A principios del siglo XX, Colombia viva la mayor depresión de su historia republicana, fruto de las numerosas guerras civiles, el estancamiento económico y el desorden social. Lo que se reflejaba en una tasa de crecimiento de 13 personas por cada mil habitantes; según el censo de 1905, Bogotá alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que Medellín, Cali y Barranquilla estaban entre los 30 y 50 mil y el resto de capitales de departamento albergaban menos del 10% de la población. Era un país rural. Durante el siglo XX el panorama varió radicalmente, la mortalidad tuvo un descenso progresivo y permanente durante los primeros decenios, con una variación en el promedio de vida de 28.5 años al iniciar el siglo a 58 años al llegar a la década de los 60, lo que sumado a la creciente natalidad (en promedio 7 hijos por mujer), hizo que la población de cuadruplicará en 60 años, pasando de 4.5 millones en 1905 a 17.5 en 1964 (Rueda, 1999).
Pero ese incremento poblacional no se vio evidenciado en las ciudades (que seguían albergando en promedio casi el mismo porcentaje de población), sino hasta la década de los 40, cuando la crisis agraria, la incipiente industrialización, el auge del comercio y los servicios, la presión demográfica en el campo y la violencia política configuraron el escenario para la acelerada reubicación poblacional que se vio posteriormente. Desde los años 70 la población del campo se estancó, pese a su crecimiento natural, problemáticas como el recrudecimiento de la violencia, la concentración de la propiedad, la profundización de la crisis agraria y la acentuación de la pobreza, propiciaron el espacio para una reconversión total del peso poblacional, lo mismo sucedió con los núcleos (cabeceras municipales) menores a 20.000 habitantes, cuyo crecimiento fue igualmente absorbido por las grandes urbes (Rueda, 1999).
La población urbana colombiana paso de 2.7 millones en 1940 a 24 millones en 1990, concentrando carga demográfica, la economía y la cultura del país en las grandes ciudades, sus áreas metropolitanas y las ciudades intermedias. En estas décadas Colombia vivió el surgimiento de una malla urbana equilibradamente distribuida en el territorio nacional, diferente a lo que sucedió en la mayoría de los países de América Latina (donde la población se concentra en uno o pocos núcleos), por lo que se le reconoce como un “país de ciudades” (Rueda, 1999). Hoy la mayor parte de la población reside en los centros urbanos y a pesar de que la migración siga siendo un factor representativo en el crecimiento de sus índices poblacionales, su crecimiento propio parece ser el primer garante para que la tendencia permanezca igual indefinidamente. Esta consolidación de la red urbana viene acompañada de nuevas necesidades políticas, económicas, ambientales y sociales, pues la configuración, el crecimiento y las características de
las ciudades colombianas son una respuesta (consecuencia) directa a las condiciones que vive el país; son estas por tanto, el lugar de reflejo de las dinámicas poblacionales, los valores y prácticas culturales y las problemáticas que acusan a la población.
Las ciudades se han convertido −sobre el plano económico y social, pero también político y cultural− en un prisma que permite observar las mutaciones que afectaron al país a lo largo del siglo XX, en particular en el curso de los últimos tres decenios. (Dureau y Gouëset, 2007, p. 14) Si tenemos en cuenta los fenómenos históricos que han marcado la evolución del Estado colombiano, como la violencia sectaria, la pobreza extrema de gran parte de los habitantes, la corrupción y la política de maquinarias, podremos entender la forma de vivir en las zonas urbanas, los tipos de asociación (o aislamiento) entre los individuos, las dinámicas del miedo y las respuestas gubernamentales, que juntas configuran el panorama general para abordar el análisis de estos lugares.
Carrizosa afronta el tema, de forma contundente, al referirse a la realidad colombiana diciendo: El país ya está dentro de los umbrales de un proceso general de insostenibilidad social, en el que la violencia y la corrupción proporcionan a diario argumentos para que los ciudadanos emigren o se aíslen, corten relaciones con sus vecinos y traten de sobrevivir, unos pocos en un contexto de enriquecimiento y la mayoría afectados por diversas formas de empobrecimiento. (2003, p.45)
Empobrecimiento que puede ser de carácter económico (ingresos precarios, dificultades para acceder a recursos y materias primas), pero también cultural (menoscabo de valores y formas de vida), ambiental (deterioro del ecosistema), social (rompimiento del tejido, desaparición de las dinámicas asociativas) y político (pérdida de sus derechos fundamentales, invisibilización como actor civil); convirtiéndose en factor fundante de las formas de asociación, adaptación al territorio y movilización de las personas. Y es que en el proceso de desarrollo, las demás variables interactúan con las de índole social, las refuerzan o debilitan con relación a los diferentes objetivos (Carrizosa, 2003); lo que en el caso colombiano se ve reflejado en la superposición de los modelos de competencia sobre los de solidaridad, los de acaparamiento del poder por sobre los de cooperación y los técnicos instrumentales sobre los reflexivos.
Desconocer la profunda complejidad de los problemas que nos atañen sería una arbitrariedad, pues aunque las cifras oficiales de crecimiento económico siempre sean positivas, la realidad del país está lejos de ser prometedora.
(…) En general el colombiano medio se ha “modernizado”, en el sentido de ser más parecido a los europeos y estadounidenses en los valores dominantes, en sus hábitos de consumo y en la información recibida. Estas tendencias han hecho ascender al país en el índice general de
“desarrollo humano” y en algunos índices de “calidad de vida”, pero hay cuatro circunstancias que
permiten afirmar la insostenibilidad del modelo dominante: el empobrecimiento creciente, la corrupción, la violencia cotidiana y la insurrección permanente. (Carrizosa, 2003, p.55)
Estas son las consecuencias de las fuerzas en disputa, las formas de interacción que configuran y condicionan el horizonte social colombiano, donde el campo ha perdido la mayor parte de su peso poblacional, mientras las grandes ciudades se convierten en focos de recepción de población y recursos a escalas que superan por mucho la capacidad de sustento de las regiones circundantes,
donde la violencia sigue siendo una marca característica de la vida en sociedad, la política continua estando manejada bajo la lógica del cacicazgo y donde los derechos civiles de la población se ven diezmados por los métodos y los intereses del mercado. Lo que da pie al surgimiento de nuevas tramas socioculturales, nuevos esquemas de construcción del territorio, híbridos que articulan los saberes ancestrales, con las prácticas culturales, con las estrategias de supervivencia y con los usos que se le dan a los recursos disponibles.
Martin-Barbero esboza el mapa cultural del país diciendo:
Se trata de un mapa hecho de continuidades y destiempos, de secretas vecindades e intercambios entre la modernidad y tradiciones, entre un país urbano y un país rural. Es un mapa con muchas poblaciones a medio camino entre el pueblo campesino y el barrio urbano, con pueblos donde las relaciones sociales ya no tienen la estabilidad ni la elementalidad de lo rural, y con barrios que son el ámbito donde sobreviven entremezclados autoritarismos feudales con la horizontalidad tejida en el rebusque y la informalidad urbanos. (1998, p.11)
Lo que nos da como resultado un enmarañado entramado urbano, con ciudades de casi cualquier tamaño, en diferentes pisos térmicos, con condiciones naturales completamente disimiles, en regiones diversas y por lo tanto con necesidades y problemáticas distintas.
Es claro que nuestras ciudades han crecido a un ritmo acelerado en un contexto problemático, lo que asociado a la inadecuada respuesta para lograr una transformación de sus estructuras territoriales, de decisión y de gestión urbana, ha causado una enajenación gradual del ciudadano, en cuanto a su relación con el entorno y su responsabilidad frente al manejo del espacio y sus recursos (tierra, agua, energía, entre otros). Se ha debilitado la cultura ciudadana en su capacidad de asumir responsable y constructivamente el territorio, el hábitat y el ambiente urbano y su manejo (Echeverría, 1997).
A principios de los noventas Rodríguez sentenciaba:
Colombia carece de una política urbana, tal como se refleja en el crecimiento de las grandes ciudades. Grandes grupos de la población pobres se ubican en tierras ambientalmente inadecuadas para asentamientos humanos, lo que se expresa en innumerables tragedias que aumentan la pobreza y el sufrimiento. (1993, p.123)
Hoy, dos décadas después, el panorama no es muy diferente, pues aunque se han intentado implantar nuevos modelos de ciudad, nuevas estrategias de planeación y nuevas políticas de intervención urbana, éstas aún resultan frágiles y se ven desbordadas por la realidad de un país con unas condiciones socioculturales y económicas tan complejas como éste. Las ciudades siguen creciendo a un ritmo implacable, cada día llegan más y más personas engrosar las filas de nuevos citadinos, los barrios de invasión se adueñan de los extramuros de las urbes y con ellos se propagan los riesgos para la vida humana, la salud pública, la estabilidad de los ecosistemas circundantes y el abastecimiento de bienes y servicios.
Son esos barrios nuestros puntos de encuentro, sobre los que deben centrarse las políticas y los proyectos, pues en ellos se concentran la mayoría de las problemáticas del ambiente urbano, es donde conviven los diferentes grupos, con diversas culturas, donde se mezclan las ambiciones de una mejor vida con la realidad de la pobreza, donde la violencia sigue guardando un papel de
primer orden como regulador de las dinámicas sociales y, donde se construye el territorio a partir de la recursividad y el conocimiento ancestral, es la pieza clave en el engranaje del crecimiento urbano, pues es allí donde vive la mayor parte de nuestros ciudadanos.
El suburbio – nuestros desmesurados barrios de invasión, como Agua Blanca en Cali, Ciudad Bolívar en Bogotá o las comunas nororientales en Medellín − se ha convertido en lugar estratégico
de “reciclaje cultural”: de la formación de una cultura del rebusque en la que se mezclan la
complicidad delincuencial con solidaridades vecinales y lealtades a toda prueba, una trama de intercambios y exclusiones que hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta imposible sobrevivir en la ciudad, del mestizaje entre la violencia que se sufre y aquella otra desde la que se resiste. (Martin-Barbero, 1998, p.12)
Según el DANE (2014), más de 14 millones de colombianos12 siguen debajo de la línea de la pobreza, de los cuales la mayor parte vive en las ciudades, que además no paran de crecer, según las proyecciones del último censo, para este año ciudades como Bogotá (junto con su perímetro urbano) rebasarían por mucho los 10 millones de personas, y otras como Medellín (con su área metropolitana) estarían cerca de los cinco millones, demostrando la preponderancia urbana, pues solamente las dos principales ciudades concentran cerca de la tercera parte del total de la población nacional. La tendencia indica que las ciudades seguirán creciendo y albergando cada vez más personas.
El problema no es que las ciudades crezcan, es que lo hagan sin control y bajo condiciones no deseables. Existen ciudades sostenibles como Bogotá13, que prosperan de forma extraordinaria “convirtiéndose en oasis de riqueza económica, de oportunidad cultural y de seguridad social, hasta que su posición excepciona atrae tanta población que se empiezan a generar factores de insostenibilidad que forman círculos viciosos que impiden el equilibrio en el uso del territorio” (Carrizosa, 2003, p.58).
La sociedad colombiana da visos de desarrollo, pero ese mismo desarrollo es el que desborda sus límites. Los gobiernos locales terminan por la ser incapaces de responder a tales problemáticas, lo que se refleja en el gran número de personas por fuera de la cobertura de servicios básicos como la educación, que para el 2012, según la Unesco, registraba un retraso para entrar a la escuela del 42% de los niños de los hogares más pobres, de los que sólo la mitad llegan a la educación secundaria y ni que hablar de la educación superior, reservada casi exclusivamente para personas de nivel económico medio-alto o alto (El País, 2012, 15 de Octubre). Lo mismo sucede con el acceso al agua potable, que según las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), para el mismo 2012, sólo el 58,8% de los hogares pudieron disfrutar plenamente del servicio; y en ciudades como Medellín y Bogotá, donde el agua es de excelente calidad, el número de desconectados aumento en los últimos años, pues los proyectos de construcción de nueva infraestructura primaria de servicio son mucho más lentos que el ritmo de crecimiento de las mismas.
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Cifras bastante optimistas y duramente rebatidas, pues la mayoría de los medios de opinión refieren estos indicadores oficiales como parte del movimiento publicitario para la campaña presidencial de este año. A lo que se suman diversas ONG que indican que la cifra correcta seria cercana a los 20 millones de pobres.
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No es el caso de Medellín, por ejemplo, que a pesar de contar con la infraestructura y los recursos para atender un mayor número de personas, hace tiempo se quedó sin el espacio adecuado para la expansión urbana, haciendo que su crecimiento se concentre en la construcción en altura o en zonas de alto riesgo por la pendiente y la inclinación.
Es en esta realidad donde se debe gestar la planificación de las ciudades, son estas condiciones las que deben servir de guías para la construcción de un modelo urbano donde primen el bienestar general, el reconocimiento de la diversidad cultural y la apropiación del territorio; que sea el camino para que las ciudades colombianas se conviertan en lugares (hogares) justos y sostenibles, permitiéndoles a las personas disfrutar de sus derechos en un ambiente sano, en el marco de un proyecto a largo plazo que promueva soluciones de fondo a los problemas que afectan a la población y al territorio.