MONITOR AND EVALUATE STRATEGIC PLAN

La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido ha desarrollado las buenas prácticas dentro del marco de la gestión de contratos para enfocarse en las actividades que deben llevarse a cabo durante la fase operativa del contrato. Es especialmente relevante para los contratos en los que los servicios se prestan durante un periodo largo (cinco años o más), para asegurar que los niveles de servicio y la relación calidad-precio se mantienen durante la duración del contrato.

El marco abarca 11 áreas de gestión de contratos, incluyendo las fases de planificación, ejecución y desarrollo. Sobre la base de este marco, el Servicio Comercial de la Corona desarrolló 11 principios de gestión de contratos:

1. Asegurar que los contratos sean conocidos y comprendidos por todos aquellos que estarán involucrados en su gestión.

2. Ser transparente con la rendición de cuentas, los roles y las responsabilidades.

3. Establecer y utilizar mecanismos sólidos de gobernanza para gestionar el riesgo y permitir la supervisión estratégica.

4. Adoptar un enfoque diferenciado que está basado en el riesgo.

5. Gestionar los contratos para obtener resultados comerciales y resultados en el servicio público. 6. Aceptar que el cambio sucederá y planificar para él.

7. Medir e informar sobre el rendimiento y utilizar los datos de manera eficiente para incentivar el buen desempeño.

8. Impulsar la mejora continua, la buena relación calidad-precio y captar la innovación.

9. Aceptar que la ejecución exitosa de los grandes proyectos se logra mejor mediante un solo equipo que está totalmente integrado.

10. Asegurar que se establezcan vínculos con las organizaciones y/o con los programas SRM del gobierno.

11. Adoptar y fomentar los comportamientos comerciales maduros.

Fuente: NAO (2016)

www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Good_practice_contract_management_framework.pdf,

CCS(2014),www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/395083/Contract_Management_Princi ples.pdf

Los métodos de contratación pública carecen de una estructura de incentivos similar para adoptar un enfoque holístico en la gestión de la infraestructura. Por lo

tanto, es importante que los planificadores de proyectos estimen y presupuesten para la futura operación y los gastos de mantenimiento, en el momento de preparar el proyecto. Las decisiones relacionadas con la elección de tecnologías también deberían basarse en

un enfoque integral. Por ejemplo, las decisiones sobre el tipo de superficie para una carretera deben tener en cuenta el impacto de diferentes soluciones de pavimentación sobre las necesidades de mantenimiento a largo plazo y sobre la seguridad de los usuarios. Al considerar si optan por carreteras pavimentadas o no pavimentadas, los evaluadores de proyectos deben considerar una solución intermedia entre los costos de inversión y de mantenimiento en el análisis de costo-beneficio. Mientras que los planificadores chilenos consideran que normas apropiadas se deben aplicar a las diferentes categorías de carreteras, deben considerar las implicancias de varias opciones sobre los presupuestos de mantenimiento. Además, un análisis de los costos corrientes relacionados con la operación y mantenimiento del activo también debería figurar en la revisión realizada por el Ministerio de Hacienda.

En el caso de las carreteras bajo administración pública, Chile actualmente utiliza una serie de mecanismos para mantener la red vial. Esos mecanismos incluyen

la gestión directa por parte del MOP, contratos globales de mantenimiento que abarcan una serie predeterminada de intervenciones dentro de una red vial en particular, y contratos de nivel de servicios, por los que se otorga en los contratistas la responsabilidad de mantener las redes viales públicas a ciertos estándares de calidad y seguridad. En 2011, los contratos globales representaron aproximadamente el 57% del mantenimiento de redes viales (Vivallos, 2013). Los contratos de servicio tienen el beneficio de incentivar a los contratistas a monitorear la calidad de las carreteras y a realizar mantenimientos preventivos. Por lo tanto, tienen el potencial para asegurar que las carreteras se mantienen con un nivel alto, así como de reducir los costos generales de mantenimiento a lo largo de la vida útil de estas carreteras. En la actualidad sólo se utilizan para carreteras pavimentadas, y abarcan el mantenimiento rutinario. Siempre que sea posible, el MOP debería la posibilidad de ampliar el uso de los contratos de nivel de servicio como una forma de mejorar la calidad general de la red vial.

Las unidades de ejecución como la CCOP deberían dedicarles suficiente capacidad a las fases operativas de los proyectos. Esto se debe hacer independiente del

método de contratación utilizada – tradicional o concesión. Además, deben asegurarse de que el rendimiento de los activos y los niveles de servicio se supervisen activamente.

Relación Calidad-Precio (Value for money)

Debería haber procedimientos rigurosos para abordar el valor absoluto y relativo de la relación calidad-precio, es decir, análisis costo-beneficio, la asequibilidad para los bolsillos del sector público y los usuarios, y la transparencia de la información esencial tanto sobre el proyecto como del portafolio de activos en general.

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de Chile tiene una serie de procesos bien institucionalizados que promueven la relación calidad-precio y la transparencia en

el uso de la inversión pública. Uno de los pilares del sistema de inversión pública de Chile es el proceso de análisis social de costo-beneficio (ACB) que está en el centro de la evaluación de proyectos (Gráfico 2.3). Este proceso tiene una serie de fortalezas, incluyendo una tasa de retorno objetivo que es simple y clara, metodologías bien documentadas acerca de cómo llevar a cabo un ACB y una clara separación institucional de los papeles entre el desarrollo de proyectos, la evaluación y la aprobación. Con respecto a este último punto, los ministerios sectoriales como el MOP y el MINVU

preparan y ejecutan proyectos, mientras que el MDS es responsable de revisar y aprobar las evaluaciones sociales de costo-beneficio. Sin embargo, no existe un requisito formal para asegurar un valor absoluto de calidad-precio por la inversión en los proyectos de infraestructura (Tabla 2.6). Como consecuencia, sólo el 40% de los proyectos se someten a análisis de costo-beneficio. De éstos, el 70% se evalúan utilizando los criterios de costo mínimo (Ferro y Mercadier, 2016).

Gráfico 2.3. Estrategias para determinar la relación calidad-precio en Chile y los países de la OCDE

Notas: 1. Incluyendo el Costo Total de Propiedad durante el ciclo de vida, 2. Rentabilidad. Fuente: OCDE (2016a), Estudio de la OCDE sobre la gobernanza de la infraestructura.

Tabla 2.6. Proceso formal o requisitos legales para asegurar un valor absoluto calidad-precio por la inversión en los proyectos de infraestructura en Chile y los países de la OCDE

Si No Chile Alemaniaa Australiaa1 Coreab Dinamarcad Finlandiad Franciaa2 Hungríab Irlandab Italiaa Japónb Méxicoc Noruegab Nueva Zelandab Reino Unidoa República Checad Suizad Turquíab Austria Eslovenia España Estonia Luxemburgo Suecia

Notas: a. Sí en todos los casos; b. En todos los casos por encima de un umbral de cierto valor; c. paro casos específicos; d. Sólo Proyectos APP;

1) Sea por Infrastructure Australia o por el departamento de presupuesto; 2) Excluyendo los proyectos financiados por las autoridades locales.

Fuente: OCDE (2016a), Estudio de la OCDE sobre la gobernanza de la infraestructura.

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3 Análisis de costo-beneficio

Estimaciones de flujo de caja durante el ciclo del proyecto

Metodología de casos de negocio

Otros

Chile

Chile

Chile2

Un salvaguardio adicional se relaciona con el papel central del Ministerio de Hacienda en la aprobación de hitos clave del proyecto que implican compromisos tales como la documentación de la licitación y la adjudicación del contrato. Al igual

que en la mayoría de los países de la OCDE (Tabla 2.7), el proyecto no puede continuar si no se cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda. Esto aplica una verificación adicional al sistema, lo que contribuye a garantizar no sólo que los proyectos generen un retorno social positivo, sino que estén bien estructurados en términos financieros, que sean asequibles para el sector público y que no sobrecarguen al estado con riesgos excesivos.

Tabla 2.7. ¿La Autoridad Central de Presupuestos tiene un papel formal como guardián en la aprobación de proyectos de infraestructura?

Si No Chile Austria Bélgica República Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania Irlanda Italia Japón Luxemburgo México Corea Eslovenia España Turquía Reino Unido Suecia Australia Estonia Nueva Zelanda Noruega Suiza

Fuente: OCDE (2016a), Estudio de la OCDE sobre la gobernanza de la infraestructura

El Sistema Nacional de Inversiones de Chile también exhibe un alto grado de transparencia. Las diversas metodologías y procesos para realizar evaluaciones sociales

se publican en el sitio web del MDS, al igual que los precios sociales utilizados en esas evaluaciones. Una Base en línea de Datos de Proyectos Integrados proporciona información relacionada con el estado y los costos de todas las inversiones públicas, permitiendo así a la sociedad civil, al sector privado y al público en general hacerles seguimiento a las inversiones en todos los sectores en diferentes regiones. El CCOP dentro del MOP también publica información extensa sobre concesiones durante cada fase del ciclo de vida del proyecto. Este sistema, que combina procesos rigurosos, revisión independiente y un alto grado de transparencia, ha contribuido sin duda a la relativamente alta calidad y eficiencia de las inversiones en infraestructura de Chile en los últimos 25 años.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el campo de las concesiones, la

relación calidad-precio puede ser alterada por las modificaciones y extensiones de contratos, por lo que se requiere controles especiales. Estas prácticas no sólo se pasan

por alto el sistema de evaluación social, sino que dan lugar a la adquisición de infraestructuras a un costo mayor de lo necesario, ya que evitan las disciplinas impuestas por la competencia.