Increasing interdependence with the region

La Movilización de las Víctimas de Crímenes de Estado, a partir de las coyunturas sociales que permitieron el proceso de organización, Movilización, y cambios Constitucionales en diferentes países, como se nombró anteriormente, y ya que hechos como la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces y otros civiles en el Palacio de Justicia de Colombia, luego del asalto efectuado por el M-19, en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, según informó el Ministro de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe o La masacre de cerca de 300 inculpados acusados de terrorismo en tres cárceles de Lima y Callao, en el Perú. Lima, 18 y 19 de junio de 1986 y también el asesinato de más de 100 indígenas wayuu, en la cárcel de Maracaibo, Venezuela, el 3 de enero de 1994, según denunció Amnistía Internacional estos hechos han quedado impunes o no se ha visto realmente un proceso judicial serio que haya respondido a las demandas de las víctimas, por este motivo y por muchos más que se escapan, diferentes tipos de organizaciones en todo el continente desarrollan un esfuerzo de esclarecimiento casi clandestino. Así ocurrió en Brasil, con el trabajo de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo la dirección del Cardenal Evaristo Arns elaboró el Informe Brasil Nunca Más. En Paraguay el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, también publicó una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner, bajo el Título Paraguay Nunca Más. En esta misma perspectiva pueden ubicarse los esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, con su Informe: Uruguay Nunca más, y del colectivo de organizaciones colombianas y extranjeras que publicaron un valioso Informe titulado: "El terrorismo de Estado en Colombia" (Esteban Cuya) y El Proyecto Colombia Nunca más.

Para entrar en detalle las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y según los informes del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), la criminalidad estatal ha pasado por dos periodos, los cuales comprenden entren 1946-1959, y el segundo periodo de 1962 a 1981 con dos fases que comprenden de 1981 a 1990 y del 1991 hasta 2012. De esta manera se puede diferenciar los actores y jefes de Estado que se han visto involucrados en actos criminales generados por el abuso del poder.

En el primer periodo las primeras persecuciones estuvieron dirigidas hacia la militancia liberal, a clases campesinas y obreras que irrumpían con la hegemonía conservadora del momento y como nombré anteriormente el papel de las víctimas se encontraba en una posición pasiva, donde los estudios de la victimologia positivista, nombrados por Benjamín Mendelsohn, eran los que ofrecían un panorama de la situación en que se encontraban la victimas dando pruebas verídicas y académicas. Y es así que en mayo de 1958, en los inicios del Frente Nacional, el gobierno de transición liderado por una Junta Militar creó la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, cuatro años después se publicó en julio de 1962 el primer tomo del libro La Violencia en Colombia del monseñor Germán Guzmán Campos, el objetivo de la Comisión fue básicamente servir de espacio institucional para tramitar las secuelas de la denominada Violencia, el objetivo del libro fue servir de plataforma académica y expresión de denuncia para revelar etnográfica y sociológicamente sus manifestaciones en las regiones. Sin embargo cabe señalar que esta comisión estaba integrada por representantes del sector político del partido liberal y el conservador, junto con miembros de la iglesia católica, donde se excluyeron a campesinos y mujeres. En si el mayor aporte de esta comisión fue que reflejo el mapa conflictivo por la cual atravesaba el

país. Monseñor Campos intenta cuantificar las cifras de muertes violentas en 134.820, entre 1949 y 1958, se cuantifica 300.000 muertos por la violencia aproximadamente. (MOVICE 2012)

En este mismo libro Monseñor pone en manifiesto el momento de la creación del grupo creado en la Vereda de la Uvita Boyacá, denominado una policía seleccionada para el crimen, Los Chaulavitas que en sí eran asesinos a sueldo al servicio del partido conservador para aplacar la rebeldía liberal. “Eran gleba buena, pero les adulteraron los valores de su propia autenticidad, de su sencillez, de su bondad ingenua, de su noble actitud ante la vida, de su irrecelosa capacidad de interrelación social. Los deshumanizaron para inhumanizarlos. Los aventaron sobre los campos y aldeas para que mataran a sus hermanos, campesinos como ellos, igualmente nivelados por la pobreza, la miseria y el abandono. Los hicieron olvidar que el hambre no es liberal ni conservadora; que la desnudez no es roja ni azul; que el analfabetismo y la ausencia de cultura carecen de rótulo político; que el vivir sin techo no tiene partido” (Campos Guzmán pág. 345-346). En este mismo documento se esclarecen los mecanismos de tortura llevados a cabo durante el gobierno de Laureano Gómez en 1950, que bajo la justificación de mantener la garantía del orden, realizó una suspensión de las Cortes y redujo las libertades civiles,a su régimen se le vincula a la responsabilidad por los crímenes de la policía política, apodada en las áreas rurales como "Chulavitas", quienes perseguían a los liberales más progresistas, a los dirigentes populares, y a los dirigentes o militantes de izquierda y a los militantes comunistas. Quienes a su vez se organizan y son denominados despectivamente por la derecha conservadora colombiana como "Bandoleros" y en general a los partidarios de la izquierda, mientras destruían haciendas y fincas e incautaban bienes y terrenos a los

perseguidos. Allí se conciben 8 métodos de tortura aplicada a las Victimas tales como: ‘la escalera’ (colgamiento); ‘el cuartico’ (cuarto hermético con piso electrificado); ‘el tubo’ (colgamiento de un tubo electrificado); ‘el vaso de agua’ (mostrado y negado a quienes morían de sed); ‘el tramojo’ (torniquete aplicado a los genitales); ‘el trote’ (llevando en cada mano un ladrillo, mientras la víctima era flagelada); ‘la compañía’ (hacinamiento de 26 presos en 3 m2 , sin poder dormir ni sentarse); ‘el polo’ (sentados desnudos en troncos de hielo). Así como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, en su obra Monseñor afirma en el Ataco (Tolima), 1933 familias fueron arrojadas de sus fincas. Calculando un promedio de cinco personas por familia, habría un total de 9.965 exilados sobre una población de 17.611 habitantes según el censo de 1951. El caso de El Ataco pudo haberse multiplicado en otras partes; no quedó nadie en áreas de Cunday y Villarrica. Se calculó en 40.000 los exilados de Norte de Santander, y los llegados a Bogotá hasta 1963 ascendieron a 60.000 según la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro. La misma Oficina sostuvo que hasta 1953 se habían exiliado en Venezuela 20.000 colombianos y 5.000 en Panamá […] Otra fuente sostiene que los emigrados colombianos a Venezuela hasta 1961 suben a 150.000 y que las personas que han cambiado de residencia dentro del país por causa de la violencia montan a 800.000. El estudio efectuado en El Líbano en 1959 indicó que el 88% había llegado desde los campos. Es interesante anotar, además, que de estos inmigrantes el 93% declaró que no regresarían al campo. No hay duda, pues, de que la violencia fue la causa de grandes desplazamientos de población que afectó en especial a las ciudades donde quedó como mano de obra disponible o como lastre humano. (GUZMÁN CAMPOS, págs. 347- 348)

En el periodo que sucedió el Presidente Rojas Pinilla se estipulo el decreto 1823 que le otorgaba loa amnistía y el indulto por los delitos políticos el primer artículo decreta: DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Concédase amnistía para los delitos políticos cometidos con anterioridad al 1º de enero del presente año.

Para los efectos del presente Decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al Gobierno, o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a éste, o por aversión o sectarismo políticos.

Este decreto de amnistía conllevó a un desarme de las guerrillas liberales donde se calculó en 4.279 el número de combatientes desmovilizados hasta octubre de 1953 según el informe de Reinaldo Barbosa “La Paz de los Esteros ¿asimilación o aniquilamiento?” este primer periodo de criminalidad estatal según el informe del Movice, culmina con la muerte de Guadalupe Salcedo hijo del ganadero venezolano Antonio Salcedo, fue el comandante más famoso de uno de los grupos de las guerrillas liberales que operaron en los llanos desde 1949 a 1953, surgidas para defenderse del ataque de la violencia conservadora promovida desde el gobierno de Colombia hacia los liberales, luego de los sucesos del 9 de abril, Salcedo fue abatido por la policía el 6 de junio de 1957 en Bogotá, cuando se encontraba desarmado.

Una segunda etapa de la Criminalidad Estatal comprende el periodo del Frente Nacional que fue el acuerdo político entre liberales y conservadores vigentes en Colombia entre 1958 a 1974, donde la mayor característica de este periodo es la adopción de la estrategia

Paramilitar, como es bien sabido la intervención estadounidense en Colombia ha sido constante y un ejemplo de ello es la visita realizada en 1962 por parte de miembros de la Escuela de Guerra Especial, de los Estados Unidos, donde se elaboró un informe por el General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte. El Informe iba acompañado de un Suplemento Secreto, en el cual se leen estos párrafos: "Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos van a ser necesarios para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto" ( Headquarters, U. S. Army Special Warfare School, Subject: Visit to Colombia, South America, by a Team from Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 Febrruary 1962.)

Este informe se introdujo y se hizo plausible en la Carta Constitucional Colombiana mediante el Decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965 (luego Ley 48 de 1968),

.Decreto Legislativo Número 3398 DE 1965

(Diciembre 24)

Por el cual se organiza la defensa nacional.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y CONSIDERANDO:

Que es perentoria obligación del Estado velar por el bienestar y la protección de los asociados brindándoles el clima de confianza que emana del cumplimiento de las medidas de seguridad nación.

Que la movilización y la defensa civil, por su importancia y trascendencia, deben ser ampliamente conocidas por la población colombiana, ya que tales aspectos competen a la Nación entera, y no son de incumbencia exclusiva de las Fuerzas Armadas.

De esta manera se legitimaron ciertos actos de contrainsurgencia, donde el paramilitarismo fue asumido como estrategia, de 1962 a 1981, la represión más brutal la ejercían directamente los militares como el caso de la triple alianza (AAA) Alianza Anticomunista Americana que nombre anteriormente, así mismo El 6 de septiembre de 1978 el gobierno de Turbay Ayala emitió el Decreto 1923 llamado Estatuto de Seguridad, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, intento cuantificar el número de víctimas de este periodo, publicado en 1982 bajo el título Colombia –Represión, 1970-1981. Allí se registran 1.053 casos de muertes violentas relacionadas con el conflicto social y 60.325 casos de privación de la libertad por las mismas razones, muchas de ellas acompañadas de torturas. El informe clasifica 80 métodos de tortura que fueron aplicadas en 20.626 casos de detención, La responsabilidad de todos estos crímenes se distribuyó así: ejército, 28%; policía, 33%; DAS, 3%; F-2, 10%; funcionarios públicos, 13%; particulares, 11%; otros, 2%. (MOVICE 2012)

En la década de los ochentas, como sabemos diferentes actores del conflicto comienzan hacer sus apariciones aún más públicas, así como las voces y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, en esta década se consolida la estructura paramilitar amparada por la ley 48 de 1968 que se derogó en 1989 por el presidente Virgilio Barco, un ejemplo de ello es la aparición del MAS (Muerte A Secuestradores), 223 capos del narcotráfico habrían formado un escuadrón de 2.230 sicarios para combatir a los secuestradores en 1981, numerosas investigaciones confirmaron en 1983 que de este escuadrón 59 eran miembros activos de la fuerza pública.

El municipio de Puerto Boyacá que es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio , denominada la capital antisubversiva de Colombia, fue uno de los lugares donde la estructura paramilitar se consolidó con la participación de militares y narcotraficantes, bajo la denominación de un proyecto político llamado (MORENA o Movimiento de Renovación Nacional), miembros del Cartel del Valle se organizaron con unidades militares, como el Batallón Palacé (Buga, Valle) para consolidar otras estructuras paramilitares, mientras en Córdoba y Urabá los hermanos Castaño Gil reforzaban las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con apoyo, entrenamiento y protección de oficiales del ejército. En esta década también se llevaron a cabo las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el presidente Betancourt (1982-1984), de allí nació un partido político de izquierda llamado la Unión Patriótica fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), dos frentes desmovilizados (Simón Bolívar y Antonio Nariño) del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este partido participó con gran éxito en las

elecciones de 1986 de allí nació el llamado genocidio político contra la UP. Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3500 de sus militantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5000) fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes; En la investigación del decano facultad de ciencias económicas, administrativas y contables en universidad central de Bogotá Diego Fernando Otero Prada Las muertes del conflicto colombiano en el período 1964–2008. Bogotá: Universidad Central. 2010 cuantifica a través de los boletines realizados por derechos humanos las víctimas de este periodo calculando entre 16.368, así: 9.332 asesinatos políticos; 2.547 asesinatos por intolerancia social; 244 desapariciones forzadas; 4.245 muertes en acciones bélicas.

Un último periodo de la criminalidad estatal en Colombia comprende los gobiernos de César Gaviria Trujillo (1990- 1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y Andrés Pastrana Arango (1998-2002), ya que estos fueron sucesores a la Constitución de 1991, donde sus antecesores fue un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, de allí surge la séptima papeleta que fue una propuesta en las que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales (JAL), Concejo Municipal, Alcaldes y el consejo estudiantil, el Movimiento Estudiantil propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente, sin embargo la papeleta no fue aceptada legalmente, se contó de manera extraoficial, finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular

mayoritaria, validando el voto, de allí el origen de la Constitución de 1991.El Movimiento de la Séptima papeleta fue constituido por estudiantes universitarios, provenientes de instituciones públicas y privadas, de varias ciudades del país, lideradas por Alfonso López Michelsen, Roselly Martínez, Fernando Carrillo Flórez, Wilson Abraham García , Oscar Ortìz, Alfonso Parra, Cesar Torres, Christian Fernando Albornoz Chaparro, Carlos Arturo Cuadros, , José Rory Forero, Claudia López, Fabio Villa, Alejandra Barrios; Ximena Palau, Patricia Ramírez Ardila, Pedro Viveros, Alexandra Torres, Mauricio Forero, Ricardo Insuasty, William Castaño, Jeisson Echeverria, Oscar Sànchez, Diego López, Gustavo Salazar, Carlos Caicedo, Oscar Guardiola, Catalina Botero, David Augusto Peña, Carlos Felipe Vargas Huelgos, Mateo Osorio Espinosa, Miguel Ángela Moreno y Jesús Francisco Arteaga entre otros.

El tema de la Criminalidad Estatal, en esta Constitución se pone en vigencia DECRETO 356 DE 1994 (Febrero 11) Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Objeto.” El presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada. Servicios de vigilancia y seguridad privada.” Este fue emitido por el presidente Gaviria este le dio paso a establecer las llamadas CONVIVIR, legalizadas como grupos de civiles armados al servicio de la fuerza pública, estas fueron criticadas por irregularidades en su conformación y supervisión, así como por la existencia de graves abusos, incluyendo violaciones de los derechos humanos contra civiles y presuntos colaboradores de la guerrilla, defendidas por

el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Los miembros de las CONVIVIR tenían legalmente el derecho a portar armas y equipos de comunicación, de uso exclusivo

de las fuerzas militares para proteger a sus comunidades y colaborar con la fuerza pública en la lucha contrainsurgente.

Las CONVIVIR se organizó a nivel nacional, siendo difícil establecer su número exacto y el de sus miembros porque depende de qué grupos de seguridad privada sean considerados o no como tales. Existen estimativos que contemplan hasta 414 grupos y, según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de CONVIVIR Carlos Alberto Díaz, a diciembre de 1997 había más de 120.000 miembros de las CONVIVIR en Colombia. En esta década de los noventa se esclarece aún más la relación entre narcotráfico, paramilitarismo con organismos de seguridad del Estado, la guerra entre los carteles acrecentó más las cifras de las víctimas, surgieron grupos paramilitares como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), lideradas por Carlos Castaño Gil, los PEPES Perseguidos por Pablo Escobar, fue un grupo paramilitar conformado por narcotraficantes ex socios de Pablo Escobar. Los estudios llevados a cabo por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP registra que en este periodo período fueron perpetradas 3.203 ejecuciones extrajudiciales, en 1.956 de las cuales se utilizó la tortura previa a la muerte de la víctima; hubo 700 desapariciones forzadas; 5.043 detenciones arbitrarias e ilegales y fueron denunciados 436 casos de torturas que no terminaron en muerte, todo lo cual suma 9.382 crímenes de Estado, el total de vidas humanas sacrificadas en el cuatrienio en estrecha relación con el conflicto social y armado, fue de 15.556.

Durante la administración de Ernesto Samper o fueron perpetradas 3.992 ejecuciones extrajudiciales, en al menos 560 de las cuales se practicó la tortura antes de la muerte; 724 desapariciones forzadas; 3.285 detenciones arbitrarias e ilegales en 480 de las cuales se

practicó la tortura sin llegar a la muerte de la víctima; 978 heridas en atentados y 1.513 amenazas de muerte, hechos todos que se inscriben como formas de represión a actividades sociales y políticas no afines al gobierno.

Respecto a la administración Pastrana (agosto 1998-julio 2002), lo registrado en el banco de datos revela que en ese cuatrienio fueron perpetradas 5.932 ejecuciones extrajudiciales, 1.313 desapariciones forzadas, 755 torturas denunciadas cuyas víctimas no terminaron muertas, 1.558 heridas en atentados, 2.404 detenciones arbitrarias e ilegales y 2124 amenazas de muerte, casos todos que buscaban reprimir actividades civiles no armadas. Entrando el nuevo milenio ya hacia el 2002 se implanta la llamada política de Seguridad Nacional implementada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el concepto de Terrorismo es acuñado en diferentes lados del hemisferio, la caída de las torres gemelas supuestamente por una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, cambia todo el panorama político mundial se inicia una lucha antiterrorista mundial. En Colombia se aplicó el calificativo ‘terrorista’, desde los sindicalistas hasta los magistrados de altas Cortes que intentaran investigar crímenes de Estado, pasando por los movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, este afán por vencer a la insurgencia