En líneas generales, a continuación se llevará acabo un examen de las condiciones políticas, sociales y económicas actuales en Chile, para considerar en la implementación de la reforma.
Dimensión Política
a) Modernización Del Estado: Nueva Gestión Pública
Las reformas al Estado en los últimos años se desarrollaron en el marco de una reforma gerencialista, o bien llamada Nueva Gestión Publica.
La Nueva Gestión Pública apunta a un cambio cultural, en el que se redefinen las responsabilidades de las organizaciones públicas. Se busca cambiar las prácticas internas de los servicios públicos y obtención de impactos en la calidad de la prestación entregada a la ciudadanía. El énfasis se pone principalmente en la profesionalización del servicio civil, en el control y evaluación de resultados y focalización en la gestión de las instituciones hacia el cliente ciudadano.
Sus objetivos se centran en mejorar la asignación de recursos públicos administrados por el Estado, es decir, una utilización más eficiente del gasto público, por medio del establecimiento de objetivos, cumplimiento de metas, mecanismos de control y evaluación. Adicionalmente, se busca fortalecer la calidad del servicio y la atención al usuario, de modo de mejorar la relación entre el Estado y las personas. Transparentar los
actos gubernamentales, por medio del perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación. Finalmente, intenta facilitar nuevos ámbitos tanto en el área económica- productiva, como en la sociedad civil.
Por esta razón, el proceso que buscamos generar es coherente con este telón de fondo, en términos de la lógica predominante de las políticas públicas (al menos en teoría). Pese a ello, es importante señalar que los procesos por medio de los cuales el Estado asume su rol de regulador, cuentan con determinados grados de resistencia por parte de actores políticos, gremios y asociaciones de funcionarios.
b) Justicia: Reforma Procesal Penal
Como sabemos, la última década el Estado de Chile dio inicio a un proceso de cambio de importantes políticas públicas destinadas a la modernización y adecuación del sistema judicial a los principios de un Estado de Derecho. Dichas políticas públicas tienen como objetivo incorporar los derechos humanos y los estándares internacionales sobre esta materia a los sistemas de administración de justicia. Así como, adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad chilena en las últimas décadas.
La Reforma Procesal Penal tiene por objeto concretar dichos ideales, aplicando de la forma más eficiente el poder punitivo del Estado. Asegurando a su vez, las garantías necesarias para que los individuos puedan protegerse frente al ejercicio de este poder.
Para cumplir con dichos objetivos, la referida reforma contempla un cambio de paradigma con respecto al antiguo modelo de procedimiento penal, vigente en nuestro país desde inicios del siglo XIX. El nuevo sistema de justicia se sustenta en los principios de: imparcialidad, transparencia, inmediación, oralidad, rapidez, eficiencia, concentración, protección de las víctimas y defensa letrada.
Por su parte, el cien por ciento de imputados es representado por abogados de la Defensoría Penal Pública o abogados particulares, y no por egresados o estudiantes de derecho. Este es un claro indicador del proceso profundo de modernización del sector justicia en Chile, por lo que las políticas que se diseñen y ejecuten en esa área debiera en consecuencia, ser consistentes con dichos planteamientos.
Dimensión Social
La sociedad chilena ha experimentado importantes cambios en los últimos treinta años. Se evidencia un aumento considerable respecto de la cantidad de años de estudio, aumento de la cobertura de escolaridad y políticas de promoción de derecho ciudadano. Ello ha permitido la conformación de una nueva generación de ciudadanos con más herramientas para filtrar, analizar y entender las dinámicas políticas y sociales.
“Adicionalmente, y en relación a la percepción ciudadana respecto del sistema judicial, existe evidencia de la mala evaluación de la ciudadanía a la justicia chilena respecto a su funcionamiento, eficiencia y transparencia”75. Así mismo, responsabiliza a los jueces y a la ley por las deficiencias existentes en el sistema de justicia.
En este contexto se entienden los reclamos respecto a satisfacción y eficacia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, y por lo tanto, indica que es necesario llevar a cabo importantes procesos que a mediano plazo puedan modificar la percepción ciudadana sobre este ámbito.
75 En promedio un 60 % de los encuestados evalúa mal a la justicia en esos aspectos. Encuesta El Mercurio – Opina S.A.
Dimensión Económica
En la actualidad existen múltiples servicios públicos que –tal como lo proponemos respecto de la Corporación de Asistencia Judicial- por medio del sistema, permite que el Estado traspase a agentes privados la provisión de algunos servicios (algunos ejemplos son los colegios subvencionados, el sistema de concesión de carreteras y de cárceles, la ejecución de programas sociales del FOSIS). Es esta lógica la que se ha aplicado para licitar públicamente un porcentaje importante de las defensorías públicas en ciertos casos penales. El sentido de búsqueda de estos procesos, responde a una adecuación del Estado al contexto social y económico actual, además de una búsqueda por mejorar determinados procesos en la entrega de servicios a la ciudadanía. En ese sentido, en la actualidad es menos polémico que hace diez años llevar a cabo este tipo de acciones.