4 Discussion
4.4 Limitations of the study and future work
La palabra corrupción deriva del latín “corruptus” que significa descomposición, podredumbre o desintegración. En ese sentido, se le ha definido como “el uso ilegítimo del
131 Chabat, Jorge y Bailey, John (1991),
Op. Cit. p. 14.
132 Bailey, John y Godson, Roy (2000), Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. México y la
Franja Fronteriza, México D.F., Editorial Grijalbo, p. 19.
poder público para el beneficio privado”,134 “todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”135 o como el “uso arbitrario del poder”.136
Para el fin de la presente investigación, se entenderá por corrupción lo estipulado en el artículo VI.1.a de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el cual considera como un acto de corrupción a “El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario y otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para símismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.137
En la comunidad internacional, organismos bilaterales, multinacionales y la ONG Transparencia Internacional, consideran al término corrupción como “el abuso de una posición pública con fines de enriquecimiento”.138
La corrupción en México ha sido abordada desde varias perspectivas, pero sin duda, todas las posturas coinciden en que involucra múltiples aspectos entre los que destaca el diseño e implementación de políticas públicas coherentes, efectivas y coordinadas ya que controlar la corrupción de manera sistemática requiere talento administrativo para conciliar y desarrollar simultáneamente tareas en varios frentes por tratarse de un fenómeno complejo que no se restringe a un solo tipo de prácticas, sino que involucra formas múltiples y distintas, en donde intervienen elementos muy variados.139
134 Nas, Tevfik F., Price, Albert C. y Weber, Charles T. (1986), A political oriented theory of corruption, en
Americas Polítical Science Review 80, p. 108.
135 Benson, George (1978), Political corruption in América, Lexington, Lexington Books, p. xiii.
136 Brazz, H. A. (1963), Some notes on the sociology of corruption, en Sociologpia Neerlandica 1, otoño,
1963, p. 11-117, reproducido como “The sociology ob corruption”, en Haidenheimer
137 Organización de los Estados Americanos (OEA), (1997), Convención Interamericana Contra la
Corrupción.
138 www.probidad.org/regional/glosario
139 López, Presa José Octavio (1947), Corrupción y Cambio, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
La corrupción, al penetrar a los cuerpos de seguridad pública ha conseguido en algunas ocasiones que la policía y el ejército dejaran de servir a la sociedad y se convirtieran en sus aliados. Asimismo ha producido una ineficiencia y un desperdicio burocrático generalizado que ponen en peligro la legitimidad de las organizaciones estatales. Al promover fines organizacionales contrarios a los definidos por la ideología legitimadora, la corrupción anula el impacto de los programas gubernamentales. Además la corrupción generalizada genera la “cultura de la corrupción” que incluye la desconfianza y el cinismo hacia los funcionarios públicos. Dicha desconfianza, combinada con la cancelación de los programas gubernamentales que la corrupción acarrea, magnifica en gran medida la pérdida potencial de la legitimidad que sostiene a las organizaciones del Estado.140
Por su parte, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca ha admitido que la corrupción ha penetrado la Agencia Federal de Investigación (AFI), organización que tenía fama de ser una de las pocas confiables en cuanto a administración de justicia en el país, asimismo destacó que los narcos mexicanos han logrado “comprar” a cientos de policías en los últimos años, entre ellos al extitular del organismo antidrogas, General Jesús Gutiérrez Rebollo, despedido en 1997 y hoy encarcelado.141
En ese sentido, se puede apreciar que la corrupción ha sido un elemento fundamental para el tráfico ilícito de armas, ya que en muchos de los casos, las autoridades se han visto involucradas en estos ilícitos, ya que son éstas las que les han facilitado el ingreso ilegal al país de dichas armas.
140 Morris, Stephen D. (1987), Corrupción y Política en el México Contemporáneo, siglo veintiuno editores,
México D.F., p. 36.
CONCLUSIONES
Los Gobiernos de Estados Unidos y México enfrentan varios problemas comunes que son motivo de preocupación, entre ellos destaca el tráfico ilícito de armas, el cual ha sido un factor importante en el incremento la inseguridad en la frontera común. Al respecto, se señala que llegar a soluciones efectivas y de cooperación, a pesar de que en los últimos años se han incrementado los vínculos entre ambas naciones, ha resultado complicado debido a la estructura de poder tan desequilibrada entre ambos países y a que no han existido acuerdos o estrategias eficaces para reducir este problema.
En ese sentido, se puede observar que el tráfico ilícito de armas de fuego de Estados Unidos a México es una responsabilidad compartida entre ambos gobiernos ya que el flagelo no lo padece solamente México como receptor de dichas armas, sino también Estados Unidos como productor y exportador. Dicho problema imposibilita la creación de condiciones de desarrollo estable y continuado en la región fronteriza de México con ese país.
Se puede observar que a los Gobierno de Estados Unidos y México les queda mucho por hacer en materia del combate al tráfico ilícito de armas de fuego, por ello, a continuación se presentan la siguientes consideraciones:
Debido a que el tráfico ilícito de las armas de fuego se realiza a través de las mismas rutas utilizadas por los carteles de narcotraficantes, en México, especialmente en su frontera norte, las armas de fuego constituyen una auténtica amenaza a la seguridad de dicha región porque su proliferación perpetúa los ataques violentos y genera nuevos ciclos de violencia y crimen.
Asimismo, se puede observar que el problema se agrava por las diversas fuentes productoras de armamento, los múltiples medios de transporte, la ausencia de instrumentos jurídicos internacionales que regulen su comercio, el mercado negro, pero sobre todo por la laxa reglamentación interna del Gobierno de Estados Unidos ya que no contempla la existencia de un registro de armas de fuego y no alienta el establecimiento de mecanismos
especiales de transparencia para las mismas así como normas que impidan que los civiles posean armas de tipo militar.
En ese sentido, el Gobierno de México debería recomendar a través de los canales Diplomáticos competentes, al Departamento de Estado de los Estados Unidos que pida al Congreso que incluya en su Marco Jurídico la propuesta de crear un registro del traspaso de las armas de un dueño a otro, de esta manera se lograría sintonizar las legislaciones de ambos países.
En ese sentido, se puede observar que la solución no estaría en elaborar y aplicar leyes más duras, más bien deberían implementarse programas en donde de manera conjunta las autoridades y la sociedad civil trabajen a efecto de que los programas realmente respondan a las necesidades de la población.
Por otra parte y en consonancia con los esfuerzos que México ha venido realizando para que el tema de las armas pequeñas y ligeras se incluya en la Agenda del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México debería propugnar porque el tema del tráfico ilícito de armas fuera incluido de manera formal en la Agenda Bilateral de Estados Unidos y México, ya que dicha actividad está vinculada con la delincuencia transnacional organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes y el terrorismo.
Asimismo, se considera oportuno intensificar la cooperación bilateral, sobre todo en lo que respecta al intercambio de información, recolectar y destruir el exceso de armas en circulación y reforzar los controles sobre aquellas que estén en posesión de civiles, así como el seguimiento de transferencias de armas. Lo anterior puede lograrse con el apoyo de la sociedad civil a efecto de que se tomen las medidas eficaces para aumentar la seguridad, a través de la reducción de la oferta y la demanda de armas de fuego.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debería abogar por la inmediata ratificación del Senado a la Convención Interamericana contra la Fabricación y
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), firmada por ese país en noviembre de 1997, con el fin de que se mejoren el control y la capacidad de rastrear las armas pequeñas de un país a otro. Lo anterior, en virtud de que Estados Unidos ya ha adoptado la mayoría de las medidas estipuladas en la Convención, por lo que la ratificación servirá de ejemplo al resto del hemisferio. Asimismo, ambos gobiernos deberían promover la ratificación de los Congresos Nacionales a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En materia de imposición de sanciones más severas al tráfico de armas, Estados Unidos debería cooperar con México en el mejoramiento y aumento de los programas de seguimiento existentes, en virtud de los avances que ya se tienen registrados al lograr la localización de un porcentaje mayor de las armas ilegales notificadas a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
En el rubro de Seguridad ambos gobiernos deberían fortalecer sus sistemas de prevención y sanción del delito; construir la confianza en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia; realizar una procuración eficaz de justicia e incluir a la ciudadanía en las decisiones y acciones en pro de la seguridad y que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno redoblen esfuerzos para trabajar de manera permanente y coordinada a efecto de terminar con el tráfico ilícito de las armas de fuego.
Asimismo, coincido con las propuestas que en diversos momentos han sido presentadas al interior de la República mexicana, sobre la disminución de la mayoría de edad en materia penal, ya que esto permitiría que hubiera menos incentivos para una asociación entre delincuentes jóvenes y adultos.
En referencia a la delincuencia, se recomienda promover un cambio en las estrategias y tácticas de combate en virtud de que los modelos gubernamentales para enfrentar al delito, son obsoletos, lo que ha provocado un avance en la delincuencia que cuenta con mejores organizaciones, equipamiento, recursos y hasta medios legales para evadir la justicia. En
este sentido, los gobiernos deberían asumir el diseño e implementación de nuevos sistemas de combate.
De igual forma, ambos gobiernos deberían interesar al sector empresarial fronterizo para que a través de su capacidad para generar influencia en la construcción de políticas públicas relacionadas con la seguridad, se adopten políticas que impidan el paso ilegal de las armas de fuego, toda vez que este flagelo disminuye la atracción de inversiones, principalmente en la industria maquiladora y el turismo.
Por su parte, Estados Unidos debería tener un mayor control sobre la forma en la que sus diferentes Agencias, encargadas de impedir el tráfico ilícito de armas de fuego, ejecutan sus políticas de combate a dicho delito.
De igual forma, en el marco de la cooperación transfronteriza, promovida por los gobiernos locales, se deberían formalizar los mecanismos informales existentes entre las policías locales con objeto de intercambiar información o solicitar apoyo en el problema al contrabando de armas de fuego, asimismo, se deberían implementar en ambos lados de la frontera, programas educativos dirigidos a concienciar sobre las dimensiones del tráfico ilícito de armas y a crear una nueva cultura de respeto de la Ley y de los derechos fundamentales.
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