hijo y un tío. Después fuimos a Guinea a través del campo, fuera de los caminos, porque estos estaban cortados y minados. Mucha gente nos ayudó en Guinea porque llevábamos un niño de seis meses, salimos sin muchos problemas; muchos de mis amigos murieron. Los usma, que viven cerca de Sierra Leona, nos ayudaron. Luego fuimos a Malí y Marruecos y de allí vinimos a España. Hemos venido a España y queríamos vivir tranquilos, con seguridad y vivir de nuestro trabajo. Siempre pensé que en España estaríamos mejor, África es un continente sin seguridad.
A la salida del Centro de Acogida de CEAR, aprendido el idioma, creí que todo iría mejor. Pero mi petición de asilo ha sido denegada. Ahora es como una nueva ‘guerra’ para mí, con dos hijos, es la “guerra” del hambre. Hambre porque no tengo dinero, no tengo dinero porque no tengo trabajo, no tengo trabajo, porque no tengo permiso de trabajo; he tenido una oferta de empleo, pero no me han concedido la autorización para trabajar. Es mi gran problema ahora, no puedo comer bien, porque tengo dos hijos que son más importantes. ¿Cómo puedo pagar casa, comida, ropa, medicina si no tengo trabajo? Así no puedo vivir. Ahora ya no puedo ir a otro país, no tengo dinero, no puedo aprender otro idioma; he pasado ya un año en España. En pocos días tendré que pedir dinero a mis amigos, vivir como una persona que no tiene futuro. No pienso en mí, sino en mis hijos. La verdad es que no sé qué voy a hacer. No quiero hacer cosas malas, como robar o vender drogas, que he visto hacer a otros. Pero yo no, tengo una familia, para mí, mejor muerto. Quisiera tener un trabajo, cuidar a mis niños, que todas las cosas sean normales pero el problema es que no tengo papeles. ¿Por qué? Es la pregunta que hago a las autoridades, parece que no quieren tener extranjeros aquí. Muchos tienen papeles y no quieren tener un trabajo, pero yo sí. Espero encontrar una solución pronto, si no buscaré una solución permanente. Además, aún continuo con pensamientos obsesivos por las dificultades vividas”.
En este testimonio apreciamos las dificultades dramáticas de muchas personas a las que se les niega el asilo y se quedan sin posibilidades de acceso al mercado de trabajo, además de la dificultad para acceder a todo tipo de ayudas, en especial las de ámbito autonómico y que quedan en una situación en la que son presa fácil de la marginación, o bien, en el mejor de los casos, dependen de ayudas puntuales de organizaciones como la Cruz Roja (alimentos) o Cáritas, pero con las posibilidades de integración mermadas y, en otros casos, tanto sus esfuerzos de integración como los de las entidades que los apoyan completamente anulados.
No existe solución a dicha vulnerabilidad que no pase por la concesión del permiso de trabajo y residencia mediante un proceso de regularización o bien por otro mecanismo que se pudiera articular. No olvidemos que detrás de todos estos problemas hay dramas humanos y por tanto deben ponerse en marcha
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las acciones políticas necesarias para solucionar los problemas de un colectivo que necesita de unos derechos amplios y no mermados.