Meta-heuristics operators in optimization problems

Considerando el contexto general de las Presidencias rotatorias post-Lisboa que se acaba de examinar, corresponde centrar el análisis en las circunstancias concretas de este primer semestre de 2010. No obstante, merece la pena realizar primero un breve repaso de las tres ocasiones anteriores en las que España ha ejercido la misma responsabilidad: primer semestre de 1989, segundo semestre de 1995 y primera mitad de 2002.

Las grandes diferencias temporales y políticas –tanto en el nivel europeo como nacional- hace difícil la comparación aunque es posible encontrar algunos elementos de continuidad. Así, hay coincidencia en que en los tres casos, independientemente del partido que se encontraba en el Gobierno y como parte de un amplio consenso político en cuestiones de política europea, las Presidencias se plantearon como una oportunidad para que España adquiriese prestigio frente a sus pares europeos y en la escena internacional; es decir, como un ayuda importante al proceso de normalización y equiparación internacional. Otro elemento que se mantiene en las tres Presidencias, aunque con matices, es la utilización de las mismas para introducir en Europa temas de interés nacional, sobre todo en materia de política exterior8 _{o de}

justicia e interior. Por ejemplo, siempre se buscó “españolizar” la agenda europea en el ámbito exterior para dos áreas de interés prioritario de España como son América Latina y el Mediterráneo. De hecho en el segundo semestre de 1995, y bajo el

8 _{Powell, C., Torreblanca, I., Sorroza, A. coords. (2006), “Construir Europa desde España: los}

liderazgo de Felipe González, se lograron importantes avances en las relaciones de la Unión Europea con el Mediterráneo, con América Latina y en las relaciones trasatlánticas. Por su parte, durante la tercera Presidencia española, en el primer semestre de 2002, el Gobierno de José María Aznar también buscó maximizar sus intereses nacionales promoviendo la europeización de asuntos que se perfilaban también como relevantes a largo plazo para la Unión Europea. Así, y pese a las reticencias de algunos socios europeos, se avanzó bastante en asuntos delicados como la lucha contra el terrorismo de origen nacional e internacional –aunque también influyó decididamente tras el 11-S, justo en la víspera del semestre español- o la lucha contra la inmigración. Como se ve, pues las Presidencias en efecto buscan, y a veces consiguen, que se impulsen temas de interés nacional, siempre y cuando se logre el equilibrio necesario entre el interés general europeo y el propio del Estado. Con esos precedentes, España asume su cuarta Presidencia rotatoria semestral y lo hace en un momento muy especial por la mencionada situación, posterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por un lado, la ocasión está marcada por la transitoriedad y el cambio, y España debe adaptarse a las nuevas circunstancias sabiendo que está siendo observada como precedente para los próximos países que ejercerán la Presidencia rotatoria. Por otro lado, si tradicionalmente la actividad ordinaria de un semestre de la Unión es frenética –cargada de actividades, reuniones informales, cumbres y todo tipo de eventos– en este semestre se debe sumar la gestión del efecto de poner en marcha las novedades del Tratado de Lisboa. Junto a la puesta en práctica del Tratado, las otras tres prioridades que muy razonablemente ha elegido España para su programa del semestre –y que se enmarca dentro de un programa más ambicioso a 18 meses que se debe llevar a cabo coordinadamente con Bélgica y Hungría– subyace una determinada ambición de ir lejos en la integración europea y de hacerlo sobre la guía de determinados valores.

Así, en primer lugar, en lo relativo a la recuperación económica, España preside el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros –el poderoso ECOFIN- en el momento en que la principal prioridad sustantiva para la Unión Europea es articular una doble respuesta a la crisis económica: por un lado, para el corto plazo, poner en marcha un nuevo sistema de supervisión financiera y decidir coordinadamente sobre cuándo empezar a retirar los planes nacionales de estímulo si se confirma la recuperación y, por el otro lado, para el medio-largo plazo que llega hasta 2020, diseñar una nueva estrategia de crecimiento y empleo que se base en la innovación y la sostenibilidad. No obstante, esta estrategia Unión Europea 2020 –que ha de sustituir a la relativamente fracasada Agenda de Lisboa aprobada hace una década– es de tal ambición y alcance

que afecta también a las formaciones del Consejo que reúne a los ministros de Trabajo y Política Social, Competitividad, Medioambiente, y Educación. Por ello, será el nuevo Consejo de Asuntos Generales –que durante este semestre estará presidido por Miguel Ángel Moratinos, al no haber en España un ministro específico para asuntos europeos– el encargado de coordinar los trabajos que tendrán que ser finalmente aprobados por el Consejo Europeo. Eso sí, no ayuda a este objetivo la mala situación española en las estadísticas europeas de desempleo y déficit público.

La segunda gran prioridad sustantiva del semestre español es contribuir a que de verdad Europa sea un actor global que habla con una sola voz. Resulta trascendental en ese objetivo ayudar a la Alta Representante Catherine Ashton a que ponga en marcha el servicio diplomático común para la Unión Europea y evitar así la sensación de que, por culpa de la fragmentación diplomática en veintisiete piezas, haya potencias mundiales mucho menos relevantes desde casi todos los indicadores que, sin embargo, tienen mayor capacidad para determinar las decisiones mundiales del futuro. Además, pese a que a partir de ahora la dirección de la política exterior de la Unión Europea tendrá una lógica propia que trascenderá a las rotaciones nacionales, España acogerá al menos dos9 _{importantes cumbres multilaterales que}

reunirán a Europa con América Latina y el Mediterráneo Sur; dos regiones que una vez más estarán en el centro de las prioridades españolas, ya que siguen siendo fundamentales para los intereses nacionales, tanto a nivel político como económico. También respondiendo a la realidad internacional de las potencias emergentes y a la necesidad de España de situarse en este nuevo escenario, se alude especialmente a Asia y su responsabilidad en la gestión de la agenda global.

El último de los capítulos prioritarios del programa para estos seis meses tiene que ver con avances en derechos y ciudadanía europea. No sólo porque la Unión Europea inaugura su Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante, sino porque corresponde aprobar el plan de acción para los próximos cinco años en cuestiones de seguridad, libertades e inmigración –que se negociará en el Consejo de Justicia e Interior– y porque España pretende poner en marcha ya el procedimiento de iniciativa legislativa popular que introduce el Tratado como medio para que la Unión Europea gane legitimidad democrática. También se pretende realizar la adhesión al Convenio