La Política de Educación Ambiental de Colombia, como instrumento y sus bases conceptuales y estratégicas, es un medio fundamental para sentar las bases sobre las cuales, se generen procesos de educación ambiental a partir una visión sistémica y adaptada a las problemáticas sociales y culturales de cada región, pero se han presentado tropiezos en el avance de los procesos ambientales y educativos, debido a la instauración de un Estado sobre la base de la defensa, los indicadores económicos y la protección militar, que alejan la política ambiental que se había venido construyendo con la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, cuando el Ministerio del Medio Ambiente pasó a ser Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o cual ocasionó un debilitamiento de la política ambiental, puesto que el papel otorgado a lo ambiental en las políticas de desarrollo se ha caracterizado por sacrificar la protección del ambiente ante los objetivos del crecimiento económico (Badillo, 2012).
Asimismo, la política neoliberal y mercantilista ha ocasionado que la educación se convierta en un servicio al orden de la productividad y de la competitividad, en el que el saber social pasa a un segundo plano y el interés se dirige hacia la capacitación y la formación instrumental (mercado laboral), al dejar de lado el interés por el saber científico y la calidad de la educación, pues del Ministerio de Educación presenta resultados técnicos con estadísticas que reflejan lo positivo en cuanto a indicadores de cobertura. En este panorama, el sistema educativo incluye a la educación ambiental como parte de la Política “Educación Pertinente y de Calidad”, la cual se define como una educación que trasciende lo memorístico y lo
enciclopédico, y se adapta a las realidades del país mediante estrategias pedagógicas acordes con la formación de competencias, lo que hace que la Política Nacional de Educación Ambiental solo encuentre en el sistema educativo actual, una política que limita sus dimensiones y la
relega a actividades para evidenciar el cumplimiento de un requisito, lo cual contradice totalmente la filosofía, los principios y la visión sobre la cual se construyó la Política (Badillo, 2012).
Para el caso del departamento del Huila, de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario 1860, la Asamblea del departamento promulgó la Ordenanza 54 de 2011, a través de la cual se adoptó la Política Pública de Educación Ambiental del
departamento de Huila, entendida como el conjunto de normas, estrategias, planes, proyectos, programas y acciones encaminadas a dinamizar los procesos educativos ambientales en el departamento, para promover la educación ambiental como instrumento formativo para el manejo adecuado del ambiente.
Dicha ordenanza establece que en las estrategias de desarrollo de los PEI de los establecimientos educativos, se debe reflejar el compromiso con los procesos de educación ambiental, acordes con los lineamientos de la política y la legislación vigente, sin embargo, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación, no se encontraron evidencias de las acciones de coordinación entre las Secretarías de Educación y la CAM para la difusión masiva y
apropiación de los principios y estrategias propuestos en la Política Pública de Educación Ambiental, entre las instituciones educativas del departamento, las autoridades municipales y demás sectores sociales; lo cual ha dificultado su aplicación.
Es importante aclarar que para la elaboración de esta ordenanza se tomó como referencia la Ley 115 de 1994, la cual tiene un concepto reduccionista de la educación ambiental, limitándola a la protección y conservación del medio ambiente, y no se tuvo en cuenta lo establecido en la Política Nacional de Educación Ambiental de 2002, que fue
diseñada bajo principios del Pensamiento Ambiental Latinoamericano, y en la cual se concibe que:
La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente (p. 18).
La Ordenanza también plantea que el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) será el órgano departamental encargado de definir, apoyar y evaluar las estrategias de educación ambiental para cada una de las líneas de acción, como: revisión y consolidación de los diagnósticos de la problemática ambiental por zonas, y la formación y actualización de
docentes y gestores comunitarios; pero aunque existe evidencia de la creación del CIDEA Huila en el año 2018, sin embargo, entre los integrantes de este comité (Anexo 1) no se tienen expertos en educación ambiental que los oriente, y sólo se reunieron en algunas pocas
ocasiones, lo cual dificulta que cumpla con sus funciones, principalmente las de diseñar el Plan de Educación Ambiental Departamental que debe ser incorporado al Plan de Desarrollo del departamento, así como la de orientar, y acompañar la educación ambiental, acorde a
programas, investigaciones y experiencias pedagógicas, tanto de la ciudad de Neiva como del resto del departamento.
En cuanto al municipio de Neiva, el Consejo Municipal promulgó el Acuerdo 022 de 2018, se creó el Sistema Educativo Municipal "Neiva territorio de vida, convivencia y paz" como política pública que tiene como referente la Visión de Ciudad Sostenible, con líneas de
intervención como la promoción de la investigación para la resolución de problemas, locales, urbanos y rurales, y la promoción de acciones para evitar el calentamiento global y cambio climático. Además, concibe la ciudad como escenario que educa con todos sus actores y espacios, y crea el Proyecto Educativo Comunitario que se debe formular teniendo como referentes la pedagogía critica, la educación popular, el pensamiento complejo, las
epistemologías del sur, las inteligencias múltiples, el multiculturalismo y las prácticas del buen vivir y los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, este Acuerdo no ha sido socializado, ni difundido entre las instituciones educativas del municipio, para su apropiación y aplicación.
Entre tanto, la carencia de un Plan de Educación Ambiental para la ciudad de Neiva, así como la prevalencia del imaginario reduccionista del ambiente y de la educación ambiental, han conducido al desarrollo de una educación ambiental que se limita a capacitaciones y acciones de gestión ambiental, estrategias que no favorecen el desarrollo de un pensamiento crítico, ni hacen un análisis interdisciplinario de la problemática ambiental, lo cual evidencia que no se promueve la articulación de la escuela con el territorio.
Además, en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad de Neiva consideran que con el desarrollo del PRAE, están cumpliendo con los requerimientos de la educación ambiental, aún sin conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos establecido en la Política Nacional de Educación Ambiental, y en consecuencia, los PRAE principalmente se limitan a acciones dentro de la institución educativa, es decir, actividades sin contexto y
aisladas, que no generan los impactos requeridos, en cuanto a la formación para la apropiación de la realidad del contexto, pues “la educación ambiental no debe verse como un conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad” (Novo, 1996, p. 20).
En este sentido, en la ciudad de Neiva y en la región existen ecosistemas estratégicos (Olaya y Sánchez, 2003) que por sus potencialidades ambientales y culturales pueden ser utilizados como herramienta para la educación ambiental, los cuales actualmente debido a las dificultades de responsabilidad civil y de falta de presupuesto, poco son aprovechados para estos procesos pedagógicos. Sin embargo,
Entre tanto, los últimos años se han presentado movimientos sociales en defensa del territorio, del agua y en contra del cambio climático, que evidencian la preocupación y el interés de algunos los ciudadanos por protección de la vida.
Por otra parte, la Secretaria de Educación de la Alcaldía de Neiva, en 2017 realizó la “Expedición Educativa: una minga entre la familia, la escuela, la comunidad y el Estado”, en la cual visitaron las 37 instituciones educativas públicas del municipio de Neiva, como resultado de la Expedición educativa, en 2018 en convenio con la universidad Surcolombiana, con docentes de las 37 instituciones educativas, se desarrolló el Diplomado en Currículos Alternativos, en el cual se buscó crear espacios de intercambio entre los maestros para articular el proyecto educativo de las instituciones con las características de los estudiantes y las condiciones del entorno, y construir proyectos pedagógicos pertinentes. Además, fueron becados 200 de los maestros vinculados a la Secretaría de Educación del municipio de Neiva, para realizar estudios de maestría, con el compromiso de realizar investigaciones relacionadas con las problemáticas de los contextos de las instituciones educativas. Sin embargo, la falta de un Proyecto Ambiental Universitario PRAU en las universidades locales, conduce a un vacío en los programas de formación, puesto que no incluyen la formación en educación ambiental en los futuros
profesionales, lo que conlleva a la ausencia de fundamentos conceptuales y pedagógicos para la implementación de la educación ambiental en las instituciones educativas, para responder a las necesidades del contexto, relacionadas con la formación integral y ciudadana, pues se dedica principalmente a lo relacionado con el conocimiento disciplinar de las diferentes áreas.