MILES DE MILLONES DE EUROS
AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 1 2 3 4 6 5 8 7 9
Años Volumen de las remesas
a2002 2,84
a2003 3,48
a2004 4,19
a2005 4,94
a2006 7,06
a2007 8,45
a2008 7,9
a2009 7,15
fuente: Elaboración propia a partir de datos del banco de España.
6.1.2. Inmigración y balanza fiscal
La cuestión de la balanza fiscal de la inmigración en relación con las arcas públicas ha recibido también cierta atención de la investigación social aplica- da. Más allá de las cotizaciones sociales y los impuestos directos e indirectos recaudados a la población inmigrante, e incluso de las estimaciones de gasto atribuibles a prestaciones y servicios proporcionados a estas, el estudio de dicha balanza debería incluir el conjunto de la riqueza generada por la presen- cia (y participación laboral) de estas poblaciones en la sociedad de acogida. A falta de estudios completos que incluyan los citados parámetros, los datos de los que disponemos son resultado de distintos análisis parciales que, de todas maneras, muestran el impacto claramente positivo de la inmigración sobre las cuentas públicas españolas.
El informe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de 2006 al que nos hemos referido anteriormente estimaba que el 50% del superávit al- canzado por las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la eco- nomía española (unos 5.000 millones de euros anuales) correspondía a la in- migración. Dicho trabajo calculaba que las personas de origen inmigrante absorbían el 5,4% del gasto público (18.618 millones) y aportaban el 6,6% de los ingresos totales del Estado (23.402 millones), por lo que el saldo neto de su contribución era de 4.784 millones de euros, es decir, la mitad del superávit del conjunto del sector público en 2005. Para Dolado y Vázquez (2008), los in- gresos derivados de la inmigración (IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impues- tos especiales, etc.) en 2008 sobrepasaban los costes (en forma de prestaciones por desempleo, pensiones, educación, sanidad, etc.) en cerca de 2.000 millones de euros anuales, con la expectativa de que ese saldo positivo se incrementase hasta 3.000 millones a finales de 2010. Esos mismos autores calculaban que, en la medida en que se cumplan las proyecciones demográficas de crecimiento de la población autóctona y de flujos migratorios, dicho saldo positivo se reduci- rá a unos 1.500 millones de euros anuales hacia finales de la próxima década. El informe sobre el impacto económico de los inmigrantes en el País Vasco publicado por el gobierno de aquella comunidad apunta en la misma dirección que los estudios ya señalados. Según este informe, el balance entre la aporta- ción fiscal de la población inmigrante y el coste de los servicios y transferen- cias sociales que reciben estos colectivos implica una contribución positiva neta de algo más de mil euros anuales per cápita en comparación con la pobla- ción autóctona, sin contar las cotizaciones de seguridad social, competencia del gobierno central (Gobierno Vasco, 2008: 120).
Un aspecto común a todos los grupos de origen inmigrante es su inserción relativamente inestable en el mercado de trabajo, a caballo entre la economía sumergida y los contratos precarios, con condiciones laborales particularmen- te duras. En un contexto económico como el actual, marcado por la crisis del empleo, el saldo positivo del que disfrutó la balanza fiscal como consecuencia de la expansión de la inmigración se habrá, sin duda, moderado. La concentra- ción de los trabajadores inmigrantes en los sectores de actividad más sensibles al ciclo económico, así como la debilidad de sus redes de solidaridad, familia- res y comunitarias, podría dejar más expuestos a estos colectivos ante las re- percusiones negativas derivadas de la crisis.
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Los inmigrantes presentan mayores tasas de desempleo, sobrecualificación y temporalidad. Sin embargo, cinco años después de su llegada, sus índices de participación laboral comienzan a converger con los de los autóctonos. Sus tasas de paro disminuyen hasta niveles incluso inferiores a las de los trabaja- dores españoles, pese a lo cual sus tasas de sobreeducación y temporalidad se mantienen aproximadamente constantes. En términos comparativos entre los diferentes colectivos inmigrantes, los indicadores laborales de los inmigrantes de Europa del Este convergen con mayor rapidez hacia los de la población autóctona, mientras que las condiciones laborales de los inmigrantes africanos continúan siendo peores que las de los nacionales bastante tiempo después de su llegada a nuestro país (Dolado y Vázquez, 2008).
La población procedente de países en vías de desarrollo residente en España presentaba en 2008 una tasa de actividad considerablemente superior a la de la población autóctona (81,2%, frente al 72,6% de la población autóctona) (Otero et al., 2010). Dicha diferencia era claramente visible en el caso de los hombres (89,1% frente 82,1%), y particularmente marcada en el de las muje- res (73,3% en las inmigrantes frente al 62,7% de las autóctonas). De acuerdo con Otero et al., esto hizo que tan solo las cotizaciones a la seguridad social (8.080 millones de euros) de los inmigrantes en ese año (dejando por tanto de lado los impuestos directos e indirectos) aportasen más a la balanza fiscal que todo el gasto social asociado a la inmigración (6.500 millones de euros). La sostenibilidad presente y futura del sistema de seguridad social constituye uno de los ámbitos en que más a menudo se hace referencia a la inmigración en su relación con las políticas de protección social. El argumento general apunta a una idea relativamente simple: si las sociedades europeas, y entre ellas particu- larmente la española, se encaminan hacia un significativo deterioro en sus tasas de dependencia (ratio entre personas inactivas y personas empleadas), conse- cuencia del acentuado proceso de envejecimiento de su población, la llegada de población joven (y por tanto activa) de otros países constituye una de las vías más rápidas y sencillas de frenar temporalmente ese proceso.
Los países europeos están empezando a ser efectivamente víctimas de la lenta explosión de la bomba demográfica. El aumento de la esperanza de vida, uni- do a las bajas tasas de natalidad registradas a partir de los años setenta (en Europa) y ochenta (en España), tiene un impacto directo sobre los sistemas de seguridad social, pues tiende a aumentar la proporción de jubilados mientras
que reduce la proporción de trabajadores. Dado que cada vez más gente cobra del sistema y son menos los que contribuyen a él, nuestra sociedad envejecida no será capaz de hacer frente a las transferencias comprometidas con los tra- bajadores que en este momento cotizan al sistema con la perspectiva de cobrar su pensión tras su jubilación, a no ser que se incrementen las cargas sociales (lo cual deprimiría la demanda interna y frenaría por consiguiente el creci- miento económico, al tiempo que haría menos competitivas nuestras exporta- ciones), o se reforme el sistema de seguridad social (para lo cual existen unos ciertos márgenes que conseguirían retrasar los problemas, aunque sin resol- verlos de forma estructural). El gasto en pensiones representa actualmente en torno al 8,7% del PIB en España y se estima que podría aumentar hasta casi el 20% del PIB en 2050 (aún en el caso de que se produjera una convergencia con las tasas de empleo en la UE).
gRáfICO 6.2
Proyecciones de población para España
0 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 2049 2039 2029 2019 2009 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 100 + HOMBRES MUJERES EDAD fuente: INE.
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En el gráfico 6.2 vemos las proyecciones para la población española calcula- das por el INE, en las que resulta fácil apreciar la evolución gradual de este fenómeno de envejecimiento que pone en cuestión la sostenibilidad de nuestra economía y, por lo tanto, del sistema de protección social tal y como funciona actualmente. De acuerdo con dichas predicciones, si se mantuviesen las ten- dencias demográficas actuales, la población española perdería 3,4 millones de efectivos de entre 19 y 40 años en el período 2010-2020, y la población mayor de 65 años se habría duplicado en el año 2050. Por cada persona en edad de trabajar habría casi una persona potencialmente inactiva.
Desde determinadas instituciones internacionales (ONU, UE, OCDE) se apuesta por la inmigración internacional como uno de los mecanismos más adecuados y factibles para alcanzar el equilibrio presupuestario de la seguri- dad social en el futuro próximo. Según la Comisión Europea, los nacimientos en España durante las próximas dos décadas apenas compensarán las defun- ciones, y solo la entrada de extranjeros lograría aumentar la población activa y contribuyente a la seguridad social, por lo que se necesitaría recibir al menos siete millones de inmigrantes en los próximos 20 años para que la tasa de de- pendencia quedase en el 34%.
Hay tres razones principales por las que la inmigración podría contribuir a atenuar los efectos negativos del envejecimiento poblacional. En primer lugar, una entrada neta de inmigrantes aumenta la población total del país de acogi- da. Así, en 2001, más del 74% del aumento de la población en la UE procedía de la inmigración. En España, la proporción era aún más alta, ligeramente por encima del 80%. En segundo lugar, la inmigración tiene un efecto inmediato sobre la población en edad de trabajar, ya que, en promedio, los inmigrantes son considerablemente más jóvenes que la población autóctona. Finalmente, la primera generación de inmigrantes suele tener más hijos que la población autóctona, con lo cual contribuyen a un incremento de la tasa de fecundidad total de la sociedad de recepción.
El grueso del crecimiento demográfico experimentado en España entre 1992 y 2010 se ha debido, de hecho, a la inmigración. Entre 1992 y 2005 la población española creció en unos 4,3 millones de personas, de las cuales 3,4 millones eran inmigrantes (Pajares, 2007). La inmigración ha venido a paliar así los efectos del envejecimiento de la población en nuestro país. La consecuencia más inmediata de tal crecimiento demográfico, vista la estructura de edades de
la población inmigrada, es el incremento del volumen de población potencial- mente activa en España. La importancia de este aumento es alta, puesto que tiene lugar en el marco del descenso progresivo de natalidad y, sobre todo, de la población activa española. El año 1976 marca el final de un baby boom en España y esto significa que a partir de 1993 el número de jóvenes con 16 años es muy inferior que en años anteriores. En consecuencia, la caída de la natali- dad afecta cada año a un tramo mayor de edad, y por tanto cada año se incor- porarán menos jóvenes al mercado laboral. La población inmigrada, mayorita- riamente entre 20 y 39 años, viene a compensar este descenso de la población nativa potencialmente activa.
La inmigración tiene también un claro efecto sobre el mercado laboral vincu- lado al impacto demográfico. Las personas de nacionalidad extranjera consti- tuyen ya más del 11% de la población ocupada en España, habiendo contribui- do al aumento de la tasa de actividad y de empleo. Según datos de la EPA, la mitad de los 2,6 millones de nuevos empleos creados entre 2001 y 2005 fueron ocupados por extranjeros (Oficina Económica del Presidente, 2006). Un creci- miento semejante de la ocupación hubiese sido imposible sin la aportación de la inmigración (Pajares, 2007: 22).
Pese a que la población activa nativa apenas se ha incrementado, también la tasa de ocupación entre los autóctonos ha crecido, fundamentalmente gracias al aumento de la tasa de ocupación femenina. Tradicionalmente España ha tenido tasas de participación laboral femenina muy por debajo de la media europea, hecho en buena medida explicable por la dificultad para compatibili- zar vida laboral y familiar. La aportación de gran número de mujeres inmi- grantes al sector de los cuidados ha permitido que se incorporase al mercado laboral una buena parte de la población autóctona femenina en edad de traba- jar. Al menos un tercio del aumento de la tasa de actividad femenina sería atribuible a la mayor presencia de empleadas del hogar de origen inmigrante, que descargarían a esas mujeres de parte de sus responsabilidades en el ám bito de la reproducción (Oficina Económica del Presidente, 2006). Esto se observa también en las regiones en las que más inmigrantes se han establecido, que han experimentado un aumento paralelo de la participación laboral de las mujeres autóctonas (Conde-Ruiz et al., 2007).
En la medida en que los inmigrantes aporten sus cotizaciones sociales para pagar las pensiones de los jubilados actuales, no cabe la menor duda de que la
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inmigración contribuye al equilibrio financiero del sistema. La llegada de más de cuatro millones de inmigrantes, no solo ha contribuido a rejuvenecer la población activa, sino que también ha aumentado el número de cotizantes a la seguridad social, manteniendo constante el número de pensionistas, razón por la cual el sistema público ha acumulado un superávit superior al 1% en los últimos años. Según el informe de la Oficina Económica de Presidencia pu- blicado en 2006, los inmigrantes aportaron ese año a las arcas del INSS unos 8.000 millones de euros, y recibieron pensiones por valor de 400 millo- nes. De acuerdo con las últimas cifras de la seguridad social, a finales de 2010 había 18,7 millones de cotizantes, de los que casi 1,9 millones eran inmigrantes (un 81% no comunitarios y un 19% comunitarios). Estos inmigrantes habrían contribuido a elevar temporalmente la ratio de cotizantes sobre pensionistas a cerca del 2,5. Con ello, la inmigración habría retrasado en casi cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones español, de 2023 a 2028, introdu- ciendo así un margen de actuación que permita abordar las reformas necesa- rias para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social (González
et al., 2009).
La conversión de los inmigrantes en pensionistas comenzará aproximadamen- te en 2030, pero al menos hasta 2045 contribuirán de manera positiva a las fi- nanzas del sistema, en buena medida porque sus pensiones serán de menor cuantía al haber sido su base de cotización más baja. A partir de ese momento, sin embargo, los jubilados inmigrantes coincidirán con los jubilados autócto- nos de la generación del baby boom, por lo que contribuirán a incrementar la demanda de pensiones al sistema de seguridad social. Los diversos estudios sobre el tema llegan a una conclusión común: la inmigración ha garantizado temporalmente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, aunque en el mejor de los casos pospone la resolución del problema a la siguiente generación. En este sentido, dicha contribución es ya claramente positiva, al haber diferido varios lustros el déficit de la seguridad social. Muchos de estos inmigrantes, además, no habrán desarrollado trayectorias de cotización sufi- cientemente largas en nuestro país como para beneficiarse de una pensión con- tributiva, por lo que solo podrán optar a una prestación no contributiva de las que se financian mediante los presupuestos generales del Estado. Las implica- ciones de este tipo de situaciones son múltiples, ya que dichas pensiones son de cuantía considerablemente inferior a las contributivas y suponen además
una transferencia de la responsabilidad financiera desde el sistema de seguri- dad social hacia las arcas del Estado. Se da también, por último, una combina- ción diferente de legitimidades, al pasarse de una lógica contributiva a otra de «solidaridad nacional», con lo que se ampliará el margen para la politización del tema del acceso de los inmigrantes al sistema de protección social inicial- mente pensado para la población autóctona.
Los ejercicios de prospectiva acerca de la evolución de la economía, el Estado de bienestar y el impacto de la inmigración sobre ambas dimensiones son escasos, pero en cualquier caso apuntan a una confirmación de los análisis realizados en otros países que señalan el impacto global positivo de la llegada de inmigrantes sobre las finanzas públicas durante las primeras fases del ciclo de asentamiento. Ese efecto positivo se transforma gradualmente en un impacto neutro a medida que el perfil demográfico de las poblaciones de origen inmi- grante converge gradualmente con el de la población autóctona. En este senti- do, el trabajo de Otero et al. (2010) resulta pionero, al plantear el análisis de una serie de posibles escenarios alternativos con el horizonte del año 2025. En dichos escenarios, planteados a partir de diferentes combinaciones de tasas de crecimiento económico e intensidad de flujos migratorios, los autores propo- nen una serie de conclusiones relativamente claras. La primera de ellas es que, en función del modelo económico que adopte nuestro país en los próximos años, y de la tasa de crecimiento que alcance la economía española en ese período, el volumen total de los flujos migratorios que llegarán a España osci- lará entre los dos y los cinco millones de personas. La llegada de mano de obra inmigrante puede variar considerablemente, pero será en cualquier caso nece- saria dado el crecimiento vegetativo negativo de la población autóctona en esos años. Esta situación resultará compatible con tasas de desempleo particu- larmente elevadas entre la población de origen inmigrante, derivadas del perfil relativamente poco cualificado de buena parte de los trabajadores inmigrantes llegados a nuestro país en los últimos lustros. En un contexto de gasto social creciente, consecuencia de las transformaciones demográficas experimenta- das por la sociedad española, la proporción de gasto atribuido a las poblacio- nes de origen inmigrante continuará aumentando, pero manteniendo en cual- quier caso su impacto netamente positivo sobre la balanza fiscal (sobre todo como consecuencia del menor recurso a prestaciones por jubilación de carác- ter contributivo por parte de la población inmigrante). En este sentido, dichos
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autores cifran en un 60% el diferencial de gasto social de la población inmi- grante en relación con la autóctona.
6.1.3. Inmigración, administraciones públicas y clases sociales
Pese a que, de forma agregada, el conjunto del país obtiene un beneficio neto de la inmigración, la estructura de gobierno multinivel y los sistemas de finan- ciación entre sus diferentes niveles pueden producir desequilibrios presupues- tarios entre administraciones públicas, con importantes implicaciones para los sistemas de protección social.
Como hemos visto en páginas anteriores, el principal saldo fiscal positivo de la inmigración se genera en buena medida en el sistema de seguridad social, bajo el control, por tanto, de la administración central del Estado. De igual modo (y con la excepción del País Vasco y Navarra, que funcionan con el sis- tema de concierto), los impuestos sobre la renta y el consumo, en los que la inmigración puede repercutir positivamente, son gestionados también por el gobierno central, que distribuye posteriormente los porcentajes acordados a los gobiernos de las comunidades autónomas en función de los acuerdos de financiación autonómica negociados periódicamente. En este contexto, la lle- gada de un gran volumen de inmigración en los últimos años, junto con la concentración de dichos colectivos de inmigrantes en determinadas comuni- dades, ha significado un importante desajuste entre los recursos fiscales gene- rados por la inmigración y los gastos derivados de un incremento de la deman- da en determinadas políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales). Comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, en las que la llegada de inmigrantes ha representado rápidos incrementos de población residente, han experimentado dificultades para responder a la demanda adicio- nal de prestaciones y servicios sin que la financiación recibida del gobierno central se haya ajustado al mismo ritmo. Los beneficios de la inmigración se- rían de esta manera muy claros en el nivel macroeconómico (los superávits fiscales de la administración general del Estado entre 2005 y 2007 no resultan ajenos a este proceso), mientras que las tensiones se plantearían en el nivel mesoeconómico (presupuestos autonómicos) y microeconómico (escuelas, centros de atención primaria, hospitales). El riesgo concreto de estos procesos