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BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEGISLACIÓN MINERA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA

Como parte del proceso de privatización, se realizaron diversas medidas destinadas a la reestructuración y adecuación de las empresas, con miras a su privatización, entre las cuales se

95 _{Decreto Legislativo Nº 708 promulgado el 6 de noviembre de 1991}

• Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa ambiental.

• La tributación grava únicamente la renta que distribuyen los titulares de la actividad minera.

• El Estado reconoce la devolución de los montos pagados por impuestos general a las ventas (IGV), en las compras de todo tipo de bienes, materiales y servicios durante la etapa de producción, así como en la etapa preoperativa.

• Las inversiones aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas en infraestructura de servicio público son deducibles para el cálculo del impuesto a la renta.

• Reinversión de utilidades libre de impuesto a la renta para ser aplicadas a un programa de inversiones aprobada por el ministerio de Energía y minas.

• Depreciación del 20% a todos los activos fijos, cuando se suscriba Contrato de Estabilidad Tributaria, siempre y cuando la producción exceda los 5000 Tm por día; las inversiones en nuevos proyectos sea mayor a 20 millones de dólares o las inversiones en proyectos existentes excedan los 50 millones de dólares.

• No aplicación de trato discriminatorio en materia cambiaria u otras medidas de política económica.

• Libertad de remisión de utilidades, dividendos y recursos financieros.

• Libre disponibilidad de moneda extranjera.

realizaron programas de racionalización de personal, reestructuración productiva, saneamiento financiero y legal programas de manejo ambiental, entre otras.

Al inicio, los resultados de la privatización no tuvieron la magnitud que se esperaba. Según un informe realizado por una misión del Banco Mundial, a comienzos de 1991, ese año era factible vender activos estatales por un valor de 200 millones de dólares. Sin embargo los ingresos apenas bordearon los dos millones de dólares en todo el año, dentro de los que se vendió un pequeño paquete accionario (15%) que tenía el Estado en Minas Buenaventura, productora de plata.

Al año siguiente, se vendieron activos importantes (Cerro Verde, Refinería de cobre de Ilo, Tintaya, Refinería de Zinc de Cajamarquilla) pero quizás el caso más importante de privatización de las empresas públicas mineras del Perú fue el caso de Centromin Perú.

En mayo de 1994, luego de un proceso de redimensionamiento y reestructuración de la empresa iniciado en febrero de 1992, se declaró desierto el concurso internacional convocado para la transferencia de la empresa al sector privado por ausencia de postores. En dicha oportunidad fracasó la modalidad de privatización aprobada para Centromin Perú que consistía en la venta del 100% de acciones de manera integral, comprendiendo las minas, concentradoras, centrales hidroeléctricas, Complejo Metalúrgico de La Oroya, red ferroviaria, etc que lo conformaban, incluyendo las concesiones del Proyecto Antamina, que fueron transferidas a Centromin Perú S.A.

Este fracaso en la privatización de Centromin Perú se produjo a pesar de la reestructuración que se hizo de la empresa. Además de los aspectos de racionalización de personal y reconversión laboral, en materia de saneamiento financiero se procedió a la venta de activos no necesarios para el normal desenvolvimiento de su proceso productivo con el objeto de incrementar sus recursos de caja; se refinanció la deuda impaga con los proveedores de materiales, insumos y repuestos; se refinanció la deuda con los bancos locales por concepto de préstamos de corto plazo; se constituyó en la primera empresa estatal del país en reabrir financiamientos directos con el exterior96; el Estado asumió las obligaciones externas e internas vencidas y por vencer contraídas por la empresa, con excepción de las provenientes de organismos multilaterales de crédito97_{, entre otros.}

A pesar de las medidas de saneamiento implementadas por la empresa, se atribuye a su tamaño y complejidad, así como a las responsabilidades sociales con el entorno y las contingencias derivadas de daños ambientales98 _{ocasionados por CENTROMIN en el pasado -que hubieran tenido}

que asumir los inversionistas en caso de adjudicarse la empresa-, los principales problemas que desmotivaron a los potenciales inversionistas.

La frustrada experiencia de privatización llevó al gobierno a la conclusión que la privatización integral de la empresa no era viable y que la mejor forma de promover la inversión privada era ofertar sus diferentes componentes por separado, fraccionándola en unidades de negocio. Esta estrategia fue aprobada en enero de 1996.

Estas medidas fueron cuestionadas en su momento sosteniéndose que al haberse implementado un proceso de racionalización de la empresa, se encontraba en condiciones de tener una conducción integrada y que la fragmentación de la empresa conllevaría la venta de las unidades rentables, y las restantes tendrían que ser clausuradas al no disponer de altos márgenes de rentabilidad, con el consiguiente crecimiento de desempleo.

96 _{En julio de 1993 se concretó una línea de crédito por 40 millones de dólares con el Swiss Bank de New York y el Banco}

Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), orientada a financiar programas de exportaciones en la modalidad de pre y/o post embarque.

97 _{La asunción de las obligaciones por parte del Tesoro Público (deuda externa) constituyó un aporte de capital del Estado a}

CENTROMIN, lo que significó mejorar su situación patrimonial