CHAPTER 4 THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS
4.1 General process for assessing the models
4.1.2 Industrial data
1. Protección judicial
315. La Constitución de la República de Serbia establece que todas las personas tienen derecho a protección judicial frente a la violación o denegación de sus derechos humanos o de las minorías garantizados por la Constitución, lo que incluye remediar las consecuencias de tal violación192. Todas las personas tienen derecho a compensación por daños
pecuniarios o de otra índole provocados por actuaciones ilegales o indebidas de órganos del Estado, titulares de mandatos públicos, órganos de la provincia autónoma u órganos de autogobierno local193. Además, todas las personas tienen derecho a la protección de sus
derechos en pie de igualdad ante los tribunales y demás órganos del Estado, así como a la apelación u otros recursos legales contra las decisiones relativas a sus derechos, obligaciones o intereses derivados de la ley194.
316 En virtud del Código de Procedimiento Penal, si el fiscal considera que no tiene motivos para actuar de oficio e incoar procedimientos contra los presuntos culpables o cómplices de un acto delictivo, está obligado a informar a la víctima al respecto en un plazo máximo de ocho días e indicarle las posibilidades de recurso a la justicia195.
317. La Ley sobre procedimientos contencioso administrativos establece la protección judicial de los derechos y los intereses legales de las personas y la legalidad de los actos administrativos y de otra índole previstos en la Constitución y en la ley. Los conflictos administrativos se presentarán al tribunal para que decida sobre la legalidad de actos administrativos jurídicamente vinculantes, con exclusión de los que ya estén sujetos a otro
188 Arts. 5, párr. 3, y 55, párr. 4.
189 Ley sobre el Tribunal Constitucional, art. 80, párr. 1. 190 Arts. 9 y 10. 191 Art. 4, párr. 2. 192 Art. 22. 193 Art. 35. 194 Art. 36. 195 Art. 61, párr. 1.
tipo de protección judicial, relativos a un derecho, una obligación o un interés establecidos por ley, así como sobre otros actos administrativos previstos por ley. El derecho a iniciar un procedimiento contencioso administrativo recaerá sobre una persona física o una entidad jurídica si considera que un acto administrativo ha violado un derecho o interés basado en la ley. Además, podrán iniciar un procedimiento contencioso administrativo un órgano del Estado, un órgano de una provincia autónoma o de autogobierno local, una organización, una división de una empresa con competencias administrativas, un asentamiento, un grupo de personas, etc., que no posea personalidad jurídica si es titular de los derechos y las obligaciones sometidos a dicho procedimiento. Si un acto administrativo infringe la ley en detrimento del interés público, el procedimiento podrá ser iniciado por el fiscal o la fiscalía competente en caso de violación de los derechos de propiedad y los intereses de la República de Serbia, una provincia autónoma o un órgano de autogobierno local196.
318. El procedimiento contencioso administrativo podrá iniciarse contra un acto administrativo jurídicamente vinculante, contra la administración por silencio administrativo, y para solicitar la devolución de bienes incautados y la compensación por daños. Se resolverá con una decisión que admita a trámite la denuncia o la rechace por infundada. El denunciante y el fiscal competente podrán apelar la decisión jurídicamente vinculante del tribunal administrativo ante el Tribunal Supremo de Casación, solicitando que vuelva a examinar la decisión del tribunal o que vuelva a tramitar el procedimiento197.
2. Apelación constitucional
319. La apelación constitucional es un recurso jurídico especial para la protección de los derechos humanos. De conformidad con la Constitución de la República de Serbia, puede interponerse una apelación constitucional contra actos individuales o acciones de órganos estatales u organizaciones en las que se hayan delegado poderes públicos, que violen o denieguen derechos o libertades humanos o de las minorías garantizados por la Constitución, cuando ya se hayan agotado otros recursos legales para su protección, o no se hayan especificado198. De esta forma, quedan centralizadas las decisiones sobre la
violaciones de los derechos humanos y se habilita al Tribunal Constitucional como última instancia antes del recurso a órganos internacionales.
320. La Ley sobre el Tribunal Constitucional regula el procedimiento para interponer una apelación constitucional: podrá interponerse en un plazo de 30 días a contar desde el día en que se presente la documentación o se cometa el acto que viole o deniegue derechos o libertades humanos o de las minorías garantizados por la Constitución. El Tribunal Constitucional permitirá la restitución a una persona que, por motivos justificados, no respete ese límite temporal, siempre que presente una propuesta de restitución e interponga simultáneamente la apelación constitucional en el plazo de 15 días desde la fecha en que cesen de existir los motivos de la demora. No se podrá solicitar la restitución transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha límite. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite la apelación constitucional o la rechazará por infundada199.
321. El Tribunal Constitucional comenzó a admitir a trámite apelaciones constitucionales cuando entró en vigor el Reglamento del Tribunal Constitucional200 y emitió la primera
decisión en 2008.
196 Boletín Oficial de la República de Serbia, Nº 111/09, art. 1, párr. 2; art. 3, párrs. 1, 2 y 3; y art. 11,
párr. 3.
197 Arts. 14, 15 y 40, párrs. 1 y 2, art. 49, párr. 1, y art. 56, párr. 1. 198 Art. 170.
199 Arts. 82 a 92, art. 84 y art. 89, párr. 1.
322. Durante 2008, el Tribunal Constitucional de Serbia admitió 1.927 apelaciones constitucionales (360 de años anteriores y 1.567 interpuestas en ese año). Resolvió 363 causas, 36 por fallo y 327 por decisión. Entre las decisiones motivadas, el Tribunal Constitucional adoptó 8 decisiones en favor de la apelación constitucional, incluidas decisiones simultáneas sobre el método para eliminar las consecuencias perjudiciales derivadas de la violación de un derecho de la víctima, y 28 decisiones de desestimación de la apelación constitucional.
3. Protección contra violaciones de derechos humanos
323. La Ley de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos fue aprobada en la República de Serbia en junio de 2003. Esta ley establece que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos (depuración) incluye el procedimiento de investigación y comprobación de violaciones de los derechos humanos protegidos por ley (establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el procedimiento de rendición de cuentas individual por violaciones de derechos humanos y las medidas de intervención contra esas violaciones. Lo dispuesto en esta ley será de aplicación en todos los casos de violación de derechos humanos cometidos después del 23 de marzo de 1976, fecha de entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos201. No
existe jurisprudencia en relación con esta ley.
4. Departamento de Crímenes de Guerra del Alto Tribunal de Belgrado
324. Los crímenes de guerra se presentan al Departamento de Crímenes de Guerra que se estableció como departamento especial del Tribunal de Distrito de Belgrado en octubre de 2003, tras la aprobación de la Ley relativa a la organización y las competencias de los organismos estatales en procedimientos relativos a crímenes de guerra, en julio de 2003202.
Después de la aprobación de esa ley se estableció la Fiscalía de Crímenes de Guerra. Con arreglo a esa ley, se someten a juicio los acusados de crímenes contra la humanidad y delitos contra el derecho internacional, así como de los establecidos en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Las enmiendas a la ley de noviembre de 2007, entre otras cosas, ampliaron la jurisdicción de la Fiscalía de Crímenes de Guerra de la República de Serbia y del Consejo de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado a los delitos penales, la ayuda a los culpables de delitos penales con posterioridad a la comisión del delito, los delitos tipificados en los artículos 370 a 386203 del
Código Penal y las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia al 1º de enero de 1991, según establece el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
325. Como resultado de la reforma judicial de la República de Serbia del 1º de enero de 2010, el Consejo de Crímenes de Guerra pasó a denominarse Departamento de Crímenes de Guerra del Alto Tribunal de Belgrado. Hasta la fecha ha emitido cuatro fallos efectivos por los que ha condenado a seis personas a un total de 73 años en prisión. Se han emitido
201 Arts. 2 y 4.
202 Boletín Oficial de la República de Serbia, Nº 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 y 104/09.
203 Genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra contra la población civil; crímenes de
guerra contra los heridos y los enfermos; crímenes de guerra contra prisioneros de guerra; organización e incitación al genocidio y crímenes de guerra; empleo de medios de combate prohibidos; producción ilegal de armas prohibidas; muerte y heridas al enemigo de manera ilegal; apropiación indebida de objetos de cadáveres; violación de la protección otorgada al portador de la bandera de tregua; tratamiento cruel de los heridos, enfermos y prisioneros de guerra; demora injustificada de la repatriación de prisioneros de guerra; destrucción del patrimonio cultural; omisión de la prevención de crímenes de lesa humanidad y contra otros valores protegidos por el derecho internacional; abuso de los signos internacionales; guerra de agresión.
fallos en primera instancia en cinco causas con 22 acusados (10 de ellos salieron en libertad) por un total de 297 años de prisión. El número de juicios asciende a 11, incluida la causa Sjeverin (en la cual se condenó a cinco acusados a sentencias de 95 años de prisión en total), el número de años de prisión asciende a 465 y el número de acusados, a 33. Nueve causas están en fase de instrucción ante el Departamento de Crímenes de Guerra. Se han incoado 62 causas contra 291 acusados, 32 de ellas (con 132) acusados están en fase de juicio oral. El número total de acusados procesados es de 362, con 69 condenados. El número de víctimas es de 2.216 en total.
5. Departamento Especial del Alto Tribunal de Belgrado
326. Tras la aprobación de la Ley relativa a la organización y las competencias de los organismos públicos que luchan contra la delincuencia organizada, la corrupción y otros delitos penales graves204, se creó el Departamento Especial para la Lucha contra la
Delincuencia Organizada en el Tribunal de Distrito de Belgrado que, después de la reforma judicial, pasó a denominarse Departamento Especial del Alto Tribunal de Belgrado. En el plan anual de asignación de magistrados de 2008 se asignaron a este departamento 15 magistrados, de los cuales 4 son de instrucción y 11 presiden los juicios orales. Además, en la Fiscalía Pública de Distrito se creó el Departamento Especial para la Lucha contra la Delincuencia Organizada que, tras la reforma judicial, recibió competencias más amplias y fue transformado en un órgano independiente denominado Fiscalía Pública para la Delincuencia Organizada. En el Ministerio del Interior se estableció el Servicio para la Lucha contra la Delincuencia Organizada con el mandato de gestionar los asuntos de interior relativos a los delitos penales de delincuencia organizada. En el Tribunal de Distrito de Belgrado se estableció una dependencia especial de detención destinada a los delitos de delincuencia organizada.
327. En 2007 y 2008, la Fiscalía Pública para la Delincuencia Organizada inició un total de 440 procedimientos penales y se finalizaron 52 de ellos.