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Ya hemos hablado del principio de solidaridad como el principio rector de la seguridad social y el de universalidad como su correlato comunitario. Esos dos principios involucran al conjunto de la sociedad, y requieren por ende, una activa participación social y una sensibilidad particular que promueva la empatía con sus semejantes para su cristalización. Es decir, se torna necesa- rio que cada individuo que compone la sociedad realice un proceso interno en aras de construir un consenso social proclive a la instauración de dichos principios. Luego, será la ley o el marco normativo el que en definitiva los imponga.

Ahora abordaremos tres principios en los que la sociedad ya no tiene que intervenir en su cumplimiento, sino por el contrario, los responsables son los entes gestores de la seguridad social, es decir, las estructuras burocrá- ticas del Estado. Es sabido que la Ley puede expresar la obligatoriedad de cumplir distintos principios, incluso ratificar de manera enfática distintas “recomendaciones” de organismos internacionales que deben ser aplicadas por las estructuras nacionales, pero en la práctica, el aparato burocrático de los Estados puede hacer fracasar la iniciativa, o también, por el contrario, ser el dinamizador del principio. Todo dependerá del entendimiento de la dimensión social de la tarea a desarrollar y del esmero con que la misma se lleve a cabo.

El principio de integralidad está relacionado con la cobertura de la totalidad de los riesgos a que se ve sometido el individuo en su lucha diaria por partici- par en una comunidad, por trabajar y los riesgos que ello implica; por perder el trabajo y, por tanto, la capacidad de subsistencia; por modificar su grupo parental y esto producirle una desventaja comparativa; por el padecer una discapacidad física y no poder proveerse lo necesario para su subsistencia dig- na; por encontrarse enfermo y por ello padecer una incapacidad transitoria; por haber llegado a la vejez y en consecuencia haber mermado su capacidad física para el trabajo; y por cualquier otro tipo de desventaja que el devenir de los tiempos modernos cause por el hecho de ser parte del conjunto social. Los sistemas de seguridad social deben facilitar protección y cobertura ante

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servicios deben ser suficientes para asegurar un mínimo adecuado acorde con lo que la sociedad considera un nivel digno de vida. Tal como señala Hernán- dez Cervantes,71 _{con el componente de integralidad “… la seguridad social}

busca la cobertura total frente a cualquier contingencia, esto es, encuentra su manifestación en la comprensión de un número cada vez mayor de contin- gencias, con relación a las posibles respuestas que antaño se tenían”.

El Convenio 102 de la oit estableció las nueve ramas de la seguridad social

que abarcan el conjunto de riesgos sociales a los que se encuentran some- tidos los individuos, fijando para cada una normas mínimas en contenido y nivel en las prestaciones. A su vez, indicó que esas prestaciones no necesaria- mente tenían que ser establecidas todas juntas, sino que podía materializarse una implementación gradual por etapas,72 _{conforme las posibilidades de cada}

Estado, pero indicando siempre que estos debían asumir el compromiso de extender la cobertura a las restantes ramas.

El alcance de la cobertura de los riesgos, por lo general, se encuentra plas- mada en las leyes y resoluciones jurídicas que regulan los sistemas de seguri- dad social nacionales, pero es necesario prestar debida atención y dedicación al diseño de los procesos que facilitarán la implementación práctica de esa cobertura por medio del otorgamiento de las prestaciones en cuestión. En ocasiones, los requisitos formales que ha de cubrir la persona y el laberinto de circuitos administrativos que esta debe sortear para obtener su prestación son de tal envergadura que terminan convirtiéndose en verdaderas trabas y limitaciones de acceso a los beneficios.

Como correlato de la integralidad surge el principio de inmediatez, el cual es- tablece que la cobertura del riesgo social debe realizarse en tiempo oportuno, de manera que permita al individuo afrontar o superar el riesgo que lo afecta, o morigerar los efectos negativos del evento suscitado.73 _{Toda contingencia}

social trae aparejada una desventaja comparativa del individuo en relación con las demás personas de su comunidad, en muchos casos incluso esa des- ventaja implica un cierto riesgo de perder la vida. Por ello, la necesidad de que los organismos gestores faciliten la protección necesaria, y actúen en tiem- po oportuno, adquiere una importancia determinante. En ese sentido, tanto la burocratización de los procesos inherentes a la seguridad social, como el exceso de reglamentación con que se regulan a nivel micro los sistemas de cobertura, constituyen los enemigos más notorios de este principio.

Es cierto que en la mayoría de los casos, la cobertura de los riesgos acae- ce mediante el movimiento de importantes recursos económicos y que la correcta distribución de esos recursos requiere la ejecución de pautas de control integrales. Pero los procesos de control no constituyen un objetivo 71 _{Hernández Cervan-}

tes, Aleida. La segu- ridad social en crisis, el caso del seguro social en Mexico, Porrúa, Mexico, 2008, p. 41.

72 _{Meza Lago, Car-}

melo. Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los princi- pios de la seguridad social, Naciones Unidas–CEPAL, 2005, p. 22.

73 _{Hernández Cervan-}

tes, Aleida. Óp. Cit., p. 40.

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en sí mismos, y por ende no deben dificultar el normal desenvolvimiento de los procedimientos de otorgamiento de prestaciones: si en aras de cumplir premisas de control, el individuo que padece la contingencia debe superar un sinfín de tramites y elementos de prueba exhaustivos, que se prolongan en el tiempo, es posible que cuando llegue la reparación sea tarde, y por ende, las consecuencias de la contingencia resulten irreparables. No debe perderse de vista que el objetivo de la seguridad social es la protección de la persona, sien- do necesario encontrar un equilibrio adecuado entre requisitos, elementos de prueba y controles respecto a la envergadura del riesgo a cubrir.

Por su parte, el principio de suficiencia implica que la cobertura del riesgo debe abarcar la “totalidad” del daño producido. En general, toda contingencia social que alcanza a un individuo produce un hecho dañoso que tiene con- secuencias inmediatas, pero también consecuencias mediatas. En idéntico sentido, puede implicar que la cobertura abarque tanto necesidades materia- les como necesidades psicológicas. Este principio prevé que todas ellas deben ser reparadas, y una vez más se torna primordial la gestión que realicen los organismos de seguridad social encargados de brindar la cobertura.

Los tres principios han sido profusamente analizados por los más diversos tratadistas, han sido expuestos por la mayoría de las declaraciones de los or- ganismos internacionales y han sido ratificados por ley por el conjunto de las legislaciones nacionales. Pero en la realidad, en particular en América, su cumplimiento dista mucho de ser óptimo. Y en especial, la situación se hace mucho más compleja para los trabajadores migrantes. La mayoría de los países de América basan sus sistemas de seguridad social en los esquemas de seguro social, situación que implica que quedan excluidos todos aquellos que no forman parte de los trabajadores de la economía formal. A su vez, aún aquellos que tienen la suerte de “pertenecer” a la economía formal, la comple- jidad de los procedimientos dan a muchos derechos carácter de ilusorios. En primer lugar, el migrante tiene que cumplir con las pautas migratorias del país de destino, cumpliendo en ocasiones diversos trámites que impli- can erogación económica y tiempo. Sorteada esta etapa, se convierte en un migrante legal, habilitado para trabajar en los mercados de trabajo formales y registrados. Vale la pena recordar que la legalización de la situación migra- toria nunca depende del migrante, es una decisión del país receptor que en ocasiones impone trámites interminables o cupos migratorios que se trans- forman en vallas imposibles de superar. Logrado ello, y en el supuesto de que labore en la economía formal, el cumplimiento de los requisitos de totaliza- ción de periodos que imponen los convenios internacionales son en general excesivamente complejos y tediosos. Algunos autores, como Adela Cortina, señalan que uno de los grandes problemas sociales que hoy en día afectan al

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mundo es la aporofobia, es decir, el odio al pobre, al débil, al menesteroso, y dice “… no son los extranjeros sin más, los diferentes (que somos todos), los que despiertan animadversión, sino los débiles, los pobres”.74

Una iniciativa interesante de mejorar las condiciones de accesibilidad a los beneficios de la seguridad social de los trabajadores migrantes lo constituye el diseño e implementación de la Base Única de Seguridad Social del Mercosur,

en la que se encuentran trabajando arduamente los organismos de seguridad social de los países miembro. Para el trámite de las prestaciones internacio- nales, los países previeron el diseño de un mecanismo electrónico de inter- cambio de información y validación de datos en materia de seguridad social. En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social por la Repú- blica Argentina, la Secretaria de Previdencia Social de la República Federativa del Brasil, el Instituto de Previsión Social de la República del Paraguay y el Banco de Previsión Social de la República Oriental del Uruguay, todos en ca- rácter de organismos de enlace del Mercosur, impulsaron y constituyeron un

Grupo Técnico destinado a poner en marcha el proyecto “Sistema de Transfe- rencia y Validación de Datos de la Seguridad Social”. El objetivo es concretar la integración de la seguridad social de los países de la región, reglamentando de manera lógica los derechos y obligaciones emergentes del Acuerdo Multi- lateral de Seguridad Social y su Reglamento Administrativo, y desarrollar los instrumentos necesarios para lograr operativizar ese marco legal.

Esta herramienta informática regional propuesta por los países miembro del

Mercosur tiene su antecedente más cercano en la Unión Europea. Allí se ha

elaborado un Programa de Telemática para la Seguridad Social (tess), con el

objetivo de acelerar y simplificar los procedimientos administrativos a fin de mejorar la adquisición de los derechos y el pago de las prestaciones de segu- ridad social a los trabajadores migrantes. El programa tess prevé la iniciación

y cofinanciación de proyectos de estudio y de intercambio electrónico de datos; la puesta a disposición de una red genérica de telecomunicaciones que permita el intercambio de datos entre las administraciones de los Estados miembros en un entorno seguro y estable; y la coordinación de las activida- des a realizar por medio de una comisión de seguimiento, denominada Comi- sión Técnica para el Tratamiento de la Información.75

En síntesis, la aplicación cotidiana de esta normativa exige una coordinación de las actividades de las instituciones competentes, de manera que conce- dan las prestaciones de seguridad social cuando reciben las solicitudes de las personas que han adquirido derechos en varios Estados miembros. Lo más importante es que en el proyecto de tess está previsto que el intercambio

de datos electrónico sustituya al que se realiza en papel. En el ámbito de las 74 _{Cortina, Adela. Óp.} Cit., pp. 264. 75 _{El programa tess} para la coordinación de los regímenes de seguridad social en Europa, se encuentra regulado por los Reglamentos (cee) Núm. 1408/71 y (cee) Núm. 574/72.

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pensiones y de la salud, se han llevado a cabo diversos proyectos de intercam- bio de datos relativos a la identidad de las personas aseguradas, la afiliación al régimen de seguridad social y el reembolso de los gastos médicos.

En el marco del Mercosur, el Proyecto Sistema de Transferencia y Validación

de Datos de la Seguridad Social tiene como objetivo el desarrollo y la implan- tación de mecanismos que permitan mejorar la calidad del servicio prestado a aquellos asegurados amparados por acuerdos internacionales, intercambian- do informaciones vinculadas con la seguridad social por medios electrónicos y previendo la aplicación de pautas normativas y tecnológicas para no com- prometer la seguridad y la confidencialidad de la misma. De esta manera, no solo se reducirán los plazos necesarios para la obtención de las prestaciones, sino que se facilitará la reducción progresiva de la utilización de documentos en papel.

El sistema prevé que la transferencia de datos sea realizada vía Internet, man- teniendo el control de los datos de protocolo referentes a los documentos enviados y recibidos, a modo de permitir las consultas y la auditoría sobre las transacciones efectuadas cuando sea necesario. Los datos a ser transferidos se refieren a la identificación de los asegurados solicitantes de prestaciones, la identificación de los respectivos dependientes, si existieran, la información histórica de los periodos de seguro y cotizaciones para la previsión social y por último, la identificación y el seguimiento de los trámites en cada país. La solución propuesta es, básicamente, un canal de comunicaciones electró- nicas seguro sobre el cual se transferirá la información requerida por cada país miembro, apoyado por un conjunto de unidades de procesamiento. Estas tendrán a su cargo, en una primera etapa, el envío y la recepción de la infor- mación necesaria y, posteriormente, el acceso a los datos de cada trabajador migrante. A su vez, con el objeto de neutralizar las diferencias tecnológicas que pudiesen existir entre los organismos, las unidades de procesamiento ope- rarán como front end que permita abstraerse de las mismas. De esta forma, todas las interfaces de acceso serán homogéneas, independientemente de las características de las bases de datos y procesos informáticos subyacentes. El sistema de Transferencia de Datos posibilitará el aumento de la formaliza- ción de las relaciones laborales de los trabajadores migrantes y facilitará la circulación de trabajadores en la región, permitiendo mayor cantidad de ser- vicios laborales con aportes debidamente acreditados en los países de la región. En definitiva, en estos temas como en casi todos los casos en que se involucra a migrantes, el antídoto ante los padecimientos parece ser el mismo: la pro- fundización de los procesos de integración regional.

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