Lessons learned 56 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5

fuentes: secretaría de Estado de Hacienda, Banco central y estimaciones del Banco mundial.

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Muchos dominicanos —especial-

mente los hogares pobres— todavía no tienen un acceso fácil a los servicios sociales públicos, y la calidad de la educa- ción y la salud es muy inferior a la de otros países similares de la región. Los niveles

de matriculación en la escuela primaria y secundaria son más bajos que el promedio de la región de América Latina y el Caribe (cuadro 4). El sector de educación se carac- teriza por las altas tasas de repetición y las bajas tasas de retención y terminación. En consecuencia, el país está a la zaga en lo que respecta al promedio de años de educación,

pese al elevado número de años de asisten- cia a la escuela. Si se quiere mejorar la ca- lidad de la educación primaria y el acceso a la educación secundaria y su calidad, será preciso invertir más dinero y no sólo incre- mentar la eficiencia del gasto existente. Sin embargo, el país registra mejores resultados que el promedio de los países de ingreso medio y bajo en lo que respecta a las tasas de mortalidad infantil y el abastecimiento de agua y saneamiento. Los acontecimien- tos recientes en el sector de salud brindan buenas oportunidades para incrementar la inversión pública —especialmente en los

República América latina ingreso

Dominicana y el caribe medio-bajo

Matriculación en la escuela primaria (% bruto) 98 118 111 Matriculación en la escuela primaria (% neto) 77 94 90 Matriculación en la escuela secundaria (% bruto) 69 89 65 Matriculación en la escuela secundaria (% neto) 52 70 .. Tasa de mortalidad en la niñez (por 1000 nacidos vivos) 25 22 41 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (por 1000) 29 26 54 Instalaciones de saneamiento mejoradas (% de la población) 79 78 54 Instalaciones de saneamiento mejoradas en zonas rurales 74 51 42 (% de la población rural)

Fuente mejorada de agua (% de la población con acceso) 95 91 88 Fuente mejorada de agua en zonas rurales (% de la población rural) 91 73 82

cuadro 4:

coMparacIón del deseMpeño socIal, 2006

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pobres—, fortalecer los mecanismos de ren- dición de cuentas y mejorar la calidad del gasto sectorial. Las medidas que podrían beneficiar al sector incluyen: mejorar las compras estratégicas para los servicios de atención de la salud y las adquisiciones de productos farmacéuticos; fortalecer la capa- cidad de gestión de las redes descentraliza- das de proveedores públicos de servicios de salud, y consolidar los progresos realizados en cuanto a la capacidad de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social para llevar a cabo actividades de planifica- ción estratégica, monitoreo y evaluación, que le permitan ejercer más adecuadamen- te su función rectora del sector salud

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Por otra parte, aunque algunos progra-

mas destinados a los pobres están ge- nerando buenos resultados, las redes de pro- tección social aún son procíclicas, por lo cual es difícil proteger a los pobres durante las fa- ses periódicas de contracción de la actividad económica. El Programa Solidaridad —un

programa de transferencias de efectivo condi- cionadas— ha realizado progresos en materia de focalización en los pobres y ha demostra- do tener un valor agregado para proporcionar subsidios específicamente destinados a las fa- milias pobres. Es necesario fortalecer aún más los mecanismos de focalización del programa, así como ampliar su cobertura, lograr mayores niveles de transparencia y establecer meca- nismos acertados de monitoreo y evaluación. Análogamente, es preciso fortalecer la contri- bución de los sectores de educación y salud a los objetivos del programa en lo que respecta a la prestación de servicios adecuados y el mo- nitoreo de la corresponsabilidad.

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Para que el Gobierno pueda respon-

der a la crisis con medidas de asis- tencia social más incluyentes, efectivas, eficientes y transparentes, se deberán abordar los principales desafíos y áreas de reforma que aún están pendientes en materia de protección social. En primer

lugar, la cantidad y la cobertura de las redes de protección, tanto existentes como nue- vas, podrían ser insuficientes para mitigar el impacto de la crisis en la población más pobre y vulnerable y, en segundo lugar, se puede mejorar la eficacia, eficiencia y trans- parencia del sistema de asistencia social.

En las evaluaciones de los procesos realiza- das recientemente por el Banco Interame- ricano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se señala que se corre el riesgo de que el Programa Solidaridad pierda su foca- lización a raíz de las múltiples demandas y, en consecuencia, sería preciso actualizarlo. Es necesario redefinir estratégicamente sus objetivos y prioridades y llevar a cabo un proceso de total descentralización (como, por ejemplo, dar más autonomía a los pro- veedores de servicios y fortalecer los meca- nismos de coordinación en los niveles más bajos) para trabajar de una manera más efi- caz a nivel local.

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Género. Todavía existen problemas

de desigualdad en el acceso de hom- bres y mujeres a la salud, educación y par- ticipación en el mercado laboral. Aunque

el país ha adoptado un conjunto de medidas legales e institucionales orientadas a mejo- rar la situación jurídica de la mujer en tér- minos de derecho laboral, derecho civil y legislación sobre reforma agraria, así como disposiciones especiales en la órbita del de- recho penal para brindar protección contra la violencia doméstica, todavía existe una gran carencia de programas activos para exigir el cumplimiento de estas reglamen- taciones y promoverlas. Aún queda mucho por hacer para mejorar la salud reproducti- va y materna, especialmente en el caso de las jóvenes, y es preciso realizar campañas más intensivas para prevenir y reducir la incidencia del VIH para personas de ambos sexos. Se necesitan programas especiales para promover la permanencia en la escuela de los niños y niñas de hogares pobres, pues de ese modo podrán salir del círculo vicioso que los lleva a realizar actividades de adul- tos en una etapa muy temprana de su vida, acumular escaso capital humano, disponer de pocas oportunidades laborales y caer en la pobreza.

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Es necesario ampliar el actual menú

de intervenciones en la esfera la- boral con especial énfasis en los jóvenes vulnerables. El programa de capacitación

laboral de jóvenes de la República Domini- cana es uno de los más exitosos de la región, pero se requieren más medidas. Se necesita

Con te xt o Nacional y A genda de D esar rollo 35

respuesta del mercado laboral para grupos vulnerables que actualmente están exclui- dos (los programas vigentes están desti- nados únicamente a los jóvenes), así como mejorar los servicios de intermediación para el empleo y la colocación de mano de obra. Asimismo, se deben analizar activida- des generadoras de ingresos de emergencia para trabajadores escasamente capacitados (principalmente de la economía informal) que podrían sufrir los efectos de la crisis. En el segmento de la población de 16 a 24 años, el desempleo asciende al 30%, mientras que la tasa de desempleo a nivel nacional es del 15%, un porcentaje de por sí elevado. Tam- bién se observa una dimensión de género en los mercados laborales. La participación de las mujeres en la fuerza laboral es mucho menor (49,6%) que la de los hombres (84,3%) y la tasa de desempleo de las mujeres llega al 28,8%.

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El Gobierno ha establecido varias

medidas a corto plazo para contra- rrestar los efectos de la crisis financiera internacional. La estrategia del Gobierno

para afrontar la crisis actual incluye las si- guientes medidas:

• Flexibilización de la política mone- taria: i) reduciendo las tasas de in- terés y ii) flexibilizando temporal- mente las normas prudenciales del sector bancario.

• Aumento de la competitividad: i) reduciendo las tarifas de transpor- te aéreo de carga, ii) reduciendo o eliminando los obstáculos a la ex- portación y promover el turismo, iii) creando una cuenta de depósito en custodia para la promoción de las exportaciones e inversiones, iv) otorgando financiamiento para de- sarrollar la marca del país v) pro- rrogando, hasta finales de 2009, las exenciones tributarias otorgadas a la agricultura, e vi) implementando exenciones tributarias para impul- sar el consumo y asegurar liquidez para las empresas públicas.

• Protección a los trabajadores: dise- ñar y ejecutar programas para prote- ger los puestos de trabajo en riesgo y las industrias afectadas por la caí- da de las exportaciones.

• Fortalecimiento de las redes de sa- lud: i) aumentar la cobertura de en- fermedades catastróficas del Plan de Servicios de Salud, ii) aumentar hasta el 100% la cobertura de estu- dios de diagnóstico, iii) asegurar un abastecimiento de medicamentos superior al establecido en el Plan de Servicios de Salud, iv) garantizar la cobertura de 1,200 procedimientos adicionales en el marco del Plan de Servicios de Salud, v) aumentar has- ta el 100% la cobertura de los costos

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de los servicios odontológicos, inclu- yendo 17 procedimientos nuevos, y vi) mantener la cobertura del 15% de hospitalización.

• Protección a los pobres: i) afiliar a 80,000 pensionados del sector pri- vado antes de la implementación de la Ley de Seguridad Social, ii) afiliar a 500,000 pobres al Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud durante 2009, iii) proporcio- nar el Seguro Familiar de Salud a los pensionados del Régimen Con- tributivo, iv) proporcionar el segu- ro de salud, durante un año, a las personas desempleadas que no ten- gan cobertura y ganen menos de DOM$10,000, v) afiliar a personas con discapacidades y VIH al Régi- men Subsidiado a través del Ser- vicio Nacional de Salud, vi) poner en marcha un programa piloto del Régimen Contributivo Subsidiado, viii) proporcionar medicamentos ambulatorios de forma gratuita a pacientes con enfermedades cró- nicas a través del Programa de Me- dicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y la Red de Atención Primaria de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, ix), in- crementar el abastecimiento hospi- talario de los medicamentos inclui- dos en el PROMESE/CAL a fin de reducir los costos y x) continuar la

implementación del programa de transferencias condicionadas (Soli- daridad) y los subsidios al gas para los hogares.

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La República Dominicana ha realiza-

do importantes progresos para alcan- zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente durante los años de gran crecimiento, a partir del 2000. Sin em-

bargo, el ritmo del progreso futuro depende directamente del crecimiento en el futuro y de la voluntad y capacidad del Gobierno para destinar recursos de manera eficaz para ha- cer frente a temas sociales. Las proyeccio- nes relativas a los ODM (cuadro 5) indican que el país probablemente logrará reducir a la mitad el número de personas que sub- sisten con menos de US$1 al día (en paridad de poder adquisitivo [PPA]), pero es impro- bable que la pobreza, según su definición por la línea nacional de pobreza, también se reduzca a la mitad. Tampoco es probable que el país logre alcanzar todos los ODM en forma simultánea, porque ello requeriría un aumento extraordinario del gasto en salud y educación que excedería las tendencias ac- tuales en estas variables (escenario base). Un escenario alternativo en el que se presupone un aumento del gasto total en salud del 1% del PIB, en 2004, al 5,3% en 2015, produciría resultados muy similares a los objetivos tra- zados en educación y salud, pero su impacto en la pobreza y en el crecimiento económico dependería de la manera en que se financie el aumento de los gastos sociales.

Con te xt o Nacional y A genda de D esar rollo 37

cuadro 5:

odM - progresos y perspectIvas

fuente: fuentes: Díaz-Bonilla, c., H. lofgren y m. cicowitcz (2008). capítulo 20. República Dominicana en vos, R. ganuza, E.lofgren, H. sánchez, m. y Díaz-Bonilla c. (comps.). políticas públicas para el Desarrollo Humano. ¿cómo lograr los objetivos de desarrollo del milenio en América latina? pnuD/Banco mundial.

nota: En el escenario base se presuponen tasas de crecimiento del piB del 5,5% al año entre 2004 y 2015, y gastos en salud y educa- ción en los niveles de 2004 (0,87% y 1,22% del piB, respectivamente). En el presupuesto alternativo se presupone una tasa de creci- miento del piB del 5,5% y un aumento del gasto de consumo en salud pública del 0,87% al 3,87% entre 2004 y 2015. para consultar otras simulaciones, véase Díaz-Bonilla, c. y otros (2008).

unidad 2004 meta Escenario Escenario

2015 Básico Alternativo

oDm1 Tasa de recuento (línea oficial de la pobreza) % 43,1 14,3 26,7 23,6

oDm2 Tasa de recuento (línea de pobreza US$ 1 en PPA) % 3,3 1,5 1,5 1,3

oDm3 Tasa de terminación de la escuela primaria % 53,1 100,0 87,5 99,0

oDm4 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años por 1000 38,0 19,0 25,3 19,3

oDm5 Tasa de mortalidad materna por 1000 178,0 57,0 91,7 57,3

oDm6 Acceso a agua potable % 86,0 91,5 91,4 91,5

oDm7 Acceso a servicios básicos de saneamiento % 90,0 80,0 91,5 91,5

desaFíos y oportunIdades en MaterIa de desarrollo

49

Además de los desafíos relativos al ámbito macroeconómico, goberna- bilidad, pobreza y desigualdad, analizados anteriormente, la República Dominicana afronta otros importantes desafíos en ma- teria de desarrollo.

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Entre los logros notables, cabe seña-

lar el fortalecimiento de la supervi- sión y regulación del sector financiero y un sector bancario que, en la actualidad, parece bien capitalizado y rentable. Los

préstamos improductivos se sitúan en ni- veles modestos y han sido adecuadamente provisionados. Se han elaborado y aprobado 28 normas para la aplicación de la Ley Mo- netaria y Financiera. Sin embargo, todavía quedan por resolver importantes cuestiones relativas a la supervisión y regulación, en- tre ellas, la aprobación de las modificacio- nes de la mencionada ley, que sentarán las bases para fortalecer la supervisión de los bancos no residentes y aplicar la norma so- bre supervisión consolidada, recientemente aprobada. El Informe de situación sobre el Programa de Evaluación del Sector Finan- ciero (febrero de 2009) contiene un análisis completo de dicho sector.

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El sector energético aún plantea im-

portantes desafíos en materia de sos- tenibilidad fiscal y competitividad. Aun-

que las pérdidas disminuyeron entre 2004 y 2008, y el índice de recuperación de efectivo de las empresas distribuidoras mejoró del 45% al 64% en el mismo período, aspectos claves del sector energético se deterioraron. En septiembre de 2006 se congelaron las ta- rifas, y en junio y julio de 2009 se implemen- taron aumentos que ascendieron al 12,5%. No obstante, dado que los precios del petró- leo aumentaron significativamente, la dife- rencia entre el costo de la electricidad y las tarifas cobradas por las empresas de servi- cios públicos aumentó de US$600 millones en 2006, a más de US$1300 millones en 2008 (3% del PIB). En 2008, el Gobierno transfi- rió US$85 millones al mes a las empresas de electricidad para cubrir la diferencia entre el monto cobrado por concepto de facturas y los costos de generación. Como resultado de la combinación i) del alza de los precios del petróleo, ii) el congelamiento de las tarifas, iii) el elevado nivel de pérdidas (gráfico 2), y iv) las ineficiencias en los niveles operativos de las empresas distribuidoras del sector (gráfico 3), a finales de diciembre de 2008, los atrasos en los pagos del Gobierno a las empresas generadoras se habían acumulado y representaban un déficit total de US$440 millones. Las empresas generadoras, a su

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vez, recortaron la producción y ocasionaron apagones masivos en todo el país. Se prevé que los préstamos del BID, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Banco Mundial, que combinados as-

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De cara al futuro, se ha progresado recientemente en la implementa- ción de un conjunto de reformas claves en el marco de un diálogo de alto nivel con el Presidente, el BID y el Banco Mundial.

Además del ajuste de las tarifas, se elimi- nó el subsidio definido regionalmente y el

cienden a US$120 millones, serán de ayuda para mejorar la distribución de energía en el país. Trabajando en forma conjunta con el Banco, la IFC respaldará inversiones del sector privado.

grÁFIco 2:

pérdIdas en la dIstrIBucIón de energía

grÁFIco 3:

clIentes por traBajador de las eMpresas dIstrIBuIdoras de electrIcIdad (ede) de la repúBlIca doMInIcana

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Caribe América Central América Latina y el Caribe

2500 2000 1500 1000 500 0

HiDRAnDinA cHilEctRA EDElnoR ElEctRopAz EDEnoR (BsAs) EEQ (Quito) EDEs (RD) (Norte de Perú) (Santiago) (Lima) (La Paz)

2270 1711 1327 934 396 221

Gobierno está en vías de crear un subsidio focalizado en los pobres. Sin embargo, no se han resuelto todos los problemas. Tan sólo el 38% de los consumidores son pagadores “típicos”, mientras que el 62% están fuerte- mente subvencionados o usan la electrici- dad sin pagarla. Es preciso adoptar medidas

Con te xt o Nacional y A genda de D esar rollo 39

en áreas claves, principalmente para asegu- rar la sostenibilidad financiera de todos los agentes en la cadena de energía —desde la etapa de generación hasta la etapa de dis- tribución—, por medio de: i) racionalizar el esquema tarifario para promover la eficien- cia, mejorar la recuperación de los costos y generar ingresos para financiar inversiones; ii) consolidar y profundizar la reducción de las pérdidas y el aumento de la eficiencia en las empresas distribuidoras, y iii) promover inversiones en generación de bajo costo con la finalidad de reducir la dependencia del petróleo. También será importante mejorar el clima para la inversión y la capacidad del país para atraer nuevas inversiones. Actual- mente, se está analizando, con contrapartes del Gobierno, un plan de acción integral para reformar el sector eléctrico de la República Dominicana. Este plan abarca siete áreas: i) tarifas, ii) subsidios, iii) pérdidas, iv) eficien- cia de las empresas de servicios públicos, v) diseño institucional para mejorar la gestión del sector, vi) un nuevo mecanismo de pago para los gastos del país en electricidad (me- canismo de custodia) a fin de incrementar los niveles de transparencia, e vii) inversio- nes en el lado de la oferta.

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Durante muchos años, el costo de las

transferencias al sector energético ha incidido negativamente en la posición fiscal del Gobierno. Las políticas respalda-

das mediante financiamiento para políticas de desarrollo (DPL), a las finanzas públicas y los sectores sociales, contribuirán a redu- cir esos costos. En los últimos años, los sub- sidios a la electricidad representaron entre el 5% y el 10% del gasto público (cerca del 3% del PIB), y las últimas reformas adopta- das reducirán el costo a la mitad. Los sub- sidios al gas líquido representaban el 0,6% del PIB y, según las proyecciones, bajarán al 0,2% en 2009 como resultado de las úl- timas reformas. Específicamente, este DPL respalda medidas en las tarifas y los subsi- dios a la electricidad que apuntan a reducir la magnitud del déficit del sector eléctrico a través de cuatro medidas claves: i) aumen- tar las tarifas para reducir la brecha entre los precios minoristas y el costo actual de los servicios; ii) simplificar la estructura tarifaria; iii) reducir el umbral de consumo para el subsidio de tarifas, y iv) aplicar nue-

vamente un sistema flexible de tarifas en el que los precios reflejen las variaciones en los costos. Un aumento de las tarifas cer- cano al 12,5%, acompañado de las medidas propuestas con respecto a la simplificación de los bloques de tarifas y la reducción del nivel mínimo de consumo para el subsidio de tarifas, debería generar ingresos adicio- nales para el sistema cercanos a los US$120 millones al año (unos US$60 millones para el segundo semestre de 2009). Adicionalmen- te, las mejoras en el índice de recuperación de efectivo representan US$15 millones por cada aumento de un punto en el índice. Por consiguiente, tres puntos adicionales antes de finales de año, darían como resultado una disminución cercana a los US$45 mi- llones en el déficit. Además, este DPL res- palda reformas de la administración de los ingresos internos (incluidos los nexos con la aduana), que también tendrán un impac- to positivo moderado en el panorama fiscal, aunque en el corto plazo este impacto está siendo opacado por la disminución de la ac- tividad imponible global a raíz de la crisis económica. El efecto positivo será visible en el mediano plazo, con un aumento tanto del ingreso como porcentaje del PIB, como del ingreso absoluto, a medida que una efi- ciencia administrativa mejorada propicie el crecimiento económico.

54

Otro gran desafío consiste en mejo-

rar la facilitación y la logística del

In document UITP WORKING GROUP: Interaction of buses and signals at road crossings. Deliverable 1. Review of Bus Priority at Traffic Signals around the World (Page 57-59)