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Los Borbones a su llegada al trono español intentan instaurar un estilo de gobierno o manera de administrar el territorio más parecido al modelo centralista francés, intentando poco a poco ir restando poder a la nobleza y a la Iglesia con el fin de que el gobierno del rey fuera más fuerte tendiendo a una organización centralista del Estado. Esto se irá consiguiendo primeramente con los decretos de Nueva Planta decretados por Felipe V que abolían los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, y posterior y progresivamente por medio de las desamortizaciones de los bienes religiosos que también empezó Felipe V (1738) y continuó Carlos III (supresión de la Orden de Jesús, 1770) y prosiguieron los posteriores reyes además de las Cortes de Cádiz y las épocas constitucionales siguientes. Igualmente que las propiedades eclesiásticas, las civiles también sufrieron desamortizaciones como las empezadas por Carlos IV (1798). Según se irá liberando territorio, el Estado por medio de sus ministros y la Hacienda pública, se encargará de realizar estudios a nivel municipal para conocer la situación económica y poblacional del país.

Durante el reinado de Felipe V, el primer rey borbón en España, se publican en 1718 las Ordenanzas de intendencias para la nueva división del territorio en veinte zonas o intendencias que entraron en vigor en 1748. Aunque supuestamente estaban diseñadas a partir de las provincias existentes en la época de los Habsburgo, éstas no eran coincidentes en número y totalmente en sus divisorias. León, Valladolid y Burgos serán las intendencias que contengan los territorios de la actual comunidad de Cantabria. La intendencia de Valladolid contenía Palencia y la de León las dos Asturias (de Oviedo y de Santillana). A pesar de estos cambios de gobierno o dependencia de una comarca a una u otra provincia o intendencia con diferente capital, no hemos de entender que en la zona norte hubo un cambio de identidad. La manera de división por intendencias responde más a una nueva distribución de jurisdicción militar y representación del Estado en las provincias que a caracteres poblaciones o culturales, señalando que además tampoco estuvieron en vigor mucho tiempo por lo que su repercusión fue mínima.

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Con el fin de instaurar una Hacienda pública común a todos los ciudadanos de España, paralelamente a las acciones desamortizadoras del territorio se encargan estudios en todo el Estado español a nivel municipal sobre el censo, las actividades de los vecinos y los límites de los municipios que iban estando liberados de otras cargas fiscales como el diezmo aparte de las estatales. Gracias a estos estudios se conocen los límites interiores de los municipios.

Tenemos varias muestras de como la Hacienda pública realizó estos estudios, primeramente el conocido Catastro del Marqués de la Ensenada que es un estudio realizado con el fin de establecer una reforma para instaurar una renta única en Castilla, y que fue decretado el 10 de octubre de 1749 por Fernando VI, pero que no llegó a realizarse.

Después del Catastro del Marqués de la Ensenada, tenemos el cuestionario, que no pasó de ensayo, de Francisco Mariano Nipho de 1770, poco más tarde el cuestionario de Tomás López escrito entre 1786 y 1788 que es un buena relación topográfica y geográfica de España y que ofrece información de interés fiscal, pero también sobre la extensión y los límites de los municipios.

Finalmente el estudio que más influencia ha tenido en el mapa resultante actual, es la actuación de Francisco Antonio Moñino (1728-1808), Conde de Floridablanca, que por orden de Carlos IV hizo en 1789. Se mandó hacer un nomenclátor de las ciudades y pueblos de España con la misma finalidad fiscal que antes de atender a razones administrativas para el mejor reparto y control de la hacienda pública y la economía de las provincias diseñadas. En este

nomenclátor se delinearon mapas que tenían como misión facilitar el control

territorial.

Estos estudios son el primer paso para poder establecer una nueva división de las fronteras interiores y la distribución moderna en provincias. Claro que no debemos comparar e igualar las provincias históricas anteriores del Antiguo Régimen con las actuales borbónicas.

199 10.1. La idea territorial de las provincias.

No debemos entender la división en provincias como una adaptación o creación de límites administrativos que se adaptan a razones culturales, idiomáticas o etnográficas.

En la era borbónica se respetaron algunos límites administrativos del Antiguo Régimen, pero en general se diseñó un nuevo mapa administrativo donde el número de provincias fue aumentando. La razón de una nueva división del Reino correspondía según las corrientes de la Ilustración a ideas de racionalidad, crear espacios homogéneos y más regulares para el más fácil y mejor gobierno del Reino atendiendo a criterios de eficacia administrativa. Así lo muestra por ejemplo claramente un proyecto de Carabús de dividir España en provincias de tamaño equivalente de 30 leguas cuadradas cada una. De haberse realizado este proyecto, las delimitaciones internas del mapa de España, actualmente se parecerían a las llevadas a cabo en los estados federales del centro y centro-oeste de los Estados Unidas de América; recordemos las fronteras entre Arizona, Nevada, California, Utah…

La división administrativa provincial es a fin de cuentas un nuevo trazado donde se demandan nuevas marcas que fueran fáciles de reconocer y de trazar, estas líneas no obedecen, como he dicho, a razones culturales sino a otras de tipo administrativo. Es a partir de ahora cuando en España se empieza a hacer coincidir las líneas de separación provincial con las líneas geográficas que las montañas forman al unir sus cumbres. Este fraccionamiento es artificioso y de creación legislativa más que natural, ya que separa las comunidades vivas que habitan en las vertientes de una montaña o a ambas orillas de los ríos.

El caso de atender a una naturaleza geográfica utilizando ríos y cordales de montañas para la delimitación, rompe la idea natural y étnica de distribución, porque como he dicho un río o una montaña raras veces supone un límite al sentido de la marcha y distribución de las especies y de las etnias, una montaña o un río más bien actúa como elemento aglutinador y definitorio del tipo de población que lo ocupa.