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de cobre y el sexto de oro. A pesar de contar además con otros recursos naturales, como gas natural, pesquería y recursos forestales, el Perú continua siendo un país pobre. Más aún, el sector minero se caracteriza por la falta de confianza entre sus principales actores y es propenso a ser escenario de conflictos sociales.

Dicho contexto hace que la industria minera sea tanto fuente de esperanza como su propia víctima. Desde un punto de vista macroeconómico, la minería es extremadamente importante ya que aporta el 57 por ciento del total de las exportaciones peruanas y del 6,6 por ciento del Producto Nacional Bruto, según cifras de 2003.1 Desde 1992, el sector minero ha atraído más de US$10.000 millones en inversiones locales e internacionales. Así mismo, entre 2001 y 2003, la minería aportó el 37 por ciento de la inversión extranjera total realizada en el Perú. A pesar de ser una industria intensiva en capital, la minería genera empleo directo a más de 70.000 personas, e indirectamente a más de 350.000 personas, sobre todo en las áreas rurales más pobres del Perú. Impulsada por el proceso de privatización y otras reformas emprendidas en la década de1990, la minería es un sector que sobresale por su rápido crecimiento. En los últimos 10 años, mientras que el crecimiento del PIB en promedio se situaba alrededor del 4 por ciento anual, el sector minero creció en promedio del 10 por ciento. Se espera un mayor crecimiento con base en una serie de nuevos e importantes proyectos que llevarían la tasa de crecimiento promedio al 6,6 por ciento en el período 2005-2007.

Sin embargo, las expectativas creadas por dicho desarrollo, son interrumpidas por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos de la minería, por el otro. Ambos hechos están exacerbando conflictos sociales hasta el punto en que podrían desalentar a los inversionistas o retrasar el inicio de nuevos proyectos.

Es con dicho telón de fondo que este informe analiza los principales problemas ambientales y sociales asociados al sector minero; sin abordar temas como la exploración geológica, las preocupaciones de los inversionistas o temas filosóficos de más amplio alcance como el de la justicia social. De esta manera, se ha optado por examinar los aspectos técnicos de los impactos ambientales y el uso racional de los ingresos provenientes de la minería. Al hacerlo, se examina la política actual y los marcos institucionales en la medida en que contribuyen a las limitaciones existentes.

2.3.- ¿ESTÁ AYUDANDO LA LEY PERUANA DE MINERÍA A LOS POBRES?

El Perú es un país minero y la minería ha sido históricamente el pilar de la economía peruana y sigue siendo una prioridad en la actualidad. Las exportaciones mineras componen más de la mitad de todas las exportaciones del país, y el sector minero ocupa el seis por ciento del producto interno bruto (PIB). El 15 por ciento de la inversión extranjera directa está en la minería.

En la década de 1990, el Perú se encontraba en medio de una crisis de deuda, con adeudos de casi US $34 mil millones en su punto más alto en 1996. (En 2003, el pago de la deuda externa todavía consumía una cuarta parte del presupuesto nacional). El país necesitaba desesperadamente atraer divisas para cumplir con sus pagos. Con ayuda del Banco Mundial, el gobierno de Alberto Fujimori empezó a implementar una serie de reformas cuyo objetivo primordial era liberalizar la economía peruana y atraer la inversión extranjera a través de la creación de condiciones estables y lucrativas6 para la inversión. Según un documento escrito para el Servicio Geológico de Estados Unidos:

La promoción de la inversión privada nacional y extranjera en el Perú a través de la privatización de compañías estatales y la formación de empresas mixtas se inició a un ritmo enérgico en 1991 y ha continuado, aunque a un ritmo menor. Los inversionistas extranjeros consideraban al Perú como una economía de mercado abierto atractiva en América Latina porque el Estado garantizaba la propiedad, las inversiones, la libre remisión de ganancias y la repatriación de capitales, y porque les proporcionaba igual tratamiento que a los inversionistas nacionales; el gobierno peruano también rebajó subsidios y aranceles, liberó las tasas de divisas extranjeras y de interés, liberalizó las reglas de inversión internacional, simplificó el código tributario, estableció concesiones para la construcción y operación de infraestructura pública (telecomunicaciones, caminos, puertos y aeropuertos) y se embarcó en un programa de austeridad fiscal e inversión en desarrollo social y agricultura.

La minería recibió un gran impulso como uno de los varios sectores productivos en los cuales el Perú supuestamente gozaba de una ventaja comparativa. El gobierno declaró explícitamente su intención de incrementar la inversión privada en minería y de explorar el territorio nacional más ampliamente.

Lamentablemente, aunque algunas de estas reformas ayudaron a crear transparencia y estabilidad, y otras buscaron proteger el medio ambiente, su efecto general fue de

alterar el equilibrio legal, que pasó de proteger a comunidades vulnerables y promover el desarrollo sostenible, a favorecer los intereses del sector privado.

En 1992 se revisó la Ley General de Minería, estableciéndose firmemente un nuevo papel para la minería en la economía peruana. Dispositivos legales que estaban anteriormente dispersos entre diversas regulaciones que regían áreas como impuestos, empleo y medio ambiente, fueron centralizados para crear transparencia y eficiencia administrativa en relación con las obligaciones empresariales. Virtualmente todas las funciones reguladoras que habían sido detentadas por otros ministerios se convirtieron en responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que pasó a concentrar el control regulador. Las autoridades ambientales, por ejemplo, ejercen ahora escasa influencia sobre el sector minero. El Perú no tiene un Ministerio o Departamento del Medio Ambiente.

2.4.-COSTOS Y BENEFICIOS DE LA MINERÍA EN EL PERÚ

Dados los extraordinarios esfuerzos realizados por el gobierno peruano para atraer la inversión extranjera a la minería, uno esperaría que los beneficios de tal inversión para el desarrollo resultasen evidentes. El gobierno, juntamente con las instituciones

financieras internacionales y las compañías mineras ―socialmente responsables‖, ciertamente promueven la inversión minera sobre la base de que ésta supone el crecimiento económico y reduce la pobreza. Según quienes proponen esta visión, los beneficios de la inversión minera incluyen una mayor generación de ingresos por impuestos para el gobierno y mejores servicios, más empleo y una economía local floreciente (a través de una mayor demanda por bienes y servicios) para las comunidades locales.

Ello no obstante, un número cada vez mayor de análisis realizados revela una división entre aquellos que se benefician del desarrollo minero – abrumadoramente compañías del sector privado, y a veces el Tesoro nacional – y aquellos que sufren las consecuencias: mayoritariamente comunidades campesinas. Este informe no se propone realizar un análisis macroeconómico detallado del impacto de la minería sobre la economía en el Perú. Esta sección se ocupa brevemente del impacto macroeconómico de la minería, y concluye que su contribución al crecimiento en favor de los pobres no ha podido confirmarse. En este contexto, el impacto de esta industria sobre las comunidades locales, que se analiza a continuación, resulta de la mayor importancia. La sección concluye que en su forma actual la minería a gran escala no está reduciendo la pobreza a nivel local, y puede estar afianzándola.