la población local -o la población pobre en particular- se beneficia de las políticas e iniciativas forestales de sus gobiernos locales. Tampoco es homogénea. A veces entre los mismos campesinos -por ejemplo, sobre el aprovechamiento de la madera- hay algunos que presionan para más controles y otros que quieren más facilidades. Además, hay que reconocer que en muchos casos las políticas ambientales y forestales no son temas prioritarios para la población. Cuando hacen demandas a sus representantes locales, mayormente se trata de proyectos de infraestructura y servicios sociales, como caminos, sistemas de agua y luz y centros de educación y salud.
Sin embargo, esto no quiere decir que no existen demandas o consideraciones con respecto al tema forestal. Lo que encontramos es que sí las hay, pero que no se hace este tipo de demanda con frecuencia porque: 1) no es tan tangible como un proyecto, 2) los beneficios no necesariamente se ven de manera directa o no afectan a toda la comunidad, 3) no se asocia con el gobierno local, sino con el central (el Inafor) y, tal vez, más importante, 4) este tipo de iniciativa no se asocia del todo con el gobierno. Cuando la población pide algo relacionado con el sector forestal, lo que solicita son
proyectos de reforestación, posiblemente porque representan posibilidad de empleo o subsidios externos. Pero esto es porque así se piden “proyectos de desarrollo” en Nicaragua. Con respecto a la producción y la economía local -es decir, el sector forestal como parte de esta economía- la población, por lo menos campesina, no espera la ayuda del gobierno.
Nosotros encontramos una serie de demandas y preocupaciones en cada municipio, según sus características particulares. En Tola, la gente se preocupa por los desastres naturales y otros problemas como la escasez de agua, y es muy crítica al ver el aprovechamiento indiscriminado de madera, y en lugares que ella sabe (y las autoridades mismas le han dicho) que esto es prohibido; también en algunos de estos mismos lugares la población había participado en programas de reforestación o enriquecimiento. Algunos han arriesgado sus vidas para enfrentar a estos madereros, y después los ven impunes.
Algo similar ha pasado en Mozonte. Aquí, sin embargo, hay muchos campesinos dueños de bosques de pino que no viven en sus fincas. Cuando se quejan de la ilegalidad y la mafia maderera es para la protección de sus propias fincas y de su propia madera, la cual, según ellos, es robada en su ausencia. Como en Tola, los madereros quedan impunes, y, además,
C A P Í T U L O I
en Mozonte los que acusan han recibido amenazas de muerte. Lo que quieren, en fin, es la justicia, y mejores opciones y mercados para manejar sus propios bosques, sin tener que depender de estos mismos madereros para vender la madera. Estas últimas demandas son las mismas que se escuchan de los dueños de bosques en Dipilto, pero por algunas razones diferentes. En este caso, es el “conservacionismo” del gobierno local el que impide que ellos extraigan madera, pero los madereros más grandes sí. También se quejan de la falta de capital y maquinaria para sacar su producción y así tener acceso a otros mercados. Por otro lado, hay campesinos conservacionistas que quisieran tener menos aprovechamiento forestal en el municipio y también, menos madereros grandes.
De los que trabajan en el sector forestal hay quejas sobre el conservacionismo no sólo en Dipilto, sino también en Estelí, donde de igual manera el gobierno municipal rechaza o retrasa los avales como política de conservación. En Estelí hay muchas quejas de los dueños de bosques ubicados en un área protegida, luego que sus planes de manejo quedaron suspendidos después de que el Marena cedió su administración a una ONG local. Opinan que la alcaldía, la cual preside el comité de comanejo, ha sido intransigente. La misma queja encontramos en Chichigalpa. Aquí y en
Estelí hubo quejas sobre el costo de los
avales. En Chichigalpa tampoco entienden
el trato diferenciado que recibe el Ingenio San Antonio (aunque esta diferencia sea establecida más por el Gobierno central que por el local), y se preocupan principalmente por los desastres naturales.
En los municipios de frontera agrícola hay quejas también por el conservacionismo: los temas principales son la construcción de caminos y la falta de alternativas económicas. Hay mucha presión sobre las reservas Bosawás en el norte, el Indio Maíz en el sur y sobre los territorios indígenas en Bonanza. Los indígenas piden el control sobre los inmigrantes, mientras en Siuna y El Castillo son los inmigrantes quienes dominan el territorio. En Bonanza, aunque son vistos como más conservacionistas “por naturaleza”, los indígenas -igual que los mestizos que trabajan en el sector forestal- quieren la oportunidad de aprovechar el recurso. En Siuna los madereros rechazan el esfuerzo reciente del gobierno municipal de cobrar por los avales; en El Castillo los campesinos simplemente quieren oportunidades económicas.
En resumen, podemos decir que los pequeños dueños de bosque quieren ser tratados igual que los que tienen mayores facilidades, conexiones y poder (madereros, Ingenio San Antonio); y que los (madereros) que abusan de su poder sean justamente castigados. Quieren tener
la oportunidad de manejar y aprovechar sus propios recursos forestales. Los que piden la conservación “a ultranza” -es decir, la prohibición total del aprovechamiento forestal- lo hacen porque creen que el país (el Inafor o el gobierno local) es incapaz de garantizar que los bosques sean manejados de manera sostenible, y lo han visto en la práctica a través de los años. Los que viven en áreas protegidas quieren alternativas si les quitan la opción de manejar sus bosques y, además, no quieren que se les cobre el IBI, por lo menos si no pueden generar ingresos de sus tierras. Los inmigrantes campesinos quieren tierra y nuevas oportunidades. Los indígenas quieren mantener la integralidad de sus territorios y también tener la opción de buscar alternativas económicas. En el fondo, hay que reconocer que los campesinos y los indígenas están entre dos actores claves: los madereros por un lado y los donantes conservacionistas por otro. Los intereses de estas poblaciones rurales son más complejos y variados que los otros dos. Y aunque no se puede negar que estos otros influyen en las decisiones de los gobiernos municipales, son los campesinos e indígenas quienes votan.