Interviewees

Sintetizado por M. F. del texto de Jesús Leal Maldonado Desequilibrio territorial e insostenibilidad: la

Ampliación de la Castellana.

No se caracteriza Madrid por ser una ciudad equilibrada. Sus desequilibrios son el resultado de un largo proceso histórico en el que se han desarrollado dos extremos paralelos, desde el Ensanche, con su ordenación geométrica, hasta los arrabales de Tetuán y Vallecas, con un desarrollo espontáneo e irregular, así como desde el norte, definido por el plan de 1943 como la cabeza de la ciudad, con los espacios vélazqueños y los edificios de piedra, hasta el sur, definido por ese mismo plan como los pies de la ciudad, con los paisajes alcarreños y los edificios de ladrillo. Actualmente es una de las ciudades europeas más segregadas, con una diferenciación nítida entre sus espacios residen ciales que se manifiesta en la desigual composición social de sus habitantes y en la distancia de los niveles de renta existentes entre el norte y el sur.

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Este desequilibrio queda recogido en el que pretende constituirse en nuevo símbolo de la ciudad: las torres de KIO de la Plaza de Castilla, cuyo único atractivo es su inclinación. Pero amenaza con renovarse otra vez a partir del proyecto de urbanización de la estación de Chamartín, rebautizado con el nombre de Ampliación de la Castellana.

El proyecto Chamattín nace en 1992 con un encargo de RENFE para una zona de 62 ha constituida en su mayoría por espacios ferroviarios de poco uso y por zonas circundantes de escaso aprovechamiento que podían ser revalorizadas urbanísticamente a partir de los efectos generados por la propia estación. La estrategia de RENFE era aprovechar una parte de su patrimonio de suelo que por el crecimiento urbano y por la nueva organización del transporte ferroviario pasaba a tener un atractivo de centralidad que replanteaba su función previa y empujaba a recibir otras funciones urbanas.

El proyecto inicial de urbanización de la estación de Chamartín y sus aledaños es reconsiderado posteriormente con una ampliación notable de la zona. La superficie incluida en el proyecto se multiplica por cinco a base de incorporar nuevos espacios, una parte de ellos ocupados con otros usos, incluso con viviendas. En el nuevo proyecto presentado por Bofill se actúa sobre una zona de 320 ha. La operación de la estación de Chamartín se reconvierte en la operación de «Ampliación de la Castella- na», imitando, con más de treinta años de diferencia, el modelo parisino de prolongación de los Champs Élysées hasta la Défense, pero sin la perspectiva lineal de éste, que constituye su máximo atractivo. La propuesta tuvo una acogida positiva entre los actuales regidores de la ciudad, que le dieron su aprobación, probablemente concernidos por la búsqueda de elementos de grandiosidad distintiva que pudieran reforzar la imagen de una ciudad más bien pobre en símbolos de identidad como es Madrid.

El proyecto resultante supondría la edificación de 3,3 millones de m2_{, con 20.000 viviendas de lujo (a}

un precio medio del metro cuadrado que puede rondar 4.800 euros) y más de millón y medio de metros cuadrados de espacio productivo, capaces de concentrar cerca de 180.000 puestos de trabajo de oficina.

Tres son las cuestiones que se plantean al enfrentarse con un proyecto de esta envergadura. La primera es la de sus efectos sobre la estructura de la ciudad. La segunda es la de sus repercusiones sobre el mercado inmobiliario, y en concreto sobre su propia estrategia territorial, que exige una distribución adecuada de los recursos existentes y la promoción de un equilibrio social y residencial del que Madrid tiene serias deficiencias. Finalmente, la tercera tiene que ver con la calidad urbana de los espacios resultantes, tanto de los espacios residenciales como de los espacios de oficina.

La operación trata de prolongar el eje de la Castellana más allá de sus límites actuales, propiciando un cambio considerable en la estructura urbana madrileña al establecer un nuevo impulso lineal frente a unas tendencias de crecimiento concéntrico.

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La nueva centralidad periférica del espacio de oficinas de Madrid que implica este proyecto es tanto más inquietante cuanto que todo indica que la lógica de localización de las oficinas está cambiando para seguir pautas propias de las ciudades de Estados Unidos, donde se desarrollan las ciudades

periféricas (edge city) con una concentración de oficinas situadas en los extremos de la aglomeración urbana.

El segundo problema que suscita el proyecto va más allá que la imagen urbana y afecta seriamente a la propia estructura funcional de la ciudad. Actualmente el crecimiento inmobiliario y poblacional se pro- duce mayoritariamente en el sur de la ciudad. El proyecto supone un desarrollo del espacio productivo justo en el lugar opuesto al de mayor expansión residencial, incidiendo en el aumento de los desplazamientos de una parte notable de la población metropolitana.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, en torno al emblemático eje de la Castellana, en los siete primeros distritos que constituyen la denominada «Almendra» madrileña, se localizan una parte importante de los puestos de trabajo de la Comunidad, hasta el punto de que por cada trabajador residente en esa zona de un millón de habitantes existen dos puestos de trabajo, lo que supone el 43 por ciento del total de los puestos de trabajo de la región. En contraste con esta situación, en el sur los puestos de trabajo no llegan a cubrir la mitad de los trabajadores existentes (sin contar a los parados), lo que provoca movimientos masivos diarios de población hacia las zonas de mayor concentración de actividades, que se traducen en problemas de tráfico difíciles de resolver. El 27 por ciento de los trabajadores del sur se desplazan diariamente para trabajar en la «Almendra».

El resultado será un aumento del tiempo de transporte y del coste de acceso al trabajo, contradiciendo los principios más elementales de un urbanismo sostenible y contribuyendo a incrementar una distribución desigual de los empleos en una de las ciudades europeas con mayores índices de segregación social. Diferenciación que supone a largo plazo un aumento de las tensiones sociales, una mayor insolidaridad y un incremento de la inseguridad.

Habría sido deseable que en este caso se hubieran propuesto actuar en zonas deprimidas que se trataba de revalorizar. Para ello se contaba en Madrid con los polígonos industriales de Méndez Alvaro y Legazpi y con una serie de estaciones en desuso en el distrito de Arganzuela, o algo más allá, con los grandes espacios que los cuarteles dejan libre en el suroeste de la ciudad. Pero por desgracia la consideración de la integración social, de la sostenibilidad urbana y de la mejora de las condiciones de vida de todos los madrileños no tiene capacidad para contrarrestar la voracidad del nuevo urbanismo privatizado, en el que las pautas vienen marcadas por la rentabilidad de las operaciones propuestas por las grandes inmobiliarias con los operadores financieros que las sostienen.

Con este proyecto Madrid podrá contar con una ampliación de su oferta de espacio de gestión y de oficinas que le permita competir con sus ciudades rivales españolas y europeas, al reforzar su atractivo empresarial, pero tendrá que sufrir un mayor desequilibrio y un empeoramiento de la calidad de vida de buena parte de sus ciudadanos, a los que les tocará pagar el coste de esa forma desequilibrada de desarrollar la ciudad.

De cualquier manera, la envergadura del proyecto exigía un debate ciudadano a diversos niveles. Pero se ha hurtado la participación ciudadana, sin que haya habido un concurso ni una exposición pública del proyecto con suficiente difusión para suscitar sugerencias. Parece que ya no existe otro debate que el de la rentabilidad ni otros actores urbanos que las grandes empresas, que se convierten en los únicos interlocutores de la administración en lo que respecta al desarrollo urbanístico de la ciudad.

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