4.5. El reconocimiento y la inclusión de la población joven como agente de paz
Con frecuencia los discursos y narrativas sobre jóvenes y conflictos suelen estar cargados de mitos y estereotipos que asocian a los jóvenes con violencia o que, en el caso de las jóvenes, las retratan eminentemente como víctimas. En numerosos contextos, muchas personas jóvenes se sienten excluidas y frustradas por la sensación de ser percibidas como un problema a resolver, más que como posibles aliadas para impulsar cambios. No obstante, en los últimos años la comunidad internacional y los estudios sobre paz y conflictos han dedicado una mayor atención al papel de la población joven como actor de paz y como agente para la transformación sostenible de conflictos violentos. Para dar impulso a esta aproximación ha sido clave la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busca promover un mayor reconocimiento e implicación de la juventud
en la prevención y resolución de conflictos. En el marco de esta resolución, durante 2018 se hizo público el primer estudio global sobre la implementación de la agenda de jóvenes, paz y seguridad, que ofrece una visión panorámica de la aportación de la juventud en este ámbito y esboza una serie de recomendaciones para su mayor inclusión en iniciativas de paz.6 Los avances en esta área pueden
significar que la juventud cuente con mayores espacios para contribuir a la paz en el futuro. La resolución 2250 se construyó sobre la base de otras iniciativas previas –como los Principios Guía para la Participación de la
Juventud en la Construcción de Paz o la Declaración de Amán sobre Jóvenes, Paz y Seguridad–, y es considerada como un punto de inflexión por introducir una nueva narrativa sobre juventud y conflictos, asegurar visibilidad a las iniciativas de paz impulsadas por jóvenes, promover la representación y participación de jóvenes en todos los niveles de los procesos de paz, garantizar una rendición de cuentas al establecer un debate anual sobre su implementación y, sobre todo, por ofrecer –por primera vez– un marco integral para las necesidades y oportunidades para un grupo demográfico específico: las personas jóvenes. El estudio independiente sobre los progresos en materia de juventud, paz y seguridad dado a conocer en 2018 se hace cargo de algunas de las complejidades de trabajar con esta categoría, teniendo en cuenta que no existe una definición universal y consensuada sobre “juventud” –a pesar de que la resolución 2250 la define como la fase de edad entre los 18 y 29 años– y que tampoco se puede caer en simplificaciones o visiones románticas. A diferencia de otras categorías identitarias, la juventud constituye un período transicional en la vida de todas las personas y, como grupo, no constituyen un ente homogéneo. Los y las jóvenes se caracterizan por su pluralidad, con posiciones diversas en interacción con dimensiones como el género, religión, etnicidad, clase social, filiaciones políticas, etc.
Una de las principales aportaciones del estudio global – resultado de diversos informes especializados y de un proceso participativo y de consulta con más de 4.200 jóvenes– ha sido analizar y cuestionar varios estereotipos que vinculan juventud y violencia. Por un lado, se constata el inmenso impacto de los conflictos en los jóvenes. En 2016, un total de 408 millones de personas entre 15 y 29 años vivía en contextos afectados por conflictos armados o violencia organizada y estimaciones de 2015 apuntaban a que más de 90% de las víctimas mortales directas de conflictos armados correspondían a hombres jóvenes. Pero también pone en entredicho algunas teorías recientes que han intentado establecer una relación causal entre el porcentaje de población joven de una sociedad con la probabilidad de agitación social y conflictos violentos
–la edad no parece ser el único criterio para explicar la participación en hechos de violencia¬¬. Asimismo, se cuestionan las narrativas que señalan a la población joven desplazada y migrante como potencial amenaza –no tienen en cuenta que muchas de estas personas han preferido huir que luchar o ser reclutados por actores armados– o las representaciones que asocian juventud con extremismo violento. Respecto a esto último, si bien se identifica una preponderancia de jóvenes en grupos extremistas, también se destaca que quienes deciden afiliarse a estas organizaciones suponen una ínfima proporción de la población joven en general. El estudio global y otras investigaciones recientes también ilustran el abanico de iniciativas de jóvenes en distintas etapas del ciclo de paz y conflictos y ante violencias diversas. Los ejemplos incluyen intervenciones lideradas por población joven para prevenir la escalada de violencia en diferentes contextos –a través del diálogo intercomunitario en Kenya o de la educación para la paz en Colombia o Myanmar, entre otras– y acciones ya en el marco de conflictos violentos abiertos –facilitando la comunicación entre las partes afectadas en conflicto en Kirguistán, apoyando la desvinculación y reintegración de integrantes del grupo armado al-Shabaab en Somalia, asumiendo actividades de ayuda humanitaria ante el repliegue de organizaciones internacionales en escenarios como el de Yemen o documentando las vulneraciones a los derechos humanos, como en Burundi. En contextos posbélicos la población joven también se ha implicado en procesos de verdad y reconciliación –por ejemplo, en Liberia o Sierra Leona– o se mantienen activos en campañas a favor del desarme nuclear, como en Japón. También se señalan iniciativas impulsadas por jóvenes y para jóvenes destinadas a fortalecer su resiliencia ante la violencia extremista y evitar su captación por grupos armados en países como Pakistán o Yemen o acciones contra la violencia sexual y de género, incluyendo los abusos contra población LGTBI, en India o Jamaica.
Uno de los ámbitos en que se identifican retos pendientes es el de la participación de los jóvenes en procesos de paz formales, donde su implicación sigue siendo muy limitada. Jóvenes de diversos contextos se sienten excluidos de procesos políticos y se quejan tanto de la corrupción como de la cooptación de las élites políticas. El estudio global también constata la paradoja –aplicable a otros espectros de edad– de que los jóvenes que han tenido una participación activa como actores armados suelen tener más posibilidades de acceder a una mesa de negociación que quienes se han mantenido al margen de la violencia o han trabajado por la paz. En este sentido, se reivindican las ventajas de la participación significativa de jóvenes en procesos de paz, en tanto que la frustración por la exclusión puede favorecer la recurrencia de violencia y –desde una perspectiva positiva– porque la vigencia e implementación de un acuerdo y el mantenimiento de los logros de un proceso de paz dependen en parte de su aceptación por parte de generaciones jóvenes. Cabe destacar, no obstante, que el reconocimiento a la necesaria inclusión de jóvenes en los procesos de paz se plantea no tan solo por los posibles dividendos para la paz y porque su exclusión sea contraproducente para una transformación sostenible de conflictos, sino sobre todo como una cuestión de derechos. El derecho de la población joven a tener voz y una participación plena en estos espacios. El análisis de algunas experiencias de participación de jóvenes en negociaciones oficiales arroja algunas luces sobre fórmulas de inclusión. En algunos casos, como en las negociaciones entre el Gobierno filipino y el MILF entre 1997 y 2016, su implicación se produjo sobre todo a partir de relaciones informales, entre ellas de carácter familiar, que favorecieron su aportación en términos técnicos y logísticos. En Sudán del Sur, la facilitación de ACNUR permitió la presencia como observadores de un grupo de jóvenes refugiados en el Foro de Revitalización de Alto Nivel del país. En el caso de Siria, jóvenes han intentado promover la creación de un Consejo Consultivo de interlocución directa con el enviado especial de la ONU como el creado para las mujeres sirias. Yemen, en tanto, se presenta como un caso paradigmático del impacto de las cuotas para población joven, tras la experiencia de la Conferencia de Diálogo Nacional (2011) que contó con un 20% de participación de jóvenes. Pese a las valoraciones críticas al proceso, jóvenes yemeníes valoran su relevancia para cambiar la mentalidad sobre la participación de jóvenes y mujeres, la posibilidad de pronunciarse sobre temas complejos y de cuestionar las estructuras jerárquicas del país. Cabe destacar, sin embargo, que algunos estudios en este ámbito han planteado la conveniencia de no focalizar todas las expectativas en la participación de jóvenes en espacios formales –a menudo elitistas y gerontocráticos– y reconocer la relevancia de las aportaciones de la juventud en los espacios informales que son esenciales para llegar a
las negociaciones y cruciales para el éxito de los procesos formales y para la transformación sostenible de conflictos.7
Se requiere, por tanto, de una noción amplia de inclusión que no supone necesariamente invitar a jóvenes a espacios ya creados sino dar relevancia a los que ellas y ellos mismos han creado para manifestarse públicamente a favor de la paz. Cabe destacar que la agenda de jóvenes, paz y seguridad toma como referencia la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad –desarrollada a partir de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000)– y las lecciones de su implementación que, en lo que respecta a los procesos de paz, han reconocido la necesidad de poner atención no sólo a la cantidad sino a la calidad de la participación y la capacidad de influencia real de las mujeres. La perspectiva de género en la agenda de jóvenes, paz y seguridad también ha enfatizado la necesidad de profundizar en cómo las identidades de género alimentan los conflictos violentos y de trabajar particularmente con las identidades masculinas, teniendo en cuenta que la juventud es una etapa clave en la construcción de la identidad. La experiencia de la agenda 1325 también puede ser útil para identificar retos en la implementación, teniendo en cuenta la falta de voluntad política para concretar muchos de los compromisos adquiridos y, en algunos aspectos, las aproximaciones tokenísticas que apuntan a una inclusividad superficial o meramente simbólica.
De cara al futuro, la agenda de jóvenes, paz y seguridad ha recomendado tres estrategias de acción complementarias. En primer lugar, invertir en las capacidades, agencia y liderazgo de jóvenes, reconociendo su diversidad y sus propias formas de organización. En segundo lugar, abordar las barreras estructurales que dificultan la participación de jóvenes en el ámbito de paz y seguridad. Y, por último, apostar por asociaciones y acciones colaborativas que reconozcan a la población joven como igual y como aliada para la construcción de la paz. Estas recomendaciones se desgranan en una serie de propuestas concretas que deben ser asimiladas por gobiernos, donantes y organizaciones internacionales –entre ellas la ambición de invertir 1.800 millones de dólares (1 dólar por persona joven) antes de 2025, coincidiendo con el décimo aniversario de la resolución 2250; utilizar cuotas para jóvenes, con perspectiva de género, para su participación directa en todas las fases de procesos de paz y transiciones políticas; o apostar por una mayor investigación e identificación de buenas prácticas en el ámbito de jóvenes, paz y seguridad. En los años venideros la revisión periódica de la implementación de la agenda de jóvenes, paz y seguridad ofrecerá una oportunidad para valorar los progresos en este ámbito, directamente relacionados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que subraya la interdependencia entre paz, justicia e instituciones inclusivas.
Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2019
5. Escenarios de riesgo para 2019
A partir del análisis del año 2018 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2019. Los escenarios de alerta de cara al año 2019 hacen referencia a la escalada de violencia en la región de Sahel Occidental, a los efectos de la crisis política y económica en los escenarios de inestabilidad en Sudán, al incremento de la violencia en la región indonesia de Papúa Occidental 50 años después del fallido referéndum de autodeterminación, a los riesgos derivados de la ausencia de diálogo en el marco del conflicto entre Turquía y el PKK, y a los graves impactos en la seguridad humana del binomio hambre-conflictos.
Sudán Crisis e inestabilidad Escalada de violencia Impactos en seguridad humana Ausencia de diálogo con el PKK Turquía Sahel Occidental Indonesia
1. Africa Center for Strategic Studies, The Complex and Growing Threat of Militant Islamist Groups in the Sahel, 15 de febrero de 2019. 2. Véase, entre otros, Abu al-Maali, Mohammed Mahmoud, The Competition between al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel and Sahara,
Al Jazeera Centre for Studies and al-Dar al-Arabi lil-Ulum, 2017; Cherbib, Hamsa, Jihadism in the Sahel: Exploiting Local Disorders; IEMED Mediterranean Yearbook, 2018.
3. Francia dispone de operaciones militares en el Sahel desde 1983, con la operación Manta (en Chad), antecedente de la operación Épervier (1986), que precede a la operación Serval (ya ubicada en Malí). La operación Manta está considerada como la principal operación militar francesa desde la guerra de Argelia.
5.1. La escalada de la violencia en la región del Sahel Occidental
A pesar de diversos cambios positivos que se han desarrollado en los diferentes escenarios políticos de la región del Sahel Occidental –el proceso de paz que intenta resolver el conflicto armado de Malí; la mejora de la situación política en Burkina Faso con la llegada a la presidencia en 2015 de Roch Marc Christian Kaboré, que puso fin a la transición con la caída del autoritario Blaise Compaoré; o el retorno al poder civil en Níger en 2011 tras el golpe de Estado en 2009–, la región afronta en los últimos años y en especial en 2018 un incremento de la violencia política con múltiples ramificaciones y expresiones de violencia intercomunitaria y criminalidad que está poniendo en jaque a los diferentes países y poblaciones de la zona. La militarización de la región, considerada la “nueva frontera de la lucha antiterrorista global”, con el despliegue
de iniciativas regionales e internacionales, puede tener graves consecuencias para la población civil y no resolver las cuestiones de fondo que se encuentran entre las raíces de la conflictividad en el área.
Diversos análisis han señalado un incremento de la violencia regional, que en un primer momento se vinculaba a la expansión de las actividades de los grupos armados procedentes de Malí hacia la frontera con Níger y Burkina Faso, y del grupo armado nigeriano Boko Haram hacia Níger (región de Diffa) en el marco de la ampliación de sus actividades en la región del Lago Chad. Posteriormente se
han identificado otros focos de inestabilidad alejados de estas zonas y que tendrían agencia propia. En este sentido, el Africa Center for Strategic Studies1 realizó un estudio en
el que puso de manifiesto el incremento de la violencia en el tiempo, en el marco geográfico y en el número de actores. El número de acciones violentas vinculadas a grupos armados yihadistas se había doblado cada año desde 2016 (90 en 2016, 194 en 2017 y 465 en 2018), así como las víctimas mortales vinculadas a estas acciones (218 en 2016, 529 en 2017 y 1.100 en 2018). Asimismo, los ataques contra la población civil también se multiplicaron, pasando de 18 en 2016, a 39 en 2017 y a 160 en 2018. Aunque Malí continuaba suponiendo el principal foco de la violencia, concentrando el 64% de las acciones perp14etradas en el Sahel, el restante 36% respondía a acciones perpetradas en Níger y Burkina Faso. Este último país ha pasado de sufrir en su territorio tres acciones vinculadas a actividades insurgentes en 2015, a 12 en 2016, 29 en 2017 y a las 137 en 2018. La mitad de las acciones insurgentes en la región se vinculan a la coalición de grupos conocida como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM,
Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin), creada en marzo de 2017; al Macina Liberation Front (FLM), que actuó junto al GSIM en más del 40% de las acciones insurgentes; y a dos nuevos grupos, Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) y Ansaroul Islam, que estuvieron implicados en el 26% y el 15%, respectivamente, de las acciones insurgentes cometidas en la zona. Los grupos se distribuyeron geográficamente en cuatro grandes escenarios: el JNIM en el centro y norte de Malí; Ansaroul Islam en el área de Djibo, en Burkina Faso; el ISGS se situó en la frontera entre Níger y Malí y en el este de Burkina Faso también se constató la presencia del JNIM y del ISGS. Mientras que en 2012 había cuatro grupos –MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI– operando en Malí, en la actualidad hay más de 10 grupos armados activos en Malí, Burkina Faso y Níger, y la violencia en 2018 excede en su conjunto a todo el periodo 2009-2015. La creciente violencia también podría responder a una competencia por el liderazgo en la zona entre ISIS y al-Qaeda, según diversos análisis.2
Este incremento de la actividad insurgente ha venido acompañado de la creación de misiones regionales y la presencia de fuerzas extranjeras para hacerles frente. En 2017 se puso en marcha la Fuerza Conjunta Sahel G5 (compuesta por unos 5.000 efectivos de Malí, Chad, Níger, Mauritania y Burkina Faso). La misma se pretendía que estuviera operativa durante el primer semestre de 2018. Sin embargo, sufrió diversos reveses militares así como la falta de financiación previsible y deficiencias en materia de capacidades y equipos, que frenaron su operatividad. En septiembre, Malí y Burkina Faso solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que confiara un mandato a la Fuerza Conjunta con arreglo al Capítulo VII a fin de garantizar una financiación y apoyo continuo. También en 2017 se puso en marcha la Joint Task Force (JTF) para la región Liptako-Gourma, compuesta por efectivos de Malí, Burkina Faso y Níger, región que comprende una zona de 370.000 km2 entre los
tres países. A estas operaciones cabe añadirle la operación militar francesa Barkhane, compuesta por 4.500 soldados, activa desde 2014 (la operación previa, Serval, iniciada en 2013, centraba sus actividades en Malí).3 Además de la
MINUSMA (ONU), la presencia extranjera se ha ampliado a EEUU, Alemania, Canadá e Italia. En abril, Níger hospedó ejercicios militares de la operación Flintlock, en los que participaron 1.900 soldados de una veintena de países, patrocinado por EEUU. Este país ya dispone de una presencia militar permanente en todo el Sahel a excepción