Del 23 al 27 de febrero de 2007 Nyéléni, Selingue, Mali
Nosotros y nosotras, los más de 500 representantes de más de 80 países, de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos, nos hemos reunido en el pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí para fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria. Lo estamos haciendo, ladrillo por ladrillo, viviendo en cabañas construidas a mano según la tradición local y comiendo alimentos siendo producidos y preparados por la comunidad de Selingue... Hemos dado a nuestro trabajo el nombre de «Nyéléni,» como homenaje, inspirados en la legendaria campesina maliense que cultivó y alimento a su gente.
La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos y estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como productores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad. Este particularmente el caso de mujeres y pueblos indígenas que son creadores de conocimiento ancestrales sobre alimentos y agricultura, y que son subvalorados. Pero esta herencia y esta capacidad para producir alimentos nutritivos, de calidad y en abundancia, se ven amenazada y socavada por el neoliberalismo y el capitalismo global. Frente a esto, la soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para producir alimentos.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras gene- raciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medio- ambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.
En Nyéléni, gracias a los muchos debates y a la intensa interacción, estamos profundizando en nuestro concepto de soberanía alimentaria, y hemos intercambiado acerca de la realidad de las luchas de nuestros respectivos movimientos para conservar la autonomía y recuperar nuestro poder. Ahora entendemos mejor los instrumentos que necesitamos para crear un movimiento y promover nuestra visión colectiva.
¿En pos de qué luchamos? Un mundo en el que ...
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cas que proporcionen a cada uno de nosotros y nosotras alimentos de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados;
... se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos y la representación de las mujeres en todo los órganos de toma de decisiones;
... todos los pueblos de cada uno de nuestros países puedan vivir con dignidad de su trabajo, y puedan tener la oportunidad de vivir en sus lugares de origen;
... la soberanía alimentaria sea considerada un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comuni- dades, los pueblos, los estados y las instituciones internacionales;
... podamos conservar y rehabilitar los entornos rurales, zonas pesqueras, los paisajes y los alimen- tos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el ganado y biodiversidad;
... valoremos, reconozcamos y respetemos la diversidad de nuestro conocimiento, alimentación, lenguas y nuestras culturas tradicionales, y el modo en el que nos organizamos y nos expresamos;
... exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y ecosistemas, que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todo los trabajadores, y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para las mujeres y los hombres ...donde se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos;
... compartamos nuestros territorios en paz y de manera justa entre nuestros pueblos, ya seamos campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas u otros;
... si se viven catástrofes naturales y provocadas por las personas, y situaciones posteriores a los conflictos, la so- beranía alimentaria actúe como una auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el impacto negativo. En el que se tenga presente que las comunidades afectadas desamparadas no son incapaces, y donde una sólida organización local para la recuperación por medios propios constituya la clave para la recuperación;
... se defienda el poder de los pueblos para decidir sobre sus herencias materiales, naturales y espirituales. ¿Contra qué luchamos?
El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos;
El dumping de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global;
El control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ga- nancias a las personas, la salud y el medioambiente;
Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria en el futuro, dañan el medioambiente y ponen en peligro nuestra salud. Éstas incluyen los cultivos y animales transgénicos, tecnología terminator, acuicultura industrial y prácticas pesqueras destructivas, la llamada «Revolución blanca» de las prácticas industriales en el sector lácteo, las llamadas «Nueva y vieja Revoluciones Verdes», y los «Desiertos Verdes» de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones;
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La privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural;
Proyectos / modelos de desarrollo y industrias de extracción que desplazan a los pueblos y que destruyen nuestro medioambiente y nuestra herencia natural;
Guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de sus tierras, y todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; y los programas de reconstrucción tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro medioambiente y capacidades;
La criminalización de todos aquellos que luchan por proteger y defender nuestros derechos;
La ayuda alimentaria que encubre el dumping, introduce OGM en los entornos locales y los sistemas alimentarios y crea nuevos patrones de colonialismo;
La internacionalización y la globalización de los valores paternalistas y patriarcales que marginan las mujeres y las diversas comunidades agrícolas, indígenas, pastoriles y pesqueras en el mundo;
¿Qué podemos hacer y haremos al respecto?
De la misma manera en la que estamos trabajando con la comunidad de Selingue para crear un espacio de encuentro en Nyéléni, nos comprometemos a construir nuestro movimiento colectivo para la soberanía alimentaria, forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por la soberanía alimentaria, independientemente de en qué lugar del mundo se libre, es nuestra lucha.
Hemos acordado una serie de acciones colectivas para compartir nuestra visión de la soberanía alimentaria con todos los pueblos del mundo, que están detalladas en nuestro documento de síntesis. Llevaremos a cabo estas acciones en cada una de nuestras respectivas áreas locales y regiones, en nuestros propios movimientos y conjuntamente en solidaridad con otros movimientos. Compartiremos nuestra visión y nuestra agenda de acción para la soberanía ali- mentaria con aquellos que no hayan podido estar con nosotros en Nyéléni, para que el espíritu de Nyéléni se disemina en todo el mundo y se convierta en una poderosa fuerza que haga de la soberanía alimentaria una realidad para los pueblos de todo el mundo.
Por último, damos nuestro apoyo incondicional y absoluto a los movimientos campesinos de Mali y a ROPPA en su lucha para que la soberanía alimentaria se convierta en una realidad en Mali y por extensión en toda África.
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Hace ya varios años que en Tenerife se ha planteado un conflicto con dimensiones de carácter económico, social y ambiental, entre un numeroso sector de la ciudadanía y los representantes políticos, que surge a raíz del proyecto de construcción de un puerto industrial en la zona sureste de la isla.
El Gobierno de Canarias afirma que la construcción del puerto de Granadilla generará riqueza y empleo, pero a partir del estudio «Impacto económico del tráfico de conte- nedores del Puerto Bahía de Algeciras (PBA)», dirigido por el prof. Daniel Coronado (Universidad de Cádiz), parece claro que el tráfico de trasbordo de contenedores no justifica la construcción del puerto.
Veamos los datos: el PBA movió, en 2003, un volumen de 2.517.318 TEUS.1 De esta cifra, 2.369.033 fueron tráfico
de trasbordo y 148.285 tráfico import /export. El empleo total generado no llegó a 5.000 personas, de las que 3.883 es el generado por el tráfico de trasbordo y 970 el generado por el tráfico import/export. La riqueza creada, en términos de valor añadido, es la siguiente: el tráfico import/export generó un valor añadido de 37,2 millones de euros, mientras que el tráfico de trasbordo generó un valor añadido de 196 millones de euros.
Los datos expuestos se refieren a un puerto, el PBA, que movió más de 2.500.000 de contenedores. ¿Podrá captar
* [email protected]. ** [email protected].
1 Twenty-foot equivalent units (TEUS): Unidad utilizada en el ámbito de los contenedores. Corresponde en unidades del sistema interna- cional a 6.10 m (largo) × 2.44 m (ancho) × 2.59 m (alto), es decir aproximadamente 38.5 m³.
El conflicto en torno al puerto
de Granadilla
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza* y Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción*
alguna vez el proyectado puerto de Granadilla esos más de 2.500.000 de TEUS? ¿De dónde?
Se trata de preguntas muy relevantes, puesto que el tráfico de contenedores de los puertos del Oeste de África (datos oficiales para 2003 ofrecidos por D. Coronado), asciende a 3.273.727 TEUS, de los que los puertos de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria mueven ya, en la actualidad, un total de 1.537.437 TEUS. Al mismo tiempo, el tráfico de contenedores en la Región Comercial del Sur de África asciende a 2.339.401 TEUS. Además, en el Informe realizado por la Consultora TEMA para la autoridad portuaria de Tenerife en noviembre de 1997 se reconoce textualmente que «los tráficos norte-sur consti- tuyen el mercado natural del nuevo puerto de Granadilla» y que «en el comercio Europa-África occidental y del Sur (…) existe, en estos momentos, un mercado estimable en 300.000 TEUS/año».
Por lo tanto, si ese es el mercado estimable, es suficiente con ampliar un poco el puerto de Santa Cruz. Téngase en
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cuenta que, según los datos de la autoridad portuaria de Tenerife, en el año 2004 se han movido en Santa Cruz algo menos de 400.000 TEUS, cuando su capacidad potencial es de 618.000 TEUS/año. Si añadimos que la ampliación, ya en marcha, de la Dársena del Este (en el mismo puerto de Santa Cruz), aumentará la superficie de carga y descarga en 205.000 m2, lo que permitirá un movimiento adicional de
más de 600.000 nuevos TEUS/año, y que el coste previsto de esta ampliación es de 14.000.000 de euros, cifra casi 10 veces menor que el presupuesto del dique de abrigo del puerto de Granadilla, la construcción del puerto de Granadilla queda sin justificación desde el punto de vista económico y social.
Más aún, se ha reconocido por técnicos de la Co- munidad canaria, y también a nivel de la Unión Europea (UE), los graves impactos que su construcción produciría sobre dos Lugares de Importancia Comunitaria, un hábitat prioritario, una especie en peligro de extinción (Atractylis preauxiana) y una especie prioritaria (Caretta caretta), que se encuentran en las cercanías de la zona donde pretende construirse el puerto.
El Gobierno de Canarias, incapaz de contestar a estos argumentos, acordó, el 6 de mayo de 2002, considerar de interés público de primer orden para Canarias el proyecto denominado «Nuevo puerto de Granadilla de Abona» debido a: «el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones (Puerto de Santa Cruz) de las que depende
la economía insular», y «porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife que la prevista en Gra- nadilla, no constituyendo una ampliación de las actuales instalaciones portuarias una alternativa posible».
Ante este atropello que ignora argumentos e impone decisiones autoritarias, los ciudadanos presentan quejas y denuncias ante la UE y recursos contencioso-administrati- vos contra diversos actos vinculados a la construcción del puerto. Pero la lucha también está en la calle: en noviembre de 2004 más de 100.000 personas se manifiestan contra la construcción del puerto de Granadilla, después de haber recogido más de 55.000 firmas para presentar al Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destina- da a la protección del litoral donde se encuentra Granadilla con fundamento en los valores ambientales presentes en la zona. A pesar de que se trata de la ILP que más apoyos ha recabado en la historia de la autonomía canaria, ni siquiera fue admitida a trámite.
Todavía esperábamos algo de la Unión Europea y en concreto de la Comisión. Sin embargo, el Dictamen elabo- rado el 6 de noviembre de 2006 nos ha dejado estupefactos. Entre los argumentos esgrimidos por la Comisión para decir que es inviable ampliar el puerto de Santa Cruz alude al impacto negativo que tendría sobre los habitantes de Santa Cruz la ampliación del puerto, olvidando que los ciudada- nos de la capital llevan tres años padeciendo las obras de construcción de un tranvía en medio de la ciudad; añade que no dispondría de una cantera en las proximidades, ig- norando que en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife se recoge la existencia de una cantera localizada en la zona portuaria-industrial de Santa Cruz, con volumen de recurso de unos 30.000.000 m3, suficiente para realizar los rellenos
previstos en cualquiera de las alternativas de ampliación del puerto capitalino presentadas a la Comisión; afirma que no se dispondría del terreno necesario para el desarrollo de las actividades industriales y logísticas en las zonas conexas, cuando algunas de las alternativas presentadas igualan o su- peran las superficies útiles previstas en Granadilla; señalan que comprometería el plan de desarrollar una terminal de almacenamiento de gas natural, sin cuestionar siquiera la posibilidad de buscar fuentes de energía alternativas al gas
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y sin plantear la hipótesis de construir esa misma terminal en el puerto de Santa Cruz.
Ante tales despropósitos, hemos acudido al Parlamento Europeo a través de la figura de las preguntas parlamentarias con el objeto de poner en tela de juicio las afirmaciones de la Comisión. Situadas en la balanza la protección medio- ambiental y la construcción de una infraestructura por ra-
zones de interés público de primer orden, debe prevalecer la primera sobre todo porque la noción de interés público se ha construido sobre bases falsas. Además, continuamos denunciando y recurriendo todos los actos relativos a la construcción del puerto, y no descartamos recurrir a la desobediencia civil en el caso de que comiencen a ejecu- tarse las obras.
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Las políticas neoliberales de mercantilización del agua han generado múltiples conflictos durante los últimos años a lo largo y ancho del planeta. Estos han tenido muchas expresiones: luchas contra la privatización, contra la cons- trucción de presas, contra la extracción de agua para la exportación, en defensa de una gestión del agua ecológica- mente responsable... (Barlow y Clarke, 2002). Sudáfrica ha sido uno de los lugares donde se han desarrollado algunas de estas verdaderas «guerras del agua». La privatización de la gestión del agua en Sudáfrica se enmarca en el progra- ma económico neoliberal que el gobierno del Congreso Nacional Africano adoptó a partir de 1996, el llamado
Growth, Employment, and Redistribution Strategy (GEAR), cuyas consecuencias sociales han sido muy severas para el grueso de los sectores populares del país, golpeados por la pobreza y el desempleo.
Desde entonces, en el marco de unas políticas consi- deras «modélicas» por parte del Banco Mundial, los ser- vicios públicos han sido privatizados y se han guiado por
* Profesor del Departamento de Sociología de la UAB. Miembro de la redacción de la revista Viento Sur (www.vientosur.info), email: [email protected]