Al indagar por la ejecución y resultados de la P.D.S.D. encontramos varios factores.
- La puesta en marcha de las medidas anunciadas por el ejecutivo, independiente de cuáles sean, han estado acompañadas por un discurso reiterativo del presidente, donde se recalcan los objetivos del gobierno en función de los intereses nacionales, del bien común, y de ideales y valores éticos, los cuales refuerzan el imaginario de estado y de nación y donde se presenta la decisión del gobierno como la mejor y la más consecuente con las necesidades del país. - La ejecución de la política se da ha dado a conocer mediante la publicación
de cifras oficiales y la transmisión del desarrollo de sus tareas donde él está presente y da una aparente rendición de cuentas a la sociedad, a través de los medios de comunicación. Ejemplo: los consejos comunales, los consejos de seguridad, las declaraciones y pronunciamientos en los diferentes sectores de la sociedad y frente al manejo de asuntos diversos en materia y competencia, pero
siempre llevando las especificidades de los temas tratados a los valores y objetivos generalizados por el gobierno.
Al buscar evaluar la ejecución de la P.D.S.D encontramos que se abre una discusión entorno a los resultados inmediatos del gobierno frente a las metas prioritarias propuestas en su plan de gobierno y los costos sociales que tienen efectos a mediano y largo plazo. Los primeros tienden a ser resultados publicados con base en cifras e índices, que publican tanto entidades oficiales como medios de comunicación los cuales no dejan de ser manipulados y generan un alto impacto en la interpretación de la ejecución del gobierno en la opinión pública, que despliega sus juicios a partir de datos cuantitativos. Por esto resultan inútiles para la comprensión del conflicto. Y la validez de sus fuentes es cuestionable.
La ejecución de dicha política ha traído resultados contradictorios pues a pesar de que algunas medidas hayan permitido recuperar la gobernabilidad y eficacia del Estado en el algunas zonas del territorio nacional, sus costos sociales han sido muy altos y sus afán de resultados a develado los complejos problemas estructurales y administrativos del Estado, además de evidenciar su alto impacto en la dinámica que cobra el conflicto armado, donde los efectos a mediano y largo plazo aún no se han dimensionado.
Dentro de los resultados publicados por el ministerio de defensa nacional, encontramos que la seguridad se ve medida con índices sobre el aumento del control del territorio, aumento en las deserciones, disminución de homicidios, todos estos datos que atienden a la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del estado y los éxitos en la doblegación de los insurgentes.
Todos estos indicadores sin lugar a duda deben ser evaluados cuidadosamente por el papel que juegan en reforzar un imaginario de conflicto de causales y de medición del mismo, inapropiadas. Asimismo debemos reflexionar sobre la correspondencia entre la medición que se usa para los conceptos parte de los objetivos de la política de seguridad y proponer indicadores para dicha política de seguridad que sean más proposititos.
En este sentido podemos retomar a Hernando Gómez Buendía, cuando expresa que resulta extremadamente complejo el fundar los criterios o análisis políticos con base en cifras, ( Gomez Buendía 2004: 24) dada la insuficiente validez de sus fuentes, la falta de cubrimiento nacional para obtener los datos y lo manipulable de la información.
Desde la vía de la evaluación gubernamental de los resultados de la P.D.S.D con base en los logros del gobierno, podemos retomar el “Balance Global Anual sobre las políticas del gobierno frente al conflicto” el cual evalúa las medidas del gobierno frente al conflicto social y bélico. Dos factores genéricos se resaltan del gobierno en curso: a- La popularidad del Presidente presenta una estrecha relación con los éxitos logrados en el campo militar. b- La mayor seguridad, a su vez, ha incidido positivamente sobre el clima de inversión y el crecimiento económico, validando el esfuerzo económico necesario para lograrla. Además resalta éxitos como los beneficios de los Consejos Comunales de Gobierno, el avance del proceso de desmovilización, la legislación del estatuto antiterrorista, las reformas tributaria y pensional y deja un aparte para la crisis dentro de las Fuerzas Militares y dentro de la Policía Nacional.
Este balance hace una lectura de La Política de Defensa y Seguridad Democrática, como la base de una verdadera política de estado que ha logrado materializar resultados como: Recuperación de importantes índices de control territorial en materia de seguridad y asistencia. Nuevos niveles de legitimidad como consecuencia de su eficacia; estabilización y recuperación del crecimiento económico como efecto de la elevación de los índices de seguridad y confianza; reducción de las tasas de desempleo, mediante la generación de nuevas fuentes de empleo; reducción del aparato burocrático del Estado, en beneficio del saneamiento de las finanzas públicas. Elevación de los cupos en la educación pública y ampliación de la cobertura del SENA; elevación de los niveles de cooperación regional con los países de la Comunidad Andina frente a la amenaza del terrorismo y el narcotráfico; reducción del narco-cultivo, mediante los programas de erradicación, en afectación directa de las finanzas de las agrupaciones terroristas ; desmovilización de un importante contingente de actores armados, por vía individual y colectiva.
Estas generalidades las deduce el Balance al sostener como éxitos en los distintos campos: En lo político: Los Consejos Comunales de Gobierno, sin duda, se constituyeron en el instrumento de visibilidad de la gestión del gobierno, muestra del ejercicio de la democracia directa con incidencia en la credibilidad del Ejecutivo, y en la aceleración de las políticas descentralizadas de Gobierno en beneficio de la celeridad y transparencia administrativa.
El proceso de desmovilización iniciado con los grupos de autodefensa, que pese a los obstáculos, las críticas y la imposibilidad a corto plazo de aprobar una ley de alternatividad penal, como instrumento jurídico para la reinserción, puede dar buenos resultados en materia de reducción de la violencia.
En el campo legislativo, el Ejecutivo logró un estatuto antiterrorista que suministra importantes instrumentos a las autoridades administrativas para prevenir el terrorismo. También se lograron algunas reformas a la política. Las reformas tributaria y pensional, aún cuando no responden plenamente a las necesidades reales del país, posibilitan sobrellevar, en el corto plazo, la crisis fiscal.
De otro lado se dio una controversia entre el Ejecutivo y algunas ONG, hecho que se cumplió en varias etapas: 1) el Presidente las compele a definir su postura frente al terrorismo, 2) la comunidad internacional reclama mesura del ejecutivo frente a estas ONG, y 3) la ONU en su 58 Asamblea General reafirma su apoyo a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, al tiempo que reclama la protección de las expresiones democráticas de las ONG y los movimientos defensores de los Derechos Humanos.
El impulso que el Presidente Uribe le ha dado a las PYMES se ha constituido en un importante avance para la economía del país, ya que estas empresas están a la vanguardia en la exportación y generación de empleo. Las medidas fomento a las PYMES y de flexibilización laboral son fundamentales para lograr un crecimiento económico vigoroso, única esperanza para reducir el índice de desempleo, tasa que, aunque ha tenido una mejoría de más de un punto, sigue siendo extremadamente elevada .
Las Caravanas Vive Colombia surgieron como respuesta a la necesidad de incentivar el turismo doméstico nacional, de manera que el empleo formal e informal dedicado al turismo se ha visto fortalecido y la imagen internacional de Colombia como destino turístico es distinta a la de hace unos años, donde se muestra que la ocupación hotelera creció en el año un 7%.
El Plan de Desmovilización y Reinserción, arrojó importantes resultados, como quiera que posibilitó la resocialización de más de 3.000 actores armados, además de las desmovilizaciones colectivas que se dieron con las autodefensas ilegales. Ello tiene un alto impacto en la reducción de la capacidad bélica de las organizaciones terroristas.
El Informe también reconoce la implementación exitosa de un Plan de Campaña que en su primera fase cumplió con los objetivos trazados: rompimiento de de los corredores estratégicos y destrucción de la infraestructura y dispositivo de las FARC en el Centro de Despliegue Estratégico (CDE) que esta organización había consolidado alrededor de la Capital de la República, al punto que se erosionó su concentración dispuesta como elemento estratégico para la ejecución de una ofensiva sobre el centro de poder nacional. Se obligó a las FARC a replegarse con una incidencia directa en la pérdida de la iniciativa en la maniobra, obligándolas a una dispersión sin precedentes y a recurrir al terrorismo como única forma de lograr, a su juicio, un impacto estratégico en lo político.
Se conformaron nuevas Unidades especiales e las Fuerzas Armadas, de choque con mayor capacidad de movilidad y maniobra. Cada División fue dotada de una Brigada Móvil, unidades que se suman a la Fuerza de Despliegue Rápido, que opera en cualquier lugar del país. Las Brigadas, a su vez, cuentan con varios batallones de contraguerrilla. Estas unidades no tienen jurisdicción específica y pueden ser concentradas donde lo requiera el respectivo comando.
Dentro del campo de acción que permitió el entorno jurídico y constitucional se establecieron zonas especiales para acelerar la recuperación territorial de áreas profundamente afectadas por la incidencia subversiva (Arauca y Montes de María), lo que permitió reversar el desarrollo de estas organizaciones.
Es necesario resaltar los efectos contradictorios de los objetivos que el plan de gobierno, y por ende las consecuencias generadas con las medidas tomadas para incrementar la Seguridad Estatal que vierten en el recrudecimiento del conflicto armado y el incremento de los costos sociales.
Desplazamiento Forzoso
El documento presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación del Desplazamiento Forzoso en Colombia,16 registra el desplazamiento forzoso de cerca de 3 millones de Colombianos en los últimos 15 años, incrementado en el 2003 en promedio en cerca de 353.120 víctimas de esta violación integral de derechos humanos. Detrás de esta tragedia humanitaria, que aumenta cuantitativa y cualitativamente desde agosto del 2002 se expresa la extensión de las violaciones de derechos humanos a través de la consolidación de una estrategia política de persecución supuesta a las guerrillas y a la insurgencia- paradójicamente a través de las mismas violaciones de derechos humanos a través de estrategias militares, jurídicas, medidas políticas de involucramiento de la población civil en el conflicto armado.
Las cifras sobre el desplazamiento en el último período reflejan, índices alarmantes de ataques contra la población civil, el aumento de los patrones de agresión y de control, y la repetición de las mismas operaciones armadas, manifiestan que la ausencia de justicia se convierten en garante y en aval de nuevos desplazamientos forzosos. Es preciso resaltar que el desplazamiento forzoso es una violación integral de los derechos humanos, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Violaciones a los Derechos Humanos- Impunidad
Muchas de las estadísticas gubernamentales revelan que las mayores violaciones de derechos humanos, están relacionadas con el incremento del desplazamiento forzoso, en cabeza principalmente de las AUC. La impunidad generalizada de los responsables de
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Ver Informativo- Equipo Nizkor No. 59 Estado "comunitario": la nueva forma del control y del desplazamiento.
esta violación integral de los derechos humanos no se ha modificado en este período, lo que conduce a la repetición de los desplazamientos forzados y a generar condiciones de riesgos para la población desplazada en su lugar de recepción, de reasentamiento o de retorno. La consecuente repetición de las violaciones de derechos humanos impiden que se desarrollen procesos de retorno en condiciones de seguridad y de dignidad, y de reconstrucción del tejido social con base a procesos de verdad, justicia y reparación integral.
Restricción De Derechos Fundamentales
Lo grave de esta política de Seguridad Democrática, es que termina va en contravía de los límites en el derecho de suspensión y de protocolos y pactos internacionales. De igual modo, se ha ido desencadenando una guerra contra los ciudadanos, expuesta en el considerando del decreto 2002 de 2002 según el cual "dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones (grupos criminales) se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil.
Estas medidas buscan la construcción del llamado "Estado Comunitario" donde se definen líneas de acción en materia de derechos humanos subordinadas a las acciones militares, de seguridad nacional a través de recuperación militar de territorios, de atención social en los que el Estado se concibe como poder nacional, afirmando así una simbiosis entre el Estado y los ciudadanos, sustentando la tesis de los deberes ciudadanos en relación con la seguridad pública, sin considerar la vulneración del principio de distinción entre combatientes y no combatientes e inmunidad de la población civil.17 La construcción de este supuesto "Estado Comunitario" pone en mayores peligros la población civil, por involucrarla directamente en las hostilidades y genera una descomposición del tejido social por favorecer un clima de desconfianza entre los ciudadanos.
Adicionalmente, el Gobierno ha anunciado medidas que buscan desmantelar del Estado Social de Derecho, lo cual tiene consecuencias nefastas sobre la capacidad de atención
integral al desplazamiento forzado, la implementación de las recomendaciones internacionales y Principios Rectores de los desplazamientos internos y delega la responsabilidad primaria del Estado de atención integral al desplazamiento forzado a organizaciones privadas o de la "sociedad civil" como la eliminación de las personerías, limitaciones a las acciones de tutela, congelamiento del presupuesto de las entidades públicas.De este modo las medidas jurídicas y políticas resultan ser dispositivos de control que desconocen las reales causas de la problemática social, tanto como el respeto de los derechos fundamentales y de las soluciones deliberativas y efectivas.18 Muerte a Sindicalistas
Lo anterior, unido a otros factores sociales, económicos y políticos, son definitivamente19 elementos de inconformidad y de protesta social. Gran cantidad de protestas suceden a diario a lo largo y ancho del país. A su vez, centenares de sindicalistas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, han sido asesinados en los últimos años por adelantar estas luchas democráticas, al punto que, se ha considerado como una persecución genocida contra los opositores políticos. Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT, más de la mitad de los crímenes cometidos contra sindicalistas en el mundo, suceden en Colombia.. El año pasado fueron asesinados cerca de 150 sindicalistas en este país. Varios de estos crímenes fueron cometidos en presencia de los hijos y familias de las víctimas.
Asesinatos
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Reconocido en el artículo 3 común los Convenios de Ginebra- ratificado por Colombia.
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* Pronunciamiento de la Comisión sobre la agudización del desplazamiento forzado y las condiciones de desprotección y violaciones de sus derechos fundamentales de la población desplazada.
* Pronunciamiento contra la impunidad y el requerimiento al Estado colombiano, al desarrollo de procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
* Pronunciamiento en torno a la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones internacionales y especialmente de los Principios Rectores de los desplazamientos internos y las recomendaciones del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Personas Internamente Desplazadas.Ver: www. Derechos. Org.
La violencia se ha propagado a niveles muy elevados, hasta alcanzar entre 20 mil y 30 mil asesinatos al año, de los cuales, a juicio de numerosos investigadores, más del 15% son crímenes por razones políticas. En los últimos 15 años, han sido desaparecidas no menos de 5000 personas, en su mayoría en desacuerdo con el gobierno.
Lamentablemente se registra en la prensa, solo las desapariciones de personas ampliamente conocidas y destacadas, o miembros de organizaciones respetables. Pero decenas de crímenes y desapariciones de líderes sociales del común, barriales y rurales, son casi ignorados. La gran prensa se ocupa esencialmente de denunciar el secuestro. Este delito, cuyo propósito principal es la extorsión, se ha multiplicado escandalosamente. En el secuestro participan principalmente las guerrillas, la delincuencia común, y también agentes del gobierno. En el último período, también se ha incrementado el secuestro con fines políticos, ejecutado principalmente por las guerrillas.
De otra parte, podemos considerar que si se tienen en cuenta las expectativas que despertó desde la campaña electoral al año de iniciado el gobierno del presidente Uribe no se observan resultados firmes ( LEAL F. 2003: 12) en su política de seguridad, reforzado con los problemas de economía, crisis fiscal y desempleo, las diferencias con el congreso y la reforma política.. Es necesario resaltar que no “No ha habido articulación con una política de paz, pues esta no existe… no se deben llevar a cabo conversaciones con solo algunos actores”. ( LEAL F. 2003:14)
El hecho de querer resultados rápidos, por parte del presidente, ha causado un error en tanto no se reflexiona suficientemente sobre el estado crítico de dependencia de nuestras Fuerzas Militares, ni sobre la necesidad de una política de seguridad nacional que armonice y fortalezca las relaciones cívico militares en tiempos de paz y conflicto.
De este afán solo se pueden producir reformas parciales o meros intentos que por su falta de elaboración, profundidad y completitud, se caen en el congreso en las Cortes. Lo cual muestra que no existe una visión del problema ni de la solución. Es decir no
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existe visión sobre la complejidad de la estructura, financiación administración y relación de las Fuerzas Militares con los civiles en el marco de una labor conflicto que actúe sobre el conflicto y sobre el posconflicto.
De modo que se hace evidente la urgencia por implementar una concepción estatal de seguridad no solo en su composición interna sino en su posición frente a la guerra interior y exterior, la cual como lo sugiere ( LEAL 2003:17) debe tener una alta legitimidad credibilidad confianza respaldo activo de la sociedad.. Dicha confiabilidad de la sociedad en las instituciones implica también una legitimidad en el manejo del aspecto fiscal y del gasto público.
Por lo tanto existen numerosas dudas sobre como materializar la P.D.S.D como reducir los costos sociales y como realmente proteger a la población civil y recuperar la credibilidad y el establecimiento de las instituciones democráticas de manera legítima con resultados visibles por todos, al igual que permanece la pregunta por como realizar la P.D.S.D. en medio del conflicto y sin agotarse e salidas militares con estrategias dependientes y políticas domésticas subordinadas.
Es allí donde se hace dual el contenido de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, y donde se retorna a la discusión sobre el manejo de la relación entre derechos y libertades, el manejo de la autoridad en medio de necesidades democráticas, la seguridad pública e individual, la seguridad institucional, jurídica, y social. Es allí donde no se debe incurrir en el autoritarismo para realizar y mantener, la paz, la democracia y la seguridad.
En nuestra condición de visibilidad, internacionalización y dependencia se hace fundamental el acompañamiento de una veeduría internacional para la mediación en el conflicto y el manejo de una agenda conjunta, sin que halla necesidad de intervención militar ( LEAL 2003: 18).
6. Alternativas para repensar el discurso de la seguridad y el tratamiento del conflicto armado colombiano.
La materialización de la P.D.S.D puede entonces incidir en la viabilidad de un consenso