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A continuación, se detalla cada indicador, según se enunció en el apartado de operacionalización de la hipótesis de investigación. Se debe aclarar que en esta lista no se eximen otros que podrían surgir durante cada fase del proyecto según se desarrolle la estrategia. Este primer acercamiento está sustentado por un marco técnico jurídico y administrativo, de acuerdo con leyes, decretos y estándares nacionales o internacionales. Además, responde también a los criterios de los expertos y de los habitantes entrevistados.

a) Inversión en obra social: no debe ser menor al 1% de la inversión total del proyecto, similar al 1% que la Ley Ambiental sostiene para inversión en gestión ambiental. Aunque no existe una norma que tácitamente estipule este índice, se prevé que un porcentaje menor es insuficiente para cumplir con el principio de sostenibilidad social que la propuesta pretende.

b) Inversión en gestión ambiental: no debe ser menor al 1% de la inversión total del proyecto, tal como lo contempla la Ley Ambiental. Éste es un requisito legal que debe

cumplirse de acuerdo con la magnitud de la inversión del proyecto con el fin de garantizar la viabilidad ambiental de las obras.

c) Inversión en educación ambiental: se estipula un mínimo de 0,5% de las utilidades gravadas que genere el proyecto una vez iniciadas las operaciones. Este indicador es particularmente importante porque funciona como un medio que obliga al proyecto a internalizar externalidades, ya que se deriva directamente de las utilidades netas. d) Oferta laboral: se espera que los empleos que genere el proyecto impacten

positivamente la comunidad y la provincia donde se encuentre. Durante los primeros 5 años de la etapa de construcción se espera que 70% de los empleos sean ocupados por personas de las comunidades cercanas, y que al menos 90% sean de la provincia. De esta manera, el proyecto contribuye al desarrollo socioeconómico local y regional al ofertar empleos con salarios competitivos.

e) Uso de suelos: el área de impacto por cada pozo perforado direccionalmente debe ser alrededor de 0,25 hectáreas, lo que significa una reducción del 75% en comparación con la perforación convencional. Debe existir un riguroso control sobre el área de impacto, ya que es uno de los elementos que se valora de manera más inmediata en proyectos de gestión gerencial geotérmica.

f) Contaminación por H2S y por CO2: se determina que por cada Mwh de energía producida haya un índice máximo tolerable de 0,47 kg de H2S liberados a la atmósfera. Por otra parte, se establece un máximo de 0,311 kg de CO2 por 1 Mwh de energía que produzca el proyecto. Estos indicadores hacen referencia a las cantidades que registra el proyecto Miravalles, en donde la reducción de emanaciones en comparación con la energía de búnker va de 85% en CO2 hasta 95% en H2S por cada 1 Mwh.

g) Nivel sonoro máximo dB (A) del tránsito de vehículos dentro del ASP: según el Reglamento para el Control del Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (Decreto Ejecutivo Nº38937-MOPT), en su Artículo 8 define a partir del 23 de octubre del 2015 los valores límite de nivel sonoro para el escape de los vehículos. Se recomienda que ningún vehículo que transite dentro del ASP exceda el nivel máximo permitido para un automóvil, es decir los 90 dB (A). Esta propuesta se muestra en la tabla n°18.

Categoría Nivel Máximo dB (A) según Art.8

Nivel Máximo dB

(A) recomendado Diferencia

Automóvil 90 90 -

Vehículo carga liviana y microbuses 92 90 -2

Busetas y autobuses 94 90 -4

Vehículo de carga pesada 96 90 -6

Motocicletas entre 0-250 cc 94 90 -4

Motocicletas >250 cc 96 90 -6

Tabla 18: Valores máximos de ruido para diferentes categorías de vehículos automotores

Fuente: Elaborado a partir del Artículo 8 del Reglamento para el Control del Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores.

h) Personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI): hace referencia a la cantidad de hogares en los que existe una o más necesidades básicas insatisfechas. Este indicador es importante pues permite tener una referencia sobre el aumento o la disminución de calidad de vida de una población en particular.

i) Tasa de alfabetización de adultos o tasa de analfabetismo: de acuerdo con la UNESCO (2009) es la cantidad de personas alfabetizadas de quince años y más, expresado en porcentaje de habitantes con quince años o más que puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana. Por otra parte, el índice de

analfabetismo se define como el porcentaje habitantes de quince años o más que no puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana. Para efectos de un proyecto de desarrollo social, la alfabetización es un indicador importante ya que ofrece un potencial para el progreso intelectual y contribuye al desarrollo económico y sociocultural de la zona.

j) Coeficiente de escolarización: según la UNESCO (2009), este indicador proporciona el índice de alumnos de una edad específica ingresados a un ciclo escolar determinado, comparado con la población en general perteneciente a la misma edad en el año que abarca el ciclo escolar. Muestra en detalle la distribución porcentual de la matrícula por edad y se utiliza en ocasiones para medir la desigualdad ya que, por diferentes razones, como el desplazamiento, la falta de centros educativos en zonas rurales, problemas económicos, entre otras circunstancias, algunos niños no ingresan en el momento indicado al sistema educativo.

k) Niños no escolarizados: para la UNESCO (2009), es un indicador que responde al porcentaje de estudiantes que están en un grupo de edad y que no están matriculados en el sistema educativo. Identifica la población en el rango de edad oficial o teórica para cursar el nivel, que debiera ser objeto de las políticas y los esfuerzos orientados para lograr la universalización de la educación primaria.

l) Índice de asistencia a la educación regular: se refiere a la cantidad de estudiantes en las edades correspondientes que asisten a I, II, III y IV Ciclo. En Costa Rica, este tipo de educación alcanza la primaria (I y II ciclo) y la secundaria (III y IV ciclo). El

indicador permite conocer la condición de vulnerabilidad social a la que podría estar sometida una población.

m) Índice de rezago educativo: hace referencia al porcentaje de estudiantes con edad para cursar un año lectivo según su edad pero que, por distintos motivos, están rezagados uno o varios años. Este indicador está asociado con otros factores de vulnerabilidad social como la pobreza, pobreza extrema y desigualdad.

n) Grado de hacinamiento: este índice, según la CEPAL (1994), refleja la utilización de la vivienda por parte de los ocupantes, pues existe una diferencia entre que un dormitorio sea utilizado por dos o cinco personas. Se tiene que cuando en una vivienda hay en promedio más de 2 personas por dormitorio, se está frente a una situación de hacinamiento. Este indicador es importante pues sus ocupantes presentan mayor riesgo de sufrir ciertas problemáticas como la violencia doméstica, desintegración familiar, bajo rendimiento escolar, enfermedades, entre otras.

o) Cobertura de afiliados al Seguro Social: de acuerdo con la CEPAL (1994), es un indicador que mide el porcentaje de asegurados directos con respecto a la población económicamente activa de una zona determinada. También permite conocer índice de habitantes asegurados indirectos que hay en dicha población durante un periodo establecido.

p) Tasa de desempleo abierto: según la CEPAL (1994), éste es un indicador para conocer el índice de la población económicamente activa que no se encuentra laborando y en un periodo determinado. En Costa Rica el dato se toma a partir de los 15 años, pues ya se considera parte de la PEA.

q) Índice de ocupación: en Costa Rica se calcula como el porcentaje de personas ocupadas sobre la PEA, es decir, mayor de 15 años. Para organismos como la OIT, el índice de ocupación se calcula para personas mayores de 16 años y menores a 64 años.

Cada indicador supone diferentes instrumentos de medición que deben ser elaborados de acuerdo con estándares que permitan recolectar información válida y confiable. Además, dichos datos deben ser lo suficientemente claros como para permitir su interpretación y la consecuente identificación de las técnicas de abordaje según las políticas socioambientales del proyecto. Deben permitir la puesta en marcha de acciones preventivas con instituciones de gobierno, como por ejemplo el MEP, EBAIS, CCSS, entre otros. Existen casos donde se generan impactos derivados de las actividades que pasan inadvertidos, sobre todo a nivel sociocultural. La llegada masiva de trabajadores a las zonas de construcción del proyecto genera una sobredemanda de servicios como la educación o la salud. Es por esta razón que el proyecto debe integrar como parte de sus responsabilidades sociales, la cobertura de dicha demanda con el fin de que la estabilidad social no se vea alterada.