Major challenges faced as a CEO of a public

Es hora de retomar el argumento de la construcción de la demo- cracia en Colombia y el aporte que en tal proceso hacen los movimientos sociales. En términos de actores hemos visto cambios en el protagonis- mo de las protestas. No se trata solo de la significativa disminución de visibilidad pública de los identificados como clases –asalariados y cam- pesinos–. Lo novedoso está en la aparición de movimientos que amplían el campo de conflicto social a dimensiones económicas relacionadas con la distribución y consumo –aspectos ya dinamizados desde los 80 por los llamados movimientos “cívicos” o de pobladores urbanos–, sino a terrenos ambientales, culturales, étnicos, de género, preferencia sexual y directamente políticos. El fenómeno de nuevos sujetos en la lucha de- mocrática, que no es nuevo en América Latina (Álvarez, Dagnino y Es- cobar, 1998), se hace cada vez más visible en Colombia.

A su vez, la irrupción de nuevos actores implica la ampliación de las demandas o motivos de su acción colectiva. Ya veíamos el creciente peso que ocupan asuntos como los derechos humanos y las mismas po- líticas estatales en las demandas de la gente. Además, los movimientos sociales en Colombia, como en el resto del continente, buscan inscribir sus exigencias en el marco de los derechos exigibles al Estado. Lo que antes era la denuncia por la carencia de tierra o vivienda, hoy se puede convertir en un reclamo por condiciones de vida digna, garantizada por la Constitución de 1991. Entonces la vigencia de derechos no se limita solo a los civiles y políticos, hoy amenazados por la coalición gobernan- te, sino que se extiende a los económicos, sociales y culturales, que pre- cariamente existen en nuestro medio. Así se hace realidad también en el país la lucha por el derecho a tener derechos.

formulación de las demandas implican nuevas relaciones con el Estado. Ya señalábamos que este es el adversario en la mayoría de las protestas, espe- cialmente en sus ámbitos nacional y municipal. Ese antagonismo, sin embargo, no significa total enemistad, no al menos como para justificar la insurrección pregonada por la insurgencia. Los movimientos sociales reco- nocen la existencia de un Estado de Derecho en Colombia y de un funcio- namiento democrático, imperfectos obviamente pero vigentes. En ese sen- tido los movimientos sociales hacen uso de mecanismos de participación que otorga la nueva Constitución. Pero además inscriben sus luchas den- tro de procedimientos jurídicos, que muestran las dimensiones emancipa- doras del derecho, al lado de las claramente integradoras. Así, por ejem- plo, algunas comunidades indígenas han interpuesto acciones de cumpli- miento inmediato o esgrimido disposiciones de la Organización Interna- cional del Trabajo (OIT) suscritas por Colombia para preservar sus terri- torios ante megaproyectos hidroeléctricos o la explotación petrolera por multinacionales (Santos y García, 2004).

Aunque aparentemente estos procesos se pueden considerar como un uso instrumental de los mecanismos participativos con que cuenta la democracia colombiana, sin duda ha ocurrido un cambio en la forma como los movimientos sociales ven su construcción, involucrándose cada vez más en ella. Por ello no es extraño que en muchas de las acciones sociales colectivas recientes se enarbole la defensa de los aspectos progre- sistas de la Constitución de 1991. El Estado puede seguir siendo el principal antagonista de las luchas sociales y evidentemente se busca su transformación, pero no es el “enemigo”, en el sentido de buscar su destrucción total.

Otra dimensión que catapulta a los movimientos sociales colombia- nos hacia una acción decididamente política es la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado. Aunque el fracaso de las conversaciones con las FARC en 2002 introdujo gran pesimismo, las acciones por la paz no han desaparecido. Cada vez se hace más claro que para salir del callejón de la violencia, entre otras condiciones, la sociedad civil debe superar su situación de víctima para convertirse en un actor clave de la negociación, exigiéndola decididamente a las partes enfrentadas. Lo anterior es nuevamente una muestra del compromiso de los movimientos sociales con la democracia. Esto significa que en la práctica, y cada vez más en el discurso, ellos se distancian de los proyectos armados insurgentes o paramilitares y se apartan de la salida guerrerista y de la prédica antiterrorista de Uribe Vélez.

Los cambios en los actores, escenarios, formulación de demandas y en los mismos debates en que se inscriben las protestas sociales en Colombia constituyen el fenómeno que hemos designado como “politi- zación” de ellas. Falta considerar una dimensión importante en este pro- ceso: la presencia de los movimientos sociales en escenarios públicos diferentes de los estrictamente reivindicativos. Además de dinamizar desde abajo la democracia participativa, que dista de ser la ideal en Colombia, los movimientos sociales han incursionado cada vez más directamente en la democracia representativa. Aunque perciben las limitaciones de ambas, no las antagonizan y más bien, con un variado y complejo reper- torio, pasan de la acción directa a la electoral y viceversa.

En este punto hubo una dificultad histórica y era la separación entre acción social y política, que se asentaba en la clásica distinción occidental entre Estado y sociedad civil. Para la derecha la acción reivin- dicativa no debía desbordar los límites de la lucha económica, por lo que, al menos hasta 1991, prohibió cualquier “politización” de ella, cuan- do no recurrió a este argumento para satanizarla. Para la izquierda, espe- cialmente la marxista-leninista, existía también una separación entre la acción reivindicativa –“oscura y gris” en palabras de Lenin– y política –la verdadera forma de acción proletaria–. Para la primera existían los sindicatos, para la segunda el partido de vanguardia.

A pesar de esa doble exclusión, lo social y lo político han sido muy fluidos en la historia colombiana desde comienzos del siglo XX, En la segunda mitad del siglo pasado hubo intentos de incursión políti- ca de actores sociales influidos por el pensamiento católico o del sindica- lismo “independiente” promovido por la izquierda. Pero la irrupción más clara en el terreno electoral de los actores sociales vendrá con la reforma política del segundo lustro de los 80. En efecto, a su abrigo algunos movimientos “cívicos” participaron en elecciones para las ins- tancias de poder local y regional. Aunque tuvieron algún éxito este fue efímero, debido en parte a la “guerra sucia” que aniquiló no solo a los grupos políticos de izquierda, sino a muchos de los dirigentes de dichos movimientos; y en parte a la inexperiencia en el manejo de la cosa públi- ca, cuando no a fenómenos minoritarios de incapacidad administrativa y hasta de corrupción. Por su parte los grupos indígenas, lenta pero consistentemente comenzaron a incursionar en los terrenos electorales desde su participación en la Asamblea Constituyente, de la que lograron sacar también una “circunscripción especial” que les garantiza dos sena-

dores. Con el tiempo han generado frentes electorales amplios que supe- ran las barreras étnicas y que los hace visibles en el concierto nacional. Los afrodescendientes han seguido estos pasos sin tanto éxito.

El decenio de los noventa arrancó con la esperanza levantada por una alianza entre guerrillas desmovilizadas, especialmente el M-19 y el EPL, con movimientos políticos regionales y disidencias de la vieja iz- quierda, en la coalición llamada Alianza Democrática (AD) M-19. Así en las elecciones presidenciales de 1990 su candidato, Antonio Navarro, obtuvo el 12%, más del doble de lo conseguido históricamente por la izquierda. Incluso para la Asamblea Constituyente la AD-M19 logró la mayor votación por un partido y se acercó al 30%, aunque la participa- ción ciudadana en esas jornadas fue la más baja de todo el siglo XX. Pero esta coalición se desinfló muy pronto y para 1994, con listas dispersas, obtuvo menos del 3% y no logró elegir ningún senador. Al resto de la izquierda no le fue mejor. La Unión Patriótica, diezmada por la violen- cia, también desaparece del escenario electoral a mediados de los 90 e incluso su fuerza principal, el Partido Comunista, pierde la personería jurídica. El otro grupo de izquierda electoral histórico pero de ideología maoísta, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir), se divide a la muerte de su máximo dirigente a mediados de ese decenio. De esta forma, salvo los representantes indígenas, uno que otro afrodes- cendiente y algún líder sindical o cívico, la izquierda prácticamente se ausenta de los escenarios electorales durante los 90. Ante este vacío po- lítico comienza a cobrar fuerza la presencia directa de los movimientos sociales en los escenarios de la democracia representativa.

Así, después de muchos ires y venires, por convocatoria de la Cen- tral Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1999 se gesta el Frente Social y Político (FSP). Unos llegan a él desde un proceso de “politización” de las luchas sociales y los otros desde la crítica a los partidos de izquierda tradicional. También se hace más evidente en sus filas el rechazo a la opción armada que había marcado la historia de la izquierda colombia- na desde mediados del siglo XX. En 2002 esta convergencia de fuerzas sociales y políticas postuló a su dirigente, Luis Eduardo (Lucho) Garzón como candidato presidencial, obteniendo un módico pero significativo 6% de la votación.

El ascenso de Álvaro Uribe Vélez al poder produce una polariza- ción en el país que debilita el centro político y cataliza amplias coalicio- nes de izquierda y de derecha. Desde la oposición se han generado alian-

zas con organizaciones sociales y, aunque no todas las luchas fueron exi- tosas, permitieron una mayor visibilidad de la izquierda social y políti- ca. En 2003 Lucho Garzón, con el apoyo del centro Liberal, ganó la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo de la nación. La izquierda socio- política además obtuvo algunas gobernaciones en forma directa o por alianzas. Menos visible, pero más significativa ha sido la consolidación de un proyecto alternativo en el sureño departamento de Nariño. Allí sucesivos dirigentes de izquierda desde los años 90 han administrado eficientemente la ciudad de Pasto y ahora les corresponde el reto con el Departamento, cuya gobernación se conquistó igualmente en 2003 y se ha repetido en 2007.

Las coaliciones y las gestiones locales se pusieron a prueba en las elecciones de 2006 en las que la izquierda unificada en el Polo Demo- crático Alternativo (PDA) obtuvo un 12% en las parlamentarias y el 22% en las presidenciales, logrando el segundo lugar por encima del

trajinado candidato liberal Horacio Serpa17_{. En las pasadas elecciones}

para alcaldes y gobernadores de 2007 el PDA ratificó la alcaldía de Bo- gotá con un candidato proveniente de las huestes populistas, Samuel Moreno Rojas, y sostuvo también la gobernación de Nariño en manos de Antonio Navarro Wolf, dirigente histórico del M-19. Sin ser resulta- dos espectaculares en el contexto latinoamericano, lo obtenido por la izquierda democrática en Colombia es importante porque la consolida como la principal fuerza de oposición. Para que continúe su crecimiento tiene los retos de mantener la unidad, asunto difícil dada las rivalidades heredadas de vieja data y las diferencias ideológicas en su seno, y dotarse de una coherencia programática que sea equidistante del dogmatismo intransigente y del pragmatismo a ultranza. Aunque suene contradicto- rio, la vía es la búsqueda de una utopía posible. Igualmente, dicho pro- grama, mientras se deslinda claramente de la insurgencia, debe propug- nar por salidas políticas al conflicto armado. En esto va a recibir diatri- bas y abiertas provocaciones –cuando no reales amenazas contra sus di-

17 _{A nuestro juicio es un error suponer que el 22% de la votación por el candidato del PDA,}

Carlos Gaviria, responde a votantes de izquierda. Sin embargo, es un logro –solo superado por la votación del M-19 a la Asamblea Constituyente– que constituye un nada desprecia- ble capital político hacia el futuro. De hecho muchos movimientos y partidos de izquierda actualmente en el poder en América Latina comenzaron con resultados similares hasta constituirse en reales alternativas de poder (Rodríguez, Barret y Chávez, 2004). El experi- mento de Nariño parece ser ejemplar en este sentido, pues no solo se han conquistado importantes cargos locales y regionales, sino que fue uno de los dos departamentos en donde el candidato presidencial de izquierda le ganó a Uribe Vélez en 2006.

rigentes– desde el frente de derechas que lidera el actual Presidente. Si no sucumbe a esos ataques o a la división interna, el PDA junto con los frentes electorales sociales y étnicos, y la izquierda liberal pueden ade- lantar una clara oposición al uribismo que los convierta en real alterna- tiva de poder en un tiempo no muy lejano. Así Colombia dejará de ser la excepción en el subcontinente –el mejor aliado de Estados Unidos y el fiel discípulo de la Doctrina Bush– y tornará sus ojos hacia el sur, que también debería ser nuestro norte.

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