La Revolución Francesa permanecerá por siempre en la mente de los hombres como un enigma insondable mientras que éstos no sean capaces de comprender de una vez por todas, que sus actores, que sus presuntos protagonistas y conductores, en realidad no
estaban en condiciones dé aplicar ni de prescindir del dogma de la soberanía popular.
¿Cuáles fueron históricamente las razones que hicieron posible tan dramático dilema, tan tremenda contradicción? ¿Cómo explicar las auténticas claves de aquella inmensa tragedia?
Hemos visto que ningún principio de legitimidad, por justo y racional que pueda parecer, consiguió nunca imponerse inmediata e irresistiblemente en un breve lapso de tiempo. En 1789 la mayoría de los franceses no habían oído hablar jamás de conceptos como «voluntad general» o «soberanía de la nación». El pueblo, en su inmensa mayoría, se encontraba demasiado vinculado a la monarquía, a la Iglesia, y a las viejas tradiciones, como para saber cuál era el verdadero significado de aquella idea que proclamaba su propia soberanía y mucho más para soñar en ejercitarla. Y algo similar sucedió una vez aprobada la Declaración de Derechas. Las primeras aplicaciones prácticas del principio, lejos de ahuyentarla, aumentaron aún más la repugnancia de la sociedad francesa hacia la ideología democrática, como lo demuestra el hecho de que en el instante mismo en que la revolución decidiera entregar al pueblo los instrumentos de la recién estrenada forma de soberanía, el pueblo optó automáticamente por servirse de ellos para destruir las instituciones de la revolución.
Fueron los efectos de esta insalvable contradicción, más que los errores o vicios denunciados por sus detractores, las causas que en última instancia dieron definitivamente al traste con el Directorio. Después de la caída de Robespierre y del fin del terror, la revolución intentó, por vez primera, vencer sus miedos reemprendiendo el grandioso camino señalado por el programa de 1789. En un primer momento el Directorio se esforzó en aplicar lealmente las ideas de legitimidad democrática, respetando los derechos y libertades que de ella derivaban, incluido por supuesto el derecho de oposición. Ello no fue obstáculo, sin embargo, para
que sus dirigentes no tardaran en descubrir que el derecho de oposición y las libertades democráticas favorecían sobre todo a los realistas, que no en vano contaban con las simpatías de la mayoría del país. Si se hubiera aceptado con todas sus consecuencias el juego real de los mecanismos de la mayoría y de la minoría, el principio aristo-monárquico habría ganado con claridad la partida, sus secuaces habrían finalmente conseguido acceder al poder y la República habría sido finalmente destruida.
¿Qué hacer entonces si tan imposible resultaba negar cómo aplicar el principio de soberanía popular?
Contrariamente a lo dicho por los apologistas de Napoleón, Emanuel de Sieyés no fue un completo imbécil. Hombre orgulloso e inclinado hacia la especulación, siempre pronto a exaltarse en defensa de sus ideas, un poco porque nunca dejaban de ser ingeniosas y otro poco porque eran las suyas propias, valiente, agresivo, ávido de dinero, y de la gloria que pudiera proporcionarle el hecho de participar como protagonista en un acontecimiento histórico, más osado en los momentos excepcionales que activo en la normalidad, suficientemente intuitivo como para ver lejos en la historia y como para predecir acertadamente el devenir futuro, capaz de actuar arriesgadamente cuando se sentía estimulado por la pasión, pero totalmente incapaz de detenerse a mirar a derecha e izquierda de la línea escogida y seguida como justa...; espíritu, en suma, a su modo, profundo para ciertas cuestiones y superficial y falaz para todo lo demás, había conseguido que el Genio de la Revolución, el principio de legitimidad democrático, se poseyera por completo de él.
Creía sinceramente, de manera pasional, con toda la fuerza que le trasmitían su valor y su orgullo, en la doctrina de la volonté genérale y de la «soberanía de la nación», y en el momento decisivo había sabido obrar en consecuencia, fue él quien en 1789 desencadenó la revolución, lanzando al Tercer Estado al asalto del bastión del
Ancien Régime, justamente por el sector frontal, precisamente contra
la que parecía ser posición clave de toda su línea defensiva, y todo indicaba que su éxito había sido notorio: la soberanía real se había visto sustituida por la soberanía de la Nación, mientras que la Asamblea Nacional había pasado a representar el papel que hasta entonces correspondiera al Consejo del Rey. ¡Tremenda revolución aquella!
En definitiva, nuestro héroe había sido el indiscutible protagonista de los prometedores prolegómenos de la revolución, su hombre de punta, pero sólo por un instante. Ni él mismo podía imaginar que, tan sólo tres semanas después de su victoria parcial en un punto concreto del frente, las líneas enemigas cederían sus posiciones, que la legalidad aristo-monárquica se desmoronaría por completo en cuestión de días, que la soberanía nacional, que por obra y gracia de su magisterio había sustituido a la soberanía absoluta del monarca, no tardaría en verse arrastrada a la ruina por la enorme onda de resonancia provocada por la grande peur. ¿Cuál fue, en aquel momento de terror, el expediente que sirviera al autor de!
Tiers Etat para salvar la vida? El de tantos otros, huir, darse a la
fuga, desaparecer... hasta la fecha en que el Directorio se hizo con el poder. Entonces fue cuando reapareció para ayudar a los nuevos gobernantes a reorganizar seria y lealmente la soberanía de la nación. Nada más natural que, una vez cerrado el período de terror, el carismático líder del 89 decidiera reemprender su obra interrumpida brutalmente por la guillotina. Y he aquí —su segunda y más terrible desilusión— que la nación elevada por las leyes en 1789 a la sagrada condición de exclusivo titular del supremo poder consentido que teorizara Bodino, quisiera diez años después abdicar de sus derechos en favor de los antiguos poderes tradicionales.
Fue así como el incontestable dirigente burgués, el impulsor de la revolución de 1789, reapareció en 1799, para organizar una
segunda revolución que, muy a su pesar, terminaría por ser la antítesis y la negación de la primera, una segunda revolución cuyos hitos fundamentales se situarán ésta vez en el 18 de Brumario y en la Constitución del año VIII. He dicho ya que el texto del año VIII «era una ingeniosa construcción de ingeniería jurídica que no descansaba sobre nada, ni sobre una tradición, ni sobre un principio reconocido y aceptado, al menos, por un sector de los franceses, ni sobre experiencias anteriores, ni sobre ejemplos extranjeros... del principio al fin resultaba ser una improvisación aventurada y una novedad completa». Salida de la nada, gracias tan sólo a la inteligencia que la había creado, debiéramos preguntarnos si, como ha sostenido tantos y tantos historiadores, era obra de un ideólogo habituado a construir quimeras en el aire. Rotundamente no, el hombre que el 28 de junio de 1789 abriera la brecha decisiva en el baluarte del Ancien Régime era un sujeto demasiado acostumbrado a construir y demoler viejas y nuevas murallas, como para ser tildado de constructor de pompas de jabón. Si, finalmente, había optado por diseñar una Constitución completamente nueva, sin antecedentes en la historia, sin base en el pasado, sin referencias en el derecho comparado, sirviéndose únicamente de su ingenio, era porque creía estar en condiciones de resolver un problema que, por primera vez en la historia, la humanidad se planteaba en aquel preciso instante. Un problema que Sieyés quería solventar a cualquier precio porque su vida, su obra y, en resumidas cuentas, toda la revolución pendían por completo de su resolución. Y, verdaderamente, no podía ser calificado más que como un auténtico esfuerzo de titán; se trataba, nada más y nada menos, que de apelar a la soberanía de la nación para justificar un régimen político que, acertada o equivocadamente, era rechazado por la inmensa mayoría del pueblo francés. Sieyés creía haber encontrado, después de largas y solitarias reflexiones, una fórmula mágica que liberaría a la revolución de sus contradicciones. La fórmula se resumía en una
sola Frase: «la confianza proviene de abajo, la autoridad procede de arriba»; y, como expusimos anteriormente, su concretización correspondía a una instancia superior al pueblo y completamente independiente de él, fuertemente controlada por una oligarquía revolucionaria, y cuya misión consistía en designar a los representantes de la voluntad popular entre seis mil personas propuestas por el pueblo, según un sistema de votación de tercer grado.
Obviamente se apreciaba con facilidad en toda aquella construcción la huella de un espíritu poderoso, la impronta de un sujeto deseoso de continuar la obra de 1789, de defender la revolución y de salvar la soberanía de la nación haciéndola compatible con el nuevo estado de cosas. Pero el hombre que había concebido aquel texto constitucional sin parangón en la historia, no tenía ni el deseo ni muy posiblemente las capacidad des personales necesarias como para poder garantizar su aplicación efectiva. En aquel instante todos los grandes políticos de la época coincidían en un punto: era urgente encontrar a toda prisa entre los viejos revolucionarios un hombre menos especulativo, más habituado a la acción cotidiana y también más capaz de soportar las tremendas angustias y el no menos inaguantable tedio del poder. Lo que por supuesto nadie imaginó fue que cuando el sujeto providencial, el hombre de acción se vio encumbrado a la más alta magistratura de la nación, centró toda su capacidad, toda su fuerza y todo su coraje en falsear completamente la recién ideada Constitución.
Quizás mereciera la pena detenerse en especular acerca de si otro hombre menos pragmático y también menos ambicioso, hubiera podido aplicar la fórmula de Sieyés respetando más fielmente las intenciones de su autor, pero ya que el destino decidió nominar a Napoleón Bonaparte, no nos queda más remedio que, centrarnos en el estudio de lo que la historia hizo con él. Sieyés, como ya se
dijo, fue un hombre valiente, lo había demostrado con creces en 1789 y lo demostraría nuevamente afrontando por su cuenta y riesgo el problema fundamental que en aquel entonces lastraba a la revolución, pero con todo y con ello, el destino de aquel valeroso sujeto parecía ser el de topar constante y repetidamente con el miedo de los demás: en 1789, con la grande peur que había demolido toda su obra; y, en 1799, con el terror de Bonaparte que terminaría desnaturalizando la Constitución del año VIII..
En otro lugar hemos explicado cómo Napoleón Bonaparte, el sujeto llamado a aplicar el texto constitucional del año VIII, se asustó de una Constitución sin precedentes que le atribuía un poder inmenso pero privado de cualquier punto de apoyo. Bastaron tan sólo cuatro años para que aquel hombre, poseído del miedo sagrado que acompaña siempre a los gobernantes que se saben ilegítimos, consiguiera desviar el sistema político concebido por Sieyés hacia una forma de gobierno que pretendía acudir al mismo tiempo a los dos principios de legitimidad en conflicto. Después de autoproclamarse cabeza de una dinastía hereditaria, de hacerse consagrar por el Papa, de obligar a las cabezas coronadas de Europa a reconocerlo como hermano, de emparentar por matrimonio con los orgullosísimos Habsburgo..., buscó legitimarse democráticamente como emperador a través de un sufragio universal que por 3.572.329 «síes» contra 2.569 «noes» respondió afirmativamente a la pregunta formulada por el gobierno en los siguientes términos:
¿Desea el pueblo francés que la dignidad hereditaria imperial recaiga en la descendencia regular, directa y legítima, o en su caso adoptiva, de Napoleón Bonaparte, y en su defecto, en la descendencia regular, directa y legítima de José y Luis Bonaparte, tal y como establece el Senatus consulto orgánico del 28 de Floreal del año XII?
Pero esto no era todo. A aquella sarta de falsificaciones había que añadir además que el Imperio reconocía, siguiendo en este sentido
la tradición inaugurada por el Consulado, la condición de poderes del Estado a ciertas asambleas que tenían por teórica y aparente misión, representar la voluntad de la nación y que, en última instancia, respondían al deseo de reforzar la autoridad imperial inyectándole un aporte de legitimidad democrática.
Si de los integrantes de la generación revolucionaria de 1789 puede decirse que fueron unos ingenuos inconscientes que, sin llegar a comprender nunca a los Genios invisibles de la ciudad, y menos aún a conocer su existencia, osaron provocar su enfrentamiento en una lucha a muerte de consecuencias por todos conocidas, en la persona de Bonaparte hay que ver algo más, o mejor dicho mucho más, un hombre de irresponsabilidad colosal cuya inconsciencia superó con creces la de todos sus contemporáneos juntos.
Napoleón estaba tan convencido de que bastaba con unas cuantas ceremonias, espectáculos, matrimonios y mistificaciones para uncir definitivamente al carro de su fortuna los dos principios de legitimidad; estaba tan absolutamente seguro de poder embridarlos a su cortejo triunfal con la misma facilidad que se enjaezan dos mansas bestias, que no pensó ni por un instante en la posibilidad de que su experimento bien pudiera no funcionar, y ello explica que olvidara con prontitud que ni el Papa, ni María Luisa, ni el reconocimiento por parte de las dinastías legítimas, estaban en condiciones de reemplazar al ancestral hecho posesorio —para utilizar una expresión cara a Talleyrand— a la consagración que confiere el paso de los siglos, a la legitimación por el tiempo; en resumen, a esa pátina de credibilidad que otorga el discurrir de los años y que tan definitoria resultaba para la idea de legitimidad característica del Ancien Régime. Por mucho que se hiciera llamar Napoleón, por mucho que ciñera la diadema imperial, no dejaría nunca de ser el hijo de un abogaducho de Ajaccio, un advenedizo, un emperador de mentiras, en fin, una imitación revoluciona de la soberanía monárquica. Y lo mismo cabría decir, poco más o
menos, desde la perspectiva de la legitimidad democrática de los plebiscitos que sucesivamente lo habían elevado a la condición de primer cónsul, cónsul vitalicio y Emperador de los franceses, más que espontáneas declaraciones de la libre y consciente voluntad de los franceses, eran meras formalidades controladas desde el poder, gracias siempre al fácil recurso de la fuerza, en las que desde el principio estaba excluida cualquier posible alternativa de respuesta. Y otro tanto puede imputarse a los restantes fantasmagóricos representantes de la voluntad social. Las asambleas que deberían aportar al régimen el inmenso caudal del consentimiento popular no eran en realidad más que auténticas marionetas hábilmente manejadas por el propio emperador, integradas por individuos sin prestigio, cooptados desde el poder, que no tenían ningún contacto con la nación, ni mucho menos capacidad de oposición y resistencia, ya que su única función consistía en balbucear un «sí» o un «no» según los indiscutibles deseos de su amo y señor.
La pretendida conciliación de los dos principios de legitimidad ter- minó así, convirtiéndose en una tremenda monstruosidad, en un gobierno imposible surgido de una Constitución futurista, concebida fuera de tiempo y de espacio, en un gobierno que no era ni república ni monarquía, ni aristocracia ni democracia, en un gobierno que nadie sabía a ciencia cierta quién lo había creado y qué aspiraba verdaderamente a representar, tales fueron las formas de aquel monstruo que aterrorizó primero a Francia y después a Europa entera, por la única razón de que antes se tenía miedo a sí mismo.
Aquí reside el secreto último de la historia de Napoleón. Una vez elegido Primer Cónsul decidió suspender, como ya se vio en su momento, todas las libertades que Sieyés prentendía salvaguardar, porque la más mínima oposición le aterrorizaba. Imperdonable vicio de aquella forma de poder que termina siendo la primera en asustarse de su propia e injustificada enormidad.
Las mismas señas de identidad se aprecian en toda su política exterior. Las desmesuradas ambiciones de Napoleón y sus grandiosos proyectos de futuro no existen más que en la imaginación de los historiadores. Después de haber tenido la suerte de firmar los tratados de Luneville y de Amiens, que convertían a Francia en la primera potencia del mundo49, ¿por qué
tratar de apoderarse de Suiza, de la república italiana, del Piamonte? La flagrante violación de ambos tratados terminará provocando en 1803 la ruptura con Inglaterra y, a la postre, la gran guerra de once años que supondría para Francia la pérdida de todas las conquistas ganadas con la revolución. Por una razón en extremo sencilla, el Emperador quería disponer a toda costa del control de las vías de comunicación que desde el sur de Europa, y a través de Italia, Piamonte y Suiza, conducían a la Francia mediterránea, porque tenía miedo de Austria, porque temía a los Habsburgo, porque sentía una vez más ese terrible miedo que como una mujer celosa acompaña siempre a los dictadores ilegítimos do quiera que éstos vayan.
La colaboración de los numerosísimos elementos afines al viejo orden, hacía que la posición del imperio danubiano en la península italiana fuera mucho más sólida que la francesa, lo que suponía un tremendo peligro para el edificio alzado en aquel país por la revolución, en el caso de que Francia no pudiera acudir suficientemente presta con los imprescindibles socorros militares. Pero una vez que Austerlizt y la paz de Presburgo expulsaron definitivamente de Italia a los austríacos, convirtiendo la península
49 La paz de Luneville fue un acuerdo con Austria que venía a confirmar en
1801 las condiciones de Campoformio, después del fracaso de la ofensiva de los Habsburgo por reconquistar Italia. Por su parte Amiens (1802) representa el gran éxito exterior de Bonaparte, gracias al cual Francia vivió los únicos momentos de paz de todo aquel período. (N. del T.).
en un protectorado francés, ¿por qué proseguir la guerra?50. Porque
el miedo al latente deseo de revancha austríaco seguía tan vivo como antes en el corazón de Bonaparte, sólo que desplazado de lugar, situado en otro escenario que ahora se llamaba Alemania. Al único propósito de debilitar a los temidos Habsburgo, el Emperador destruyó el milenario Sacro Imperio Romano- Germánico fundado por Carlomagno, creando en su lugar una autotitulada Confederación del Rhin, y dio comienzo a la tarea de unificar y armar militarmente a los príncipes alemanes con la evidente finalidad de servirse de ellos a modo de colaboradores forzosos en su eterna contienda contra Austria y Prusia. Luego vendrían la guerra contra Prusia, Jena, la humillación y derrota completa de los Hohenzollern, y el momento culminante de toda la aventura napoleónica: la alianza con el zar.
Sometidas Alemania e Italia, transformada Rusia en fiel amiga, Bonaparte se convirtió después de la paz de Tilsit, en el indiscutible amo del continente europeo, tan sólo Inglaterra se le resistía, pero ¿qué podía en su contra el viejo león británico, solo y sin aliados? Y sin embargo, y a pesar de todo, su temor no le permitiría descansar, tembloroso ante el peligro alemán no dudó en desarmar a Prusia, en conspirar para desmovilizar a Austria... y en lanzarse furibundamente contra España. España, un país en decadencia, cubierto de plagas, infundía pavor en Bonaparte,