Macro-Level

DEMOCRÁTICA

Sin obviar lo analizado en el aparte anterior, se hace necesario hacer ciertos reconocimientos a los hechos positivos alcanzados por la Política de Defensa y Seguridad Democrática para efectuar un balance objetivo y examinar la sostenibilidad democrática de la política del gobierno colombiano.

El presidente Álvaro Uribe Vélez, respondiendo al claro y perentorio mandato que le dieron los ciudadanos en su elección, pretende recuperar la seguridad del país, bajo cualquier precio. En este sentido, los inusitadamente altos niveles de popularidad del gobierno, reflejan el hecho de que la mayoría de la población valora positivamente la gestión en esta materia.

La política de seguridad democrática tiene importantes logros para mostrar. La presencia general de la fuerza pública en todos los municipios del país, la disminución en el número de ataques a poblaciones, en los secuestros, las masacres, el homicidio, el hurto de vehículos y de combustible, son el resultado de la ubicación del tema de la 142_{Acción ecológica. Impacto de las fumigaciones del Plan Colombia en la frontera ecuatoriana. La guerra}

seguridad en el centro de la agenda política nacional. En la actualidad, resulta difícil pensar en una nueva propuesta que tienda a debilitar o revertir el proceso de fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado y del pie de fuerza de las Fuerzas Militares, debido al reconocimiento de buena parte de la población de que estos hechos, han logrado generar cierta tranquilidad en el país.

Según el informe presentado, por parte del gobierno nacional, al Congreso de la República en el año 2006143, al comenzar la administración Uribe en agosto de 2002, 168 municipios se encontraban sin presencia física permanente de la fuerza pública, lo cual facilitaba el accionar de los grupos armados ilegales, su control sobre amplias zonas del territorio nacional y, consecuentemente, la intimidación y desprotección de buena parte de la población. En los primeros 18 meses del gobierno y de manera progresiva se recuperó la presencia en la totalidad de los municipios del país.

Lo más importante en este aspecto, fueron las medidas tomadas para aumentar y fortalecer el pie de fuerza. Se destacan la creación de 6 nuevos batallones de alta montaña, 9 brigadas móviles, 13 unidades antiterroristas y 29 escuadrones móviles de carabineros. En total, 57 de las 91 unidades con las que cuenta el país fueron activadas durante el periodo 2002-2006, es decir, el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Así, como resultado del fortalecimiento de la fuerza pública, fue posible no sólo recuperar el control de amplias zonas del territorio que estaban bajo la amenaza permanente de organizaciones armadas ilegales, sino principalmente, reducir el número de actos terroristas, entre los que se incluyen los ataques contra la población civil y la infraestructura económica de la nación. Uno de los resultados más notables fue la disminución de ataques contra las poblaciones, que pasaron de 290 entre enero de 1998

143 _{Informe al Congreso. Álvaro Uribe Vélez, 20 de julio de 2006. Disponible en:} http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/julio/20/01202006.htmenero de 2007.

y junio de 2002 a 44 entre enero de 2002 y junio de 2005, lo que representó una disminución de 84.8%.

Pero sin duda, el resultado más notable de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ha sido la reducción de los delitos de mayor impacto social y económico, particularmente de homicidios y secuestros. En homicidios, se invirtió la tendencia creciente de más de una década y el número de casos anuales se redujo 37.4% pasando de casi 29 mil en 2002 a 18 mil en 2005, el nivel más bajo de los últimos 18 años. Esto significó, la reducción de la tasa de homicidios de 66 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 39 por cada 100 mil habitantes en 2005, lo que igualmente representa la cifra más baja en 18 años.

El secuestro también experimentó una tendencia decreciente durante el gobierno del presidente Uribe, el número de secuestros totales registrados en 2005 fue el nivel más bajo en los últimos 8 años y representa una disminución de 73.2% con respecto a los 2.986 casos observados durante el 2002. En cuanto el secuestro extorsivo, delito íntimamente ligado a la financiación de las organizaciones armadas, se observa una reducción del 80% entre 2002 y 2005 pasando de casi 2 mil casos a menos de 400.

Otros aspectos de suma importancia a resaltar son144: entre 2002 y 2005, la línea de pobreza pasó de 57% a 49.2%, la línea de indigencia pasó de 20.7% a 14.7%, la tasa de desempleo promedio pasó de 15.7% a 11.8%, el crecimiento del PIB pasó de 2.4% a 5.75%, la inversión privada paso de 7.8% a 14.9%, el porcentaje de los empresarios que mantiene buenas expectativas de inversión pasó de menos 18% a 35%, el nivel más alto desde 1994, la tasa de homicidios pasó de 66% a 39.2%, la más baja de los últimos 20 años, el secuestro pasó de 2.986 a 800 casos, el más bajo desde 1996.

144 _{Informe al Congreso. Álvaro Uribe Vélez, 20 de julio de 2006. Disponible en:}

Así, y tal vez sea el gran mérito de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del actual gobierno, es haber mejorado la percepción sobre la seguridad interna. Los colombianos, en general, se sienten más seguros que hace unos años y la comunidad internacional, los inversionistas, empresarios, medios de comunicación, entre otros, igualmente perciben que hay una mejoría sustancial en la seguridad dentro del país. Entre otros aspecto, el volumen del tráfico por carreteras se ha incrementado de manera notoria, aumentando el turismo y reactivando la economía entre municipios y departamentos.

Desde el punto de vista político, se reconoce el logro de haber desmovilizado y desarmado cerca de treinta mil combatientes y auxiliadores de los paramilitares en un proceso que fue más un sometimiento a la justicia que una negociación política de paz. El marco jurídico de la desmovilización, la Ley de Justicia y Paz, fue determinado de manera soberana por el Congreso, sin ningún tipo de consulta o transacción con los jefes paramilitares. De esta manera y, como resultado de la tregua de los paramilitares, el país se ahorró varios miles de homicidios, centenares de secuestros y decenas de miles de desplazamientos forzosos. El balance humanitario es altamente positivo y, pese a muchos inconvenientes del proceso, los líderes de las autodefensas o grupos paramilitares, se encuentran hoy en cárceles del país sometidos a las leyes penales vigentes, obligados a confesar la verdad de sus crímenes y a reparar a sus víctimas. Lo anterior sin duda, representa un inmenso triunfo político del Estado.

3.4 LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA,