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En el marco del ALCA y las Cumbres de las Américas se promovió la Iniciativa Energética Hemisférica (IEH), la cual hasta marzo de 2001 había celebrado cinco reuniones de nivel ministerial. La IEH tiene como orientación general consolidar y coordinar una política internacional “orientada a impulsar procesos de integración, apertura de mercados y transformación de los estados productores en estados normadores, fiscalizadores y reguladores, dejando los sectores productivos en manos privadas”17.

Según la Secretaría Coordinadora de la IEH: “la modernización del sector energético en América Latina se inicia en Chile en 1982, luego continúa en Argentina, Costa Rica, México y Perú en 1992; en 1994 lo hacen Bolivia, Colombia y Honduras; entre 1995 y 1998 continúan Brasil, Ecuador, El Salvador,

17 _{V Reunión Hemisférica de Ministros de Energía. Iniciativa Energética Hemisférica. Avances, Retos y} Estrategias. Secretaría Coordinadora. Marzo de 2001. Pág. 4.

Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panamá y Uruguay”. En la mayoría de los casos se produjeron transformaciones estructurales tales como: “Cambios en los regímenes de contratación para la exploración y la explotación de los hidrocarburos (upstream); Liberalización de las barreras de entrada a la actividad del transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos (downstream); incentivos al ingreso de inversiones extranjeras a través de un régimen fiscal atractivo; y privatizaciones de empresas estatales”.

Concluye la Secretaría Coordinadora: “las decisiones adoptadas a nivel de Jefes de Estado, complementadas por los Ministros de Energía del Hemisferio, han potenciado las acciones iniciadas por los países en forma aislada, impulsando la participación privada en la integración energética dentro de un ambiente de desarrollo sustentable de los recursos energéticos hemisféricos.

Ello ha permitido que las inversiones privadas hayan canalizado un importantísimo flujo de recursos financieros que han contribuido al crecimiento económico y permitido a los Estados liberar recursos para reorientarlos, en muchos casos, hacia las finalidades sociales mencionadas.

También la participación de la inversión privada ha contribuido al desarrollo de los esquemas de integración energética subregional. Los casos del MERCOSUR y NAFTA son los más notorios, pero pueden encontrarse pruebas de ello en los demás acuerdos subregionales existentes en el Hemisferio” 18.

Se cita, además, que según el Banco Mundial: “durante los años 90 América Latina representó el 42% de las inversiones mundiales en proyectos de energía con la participación del sector privado”.

Como lineamientos para la acción de la IEH se plantea lo siguiente: “Para avanzar en la integración energética regional es necesario aprovechar en toda su dimensión la complementariedad observada entre los recursos y los sistemas energéticos de los países del Hemisferio con el fin de asegurar el suministro de energía a largo plazo. Esa complementariedad no ofrece restricciones físicas ni tecnológicas pero subsisten aún obstáculos políticos, jurídicos e institucionales que, si bien tienden a reducirse, no facilitan aún en todos los casos la inversión privada por los riesgos inherentes a los negocios en energía. Desde una perspectiva realista, la integración energética es un proceso gradual facilitado por la eliminación de obstáculos y la armonización de marcos regulatorios que posibiliten normas transparentes para los inversores”19.

En la IIII Reunión Hemisférica de Ministros de Energía, realizada en Caracas -Venezuela, en Enero de 1998, se acordó establecer una Secretaría Coordinadora, para facilitar la cooperación bajo la IEH. Esta Secretaría quedó integrada por un funcionario del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, un funcionario del Departamento de Energía de los Estados Unidos y un funcionario de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). La Secretaría sirve como brazo administrativo de la IEH. Venezuela fue designada como punto focal de la Secretaría Coordinadora. El Grupo de Trabajo sobre Cooperación en el sector petrolero también quedó bajo la coordinación de Venezuela.

Como puede observarse el enfoque de la IEH es diferente al de “Petroamérica”, en cuanto está orientado al predominio de la inversión privada en el sector energético, incluyendo los hidrocarburos. Tanto este enfoque como los obstáculos que se presentaron en las negociaciones de ALCA dificultaron el avance de la IEH. El hecho de que algunos países de América Latina, señaladamente en los dos mayores productores –México y Venezuela- la constitución nacional reservara la actividad petrolera a empresas estatales limitó el alcance de las acciones de la iniciativa en el área de hidrocarburos. Sin

embargo, en la mayoría de los países que habían emprendido acciones de “modernización” en beneficio de la inversión privada estas permanecen vigentes. En algunos de ellos cambios políticos relativamente recientes han significado una tendencia a regresar a políticas en las cuales se reafirma de la presencia del Estado como productor o administrador. En el caso de Argentina, por ejemplo, después de haberse privatizado su tradicional empresa petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se ha creado, posteriormente, una empresa estatal para el manejo directo de los hidrocarburos: la Empresa Nacional de Energía (ENARSA). En otros casos, como Bolivia y Ecuador, la disyuntiva entre el manejo directo de los hidrocarburos y el otorgamiento de estímulos para los inversionistas privados en el sector ha creado tensiones políticas aun no resueltas.

En los casos de México y Venezuela, la presencia de los dos enfoques alternativos y las limitaciones legales condujeron a explorar diferentes modalidades de participación del sector privado y de estímulo a sus inversiones, particularmente en actividades de riesgo significativo y de complejidad tecnológica. En Venezuela el enfoque más proclive a la inversión privada y a los mecanismos de mercado se concretó a través de la llamada “apertura petrolera”, realizada durante la década de los noventa, que hizo posible la participación de las grandes empresas petroleras transnacionales a través de esquemas conocidos como “Convenios de Asociación”, “Convenios Operativos” o de “Ganancias Compartidas”. Un cambio de políticas anunciado en el primer semestre de 2005 aspira a revertir parcialmente la “apertura petrolera” mediante la obligación de convertir las asociaciones en empresas mixtas con una mayoría estatal en la propiedad de por lo menos 51%, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos Líquidos del año 2000. En México la tensión entre los dos enfoques se manifestó en el diseño de proyectos que contemplaban diversas formas de participación de la inversión privada y en las dificultades encontradas para la realización de los mismos.