La censura no existe, mi amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor, oh, oh, ah, ah. La censura no existe, mi amor, oh, oh. La censura no existe mi amor. La censura no existe, mi… La censura no existe… La censura no… La censura… La… (Juan Carlos Baglietto, 1982)
La importancia de los medios de comunicación en la cotidianidad, radican como se ha intentado demostrar, en la capacidad que estos tienen para dibujar determinadas líneas de poder que se ejerce sobre los oyentes, para Holgado (2010): “La comunicación es parte de una estrategia de construcción de poder, el poder del discurso: a medida que puedo nominar lo que me pasa, lo que quiero, tengo mejores posibilidades de operar sobre mi realidad concreta” (p. 173).
Los periodos dictatoriales en Latinoamérica son un claro ejemplo de episodios de la historia donde la censura, o cuando menos el establecimiento de parámetros autoritarios rigen la forma en que determinados contenidos circulan a la esfera pública. Así pues, a continuación se presenta de manera sucinta los regímenes de El Salvador, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, cuyas medidas autoritarias, son formas de gobierno en clave colonial donde se asume: “un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la re-producción de relaciones de dominación” (Castro Gómez y Restrepo, 2008); para después, demostrar que cualquier forma de gobierno por
robusta y bien establecida que se encuentra en los medios de comunicación, es susceptible a uno o varias líneas de fuga.
Si se sigue a Foucault, toda relación de poder involucra a su vez una forma de conocimiento que lo legitime (Hall, 1997), en ese sentido, siempre será posible encontrar otro campo de conocimiento contrario que se escape del régimen de verdad impuesto. Dicho de otra manera, cualquier institución de poder que se instale en cualquier momento histórico, va a tener que enfrentar puntos de fuga y resistencia.
En Centroamérica, durante el gobierno del dictador salvadoreño, General Maximiliano Hernández Martínez (1931 – 1944): “la libertad de expresión y de pensamiento cayeron a un abismo de manera estrepitosa (…) puede afirmarse que no hubo ni un solo periódico que no fuera objeto de la censura y la suspensión temporal durante la gestión de Hernández Martínez” (Vargas, p. 56).
Algunos directores de diarios importantes a nivel nacional llegaron a ser expulsados del país por realizar críticas al gobierno; el poder del dictador sobre los medios de comunicación era tal que, la única radio del país que sobrevivió a la censura, se ciñó por orden expresa del general a hacer énfasis en la propaganda gubernamental, con escasas intervenciones de música en vivo.
Uno de los ejemplos más claros del poder dictatorial del gobierno tuvo lugar en 1932, cuando varios cientos de estudiantes, campesinos e indígenas se levantaron contra el régimen, y este respondió masacrando alrededor de 30.000 indígenas. La reacción por parte de la emisora YSP, bajo la dirección de Alvareyo Sosa, se centró en justificar ininterrumpidamente las acciones dictatoriales tomadas por Hernández Martínez en contra de población inerme. Sin embargo, la
resistencia al martinato, como se le conoce a la dictadura en El Salvador, también se valió de la radio para ponerle fin a la inestabilidad de la democracia:
Los hechos iniciaron el domingo de ramos, el 2 de abril de 1944, a las dos de la tarde, cuando un grupo de civiles se toman las instalaciones de YSP para arengar al pueblo y anunciar que el ejército, uniéndose con el pueblo, había decidido ponerle fin al régimen. (Vargas, 2000. p. 71).
El mensaje de levantamiento llegó por radio a los oídos de Hernández Martínez, razón por la cual pudo prever varias de las acciones de quienes pretendían terminar la dictadura, para finalmente socavar el levantamiento. Con lo que no contaba el martinato, fue que durante el mismo mes, una asamblea estudiantil se declararía en paro indefinido y convocaría a cese de actividades a distintos sectores hasta que el dictador abandonase el poder: “la consiga de los huelguistas es lapidante: no volverán a sus labores hasta que renuncie el dictador (…) el día 8 de mayo a las siete de la noche, con su peculiar acento indígena anunció a través de la radio YSP que renunciaba a su cargo…” (Vargas, 2000. p. 72).
Caso similar ocurrió en Venezuela, donde los medios fueron censurados desde sus inicios por el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, que a dos años de haber permitido la creación de la emisora AYRE, la clausura en 1928 por sospechar que allí se transmitían mensajes en contra del gobierno: “a oídos del general llegó la información de que a través de la radio se emitían mensajes que podrían perjudicar los intereses del gobierno y que uno de los promotores era el propio hijo del presidente quien aspiraba a ocupar el poder” (Castro, 2007, p.419), debido a los rumores, Vicente Gómez decide clausurar la AYRE y exiliar a su propio hijo del país.
El caso de Vicente Gómez y la clausura de la AYRE, no fue el único caso de censura en Venezuela, de hecho, en 1936, el presidente y general Eleazar López Contreras: “a los pocos días
de ser nombrado, suspendió las garantías constitucionales, entre ellas las relacionadas con la prensa” (Castro, 2007, p. 427), medida que provocó un cese de actividades por parte de los medios de comunicación.
Fruto del cese, se creó la primera Ley de telecomunicaciones en el país, pero en ella, el Estado se reservaba el monopolio de las telecomunicaciones, manteniéndose en rigor por sesenta años hasta ser derogada en el año 2000, lo que quiere decir que solo hasta el año 2000 la radio en Venezuela se desenvolvió con relativa autonomía de los intereses del Estado.
Más hacia el sur, en Perú, durante el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado y su dictadura que duró una década (1969 - 1978), los medios de comunicación sufrieron un fuerte control por parte del gobierno: “a partir de 1970 todos los medios fueron expropiados por el Estado y sus contenidos supervisados por el Ministerio de Educación a través de decretos supremos y leyes” (Rubio, 2007, p. 336), no fue sino hasta 1981, que el presidente Fernando Balaúnde, elegido democráticamente devuelve los medios de comunicación a sus anteriores dueños.
No obstante, la década de los ochenta agobio a la radio con el terrorismo consentido por parte del Estado a través de grupos paramilitares e insurgencias armadas: “La violencia terrorista en el Perú destruyó más de un centenar de emisoras. Cada semana las cadenas de radio daban cuenta del ataque contra un medio de comunicación o sus periodistas” (Rubio, 2007, p. 337), esto significó que radios, periodistas y todo aquel que trabajara en la prensa, estaba atrapado entre los paramilitares y los guerrilleros del grupo Sendero Luminoso.
Ahora bien, los opositores al régimen al igual que en El Salvador y gran parte de Latinoamérica, también se valió de la radio como arma de su repertorio contra hegemónico en la década de los cincuenta, de tal forma que, mientras la iglesia católica prohibía el baile y la música en la
población, por promover decadencia de la moral católica cristiana, los hermanos Génaro y Héctor Delgado, por medio de la emisora Radio Libertad:
(…) sin proponérselo lanzaron el ritmo del mambo, a través del programa <<Mambo Club>> conducido por Lucy Carpio y que tuvo notable aceptación entre los jóvenes limeños (…) los chicos y chicas danzaron el nuevo ritmo de Dámaso Pérez Prado que convirtió Radio Libertad en la emisora de la juventud y la rebeldía” (Rubio, 2007, p. 332)
Hacia el oriente, en Brasil, la censura en la radio no era ajena, pues desde el inicio de la radiodifusión en el país hasta la mitad de la década los 40: “el sistema de radiodifusión nacional estuvo sometido a la intervención directa del Estado. Eso significa que las dos primeras décadas de la radio brasileña fueron condicionadas por la situación política de Brasil y, más que eso, por Getulio Vargas” (Moreira, 2007, p. 95), quien logró prolongar su régimen quince años, desde 1930 hasta 1945.
Mientras tanto en Chile, el general Carlos Ibáñez del Campo: “considerando que la información de la Radio Ilustrado, fundada por José Quinteros Tricot, le era adversa a su gobierno, introdujo la censura. Todos los informativos (…) estaban sujetos a previa revisión por parte de un censor” (Pastene, 2007, p. 115). La censura se mantuvo y costó al país la desaparición del al menos 1000 personas contrarias al régimen.
Por otro lado, en Uruguay, la dictadura militar de 1973 a 1985: “ejerció un firme control sobre los medios de comunicación. Pero aún con los controles, censuras y autocensuras, la radio fue el lugar por donde algo se <<colaba entre líneas>>” (Maronna y Rico, 2007, p. 403), pues como se verá sobre las conclusiones del capítulo, la radio tiene una capacidad particular de saltarse los censores.
Ahora bien, el caso argentino si bien lleva la delantera en la historia de la radio mundial también la lleva en la censura y el poder autoritario que sobre ella recayó; allí se sufrieron varios procesos de polarización política que culminaron en dictaduras de distinto orden, sin embargo la última dictadura militar (1976 – 1983), conocida como el “Proceso de Reorganización Nacional” es uno de los episodios históricos más oscuros para la historia argentina moderna, pues dejo a su paso al menos 30.000 desaparecidos. La desaparición forzada de sindicalistas, estudiantes o toda persona considera de izquierda, marcó sin duda, uno de los episodios más sanguinarios del país.
La dictadura militar, en cabeza de Jorge Rafael Videla, diseñó y financió diferentes grupos parapoliciales, y paramilitares cuyo objetivo era erradicar cualquier indicio de izquierda en el país: “No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas. Cualquiera de izquierda, con un pensamiento político comunista, era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos.” (Suárez, 2018).
Este capítulo de la historia argentina, suscito movimientos de resistencia contra la dictadura, uno de ellos es el movimiento de las madres de la plaza de mayo; una asociación de mujeres que se reunieron todos los jueves, a partir del 30 de abril de 1977, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para exigir que sus hijos desaparecidos fueran regresados con vida.
Por otro lado, el surgimiento del Rock Argentino (conocido como rock nacional o rock en tu idioma), incentivó movimientos de contracultura por medio de canciones altamente contestarías. Si bien, la censura en la radio no permitía críticas al régimen argentino, los artistas locales lograron encriptar varias de sus canciones para denunciar internacionalmente la dictadura y la falsa guerra que se estaba sosteniendo contra Inglaterra para “recuperar” Las Malvinas.
La guerra que libraba Argentina, en realidad no era otra cosa distinta a lo que Chomsky ha llamado “consentimiento sin consentimiento”, una estrategia del régimen para promover el nacionalismo y desviar la atención hacia un falso enemigo (Inglaterra), (Ver capítulo: Ondas de guerra), contra el que el ejército Argentino no tenía oportunidad. Caso similar donde determinado poder asalto las radio estaciones, ya fuese para promover o censurar acciones violentas, fue sin duda alguna el colombiano.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la capacidad oratoria de los políticos en Colombia era realmente apreciable: “la política se hacía y se difundía a través de la radio, en donde las divergencias se veían reflejadas en los debates y en la transmisión de acalorados discursos” (Pita, R. 2018, p. 157), dado que el acceso a la radio era relativamente amplio, esta se convirtió en la plataforma más propicio para el ajetreo político de la época.
Uno de los sucesos que marcó la historia colombiana por su impacto político, precisamente esta enraizada con el desarrollo y el potencial de los medios, en especial de la radio. El 9 de abril de 1948, después del asesinato de Gaitán, quien prometía las justas reivindicaciones sociales que aún hoy son necesarias en Colombia:
(…) las emisoras se encargaron de informar abruptamente sobre el terrible acontecimiento y se convirtieron en espacios a través de los cuales los liberales y comunistas convocaron a la lucha y, al mismo tiempo, coordinaron las acciones de ataques a las instituciones y a los sectores oficialistas de orientación conservadora. Sin lugar a dudas, este fue el día en que se registró el mayor colapso de las comunicaciones en Bogotá y en Colombia. (Pita, R. 2018, p. 158).
El asesinato del caudillo no solo tuvo repercusiones en el posterior ordenamiento de insurgencias guerrilleras y en el inicio de una época marcada por la violencia, sino que también, mostró la capacidad de los medios para conducir deliberadamente a las masas. Pero para desgracia
de la radio, el asesinato que motivó el levantamiento de la población civil contra las instituciones conservadoras del Estado, no pasó desapercibido por el gobierno, ya que después de las revueltas provocadas por los incitadores en la radio, el presidente Mariano Ospina Pérez ordenó que:
(…) a partir de la fecha, las estaciones de radiodifusión comercial, cultural y experimental no podían funcionar sino con permiso expreso del Ministerio de Correos y Telégrafos, y sus programas estarían sujetos a la autorización y revisión previa de este organismo estatal. Cualquier contravención a este mandato, acarrearía la pérdida definitiva de la licencia a la estación responsable. (Pita, R. 2018, p. 163).
Posteriormente, la legislación sobre las radios creció con la creación de la Asociación Nacional de Radiodifusión, institución del Estado ante la cual todas las radios debían renovar su licencia de funcionamiento. Como era de esperarse, solo se renovó la licencia de las emisoras adeptas al gobierno y se excluyó a todas aquellas que habían participado en el bogotazo y que en su ideología eran contrarias al régimen conservador, las medidas de censura se acrecentaron con el estado de sitio que le permitió al presidente tomar medidas autoritarias frente a la radio.
Otro oscuro episodio que dejo en evidencia el autoritarismo y la censura estatal, así como el poder de los medios de comunicación, fue la toma del palacio de justicia en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” por parte del Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M-19); y posteriormente, nombrada por el Ejército Nacional “Plan Tricolor 83”. Si bien el gobierno en cabeza de Belisario Betancur y los grupos insurgentes habían firmado un año antes, el 15 de agosto de 1984, los Acuerdos de Corinto que suponían un cese bilateral del fuego, estos no fueron acogidos en su totalidad por parte de algunos detractores que hacían parte del ejército y la policía nacional, quienes en reiteradas oportunidades atacaron a voceros del M-19.
El ataque y emboscada a miembros del M-19, en el marco del cese al fuego firmado un año antes, provocó por parte del Movimiento una reacción armada en las instalaciones del Palacio de justicia, lugar que por excelencia evoca el poder judicial del país, y donde los guerrilleros pretendían hacer un juicio público al presidente Belisario Betancur por traición a la voluntad nacional de paz. Entre los rehenes, se encontraban varios magistrados, entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.
El asalto cuyo objetiva era dejar en evidencia la ruptura de los Acuerdos de Corinto por parte del gobierno, más que ello, lo que hizo fue suscitar el episodio de censura más conocido en la historia de la radiodifusión colombiana. En un intento por cesar el fuego desmedido que provenía del ejército y la policía, el magistrado Echandía logró establecer comunicación con las radioestaciones con el fin de comunicar la imperante necesidad de detener la retoma, pues a fin de cuenta, esta iba a causar más muertes que la toma misma:
Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él. (Revista semana, 2015).
Tras los pronunciamientos de Echandía en la radio, instando al gobierno a detener el fuego, la ministra de comunicaciones de la época Noemí Sanín ordenó la censura de todas las emisoras del país: “procedió a prohibir que las emisoras transmitieran en directo entrevistas, comunicados o cualquier información relacionada con los operativos militares que se adelantaban en el Palacio de Justicia y se dejó de escuchar la voz de Reyes Echandía” (Vega, 2016, p. 112), en su lugar, decidió
transmitirse por televisión un partido de futbol entre Millonarios y Unión Magdalena en Bogotá, y entre América y Nacional en Medellín. Para muchos periodistas que estaban siguiendo la transmisión, la censura proveniente de la ministra de comunicaciones, significó la muerte de la corte de justicia, al respecto Yamid Amat afirma:
Los medios eran en ese momento los ojos abiertos, y les pusieron una venda. Eran la única luz de información que tenía el Gobierno; cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”, le dijo el veterano periodista a la Comisión de la Verdad. “La pregunta que me hago hoy es: ¿qué habría pasado en el Palacio de Justicia si no callan la radio? No sé la respuesta” (Revista Semana, 2015).
Del panorama descrito hasta el momento, se puede llegar a las siguientes conclusiones. En Colombia y latinoamericana en general, ha habido un interés incesable de quienes ostentan el poder en direccionar los medios de comunicación, ya que estos: “forman parte del bloque dominante y no existe hoy clase hegemónica que pueda prescindir de ellos para mantenerse en el poder” (Bosetti, 2007, p.47), bien lo decía Althusser (1974): “hasta donde sabemos, ninguna clase puede en forma duradera mantener el poder del Estado sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los Aparatos Ideológicos del Estado” (p. 33), por lo que el dominio sobre los medios de comunicación y la información que allí circula resulta de vital de importancia para “uniformar” determinadas posiciones que podrían significar el fortalecimiento o debilitamiento de cualquier régimen.
Ahora bien, como se anunció al inicio del capítulo, los poderes de censura proveniente de cualquier régimen, son susceptibles a quiebres, puntos de fuga y resistencias que no facilitarán la tarea de los dictadores. En primer lugar, la gramática de la radio permite tal versatilidad que aunque aparentemente pueda pensarse que lo que se dice en radio se ciñe al “discurso oficial”, es en realidad una pantomima capaz de desenmascarar cualquier régimen de verdad. Por otro lado, es
de suma importancia el fortalecimiento de una “ética de la comunicación”, que brinde los cimientos suficientes a los medios de comunicación y a sus audiencias, tanto de emitir como de recibir información mediada por valores críticos y de responsabilidad con cara a la vida en democracia.