A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, el país asiste a la emergencia y desarrollo de una nueva etapa de auge de los movimientos sociales, con diverso grado de capacidad de presión, resistencia, protesta, propuesta, articulación y negociación de sus demandas. Muchos movimientos, tales como los de la niñez y juventud, de mujeres, pero sobre todo de pueblos indígenas y de derechos humanos, han promovido importante causas, ganado espacios y logrado la institucionalización de entidades que resguardan la calidad efectiva de sus derechos. Muy pronto la dinámica social del país fue enriquecida por las acciones de las diversas expresiones del movimiento social durante más de tres décadas reprimidas, perseguidas y convertidas en objetivo de la guerra contrainsurgente.
El proceso de negociación de los acuerdos de paz fundamentan la necesidad de la participación ciudadana de nuevo tipo, de la organización, gestión y formulación de propuestas de las organizaciones sociales no para robarle parte del poder al Estado sino para participar en sus decisiones, legitimarlo y volverlo representativo y transparente. En este sentido toma relevancia la necesidad de fortalecer el campo de acción de la sociedad civil, no sólo como una demanda popular sino por la misma necesidad de legitimación del régimen político y de las instituciones del Estado. Los Acuerdos de Paz incluyen la necesidad de consulta a sectores sociales específicos, como una forma de fortalecer el carácter civil del Estado, en clara referencia a los procesos de militarización que éste sufriera el país en décadas pasadas y que llevó a la instalación de cúpulas políticas y militares, actualmente
Los alcances legitimadores planteados a través del contenido de estos acuerdos pronto entraron en contradicción con la denomina “falta de voluntad política” de los personeros de los sucesivos gobiernos, poniendo de manifiesto la colisión entre una cultura autoritaria que se niega a perder espacios y una nueva cultura, que se abre paso con dificultades y riesgos. La limitada autonomía política de aquellos actores, ante los grandes poderes políticos y económicos se ha puesto de manifiesto una vez más y esto ha llevado a retrasar la puesta en marcha de muchas de las recomendaciones específicas, a elevar los niveles de insatisfacción de amplios sectores, principalmente de las organizaciones campesinas, mayas y comunitarias.
Hoy, como hace cuarenta años, el movimiento social ve afectado su capacidad propositiva y de movilización ante procedimientos gubernamentales que acuden a diversos mecanismos claramente diferenciados: la incorporación al gobierno, en unos sectores; la cooptación en otros casos; la invisibilización y en casos específicos, la represión. Durante el gobierno de Alvaro Colóm, como en el anterior, la represión se impone contra las expresiones más dinámicas el movimiento campesino, con fines de amedrentamiento, como ya ha sucedido contra las organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, etc. En estas condiciones, como siempre ha sucedido, será la ciudadanía la que asuma decisiones a favor de la profundización de la democracia. Porque ante la falta de “voluntad política” de las instituciones del Estado los procesos transformativos no podrán generarse y consolidarse sino a partir de las presiones sociales que se generan desde la sociedad civil, pero estas son insuficientes y obligan a fortalecer los mecanismos de articulación política.
Y es que los Acuerdos de Paz como el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas han contribuido a la creación de un escenario político que obliga a los gobiernos y sectores hegemónicos a dialogar y ceder espacios, a considerar la opinión de “otros sectores sociales”, pero también a poner al descubierto la contradicción que caracteriza su propia práctica política. Los escasos márgenes de maniobra gubernamental para gestar y promover políticas que favorezcan el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los acuerdos, se ponen en evidencia a través de discursos y acomodos, de la cooptación a unos y la represión a otros sectores. Con sus limitaciones estos acuerdos constituyen un referente obligado para la cúpula política en el país.
Con altibajos que es necesario reconocer, el movimiento social ha estado presente en la dinámica política del país, destacándose la década revolucionaria (1944-1954), así como los años sesenta y setenta. La precariedad de la vida de amplios sectores seriamente afectada por el terremoto de 1976 y las necesidades de organización derivadas por el mismo, contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones populares y a crecientes movilizaciones urbanas y rurales que en pocos años superó los límites impuestos por la represión policial y militar. Esta falta de voluntad política es la que luego se desarrollo bajo la represión, primero selectiva, luego generalizada y con masacres.
En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado el movimiento social estuvo nucleado por organizaciones urbanas de capas medias, campesinas y de obreros agrícolas que llevaron a la profundización del proyecto revolucianario con motivo de la reforma agraria. En los años sesenta y setenta, aquellas expresiones se vieron enriquecidas con movimientos de cooperativistas.
Se destacan por su influencia en la dinámica política nacional las movilizaciones de los mineros de Ixtahuacán y de Oxec, en Huehuetenango y Alta Verapaz, respectivamente, que junto al auge de los movimientos del magisterio, estudiantil, de trabajadores de salud y asalariados agrícolas contribuyeron a amplias movilizaciones. En el contexto de los gobiernos represivos, también se dieron importantes luchas campesinas y obreras, que condujeron al paro general de los trabajadores agrícolas de la Costa Sur. Es en este espacio que emerge el Comité de Unidad Campesina CUC, cuya influencia en el movimiento social pronto se puso de manifiesto.
A partir de los años noventa emergen y fortalecen el movimiento social nucleado por entidades diversas, que levantan demandas de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de mujeres, de la niñez y la juventud. Y en la última década destacan las movilizaciones agrarias, que se han gestado alrededor de cuestiones como el acceso, posesión y uso de la tierra, sobre los niveles salariales, condiciones de trabajo y el derecho a la organización, así como de la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.
En este contexto de conflictividad se vuelve visible la limitada capacidad de maniobra de las autoridades para atender las demandas agrarias y de los trabajadores del campo. Es en este complejo marco que tiene espacio el debate alrededor de la necesidad de desarrollo de un nuevo tipo de ciudadanía, orientado a abrir nuevos escenarios que coadyuve a la construcción de un proyecto alternativo, de democracia participativa.
La ciudadanía campesina y de amplios sectores populares se traduce en la forma de organización de los mismos, en la naturaleza de sus orientaciones y de los lineamientos orientados a potenciar el movimiento social y a trazar las líneas generales de un nuevo escenario de movilizaciones. En una primera etapa para resistir y acumular fuerzas y experiencias, para sistematizar información y aprender nuevas lecciones, como punto de partida para la construcción de organizaciones sociales que privilegien la dimensión política autónoma, ante los riesgos de la inacción y la parálisis por un lado, del activismo reactivo y de la cooptación política por otro.
Las luchas campesinas y populares tienen como parámetros generales de sus demandas la destrucción de las asimetrías que favorecen las desigualdades y exclusiones, por medio del acceso a recursos, de la recuperación de tierras usurpadas y de la legalización de la tenencia de las mismas, del uso apropiado racional y sostenible de los recursos, del mantenimiento natural del cauce de los ríos y la protección de los mantos acuíferos. En definitiva, se trata de la defensa no de la sobrevivencia, de la vida plena como una política de Estado que rechace la cultura de la muerte.
La visión del desarrollo vista en términos cualitativos que promueven las organizaciones campesinas presupone una modificación en la calidad y naturaleza de las relaciones de producción (trabajo, distribución, consumo, desarrollo, etc.) y de las relaciones sociales en su conjunto. Implica también el fortalecimiento cualitativo de actores sociales, orientado a la construcción de los sujetos del movimiento popular, dentro de una senda que se orienta a la construcción de una nueva hegemonía. De esta manera el desarrollo rural, implicará la modificación de las actuales relaciones de poder respecto de temas cruciales: acceso a la tierra, protección del trabajo, garantía de la calidad de vida, servicios públicos y desarrollo de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de la soberanía nacional.