Los principios generales del Derecho Fiscal Mexicano no pueden ser aplicados a unos casos sí y a otros no. Los sistemas y organismos del AGUA no pueden estar por encima de la autoridad municipal en materia recaudatoria. Los aumentos deben ser apegados a derecho, con plena justificación técnica y financiera, y, además votados en el ayuntamiento para su aprobación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Que las Comisiones Unidas de Finanzas y Asuntos Municipales realicen el estudio y análisis respectivo de esta situación.
Segundo.- Que se envíe un atento y respetuoso exhorto a los 38 ayuntamientos de la entidad, así como a los diversos organismos del Agua: SIMAS, AGSAL y el CEAS para que en lo sucesivo, observen todas y cada una de las leyes que rigen los aumentos de tarifas del agua, y que estos los realicen conforme al procedimiento indicado.
Tercero.- De haberse realizado algún aumento de tarifa antes de que concluya el estudio y dictamen de las comisiones señaladas, y de no ser apegado a derecho el mismo incremento, que se exhorte a las autoridades correspondientes a dar marcha atrás.
Fundo esta petición en el hecho de que como diputados locales juramos guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, las leyes que de ella emanen, y la Constitución Política de Coahuila. Además de lo previsto en los artículos 49, Fracciones I y IV , 104 y 116, 248 y 249 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila.
A t e n t a m e n t e
Grupo Parlamentario “Vicente Fox Quesada” del Partido Acción Nacional. Saltillo, Coahuila, a los catorce días del mes de Agosto de 2006.
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván Es cuanto, Diputado Presidente.
Diputado Presidente Raúl Xavier González Valdés:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley Orgánica del Congreso, se dispone que la proposición con Punto de Acuerdo que se dio a conocer sea turnada a las Comisiones Unidas de Finanzas y de Asuntos Municipales para los efectos procedentes.
A continuación, solicito al Diputado Lorenzo Dávila Hernández, del Grupo Parlamentario “General Felipe Angeles” del Partido de la Revolución Democrática, que dé lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, sobre “Respaldo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el robo de información relativa a diversos casos y a la queja de la periodista Lydia Cacho Ribeiro”.
Diputado Lorenzo Dávila Hernández: Con su permiso, Diputado Presidente.
Compañera Diputada, compañeros Diputados de esta Diputación Permanente:
Los Diputados LORENZO DÁVILA HERNÁNDEZ y GENARO EDUARDO FUANTOS SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario "General Felipe Ángeles", del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 49 fracción IV, 198, 248 y 251, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, presentamos a la consideración del Pleno de la Diputación Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la que se propone emitir una declaratoria pública respaldando la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se investigue y, consecuentemente, se sancione a los responsables del robo de información confidencial relativa a varios casos en los que actúa dicha Comisión, entre ellos, la queja presentada por la periodista Lidia Cacho Ribeiro en contra de diversas autoridades del Estado de Puebla, incluido el Gobernador de esa entidad federativa.
Fundamos y motivamos nuestra proposición en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día tres de agosto del presente año, cuatro sujetos sustrajeron una computadora portátil del cuarto piso del edificio donde se encuentra la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día once, del mismo mes y año, a través de un comunicado de prensa, la Comisión dio cuenta de que en los archivos robados se encontraba "información y testimonios de personas en relación con la denuncia de la
periodista Lydia Cacho, y también acerca de la Recomendación 13/2006, rechazada en julio por la PGR, relativa a un caso de tortura."
En conferencia de prensa, el Doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión, señaló que estos hechos constituyen "una forma inadmisible de agresión nunca antes vista en esta institución con motivo
de dos indagatorias en curso que han tenido impacto importante en la opinión pública.”
La gravedad de los hechos se acentúa en virtud de que la información robada contenía diversos testimonios de presas y custodias del penal en que se detuvo a la periodista, por algunas horas, en diciembre del año pasado. Los testimonios confidenciales aportados por estos testigos, permitían corroborar que efectivamente existió la consigna de atentar sexualmente contra la periodista.
Hasta la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido la única instancia que ha tenido acceso al penal poblano para obtener las declaraciones e información que han sido sustraídas. Debe recalcarse que toda esa información se recabó ofreciendo la garantía de confidencialidad, a efecto de que las declarantes no fueran objeto de represalias por parte de las autoridades.
Más relevante aún es el hecho de que esas declaraciones no han sido recabadas, por razones desconocidas, por la Procuraduría General de la República, a pesar de que esa autoridad conoce del caso.
De lo anterior se desprende que los autores del robo tienen en su poder los nombres de las testigos y las declaraciones que incriminan a las autoridades poblanas, con lo cual se puede desvirtuar la investigación y provocar la impunidad de las conductas ilícitas cometidas por el Gobernador del Estado de Puebla y que indignaron a la sociedad mexicana.
Por otro lado, causa extrañeza que hace menos de dos semanas, el Ciudadano Presidente Fox, en su última gira por el Estado de Puebla, accediera a "tomarse la foto" con el “Gober precioso", conducta que, en el actual contexto de la controversia sobre el resultado de las elecciones Presidenciales, solo puede explicarse como la renuncia a los valores éticos y morales para alcanzar respaldos políticos, lo que pervierte groseramente la obligación de hacer respetar el estado de derecho y la imparcialidad de instituciones como la Procuraduría General de la República.
En todo caso, para evitar suspicacias y con el propósito firme de evitar una regresión a la etapa más cínica de la impunidad concedida por razones políticas, es necesario respaldar la justa exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados y se impida que, mediante este acto delictivo, los protectores de pederastas continúen sin recibir la sanción que merecen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos se califique la presente proposición como de urgente y obvia resolución, para aprobarse en los siguientes términos:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila, manifiesta su respaldo absoluto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su exigencia de que se investigue y esclarezca el atentado sufrido por esa instancia, consistente en el robo de información confidencial relacionado a diversos casos, entre ellos, la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Saltillo, Coahuila, a 14 de agosto de 2006.