Figure 5.1: Cold in-place recycling
6. Technical Sheets: Alignment Design Concept 1 Horizontal Alignment:
6.3 Sight Distance: 1 General Principles:
6.3.2 Intersections:
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos denunciaron hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.
En febrero, Faustin Ndikumana, presidente de la organización Palabras y Acción para el Despertar de las Conciencias y la Evolución de las Mentalidades, pasó dos semanas bajo custodia, únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, antes de quedar en libertad bajo fianza. Había hecho declaraciones públicas a los medios de comunicación tras escribir al ministro de Justicia para pedirle que investigara y pusiera fin a la corrupción en la designación de jueces. En julio, el Tribunal Anticorrupción lo declaró culpable de hacer declaraciones falsas y lo condenó a cinco años de prisión y a una multa de 500.000 francos burundeses (unos 333 dólares estadounidenses). Al terminar el año no se había ejecutado la sentencia.
Algunos anteproyectos de ley, en caso de ser aprobados en su forma actual, podrían amenazar la libertad de expresión y asociación: entre ellos, un anteproyecto de ley relativo a manifestaciones y reuniones públicas, que otorgaría a las autoridades poderes desproporcionados para clausurar reuniones públicas; y un anteproyecto de revisión de la ley de prensa, que incluía nuevas disposiciones sobre circunstancias en las cuales los periodistas debían revelar sus fuentes y preveía un aumento del número de posibles delitos relacionados con la prensa, una
regulación excesiva de la prensa por el Estado y multas desorbitadas a los periodistas que violasen lo dispuesto en la ley y en el Código Penal.
Condiciones de reclusión
Los presos estaban en condiciones de insalubridad extrema, y miles de ellos se encontraban recluidos en espera de juicio.
El presidente Nkurunziza aprobó el 25 de junio un decreto por el que se concedía el indulto a los presos que cumplían penas de hasta cinco años (excluidos los condenados por violación, robo a mano armada, robo a mano armada en bandas organizadas, posesión ilegal de armas de fuego o amenaza para la seguridad del Estado), las mujeres embarazadas o lactantes, los presos de 60 o más años, los menores de 18 años que no hubieran sido juzgados y los presos que sufrían una enfermedad terminal. Todas las demás condenas quedaron reducidas a la mitad. En abril había 10.567 presos recluidos
en 11 prisiones que en conjunto tenían capacidad para sólo 4.050. Al terminar diciembre el número de reclusos había disminuido a 6.581.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Burundi en mayo.Burundi: Libertad para activista que denunció públicamente. Faustin Ndikumana(AFR 16/001/2012) yMás información(AFR 16/002/2012) Burundi: Time for change. A human rights review. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review
(AFR 16/003/2012)
Burundi: Verdict in activist’s killing fails to deliver justice
(PRE01/262/2012)
CAMBOYA
REINO DE CAMBOYA
Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni Jefe del gobierno: Hun Sen
El respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión se deterioró. Las autoridades utilizaron cada vez más la fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. Los defensores y defensoras de los
derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento y violencia, y se emprendieron acciones legales contra ellos. Los desalojos forzosos, los conflictos sobre tierras y las apropiaciones de tierras continuaron afectando a miles de personas. La impunidad de que gozaban los autores de abusos contra los derechos humanos y la ausencia de un poder judicial independiente seguían siendo problemas graves, y las investigaciones sobre homicidios e incidentes de disparos fueron deficientes o inexistentes. Las investigaciones judiciales de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya se paralizaron mientras persistían las denuncias de injerencias del gobierno.
Información general
El Partido del Pueblo Camboyano, en el poder, obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones
comunales celebradas en junio. Dos partidos de la oposición se fusionaron para formar el Partido de Rescate Nacional de Camboya de cara a las elecciones nacionales de julio de 2013, aunque su líder Sam Rainsy siguió en el extranjero para eludir una pena de prisión impuesta por motivos políticos. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Camboya publicó dos informes sumamente críticos tras su visita de mayo: uno sobre el sistema electoral y el otro sobre el impacto de las concesiones de tierras con fines económicos en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Camboya presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que en noviembre adoptó su Declaración de Derechos Humanos, pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales. El rey padre Norodom Sihanouk falleció en octubre, a los 89 años de edad.
Uso excesivo de la fuerza
Las protestas de las comunidades por el derecho a la tierra y a la vivienda, y las de los activistas sindicales, fueron sofocadas cada vez con más violencia. En enero, unos guardas de seguridad abrieron fuego contra unos manifestantes pacíficos en la provincia de Kratie, causando heridas a cuatro personas. El gobernador de la ciudad de Bavet, en la provincia de Svay Rieng, disparó contra tres mujeres durante una protesta sobre condiciones laborales en febrero. En mayo, una niña de 14 años murió por disparos en
Kratie cuando las fuerzas de seguridad entraron en su pueblo para ejecutar el desalojo forzoso de 600 familias. En julio, la policía golpeó y detuvo a un sindicalista después de que un grupo de trabajadores presentara una petición en el gabinete del primer ministro. Ninguno de estos incidentes se investigó adecuadamente.
Los ataques contra defensores de los derechos humanos siguieron quedando impunes.
En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó las penas de 20 años de prisión de Born Samnang y Sok Sam Oeun, que habían sido condenados
erróneamente por el homicidio del sindicalista Chea Vichea cometido en 2004, pese a la falta de pruebas y a la existencia de coartadas creíbles. Los autores de este homicidio seguían en libertad.
En abril, en la provincia de Koh Kong, un policía militar mató a tiros a Chut Wutty, conocido activista medioambiental y director del Grupo de Protección de Recursos Naturales, ONG camboyana que luchaba contra la destrucción de los bosques del país. El agente presunto autor de los disparos también murió en el incidente. La investigación oficial y el subsiguiente proceso judicial fueron deficientes e inadecuados. En octubre, el tribunal provincial de Koh Kong archivó la investigación sobre la muerte de Chut Wutty.
Libertad de expresión: defensores
y defensoras de los derechos humanos
Las autoridades hostigaron a activistas de derechos humanos y a los miembros de las comunidades que se resistieron a los desalojos forzosos, y los amenazaron con detenerlos y con emprender acciones legales contra ellos. Un tribunal citó a varios trabajadores de la Asociación para los Derechos Humanos y el Desarrollo de Camboya y del Centro Camboyano para los Derechos Humanos, así como a un periodista de Radio Free Asia, para interrogarlos sobre sus legítimas actividades en diversos casos relacionados con las tierras. En marzo y noviembre, las autoridades emplearon la intimidación y el hostigamiento contra grupos de la sociedad civil y redes de base, incluidas varias ONG locales y regionales, para impedirles que realizasen talleres y actos en torno a las cumbres de la ASEAN sobre diversas cuestiones de derechos humanos.En mayo, 13 mujeres de la comunidad del lago Boeung Kak de Phnom Penh fueron detenidas y condenadas a dos años y medio de prisión tras un
juicio sumario. Las mujeres habían realizado una protesta pacífica para apoyar a 18 familias de la zona cuyas casas habían sido destruidas en desalojos forzosos, y fueron acusadas de ocupación ilegal de una propiedad pública y de obstruir la labor de los funcionarios públicos con circunstancias agravantes. Tras la apelación quedaron en libertad en junio con condenas condicionales. Otra activista, Yorm Bopha, fue condenada en diciembre a tres años de prisión por cargos falsos.
El destacado periodista y crítico del gobierno Mam Sonando, de 71 años, fue condenado a 20 años de prisión en octubre por delitos contra el Estado, incluido el de instigar a la “insurrección” en la provincia de Kratie. Se creía que los cargos tenían motivación política y en el juicio no se presentó ninguna prueba que justificara la condena. Se le consideró preso de conciencia.