Introduction.

y de éstas entre sí

El reconocimiento social de la pareja de hecho, aceptada ésta como normalidad social, se consolida a través de una normalización jurídica. Los pactos nacidos o vinculados a las uniones de hecho fueron considerados, en un primer momento, ilícitos en su causa, lo que suponía su nulidad radical8 7_.

Sin embargo, en la actualidad juegan un papel decisivo en la configuración

85 - Pedro de Pablo Contreras, “La Constitución y la Ley 13/2005…”, cit., p. 75.

86 - Cfr. Víctor Ferreres Comella, “El principio de igualdad y el «derecho a no casarse» (a propósito de la STC 222/1992)”, Revista Española de Derecho Constitucional, IX-XII, 1994, p. 163.

de las estructuras jurídicas sobre uniones de hecho. Efectivamente, la validez y eficacia de los pactos establecidos es uno de los mecanismos más importantes empleados por la jurisprudencia civil para sortear la imposible equiparación entre pareja de hecho y matrimonio8 8_{. De igual modo participa}

el Derecho comunitario, donde la Recomendación 3/88, del Comité de Ministros del Consejo de Europa (7-III-1988) apuntó la validez de los contratos entre personas que viven juntas como parejas no casadas, al igual que en sus disposiciones testamentarias; igualmente la Resolución 28/94, del Parlamento Europeo, de 28 de febrero de 1994, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad europea. En segundo lugar se utilizó el enriquecimiento injusto o sin causa, protegiendo de ese modo al miembro de la pareja perjudicado por la situación de hecho derivada de la convivencia. De cualquier manera, se plantea lo deseable de una ley estatal sobre uniones de hecho que complete las lagunas o carencias de ese tipo de legislación en el marco autonómico8 9_{, así como la promulgación}

de nuevas leyes autonómicas en los territorios donde no existan y se considere oportuna su existencia9 0_.

Debe recordarse que, sin la existencia del matrimonio homosexual, el planteamiento anclado en la igualdad de todos los españoles olvidaba que las parejas de hecho heterosexuales que podían, igualmente, casarse, pero decidían no hacerlo, excluían con su voluntad la lógica de la analogía pese a situaciones de verdadera semejanza. Se sostenía, entonces, que al objeto de evitar un tratamiento vulnerador del principio de igualdad, no siendo aplicable un texto autonómico concreto, era viable la analogía con el art. 97 CC, modificando la tendencia previa que utilizaba la figura del enrique- cimiento injusto: “otra solución conduciría a establecer dos clases de españoles, según sus Autonomías tuvieran o no dictada Ley de parejas de hecho, pudiendo acudir a dicha específica normativa o tener que debatirse con la anomia general en la materia, lo cual contraría abiertamente el principio de igualdad de los españoles proclamado en el art. 14 de la CE, precepto

88 - Llama la atención, sin embargo, que en muchas legislaciones autonómicas (por ejemplo andaluza, asturiana, canaria, extremeña, madrileña y valenciana) exista una limitación a los pactos entre convivientes, a fin de que no perjudiquen o siquiera puedan ser eficaces frente a terceros, independientemente incluso de su inscripción, en contra de lo previsto en el Código civil (por ejemplo art. 1.218); en este sentido, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, “La competencia…”, cit., p. 108. Por su parte, las autonomías con Derecho civil propio eluden la regla de inoponibilidad frente a terceros de los pactos otorgados por los miembros de la pareja; íd., p. 121.

89 - Sobre la anomia estatal, en relación con la legislación autonómica, v. Maria Esperança Ginebra Molins, “La regulación de las parejas de hecho como manifestación del «desarrollo» del Derecho civil: la superación de la «anomia». Un caso de transplante jurídico”, en Homenaje al Profesor Lluís Puig Ferriol, vol. 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 1.481 y ss.

fundamental en cuanto que garantiza el derecho de tal clase que es de aplicación directa e inmediata desde la entrada en vigor de tal Texto Fundamental como señaló la STC 216/1991 de 14 de noviembre”9 1_{. Pero al}

margen de las contradicciones de este planteamiento, ante la posibilidad cierta del cauce matrimonial –aunque en ese momento limitado al enlace hetero- sexual–, el mismo daba por supuesta una igualdad entre aquellos ciudadanos de Comunidades autónomas con leyes sobre las uniones de hecho, cuando ni mucho menos son las mismas uniformes en el tratamiento de los derechos para los convivientes, particularmente en el terreno de la pensión compen- satoria (que no existe en Andalucía, Asturias, Madrid o Valencia)9 2_{. Además,}

si bien la propia decisión individual de casarse o no hacerlo permite legítimamente sortear la desigualdad generada por el tratamiento que se dispensa a la ruptura matrimonial frente a la de la pareja de hecho, el particular mostraría un trato desigual entre quienes voluntariamente se sujetan a una legislación autonómica sobre parejas de hecho –y no al matrimonio– o deciden no hacerlo teniendo esa opción de Derecho territorial, y quienes no se encuentran en una Comunidad autónoma sin Derecho civil propio relativo a parejas de hecho, que tampoco optan por el matrimonio pero obtienen sus fórmulas compensatorias9 3_.

Partiendo de la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.8ª CE, la relación entre los artículos 32.1 y el 53.1 de este mismo Texto fundamental asocia una garantía institucional del matrimonio que vincula a las Comuni- dades Autónomas, que habrían de absorber en su ordenamiento territorial los efectos de la dicha garantía: cualquier norma autonómica tendrá por unidos en matrimonio a quienes extramuros de dicha autonomía, o en su mismo territorio, hayan contraído matrimonio civil estatal, bajo el rito católico, evangélico, judío o musulmán. Desconociendo la mencionada garantía institucional del matrimonio, lo que haría el legislador estatal, en su directa regulación o en los pactos confesionales con la Santa sede en 1979 o según las leyes de 10 de noviembre de 1992 para otras confesiones, invadiría competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas (en materia del Derecho sucesorio, de viudedad, de usufructo o económico-matrimonial) imponiéndoles soluciones que no estarían obligadas a asumir.

91 - STS civil núm. 700 de 5-VII-2001.

92 - Mercedes Caso Señal, “Regulación legal de las uniones estables de pareja en el Derecho español: estudio comparativo de las leyes autonómicas sobre la materia”, en Las uniones estables de pareja, Cuadernos de Derecho Judicial, I, Escuela Judicial Centro de Documentación del CGPJ, Madrid, 2003, p. 75.

93 - Además, para aplicar correctamente la teoría desplegada por el TS en la cit. sentencia de 5 de julio de 2001, debería ser objeto de exhaustivo análisis la posibilidad del justiciable reclamante de someterse a un determinado Derecho autonómico aun sin vivir en ese territorio, dado que el ámbito de aplicación que rige las uniones legales de hecho utiliza la residencia pero también la vecindad administrativa y la civil.

El Tribunal Constitucional reitera que, en atención a la naturaleza y finalidad de las leyes autonómicas sobre parejas o uniones estables de hecho, es posible el trato diferente del matrimonio, institución garantizada por la Constitución, frente a otras convivenciales, sean de personas del mismo sexo o de diferente sexo entre sí9 4_{. No obstante, con la ley 13/2005 se opina}

que el legislador estatal ha atribuido iguales efectos en todo el territorio nacional a las parejas de hecho homosexuales que quieran contraer matrimonio en el respectivo ordenamiento autonómico, para cuya modifica- ción ostentan competencia exclusiva algunas Comunidades Autónomas, pese a la eventual irrazonabilidad en el caso concreto, como se pone de manifiesto en materia de filiación9 5_{. En dicho terreno es clara la competen-}

cia del Derecho territorial catalán, por ejemplo, que sin embargo deberá pechar con el concepto matrimonial establecido por el Estado.

3.3. Estándar mínimo exigible y