Originalmente, ningún pueblo indogermánico conocía la propiedad pri- vada del suelo o del subsuelo. Éstos pertenecían a la comunidad cuando se efectuaron los asentamientos y mediante sorteo pasó a ser propiedad de las estirpes (gentes), de familias particulares cuya propiedad, al menos por lo que respecta al terreno de la casa de labranza, fue pronto reconoci- da tanto entre los griegos como entre los germanos y, seguramente, tam- bién entre los romanos.4
En la península itálica, más concretamente en las regiones costeras de la Toscana y en la época paleoetrusca, entre 700 y 650 a. de C., el desa- rrollo material alcanzó un notable auge. Creció la riqueza, y con ello el poder de algunas familias particulares, de modo que ya en la Roma arcai- ca y a partir de la capa social de campesinos pequeños y medios, se fue destacando (mediante una evolución cuyos factores no están aún bien de- terminados) una capa superior de grandes terratenientes nobles. Sus posi- bilidades financieras, ya muy superiores, les permitieron ir ampliando ininterrumpidamente sus posesiones, sobre todo cuando se enseñorearon por la fuerza de las tierras estatales, el ager publicus, que subsistía hasta entonces junto a la propiedad privada, el ager privatus, y provenía en su mayor parte del botín de las guerras. Estas tierras ocupaban en el siglo m un sexto, aproximadamente, de la península itálica. Aunque esa acumula- ción de la propiedad no siguiera en modo alguno una trayectoria lineal y admitiera numerosas excepciones, con todo, mostró ser la tendencia do- minante. Cada crisis, fuese familiar o política, y, sobre todo, cada guerra enriquecía aún más a una élite dominante: ello fue así tanto de resultas de la devastadora guerra civil desde Sila hasta Augusto, que duró varias dé- cadas, como a raíz de la guerra contra Aníbal, guerra que asoló amplias regiones del sur de Italia y afectó especialmente al estrato social del pe- queño campesinado, pilar fundamental del ejército romano.5
Fue justamente el conflicto contra Aníbal el que creó una situación completamente nueva. Al igual que, ya en el siglo iv a. de C., las conti- nuas guerras favorecieron en Grecia la formación de latifundios, mien-
tras agobiaban y arruinaban al campesinado libre, que había conocido has- ta entonces un auténtico esplendor, ahora, en Roma, la clase media cam- pesina, financieramente débil, resultó prácticamente aniquilada por los impuestos de guerra y las devastaciones. El campesino romano feneció en el campo de batalla o bien se empobreció o endeudó a menudo a cau- sa del absentismo forzado por la guerra. El estamento nobiliario, en cam- bio, que era habitualmente el acreedor de los depauperados campesinos, se cobraba con las granjas de éstos, compraba nuevas tierras, tras enri- quecerse aún más por cuenta de la guerra, y pudo explotarlas ahorrando muchos costos gracias a la mano de obra barata y las legiones de escla- vos de guerra que iban llegando a Roma en oleadas sucesivas."
Durante los siglos i y u d. de C. la economía agraria basada en el lati- fundio fue adquiriendo proporciones todavía mayores. Un número cada vez más restringido de terratenientes disponía de una extensión de tierras en continuo aumento, explotadas como pastizales para el ganado o como plantaciones de vino y de aceite (lo que provocó la reducción del cultivo de cereales y la ruina del campesinado). Fueron, sin embargo, los mis- mos emperadores quienes, a partir de Claudio y Nerón, se convirtieron en los mayores latifundistas y ello gracias a las confiscaciones, las dona- ciones y las roturaciones de nuevas tierras. Fue desde luego en la misma Italia donde la gran propiedad conoció un crecimiento más rápido y ello se debió a toda una serie de factores, en cuya discusión no entramos aquí -uno de ellos estribaba en que, a partir de Trajano, un senador debía in- vertir como mínimo la tercera parte, posteriormente, la cuarta parte, de su patrimonio en bienes inmuebles sitos en la península-, pero también en las provincias creció sin cesar la gran propiedad y especialmente en Áfri- ca, donde lo hizo vertiginosamente, hasta alcanzar proporciones casi in- verosímiles. En el siglo i de la era cristiana, Plinio el Viejo, nos informa en su enciclopédica Naturalis historia (abarcaba dos mil libros) de que la mitad del suelo total de las provincias africanas pertenecía a seis grandes terratenientes.
Una representación muy gráfica de la extensión de estos latifundios nos la presenta, de forma retórica pero sustancialmente verídica. Séneca, él mismo un acaudaladísimo ministro de Nerón, cuando se dirije a otro de sus homólogos «con una seria advertencia»: «Y dado que ningún par- ticular quiere oír nada de ello, digámoslo, pues, públicamente. ¿Dónde queréis trazar la linde de vuestras posesiones? El distrito que antes abar- caba todo un municipio se le antoja ahora estrecho al señor terratenien- te. ¿Hasta dónde queréis ampliar vuestras tierras de cultivo, puesto que el ámbito de una provincia entera os parece demasiado angosto para una única finca? Hay ríos afamados cuyo cauce transcurre por una úni- ca propiedad y corrientes caudalosas, de las que separan naciones ente- ras, que pertenecen a un solo dueño desde su fuente hasta su desemboca-
dura. No estaréis contentos hasta que vuestras posesiones fundarías no abracen a los mares, mientras vuestros administradores no imperen tam- bién más allá de los mares Adriático, Jónico y Egeo, mientras las islas y las patrias de los celebrados héroes mitológicos no figuren como si tal cosa entre vuestros dominios y lo que antes fue un reino se convierta ahora en una finca».7
El crecimiento de los latifundios conllevaba, obviamente, el del patri- monio dinerario: no en vano fueron los romanos quienes hicieron mayor aprecio del dinero en la Antigüedad y quienes elevaron a Pecunia al ran- go de una diosa. Y los bienes pecuniarios aumentaron, naturalmente, de modo muy análogo a como lo habían hecho las fincas: mediante el botín de guerra, indemnizaciones de guerra, créditos, proscripciones y confis- caciones. En suma: las posibilidades del «lucro político» eran entonces casi ilimitadas. Con el denominado cambio de era, ya antes del mismo y, sobre todo, después del mismo, «el dinero afluía a Roma en cantidades tales, que ninguna época de la historia grecorromana había conocido algo así; y esa afluencia iba en continuo aumento» (Finley). Y si bien es verdad que una parte quedaba en poder del erario público, la parte mayor -ése era el quid de los negocios, debidos en no pequeña medida a la guerra- iba a parar a manos privadas. Y cuanto más nobles, es decir, cuanto más grandes y más poderosas eran estas manos, más obtenían: algo que ya en- tonces, como en cualquier otra época, «ennoblecía» aún más, fuesen tie- rras o fuese dinero -el cual tiene la ventaja adicional de que nunca huele mal- lo que cayese en el propio bolsillo.8
Sila, por ejemplo, «padre y salvador» de Roma y uno de sus innume- rables gángsteres políticos de alto vuelo, rapiñaba dinero por todos los medios posibles: mediante herencias, matrimonios -verbigracia, a través del matrimonio con su cuarta mujer (de la poderosa estirpe de los Méte- los), Cecilia Métela, de la cual se hizo divorciar mientras ella sufría bajo una enfermedad mortal. Sila ganó dinero mediante la expoliación de las provincias, y de modo especial gracias a sus lucrativos negocios en el norte de África. Pero no fueron menores los beneficios obtenidos me- diante las confiscaciones y proscripciones (que Livio, Veleyo, Plinio y Séneca condenaron una y otra vez), medidas que sirvieron para desterrar y expropiara 40 senadores, 1.600 caballeros y un total de 4.700 ciudada- nos romanos y sirvieron de fundamento a otras de las grandes fortunas de la época. Algo semejante ocurrió, desde luego, después de que Antonio fue- se vencido por Augusto, ese hombre al que, ya desde sus mismos co- mienzos, el cristianismo reputó como gobernante ideal por antonomasia, como instrumento de la divina providencia y a quien acabó por glorificar mediante una «teología de Augusto». Eso después de que los paganos, por su parte, lo hubiesen considerado ya como mesías, redentor, salvador y rescatador de la humanidad, luz del mundo e hijo de Dios: conceptos y tí-
tulos, todos ellos, que jugaron un papel nada desdeñable en la configura- ción de la imagen neotestamentaria de Cristo.9
Marco Craso pasaba por ser el hombre más rico de la época cesárea, con un patrimonio evaluado en unos 170 millones de sestercios. Con todo, las generaciones siguientes -opina Mommsen- miraban hacia atrás para ver esa época como afligida por la pobreza. El patrimonio de Séneca, mi- nistro e íntimo consejero de Nerón, lo cifraban sus enemigos en 300 millo- nes de sestercios (en los que, aparte de un componente considerable en intereses usurarios, habría que incluir también en cualquier caso una par- ticipación en los bienes confiscados al cuñado de Nerón, Británico, enve- nenado antes de su catorceavo cumpleaños por instigación de la madre imperial, Agripina). Al jefe de gabinete del emperador Claudio, el liberto Narciso (envenenado en 54 d. de C. y elevado al rango de dios) se le atri- buía una fortuna de 400 millones de sestercios. Plinio el Joven, nacido poco después del año 65 -año en que Séneca se quitó la vida por orden de Nerón-, tenía unos ingresos anuales de unos dos millones de sester- cios (correspondientes a un valor de un millón de días de trabajo, habida cuenta que en la primera época imperial un trabajador asalariado ganaba en Roma dos sestercios diarios). Con ello Plinio no pertenecía al grupo de los senadores más pobres, pero tampoco al de los más ricos. Todavía a principios del siglo v, las primeras casas senatoriales de Roma obtenían una renta anual que presuponía un capital de por lo menos 4.000 millo- nes de sestercios del valor de los de antaño. Su lujo estaba en consonan- cia con ello. No solamente era de oro la vajilla en que comían y bebían, sino que también lo eran los bacines en que defecaban.10
Claro es que cuanto, más se enriquecía aquel exiguo grupo, más se empobrecía la masa, como debió de pasar siempre, salvo diferencias mí- nimas, en cualquiera de las épocas conocidas de la historia. Y aunque las razones de ello fuesen de muy diversa índole, todas ellas guardaban entre sí una relación más bien estrecha que lejana.
Por lo pronto, el ejército romano, siempre en continuo crecimiento» engullía sumas cada vez más cuantiosas.
Michael Grant, uno de los más conspicuos historiadores de la Anti- güedad del área anglosajona, nos ofrece un cálculo según el cual el suel- do anual de un legionario romano en la época de Augusto tenía un monto de unas 225 monedas de plata (denarios). Bajo Domiciano (asesinado el 96 d. de C.) ese sueldo era de 300 monedas. Un siglo más tarde, bajo Septimio Severo, era de 500. El hijo de este último, Caracalla (liquidado el año 217 y al que se atribuye la sentencia «nadie, salvo yo mismo, debe tener dinero y yo lo tengo que tener para dárselo a los soldados», propia del apodo por el que se le conocía: el «emperador de los soldados»), mimó al ejército y mejoró su soldada en un 50 %. Ahora bien, como du- rante esos dos siglos el costo de la vida subió, como mínimo, lo que la
soldada de los legionarios y probablemente bastante más, la tropa, a con- secuencia de la incesante inflación, apenas si ganaba más que antes y en muchos casos bastante menos." • ;
Para obtener más dinero los emperadores bajaban de continuo la ley de las monedas. El contenido metálico del denario acuñado bajo Trajano correspondía al 85 % de su valor nominal; el del acuñado bajo Marco Aurelio todavía al 75 % y el de la época de Septimio Severo (194-195) sólo al 60 %. Las minas de oro estaban agotadas o situadas en territorios poco seguros. Las monedas de oro estaban en manos de acaparadores de monedas. El sistema monetario basado en la plata se desplomó y los pre- cios, tan sólo del año 258 al 275, subieron en muchas regiones del impe- rio -si no en la casi totalidad- probablemente un 1.000 por %. Pese a ello, ya antes del año 300 se inició una nueva espiral inflacionista con su- bidas máximas de precios.
Fracasaron además dos enérgicos intentos de frenar el alza arrollado- ra de los precios, intentos propiciados por el, en varios aspectos, intere- sante emperador Diocleciano. En primer lugar hizo acuñar dinero de va- lor estable en tres metales, oro, plata y bronce plateado, a la par que -ini- ciativa inusual- adoptó una medida deflacionaria, rebajando el valor nominal de las monedas a la mitad. Más inaudita aún fue su segunda ten- tativa: mediante un edicto promulgado en 301-302, fijó precios máximos para todas las mercancías y trabajos en todo el Imperio Romano, prohirf hiendo bajo pena de muerte su incumplimiento. (Los fragmentos que se conservan indican precios máximos para 900 productos, desde los alimen- tos hasta el vestido; 41 tarifas máximas para los distintos transportes y los salarios para 113 trabajos distintos.) Este edicto, chocante anticipación de la moderna política de precios y rentas, es «el documento más valioso de toda la historia de la economía de la Antigüedad» y decreta «oficialmente el final de una época del librecambio de mercancías y de toda actividad económica absolutamente libre de trabas y ello con tal perfección que han sido necesarios mil seiscientos años para volver a vivir algo así» (Grant).12
A despecho de ello, todo fracasó. Ni fue posible imponer el cumpli- miento de aquellas disposiciones, ni tampoco controlar el consumo. Y aunque Diocleciano hubiese fijado ya en 50.000 denarios el precio de una libra de oro, esa cuantía experimentó un alza rampante hasta llegar a 300.000 denarios un cuarto de siglo más tarde, bajo el primer emperador cristiano. Los diversos intentos de apoyar una moneda en continuo decli- ve y de mantener estables el nivel de precios y el conjunto de salarios en modo alguno apuntaban en primera línea al pueblo, sino más bien al ejér- cito, la columna del poder. Pues como quiera que la elevación de las sol- dadas apenas podía mantener el ritmo con la devaluación del dinero, se había introducido, ya tiempo atrás, la costumbre de engrosar aquéllas con donativos. Primero mediante participación en el botín de guerra; después
mediante donaciones dinerarias o gratificaciones extraordinarias, coinci- diendo, sobre todo, estas últimas con las ascensiones al trono, con fechas del año o con otras ocasiones festivas. A diferencia de los otros donativos, estas gratificaciones se pagaban en moneda de oro de ley. En suma: la fi- delidad del soldado (fides militum, fides exercituum), tan gustosamente ensalzada, tan ornada de loas religiosas y patrióticas, debía ser continua- mente comprada por los soberanos en moneda contante y sonante. De lo contrario podría costarles el trono y la vida.13
Caracalla, el «emperador de los soldados», que realizó dispendios mi- litares especialmente cuantiosos, impuso asimismo tributos aún más ele- vados. Elevó al doble dos de los impuestos ya existentes, el impuesto so" bre las herencias, respecto al cual abolió cualquier tipo. de dispensas, así como el impuesto por la manumisión de esclavos. Aparte de ello, elevó enormemente los ingresos fiscales mediante un nuevo edicto, la Consti- tutio Antoniniana (212-213), por el que concedió los derechos de ciuda- danía a todos los habitantes del imperio (con muy pocas excepciones, ta- les como la de los esclavos, libertos con antecedentes penales y antiguos enemigos del país). Hasta entonces esos derechos estaban reservados a los itálicos y a una privilegiada minoría de las provincias. A partir de aho- ra, los nuevos ciudadanos tenían que pagar asimismo el impuesto sobre la herencia y el exigido por la manumisión de esclavos y por cierto, como era ya usual para todos, según la tarifa redoblada. Por si todo ello no fue- ra bastante, el nuevo emperador estableció un impuesto completamente nuevo sobre las rentas, el «canon por la corona», que recaudó en repeti- das ocasiones para celebrar con él supuestas victorias.14 "
De este modo, el ejército pasó al primer plano político. Se convirtió en el factor determinante del Estado y devoró de continuo -también los contemporáneos sabemos algo de esto— gigantescas sumas. De algún si- tio tenían que salir y salieron, naturalmente, de allí de donde el arte de gobernar las supo extraer siempre y las extrae ahora.
Caracalla, Septimio Severo y Maximino I (235-238) procedieron tam- bién a confiscar. Marco Aurelio, a vender propiedades del Estado. Pese a todo ello la devaluación prosiguió su inflexible marcha y los precios ga- loparon a tal ritmo que el ejército estaba siempre subremunerado. Tam- poco las entregas en especie -distribución de vituallas, uniformes y armas— alivió gran cosa la situación, puesto que todo ello (durante el siglo n) se deducía de la soldada. A partir de ahora, sin embargo, Septimio Severo (siguiendo el consejo que él mismo dio a sus hijos: «Permaneced unidos, enriqueced a los soldados y despreciad todo lo demás») y sus sucesores procedieron a elevar sistemáticamente los tributos en especie, llamados posteriormente annona militaris y a distribuirlos además gratuitamente. Ello resultaba tanto más gravoso cuanto que aquellas entregas en especie sobrepasaron bien pronto y en medida considerable los desembolsos en
dinero y se convirtieron así en la parte esencial de la manutención de las tropas, en la base esencial del aprovisionamiento del ejército y en el im- puesto, con mucho, más importante del imperio.15
Ya antaño, en situaciones de emergencia, las entregas en especie que la población civil hacía en favor del ejército se realizaban sin que fuese resarcida por ello. Por regla general, sin embargo, e incluso a lo largo del siglo u, el gobierno había pagado por ellas, si bien nunca de acuerdo con su verdadero valor. Ahora bien, en el siglo m se hizo usual no ofrecer compensación alguna por ellas. Y así, mientras una gigantesca organi- zación, sistemáticamente ampliada con nuevos cuarteles generales en las ciudades, con bases de apoyo, con una policía especial y policía militar, con soplones y publícanos, se cuidaba activamente de las entregas comu- nes en especie -los ricos podían pagarlas en oro o incluso conseguir exención de las mismas-, la población de las ciudades y la del campo veía cómo la atribulaban con fuertes requisas y cómo se llevaban sus va- cas, temeros, cabras, heno y vino. Las contribuciones eran tanto peores cuanto que, a menudo, eran arbitrarias, distintas de lugar a lugar y nunca, en absoluto, evaluables de antemano. Así fue al menos hasta Diocleciano, quien estableció una recaudación de impuestos que, como mínimo, estaba regulada, e introdujo -por vez primera en la historia- un plan presupues- tario fijo y un sistema de impuestos radicalmente nuevo. Ni que decir tie- ne, por lo demás, que la tropa incordiaba a la población y que también re- quisaba por su propia cuenta.16
Las quejas de los ciudadanos, las cartas petitorias, se hacían cada vez más apremiantes. Hay quien manifiesta en ellas que está al límite de su paciencia, que se sustraerá a todos los pagos y prestaciones por medio de la huida. Algunos egipcios escriben así: «Resulta difícil, incluso si se nos trata con justicia, cumplir plenamente con nuestras obligaciones». Los frigios confiesan a Filipo el Árabe, que llegó al trono imperial mediante el asesinato de su antecesor, Gordiano III: «Se nos martiriza y extorsiona del modo más cruel por parte de aquellos que tienen el deber de proteger al pueblo, es decir, por oficiales y soldados, por dignatarios que ocupan cargos municipales, y por los propios funcionarios, tus subordinados».