2.7 Runtime system (C/SIDE)
2.7.2 NAV 2009
5. La creación de una Comisión
de la Verdad y de un Tribunal Penal
Internacional en Burundi
Las declaraciones del Gobierno burundés durante 2007 a favor del establecimiento de una Comisión de la Verdad y de un Tribunal Especial, contemplado en el Acuerdo de Arusha (2000), y el correspondiente proce- so de negociaciones con la ONU suponen una nueva oportunidad y un impulso para que a partir de 2008 empiecen a consolidarse la paz y los mecanismos de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos pasadas. El acuerdo de paz de Arusha consti- tuyó efectivamente un punto de partida para la cons- trucción de un proceso de justicia transicional tras cua- tro décadas de conflicto pero, desde entonces, se han dado también en la práctica difíciles equilibrios entre paz y justicia, principalmente en lo que respecta a las inmunidades temporales y al diseño de los órganos de justicia previstos, ya sean formales o infor-
males. Es por ello que el año 2008 puede constituir una oportunidad de paz si se cumplen algunos requisitos mínimos de ver- dad, justicia y reparación a las víctimas, convirtiendo así a Burundi en un nuevo refe- rente de la justicia transicional a escala internacional.
Con respecto al modelo de justicia transicio- nal negociado por las partes, el Acuerdo de Arusha solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una Comisión Interna- cional Judicial de Investigación sobre geno- cidio, crímenes contra la humanidad y de
guerra así como la de un Tribunal Penal Internacional para este tipo de crímenes. Sin embargo, en el año 2005 el Consejo de Seguridad refrendó una de las con- clusiones del Informe Kalomoh que recomendaba que no se creara dicha Comisión de Investigación por el solapamiento de funciones entre los diferentes órganos a crear. Se estableció, por el contrario, la necesidad de crear una Comisión Nacional de Verdad y Reconcilia- ción cuyo mandato sería el de promover medidas de reconciliación y perdón, establecer las responsabilida- des e identificar a los responsables y a las víctimas. En este contexto y de forma paralela, el Gobierno burundés inició un proceso de inmunidad temporal, previsto en el
Acuerdo de Arusha, para los “prisioneros políticos” que excluía los actos de genocidio, crímenes de lesa huma- nidad o crímenes de guerra. Posteriormente el Protoco- lo de Pretoria amplió el alcance de la inmunidad tempo- ral a todos los dirigentes y combatientes del CNDD-FDD y a las fuerzas de seguridad del Gobierno de Burundi. Sin embargo, y a raíz de varios decretos presidenciales, se liberó a lo largo del 2006 a unas 3.000 personas, algunas de ellas imputadas con cargos de graves viola- ciones de derechos humanos durante el conflicto. En este contexto quedan, sin embargo, algunos aspec- tos relevantes por clarificar referentes a los principios de inmunidad o amnistía para los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, a pesar de la claridad del Acuerdo de Arusha, así como a la neu- tralidad e independencia de estos órganos y a la rela- ción de trabajo que se establezca entre ellos. En con- creto y en lo que al Tribunal se refiere, el Gobierno no opta por un fiscal independiente, sino alguien que tramite los casos que la Comi- sión de Verdad derive al Tribunal. Teniendo en cuenta que ésta no puede tipificar jurídi- camente delitos graves, esto tendría como consecuencia el vacío de la justicia en casos graves, según apuntan diversas fuentes no gubernamentales. Por otra parte, y a pesar de que el Gobierno enfatiza la provisionali- dad de las inmunidades otorgadas y subra- ya que algunas de éstas serán juzgadas ante el tribunal o comparecerán ante la comi- sión, las ONG y las víctimas temen que la tardanza en la creación de estos órganos pueda suponer la impunidad de facto res- pecto a los actos cometidos.
Recuperando la declarada voluntad del Gobierno de Burundi de agilizar el proceso de creación de los órga- nos encargados de esclarecer la verdad y enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, es necesario recordar el preámbulo de la resolución 1606 del Consejo de Seguridad, en las que se destaca la necesidad de prestar una asistencia internacional adecuada a Burundi con el objetivo de poner fin a la impunidad, promover la reconciliación y establecer una sociedad y un gobierno bajo el imperio de la ley.
El mandato de la
comisión nacional
en Burundi sería
promover medidas
de reconciliación y
perdón, establecer
las responsabilidades
e identificar a
los responsables
y a las víctimas
6. El proceso de diálogo y transición
para Myanmar
El año 2007 ha supuesto un punto de inflexión en la situación de Myanmar, ya que por primera vez desde la revuelta popular de 1988 y las elecciones de 1990 —en las que resultó victoriosa la que posteriormente reci- biría el Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi— se produjeron masivas protestas ciudadanas en contra del régimen militar que ha gobernado el país en las últimas décadas. Por primera vez en muchos años se ha abierto una puerta al diálogo con la oposición política, paso imprescindible para la democratización del país. Así, se presenta una oportunidad para la transfor-
mación de la situación política interna. Durante varias semanas, centenares de miles de personas se unieron a las protestas encabezadas por los monjes budistas contra la subida de los precios de los carburantes y los bienes básicos, y contra la cerrazón polí- tica de un régimen que históricamente ha suprimido violentamente cualquier intento de democratización. La importancia de dichas protestas, más allá del valor que en
términos democráticos suponga cualquier protesta ciuda- dana de carácter no violento en el marco de una dictadu- ra para reclamar mejores condiciones de vida y mayores espacios de participación social, recaería en las conse- cuencias que podrían derivarse de la trascendencia inter- nacional adquirida por la crisis. Ésta podría servir para reforzar la presencia de Myanmar en la agenda interna- cional y fortalecer los esfuerzos diplomáticos que, princi- palmente, Naciones Unidas está llevando a cabo para impulsar un proceso de democratización.
Las imágenes de la represión sobre los manifestantes pacíficos en las calles de Rangún y Mandalay sirvieron para que durante unas semanas la prensa internacional dedicara sus portadas a la situación de un país habi- tualmente ausente en los rotativos, logrando una aten- ción internacional sin precedentes. Si bien esta aten- ción mediática sólo duró unas semanas, y al finalizar el año el interés de los medios de comunicación interna- cionales por Myanmar había desaparecido, los esfuer- zos diplomáticos, especialmente los protagonizados por parte de la ONU se vieron fortalecidos, y la respuesta del régimen a estas protestas —a pesar de la grave- dad— fue mucho más suave que en anteriores ocasio- nes (en 1988 murieron miles de personas como conse- cuencia de la represión).
Varios factores convierten a la situación actual del país en una oportunidad para su democratización. En pri-
mer lugar, y como se señaló anteriormente, la masiva presencia ciudadana en las protestas contra el régi- men, situación inaudita desde principios de los noven- ta, ya que en estas décadas, el régimen había logrado la marginación y acallamiento de la oposición política. En segundo lugar, cabe apuntar otro elemento que, sumado a los incipientes esfuerzos de la comunidad internacional, podría permitir entrever alguna posibili- dad de transformación en el país asiático. Algunos de los grupos que integran la oposición armada de carác- ter étnico (UWSA, MNDA, NDA y NDAA) han mostrado su apoyo a reivindicaciones democratizadoras expresa- das por la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi y su partido, la LND. Si bien este apoyo dista mucho de experiencias como la de Nepal, donde una alianza entre la oposición política y la armada sirvió no sólo para poner fin al conflicto armado, sino también al régimen despótico monárquico, indudablemente un acercamiento entre la oposición política y la armada bajo determinadas premisas podría fortalecer a quienes aspiran a transformar la realidad política y social de Myanmar. En cualquier caso, quedaría pendiente la cues- tión de si un Gobierno democrático en Myanmar sería capaz de abordar la violencia armada en el país y las aspiraciones de autogobierno de las diferentes comu- nidades étnicas.
En tercer lugar, cabe destacar un esfuerzo diplomático desconocido también en estos años. La figura del Enviado Especial del Secretario General de la ONU, Ibrahim Gambari, que desde 2006 ha realizado varias visitas al país, sumada a las presiones por parte de EEUU, la UE y varios países de la región, evidencian la existencia de un nuevo –aunque frágil– escenario polí- tico. La predisposición de la líder opositora Aung San Suu Kyi quien, pese a llevar más de una década some- tida a arresto domiciliario, se ha mostrado favorable al diálogo con el gobierno, apuntala las posibilidades de que este proceso pueda tener consecuencias positivas en el medio o largo plazo. No obstante, conviene no olvidar que destacados países de la región, como China o la India, apoyan al régimen birmano y mantienen importantes intereses económicos en el país. Asimis- mo, Rusia ha salido en auxilio del Gobierno militar vetando las posibilidades de un pronunciamiento en contra en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. La creación a finales de 2007 por parte de Gambari de un grupo de países amigos para explorar posibles sali- das a la crisis política y social que vive el país supone también un paso importante para el inicio de un proce- so de transición que ponga fin a la dictadura.