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MAIN TEXT 1 Introduction
En el marco de la Agenda 2030, “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (ODS 16) son las bases sobre las que se sustentan los avances relacionados con los tres pilares del desarrollo sostenible. Mientras tanto, las diversas formas de violencia (física, sexual, económica, política e institucional) que se registran en las sociedades latinoamericanas son una de las barreras principales para lograr este Objetivo y han ido erosionado la confianza de la población en las instituciones y el apoyo a la democracia.
En América Latina y el Caribe, la inseguridad ha incidido en el desarrollo de una cultura autoritaria que ha redundado en una aceptación cada vez mayor de propuestas de “mano dura” y “tolerancia cero”. La inseguridad ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de las autoridades y la ciudadanía: mientras que, en 1995, solo el 5% de las personas consideraba la delincuencia y la seguridad ciudadana como su principal preocupación, la cifra alcanzó el 20% en 2017, ocupando el segundo lugar después de las preocupaciones económicas (23%) (GNUD, 2018, pág. 27)27.
27 De acuerdo con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD, 2018, pág. 27), el costo de la violencia en El Salvador en 2014 fue de unos 4.000 millones de dólares (el 16% de su PIB).
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IV
La violencia en sus diversas manifestaciones erosiona el tejido social de los países de América Latina y el Caribe. Si bien estos coexisten en paz, sin conflictos bélicos civiles o internacionales, la región es la más violenta del mundo, lo que no se condice con su grado de desarrollo económico, político y social (CEPAL, 2018b y 2018c). Esta situación se ve reflejada en las tasas de homicidios, agresiones o violencia sexual.
Desde 1995, la tasa regional de homicidios por cada 100.000 habitantes ha sido superior a 20 y, hacia 2002, alcanzó un valor cercano a 30. Estas cifras son especialmente preocupantes si se comparan con las tasas mundiales, que se han mantenido, en el mismo período, por debajo de 7. En 2017, varios países superaron ampliamente esos promedios: Venezuela (República Bolivariana de) (89), El Salvador (60), Jamaica (55,7) y Honduras (42,8)28. Pocos países registraron niveles inferiores al promedio
mundial: Chile (3,3), Ecuador (5,8) y Argentina (6,0) (GNUD, 2018, pág. 27). La situación respecto de los homicidios también se repite en lo que se refiere a las tasas de agresiones y de violencia sexual (véase el gráfico IV.20).
Gráfico IV.20
Indicadores de violencia, alrededor de 2015
(En número de casos por cada 100.000 habitantes)
22,1 4,4 229,5 103,9 60,6 29,4 0 50 100 150 200 250 América Latina y
el Caribe Resto del mundo América Latinay el Caribe Resto del mundo América Latinay el Caribe Resto del mundo
Tasa de homicidiosa Tasa de agresionesb Tasa de violencia sexualc
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
a Por “homicidio” se entiende la muerte ilícita infligida intencionalmente a una persona por otra persona. Los datos sobre homicidio intencional también
incluyen agresiones graves que provocan la muerte de una persona, y la muerte como resultado de un ataque terrorista, pero excluyen el intento de homicidio, el homicidio involuntario, la muerte debida a intervención legal, el homicidio justificable en defensa propia y la muerte debida a un conflicto armado.
b Por “agresión” se entiende la aplicación intencional o imprudente de la fuerza física grave infligida sobre el cuerpo de una persona que provoca lesiones
corporales graves. La fuerza física grave, como mínimo, incluye los disparos de armas de fuego, los apuñalamientos, los cortes, los golpes con un objeto y el envenenamiento. El concepto de “agresión” excluye la aplicación de una fuerza física menor (como golpear, abofetear o empujar). También excluye la agresión sexual, la amenaza y la agresión que conduce a la muerte.
c Por “violencia sexual” se entiende cualquier acto sexual no deseado. La violencia sexual incluye la violación, la agresión sexual y otros actos de violencia
sexual, pero excluye la explotación sexual, los delitos de prostitución, la pornografía y la trata de personas para la explotación sexual.
28 Desde hace años, la región ocupa el primer lugar entre las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente: en ella se produjo al menos el 60% de los crímenes contra estas personas (PMA/OIM, 2015). Según Global Witness (2018), en 2017, casi cuatro defensores del medio ambiente fueron asesinados cada semana. Además, muchas personas fueron hostigadas, intimidadas y obligadas a abandonar sus tierras.
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IV
Entre los factores asociados a la violencia en la región, destacan las secuelas de conflictos civiles, el narcotráfico, los desplazamientos forzados29, la violencia intrafamiliar y la estigmatización de lajuventud. En la relación entre la violencia y los ejes de la matriz de la desigualdad social, el feminicidio surge como la expresión máxima de las desigualdades en las relaciones de género, al tiempo que las elevadas tasas de homicidio entre los y las jóvenes afrodescendientes en algunos países de la región se vinculan a las desigualdades raciales y etarias.
Si bien la violencia no es un fenómeno nuevo en América Latina y el Caribe, sus manifestaciones recientes, particularmente en los países del norte de Centroamérica, se caracterizan por un aumento explosivo y una alta intensidad, así como por su expresión territorial, carácter transnacional y vinculación con la delincuencia organizada. En las zonas más afectadas, la delincuencia organizada compite con el Estado y, algunas veces, lo suplanta. Su incursión en el aparato estatal para expandir y consolidar su poder es una amenaza a la democracia y erosiona la confianza —ya escasa— en las instituciones públicas (OCDE, 2012). De acuerdo con el informe de la corporación Latinobarómetro (2018), la proporción de personas insatisfechas con la democracia se elevó de un 51% en 2008 a un 71% en 2018, y solo el 48% de los latinoamericanos prefiere la democracia sobre otro sistema. Más aún, a un 28% de ellos les es indiferente el sistema de gobierno y el 15% afirma que un gobierno autoritario puede ser preferible30. Si bien estos resultados reflejan un conjunto amplio de factores, la violencia y sus
efectos sobre la cohesión social refuerzan la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Finalmente, es importante resaltar que las cifras agregadas no revelan la dimensión real de los problemas de grupos de población específicos, como los de los jóvenes en el espacio público (una participación en calidad de víctimas y victimarios elevada y una tasa de homicidios entre los jóvenes de sexo masculino que duplica la de la población en general) o los de los niños, niñas y mujeres, en cuanto que víctimas en el espacio privado.