The introduction of the EU variable in the Cyprus conflict: 1988-

“Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también”

Jean-Paul Sartre Las últimas dos décadas del siglo XXI en Colombia, han develado el rol que asumió el Estado frente al modelo de acumulación vigente. El aumento de las concesiones y solicitudes de títulos mineros, así como las adjudicaciones de grandes extensiones de tierra, para corporaciones transnacionales y nacionales, son una clara prueba de la legitimidad que éste resuelve darle al modelo extractivo y agroexportador por diferentes vías:

Durante los ochos años que gobernó en Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) hubo un aumento inusitado de la superficie de hectáreas con título minero otorgado o solicitado; en ese lapso se multiplicó por ocho: pasó de 1,13 millones a 8,53 millones

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de hectáreas (Rudas, 2010) y además de ser noticia para inversionistas y analistas, significó un gran motivo de preocupación para las poblaciones locales. En la administración actual, de Juan Manuel Santos, lo que su gobierno ha llamado la locomotora minero-energética, derivada de ese antecedente, ha hecho manifiestos conflictos socioambientales muy específicos. (Roa & Navas, 2014. Pag. 75)

Podríamos pensar que otra vía ha sido, por ejemplo, los intentos de flexibilización del tamaño de la UAF mediante acuerdos con el Incoder y el Consejo de Estado (Bladimir, Camacho, Morales, 2017) que resultaron inconstitucionales en las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez, cuyo interés giraba en la ampliación del tamaño de una unidad agrícola para la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial, especialmente, en tierras baldías.

Otro ejemplo, radicaría en las políticas de los últimos PNDs en materia de crecimiento y desarrollo rural, los cuales tenían, entre otras, la intención de "revisar las restricciones asociadas con la Unidad Agrícola Familiar (UAF), buscando un balance entre la corrección de la concentración de la propiedad rural y la incorporación de tierras y pequeños propietarios al desarrollo de proyectos agroindustriales liderados por inversión privada" (Mora, 2014). A lo que tiempo después, se le otorgaría el nombre de proyecto de ley 1776 o ley ZIDRES aprobado en el año 2016.

Estas políticas estarían, a su vez, apoyadas por el análisis del Banco Mundial (2010) en su informe “Colombia:2006-2010: una ventana de oportunidad” sobre la necesidad del uso eficiente y productivo del suelo en tierras tituladas y formalizadas. En donde, de acuerdo con Álvares (2012) se siguen “las recomendaciones del Banco Mundial sobre el uso eficiente de la tierra, según el cual se requieren condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades, según el Banco, más productivas y por usuarios más eficientes” (Mora, 2014)

Detengámonos un momento en estos puntos. Al comenzar estas reflexiones señalé al Estado como legitimador y facilitador de un modelo extractivo mediante dispositivos jurídico- políticos y/o por medio de una actitud delegataria de sus funciones regulatorias a actores territoriales. Pues bien, en 1990 con las medidas políticas de apertura económica la forma cómo el Estado intervenía en la sociedad se transformó pasando a ocupar un rol subsidiario (Soussa, (2007); Svampa (2011); Gudynas (2011); Machado (2015)); éste fue tomando un papel de agente que propiciaba el espacio para que actores económicos transnacionalizados,

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instancias como el FMI, BID, BM (Svampa, 2011) y elites económicas regionales tuviesen el control tanto de los recursos naturales como de los territorios.

Es decir, se fue formando una imposición de un orden supra estatal sobre el espacio geográfico (Machado, 2015) que estaba regulado por las exigencias del capital global. En el cual, se favoreció, institucionalmente, un modelo de ocupación extensivo, intensivo y extractivo en espacios tendientes a la privatización y transnacionalización. Ahora, esto no sólo debe mirarse en clave a la agencia del Estado y las corporaciones privadas nacionales o multinacionales, sino a través de una red compleja de poder multiescalar54 que atraviesa los diferentes actores constitutivos de los territorios con distintos niveles de acción y territorialidades múltiples

Algo más hay que añadir sobre dos traspiés analíticos: de un lado, no estamos diciendo, entonces, que el problema central se encuentra en el rol subsidiario que asume el Estado en economías de la extracción y la agroexportación para el caso colombiano. Es importante mirar los casos del llamado “neo-extractivismo progresista” (Gudynas (2008) (2009) (2011)), pues en ellos se denota que aunque los sectores progresistas ocupen la institucionalidad estatal y se realicen medidas de intervención, nacionalización y regulación mayores, el paradigma extractivo y desarrollista sigue siendo una constante: la apropiación masiva de recursos naturales para exportación por medio de enclaves productivos y se repiten los impactos sociales y ambientales (Gudynas,2011). Para ello, sólo hace falta ver un poco sobre los monocultivos de soja y maíz en Brasil y Argentina55_.

De otro lado, tampoco estamos diciendo que este papel delegatario del Estado sea un aspecto propio de la época contemporánea. Ya hemos visto cómo los llanos orientales sí que saben beber de esa agua. Aquí lo que estaría en tela de discusión es la disputa por el paradigma

54_{Ya lo veremos con mayor claridad en el numeral 2.2 de esta II parte, y en la III parte del} documento.

55 _{Para profundizar sobre ello, se puede ver el estudio realizado por la FAO en países latinoamericanos}

sobre las dinámicas de acaparamiento y extranjerización de tierras: FAO (2011). Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización. Disponible en http://www.fao.org/docrep/019/i2547s/i2547s.pdf.

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extractivo y desarrollista volcado a la reprimarización de la economía nacional56. El cual, además, ha tenido fuertes implicaciones en la vida de la población local y en los sistemas naturales biodiversos.

Este escenario de extracción globalizada sostiene aún la matriz colonial que posibilita la expansión de las asimetrías y brechas entre los países que son considerados como fuente de recursos y sumidero de residuos (Naredo, 56, citado por Esvampa (2011)) y los países que expanden sus cuerpos económicos hacia las geografías extractivas que el sistema-mundo va construyendo de acuerdo con una jerarquización del espacio en clave de los intereses del capital. (Ver parte III)

Así, la naturaleza y la gente que habita en ella se ven como recursos naturales disponibles y mano de obra barata para ser explotados y extraídos. Una era de colonización legitimada por recursos que deben ser aprovechados en periferias que aún hoy no han logrado ser incorporadas a la economía actual.

2.1.2. La continuación del tiempo binario y el sujeto residual: de lo natural y lo