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En enero de 1999, semanas previas a la culminación de su segundo mandato antes de entregar el gobierno al electo Presidente Hugo Chávez Frías, el Presidente Rafael Caldera en Consejo de Ministros dicta el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora de la

Cuenca del Río Albarregas del Estado Mérida (Decreto Nº 3221, publicado en Gaceta Oficial Nº

5.305 Extraordinario del 1º de febrero de 1999) que regirá para la Zona Protectora del Río, (creada el 22 de agosto de 1973 por el mismo Presidente Caldera en su primer mandato). Es decir el tan necesario Plan para ordenar y reglamentar el uso de la zona protectora de la cuenca se aprobó 25 años y 5 meses después del Decreto como zona protectora.

Ya se puede imaginar el lector cuánta agua pasó bajo los puentes, cuánto se deterioró la cuenca durante todo este período de tiempo durante esos 25 años, más la dificultad que significa trabajar con nuevas generaciones y un mayor número de personas que no han recibido una adecuada educación ambiental, ni a través de la educación formal ni a través de la educación no formal del cual forman parte importante los medios de comunicación: la prensa escrita, la radio y la televisión. En título posterior se incluirá en detalle la información sobre el referido Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso aprobado, el cual desde 1999 debía estar siendo aplicado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a través de una Comisión Interinstitucional.

Esa actitud de retardo pareciera ser común en Venezuela. Aquí se ha dado uno de los procesos de urbanización más violentos de cualquier país del mundo, cuando pasamos de tener 30% de población urbana en la década de los treinta del siglo XX a 90% cincuenta años después, en la década de los ochenta, por supuesto, sin estar preparados para ello nuestros asentamientos humanos urbanos y sin una adecuada ley de urbanismo—el proyecto de 1958 no fue introducido al Congreso Nacional y tenemos Ley de Ordenación Urbanística desde 1987, vigente desde 1988. Es decir, cuando se aprobó la Ley, ya teníamos grandes problemas urbanos, un urbanismo muy desordenado y unas condiciones socio ambientales muy deterioradas.

Desde 1930 hasta 1978 no hubo intentos exitosos de fortalecimiento municipal. Fue sólo a finales de las décadas de los setenta que se dotó a la República de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que contemplaba la organización de las Asociaciones de Vecinos, cuyas acciones comunitarias generalmente fueron mediatizadas y dominadas por los partidos políticos. Nefastos para las administraciones municipales han sido esos retrasos tan considerables, así como tardar tanto en legislar en lo referido a la promoción de la organización de las comunidades populares y de la autogestión, que ya era una necesidad en los años sesenta, quedando expuestas a manipulación política, lo que habrá incidido en el bajo índice de organización que hoy muestran y los altos índices de pobreza física—la mental y espiritual aqueja a muchos, pobres y ricos—que desde mediados del siglo XX no ha hecho sino incrementarse con deterioro socio ambiental.

Aunado a esa ocupación desordenada en zonas urbanas encontramos un descuido o mal manejo de cuencas en zonas rurales, por lo que allí el deterioro ambiental y las consecuencias no se hicieron esperar. Por el maltrato de las nacientes, la deforestación, la tala, la quema a lo largo de cuencas y microcuencas, la ocupación de zonas de protección de ríos y quebradas, aunados a la inoperancia de la gestión ambiental por burocracia, lentitud y desarticulación de instituciones a las que corresponde organizar planes coherentes, se ha desaprovechado la ventaja de ser un país avanzado en legislación ambiental en América Latina. Estamos pero muy atrasados en acciones efectivas, en conciencia ambiental generalizada, en efectividad de la educación ambiental, y seguimos cumpliendo las acciones cotidianas, las urgentes, descuidando las trascendentes.

Vivimos en un persistente deterioro de las condiciones socio ambientales, y a medida que se agudizan los desajustes climáticos (las cada vez más frecuentes vaguadas) se están generando deslaves que azotan zonas naturales y zonas pobladas, para las cuales de paso no tenemos planes de contingencia eficientes, y nos limitamos a actuar en las emergencias. Moraleja: lo urgente distrae de lo trascendente.

Requerimos planes de emergencia y de contingencia, pero fundamentalmente planes de gestión del riesgo, pues tanto o más importantes son los planes de prevención. Y eso implica planes de recuperación y manejo de todas y cada una de las cuencas y microcuencas, e integración de las comunidades a ello, para conocer y resolver sus problemas socio ambientales por

autogestión: diagnosticar sus problemas socio ambientales y socio económicos y formular los

lineamientos para resolverlos en el tiempo, dotándose de un plan de desarrollo integral, en la búsqueda de su desarrollo endógeno, con metas factibles y precisas de acciones en el corto, mediano y largo plazo. Para ello somos apenas facilitadores, acompañantes, aprendices todos. Los planes integrales, coherentemente confeccionados desde comunidades y parroquias, pasan sus propuestas a los Consejos Locales de Planificación a través de las Salas Técnicas, y al ser aprobados pasan a formar parte del Plan de Desarrollo Municipal que debería estar articulado en función de la calidad de la vida, del desarrollo sostenible. Es así como entra en el Presupuesto Municipal que a su vez se enviará para sumarse a articular el Plan de Desarrollo y Presupuesto del Estado. Se trata de acompañar a las comunidades a formarse en la cultura de la participación, aplicando transdisciplina, para lo cual requerimos entre muchas virtudes dotarnos de paciencia, tolerancia, comprensión mutua, perdón, pero también de mucha eficiencia, honestidad, responsabilidad, constancia, dedicación, solidaridad, compromiso...entre otros valores y dotes.

Esto es urgente en el corto plazo, para así estar legando a las generaciones venideras una gama de problemas con alternativas viables de solución algunas de ellas ya encaminadas, en función de la calidad de la vida y el desarrollo sostenible. La suma de acciones a nivel local, ayuda a mejorar las condiciones del nivel global. Lo que está en juego es la biosfera, esa delgada capa del planeta

donde se sustenta la vida tal y como la conocemos. Actuar por la biosfera a nivel local, persigue acompañar a nuestras comunidades en la restitución de la calidad de su ambiente y optimizar las condiciones para protegernos ante las eventualidades que derivan del calentamiento global—a nivel local ello implica entre otras la cultura de la revegetación.