El profesor y magistrado colombiano Mauricio Martínez Sánchez se ocupa de criticar con mucho acierto la ideología de la defensa social que da por sentado que lo establecido es lo bueno y lo contradictor o disidente es lo malo, donde afortunadamente los malos son sólo una minoría. Con este discurso se marginaliza y estigmatiza al cuestionador del orden y se concita a las comunidades a plegarse a proyectos represivos tan deleznables como las famosas cooperativas de vigilancia Convivir, acertadamente calificadas como el rostro legal y amable que se le quiso dar al paramilitarismo.
En la misma línea discursiva el autor arremete contra una tendencia economicista que gobierna al establecimiento y su política criminal que olímpicamente remplazó el análisis estructural y etiológico del comportamiento delictivo por el análisis de costo-beneficio en la administración de justicia. Esto explica el énfasis puesto por los analistas en los delitos contra el patrimonio económico, cuyos sujetos activos normalmente provienen de las capas más empobrecidas de la población y de los grupos insurgentes armados.
Sobre el particular, uno de estos analistas señala: "...las conductas delictivas que mejor se enmarcan dentro de la teoría económica del crimen son sin lugar a dudas los hurtos, los robos, el contrabando, la piratería, los atracos, los secuestros económicos y, en general, los delitos que implican una transferencia de recursos monetizables. Para estos crímenes, el incentivo económico es muy claro. El 'botín' del delito cuenta normalmente con un mercado; su valoración por parte del infractor guarda estrecha relación con su precio como mercancía transable, etcétera".
Los analistas concluyen que el análisis de costo-beneficio hecho por el infractor es lo que lo lanza al crimen o lo hace desistir, razón por la que se inclinan por la solución punitiva, renunciando a alternativas realmente democráticas. Deducción errada si se toma en cuenta que el infractor incurre en la conducta más por necesidad que por el análisis de los analistas.
El fracaso en la prevención del crimen de la política criminal defendida por los analistas economicistas se revela en las propias estadísticas oficiales, que dan cuenta de que los delitos, en su mayor parte, atenían contra el patrimonio económico. Esto también devela que la punición se centra especialmente en las capas empobrecidas de la sociedad.
De otra parte, y parapetados en la muletilla del fenómeno de la impunidad, los analistas economicistas y administrativistas del crimen, difuminaron al lado de los tres últimos gobiernos la
idea de la seguridad ciudadana; que en verdad se podría grafícar como la jauría que corre tras un conejo que se ha apoderado de una zanahoria. La seguridad ciudadana no ha podido evitar siquiera uno solo de los grandes crímenes cometidos en Colombia. No tenemos noticia de que mediante dicha figura se haya evitado aunque friera una de las tantas masacres anunciadas inclusive por la Defensoría del Pueblo. Tampoco ha logrado hacer justicia respecto a los más de 40 mil crímenes de lesa humanidad. Vale decir, la seguridad ciudadana no ha logrado quebrar el manto de impunidad en relación tan siquiera con una de las más de 3 mil personas desaparecidas; la impunidad en Colombia por violación de los derechos humanos y por otros graves crímenes es del ciento por ciento. En cambio, la seguridad ciudadana ha dado cuenta del encarcelamiento de cientos y miles de limosneros, ladronzuelos, indigentes y, en general, personas todas de los sectores populares, destinatarios de una feroz redada legal de limpieza social y "contra" la pobreza. Aparejado a estas redadas se gesta y practica un etiquetamiento contra los señalados por la ley como infractores de la seguridad ciudadana.
Los otros infractores del modelo de desarrollo son los estigmatizados en razón del conflicto armado, ya no como delincuentes a infractores, sino como enemigos y terroristas. Este tratamiento también se maquinó y se adaptó para esta época. Es la expresión más reveladora del sello contrainsurgente en la política criminal colombiana. La categoría de enemigo es muy amplia, pues allí tienen cabida desde auténticos alzados en armas hasta las y los líderes comunitarios, estudiantiles, sindicales, campesinos, indígenas, transportistas, viviendistas, etc.
Este discurso, aunque logró permeabilizar todas las esferas de la burocracia estatal, merced especialmente a la acción del poder ejecutivo y por la gracia de los jueces y fiscales sin rostro. Por fortuna no ha logrado introducirse en el seno de toda la sociedad, con la fuerza que el Estado y los verdaderos detentadores del poder en Colombia quisieran. No obstante, la persecución a los defensores de derechos humanos ha sido feroz, como se demostrará más adelante.
Las consecuencias de esta actitud estatal en el derecho penal han sido funesta. Hoy no cabe duda de que esta estrategia es "el mejor estímulo a la pérdida de la imparcialidad de jueces y fiscales, quienes de partida se deben colocar a priori en contra de los 'enemigos', considerándolos de partida como 'secuestradores', 'homicidas', 'ladrones', es decir, como condenados, que es arma fundamental
del nuevo eficientismo penal asumida en la emergencia penal que resulta de aquella concepción de la lucha contra la criminalidad como lucha contra enemigos absolutos..."
A nuestro juicio, la estrategia convierte al derecho penal en un derecho castrense abiertamente contrainsurgente, en donde la jurisdicción penal militar se yuxtapone y se impone sobre la jurisdicción ordinaria, haciendo del derecho penal y de la política criminal pública y legal un derecho, una política y una ley de guerra. Todos los que en condición de procesado lleguen a su seno, como tienen la condición de enemigos, de entrada se les condena, con lo cual se da al traste con los principios universales del juicio, como son la presunción de inocencia y el debido proceso. En esta estrategia, la defensa del condenado es decorativa e inocentemente colabora con la legitimación de una injusticia.
Luego de presentar elementos de contexto, de exponer algunos conceptos que nos aproximan al objeto de estudio y de mirar los principales efectos que deja la aplicación de las dos versiones de la política criminal en Colombia, queremos focalizar la atención en unas manifestaciones mucho más concretas que nos informan acerca de la criminalización y judicialización de la pobreza y la acción de protesta sindical y popular.
III. EXPRESIONES DE LA POLÍTICA CRIMINAL APARENTE