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Si bien todo conflicto político, como se mencionó anteriormente, logra visibilidad pública en el momento de su estallido, es necesario remitirnos a los antecedentes contextuales del mismo no sólo para comprender las múltiples y complejas dimensiones que subyacen a la contienda política sino también para poder ofrecer posibles explicaciones acerca de las gramáticas políticas que se articulan.

Este capítulo se estructura en tres secciones. En primer lugar, se presentarán algunos de los procesos socio-políticos y económicos que condujeron durante los ´90 y los primeros años del siglo XXI a un modelo de país que se nutrió de los preceptos de la agenda del Consenso de Washington, y su posterior colapso como consecuencia de la crisis de legitimidad del neoliberalismo no sólo en tanto proyecto económico sino especialmente como modelo de organización social y política. Posteriormente, en la segunda sección, consideramos relevante presentar las condiciones de posibilidad que configuraron el proceso de transición y cambio iniciado con la llegada al poder del presidente Rafael Correa en el año 2007 y la consolidación de su proyecto “Revolución Ciudadana” a partir de la Constitución de Montecristi en 2008. Por último, se hará un especial hincapié en el ciclo de conflictividad socio-política que se inauguró a partir de la aprobación de las Leyes de la Transición, contempladas en la Carta Magna.

Neoliberalismo, crisis económica e inestabilidad política en Ecuador.

En Ecuador, la llegada de Rafael Correa al poder de la mano Alianza País, el movimiento político creado para tales fines, no puede comprenderse si no es teniendo en consideración las décadas previas marcadas por la implementación de agendas políticas que, al igual que en Argentina, respondían al Consenso de Washington y a una correlación de fuerzas al interior del bloque dominante que tendía a favorecer a los tradicionales grupos de poder (Andrade, 2005). Desde el retorno de la democracia en 1979, Ecuador, en sintonía con los

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procesos sociales, político y económicos de la región, estuvo marcado por la aplicación del modelo neoliberal, a partir del cual comenzó a dejarse atrás un patrón de desarrollo económico basado en el Estado como motor del crecimiento económico. La implementación de las políticas de ajuste estuvo acompañada de una gran inestabilidad política y crisis institucionales, dado los vaivenes del juego político al interior del Congreso (Pachano, 2007), las disputas de poder regional entre las elites dominantes (Ortiz, 2009) y la creciente desafiliación partidaria, incluso de los propios políticos. Si bien desde el retorno de la democracia se sucedieron gestiones políticas de signo ideológico muy diverso cuyos presidentes provenían de distintos partidos políticos (Ramírez, 2010), todas aplicaron, en mayor o menor medida, esquemas neoliberales que beneficiaran a los sectores históricamente dominantes.

A diferencia de lo ocurrido en Argentina, la última dictadura ecuatoriana (1972- 1979) se caracterizó por la puesta en marcha de políticas económicas en las que el Estado cobró una primacía insoslayable a partir del “Programa Nacionalista y Revolucionario” orientado a modernizar el capitalismo e incentivar la producción nacional, registrándose las tasas más altas de crecimiento económico (Araujo, 1999). Asimismo, este gobierno de facto no tuvo el tinte autoritario y represivo que caracterizó a las dictaduras de la década del 70 del Cono Sur, aunque por supuesto, no debe soslayarse el hecho de que operaba en el marco de restricciones a las libertades políticas básicas, como el funcionamiento de partidos políticos.

El gobierno asumido por Jaime Roldós en 1979 intentó llevar adelante un proyecto de crecimiento económico basado en la intervención del Estado y en el fortalecimiento de los sectores organizados y corporativos de la sociedad (Montúfar, 2000). En el programa político estaba contemplada la democratización de la sociedad orientada a reconocer derechos sociales a los sectores históricamente marginados, como los campesinos e indígenas. No obstante, con la inesperada muerte del presidente Roldós en 1981, el fin del boom petrolero que había sido la palanca económica en la década anterior y los problemas derivados de la deuda externa, el nuevo gobierno de Osvaldo Hurtado aplicó una agenda política en la que ya se avizoraban los primeros indicios de los preceptos neoliberales: recorte del gasto público, quita de subsidios y políticas tales como sucretización de la deuda

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externa privada, que terminaron beneficiando a los sectores empresariales. El intento, pues, de continuar con un modelo desarrollista-estatista se agotó, lo cual condujo, como sostiene Montúfar, “al fortalecimiento del Estado y las organizaciones al interior del mismo, como las FFAA y las elites económicas existentes. En un sistema político en que los partidos siempre fueron débiles mientras que los actores económicos y estatales, como las FFAA, siempre mostraron fortaleza, el poder económico y militar fácilmente pudo transformarse en

poder político” (Montufar, 2000: 52). Es necesario reparar en este rasgo del sistema político

ecuatoriano y las relaciones de poder en él dado que será un factor de relevancia en la

contienda política del “30-S”.

Con la llegada al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), perteneciente al Partido Social Cristiano, el modelo neoliberal comenzó a cobrar mayor vigencia a partir de medidas económicas tales como el recorte de gasto social, la apertura comercial y liberalización del comercio, la devaluación de la moneda y la negociación de la deuda orientada a beneficiar a los deudores privados (Schuldt, 1994). La implementación de estas políticas a través de decretos de necesidad, acompañada de políticas represivas y violatorias de los derechos humanos61, contribuyó a la inestabilidad económica y política, así como al fortalecimiento económico de grupos de sectores empresariales afines al presidente (Montúfar, 2000).

La siguiente gestión política presidida por el socialdemócrata Rodrigo Borja (1988- 1992), perteneciente al partido Izquierda Democrática, continuó con la misma línea económica que su antecesor aunque bajo un esquema gradualista (Ramírez, 2010; García, 2008) a través de la sanción de un paquete de leyes tendientes a flexibilizar la fuerza de trabajo y precarizar el mercado laboral, logrando que las organizaciones sindicales perdieran un peso relevante. Además, los indicadores sociales decayeron notablemente, registrándose el 61% de población bajo la línea de pobreza (Barreiros, 1988). Sin embargo, el gobierno de Borja intentó recuperar el marco democrático e institucional mostrándose más tolerante con

61 _{Es durante el gobierno de Febres Cordero que se crea el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), un grupo de}

élite de la Policía Nacional. Fue una unidad de labores de inteligencia creada en 1986 para combatir la delincuencia urbana. De forma clandestina, operaba para desarticular organizaciones que consideraba subversivas.

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las organizaciones sindicales, incluso con el grupo armado Alfaro Vive Carajo (AVC), formado en la clandestinidad en 1983. Esta apertura democrática habilitó las condiciones de posibilidad para que el movimiento indígena comenzara a movilizarse, realizándose el primer levantamiento en junio de 1990 a partir del cual se volcaron nuevas demandas sociales y políticas en la arena nacional que se expresarán fuertemente durante el siguiente gobierno62.

En 1992 asumió la presidencia Sixto Durán Ballén (1992-1996), con el reciente partido político Partido de Unidad Republicana creado para tal fin, fortaleciéndose pues la derecha social y política en Ecuador. Las medidas económicas neoliberales cobraron mayor ímpetu, al ser concebidas en el marco de un paquete más amplio de reformas, no sólo como medidas coyunturales y aisladas como se venían implementando en las gestiones gubernamentales anteriores (Pachano, 2007). Su máxima expresión fue la Ley de Modernización, a partir de la cual se creó el Consejo Nacional de Modernización, institución que se atribuiría la responsabilidad y capacidad de conducir el proceso económico y político de reforma e impulsaría la privatización de empresas estatales. En este contexto, comenzó un ciclo de grandes convulsiones sociales, movilización y conflictividad por parte de diversos actores sociales, como los movimientos indígenas, los estudiantes, las organizaciones no gubernamentales, entre otros, en contra del gobierno de Durán Ballén (Barrera, 2002). A esta situación de crisis social se sumó en 1995 un escándalo de corrupción en el que estaba involucrado el vicepresidente Alberto Dahik, quien fue obligado por el Tribunal Supremo a renunciar y huyó a Costa Rica para evitar ser procesado judicialmente. El desprestigio de la clase política en general venía in crescendo, lo cual coadyuvó a que la credibilidad en las políticas económicas disminuyera, inaugurándose un período de gran inestabilidad económica y política.

Algunos analistas sostienen que el modelo neoliberal no terminó por cuajarse en Ecuador como un proyecto a largo plazo (Hey y Klak, 1999; Lucio Paredes, 2000; Pachano, 2007) debido a un “juego reiterativo” en el que

62 _{La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) surgió en 1986 sobre la base de la}

ECUARUNARI, la principal organización indígena de la sierra creada en 1972 y a partir de ese entonces constituye el actor social más trascendente del Ecuador.

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los intentos de apertura y liberalización de la economía han encontrado fuerte resistencia no solamente en los sectores que podrían considerarse perdedores en un proceso de este tipo y de los opositores ideológicos, sino también de los que se supone podrían obtener ventajas e incluso de los que decían apoyarlo (Pachano, 2007: 14).

No obstante, otros análisis (Falconí y Oleas, 2004; Ramírez Gallegos, 2010 y 2010a; Thoumi y Grindle, 1992) sostienen la tesis según la cual, con marchas y contramarchas, Ecuador atravesó un ciclo neoliberal –tal vez no con la profundidad con la que otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil lo hicieron- en el que se cumplió con prácticamente la totalidad de la agenda de reformas estructurales propuestas en el marco del Consenso de Washington, monitoreadas por los organismos internacionales de crédito63. Si

bien a fines de la década del ´90, “los exponentes ´naturales´ del neoliberalismo –los grupos

de poder y sus partidos políticos–no lograron anclarlo como proyecto hegemónico, a más de que, en repetidas ocasiones, se hizo presente la oposición social” (Acosta, 1999:58), consideramos que durante las décadas del 80 y 90 se sentaron las bases para la

implementación de la agenda neoliberal a la usanza “criolla”64 _{(Falconí y Oleas, 2004) y}

para la posterior y consecuente crisis política y económica de fines de los 9065. Como afirma Burbano de Lara (2000),

el escenario de una reforma neoliberal incompleta es la expresión de la heterogeneidad política del país, de las divisiones entre los grupos empresariales de la costa y la sierra, cada uno con una visión distinta de la política económica, de las rivalidades entre las cúpulas partidistas, pero también de la capacidad de ´resistencia´ de los sindicatos

63_{Algunos indicadores macroeconómicos contribuyen a sostener esta tesis. Como afirma Ramírez (2012), el}

Ecuador tiene un índice de apertura comercial de 0, 95 para 1995, apertura mayor que Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y niveles comparables con Chile” (2012). Asimismo, con respecto a la desregulación del mercado financiero, el índice de desregulación financiera es largamente superior al promedio latinoamericano en una relación de 0,98 a 0,92 (Ramírez, 2012). Para una indagación más detallada del avance de la agenda neoliberal en Ecuador, ver Acosta (2012).

64 _{“Dirigido por élites económicas rentistas, adversas a la competencia de mercado y acostumbradas a la}

manipulación de las políticas públicas, que esquilmaron al Estado” (Falconí y Oleas, 2004: 38).

65 _{Algunos analistas afirman que en Ecuador no se avanzó de manera profunda con la agenda privatizadora por}

lo que debe concluirse que en este país el modelo neoliberal no logró imponerse ya que las privatizaciones constituirían una de las políticas más representativas del paquete de políticas neoliberales. Para este debate, ver Acosta (2000), Correa (2002), Lora y Panizza (2003).

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estatales (…) en este ´bloque´ también hay que añadir a las FFAA (Burbano de Lara, 2000: 7).

Desde 1997 al 2006 ningún gobierno electo por el voto popular pudo finalizar su mandato como consecuencia de golpes de Estado, destituciones (in)constitucionales a través del Congreso y movilizaciones ciudadanas, sucediéndose cinco gobiernos. En este período las diversas gestiones políticas –Abdalá Bucaram (agosto 1996- febrero 1997), Rosalía Arteaga (febrero 1997), Fabián Alarcón (1997-agosto 1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007) continuaron las mismas líneas de los anteriores gobiernos.

Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano, implementó un paquete de ajuste en el marco de la convertibilidad de la moneda. En dicho paquete estaban contempladas las privatizaciones de un conjunto de empresas, lo cual generó el rechazo de los grupos empresariales nacionales, al mismo tiempo que con su política profundamente antipopular de supresión de subsidios y aumento de tarifas de servicios produjo un clima de malestar social y movilizaciones de ciudadanos (De la Torre, 1996). El presidente fue destituido por el Congreso, quien se autoexilió en Panamá, colocando a una figura -Alarcón- que convocó a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. En esta destitución, las FFAA se pronunciaron públicamente a favor de la salida de Bucaram, reafirmando su papel tutelar, “aunque hayan sido los mismos civiles quienes invitaron a los militares a intervenir en la crisis” (Burbano de Lara, 2000: 9).

En las elecciones de 1998, salió victorioso Mahuad, del partido Democracia Popular, en un contexto de profunda crisis económica en la que el sistema financiero ecuatoriano estaba prácticamente quebrado debido, entre otros elementos, a la promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero durante el gobierno de Durán Ballén promovida por el FMI (Martín-Mayoral, 2009) y que protegía los manejos –muchas veces fraudulentos- de la banca privada. En este sentido, el gobierno decidió inyectar de recursos a la banca privada con el objeto de evitar su quiebra y “resolvió incautar gran parte de los depósitos bancarios en sucres y en dólares de los agentes económicos privados: su objetivo real es salvar al sistema financiero privado traspasando el capital de trabajo y los ahorros de

124 los particulares a la banca, en vista de que el Estado no tiene más recursos para sostenerla” (Acosta, 1999: 62). Asimismo, esta drástica medida se vio acompañada de recortes en los subsidios de gas doméstico y electricidad y su aumento en un 400% (Pachano, 2007), avalado por la reforma constitucional de 1998, en la que “se eliminaron prácticamente todas las disposiciones que establecían la centralidad del estado en la economía” (Pachano, 2007: 28). Como última medida desesperada, el gobierno de Mahuad decidió dolarizar la economía ecuatoriana, ya que para diciembre de 1999, la inflación anual había llegado a un 60,7% (Vos, 1999).

De esta forma, la ciudadanía volvió a ser rehén de las políticas económicas adoptadas por los diversos gobiernos, asumiendo los costos de las continuas crisis66y observando “por

fuera” los distintos acuerdos políticos, las disputas intra-elites y las alianzas entre la clase

política y los grupos empresarios que se venían gestando desde hacía más de una década. Múltiples movilizaciones en rechazo del gobierno de Mahuad, así como el retiro del apoyo de las clases dominantes y la clase política al presidente, prepararon el terreno para que una coalición -por cierto muy discutida- entre la CONAIE, cuyo presidente era Antonio Vargas, y los militares liderados por el por entonces coronel Lucio Gutiérrez derrocaran a Mahuad. Sin embargo, aunque no se instaló un gobierno militar sino que lo sucedió el vicepresidente Gustavo Noboa, los militares volvieron a exhibir su rol dirimente en la política ecuatoriana67. La nueva y breve gestión, favorecida por el precio internacional del petróleo en el marco de la dolarización (Larrea, 2004), logró mejorar levemente los índices macroeconómicos aunque adoptando medidas de neto corte neoliberal. Noboa convocó a elecciones para el año 2002, en las que, pese a la inconstitucionalidad que acarreaba, se presentó como candidato Lucio Gutiérrez con su partido político Sociedad Patriótica (PSP)

66 _{Para el año 1999, el desempleo llegaba al 16,9% y la pobreza a un 40% (Vos, 1999).}

67_{“Una vez más se hace evidente el carácter de los militares como árbitros del conflicto político. Noboa se}

posesionó ante autoridades militares y no en el Parlamento: elocuente imagen de la precariedad institucional del ordenamiento democrático ecuatoriano en el siglo XXI” (Ramírez y Ramírez, 2005: 51).

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con una plataforma de tinte nacionalista, formado por ex militares y ex policías y basado en la Doctrina de la Seguridad Nacional (García, 2005)68.

Gutiérrez ganó las elecciones en segunda vuelta contra Álvaro Noboa en el marco de una alianza con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, brazo electoral del Movimiento Indígena Ecuatoriano y el Movimiento Popular Democrático (MPD), partido surgido en 1978 de tendencia maoísta e instancia electoral del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (Quintero y Sylva, 2010), dos de las organizaciones sociales y políticas que más resistencias expresaron contra la implementación de las políticas neoliberales en los años previos. Sin embargo, a los seis

meses de gobierno, esta alianza se quebró ya que “si bien durante su campaña electoral se

manifestó opositor a las políticas neoliberales, apenas subió al poder firmó una carta de intención con el FMI y nombró a tecnócratas ligados a grupos empresariales para que

dirigieran su política económica ortodoxa” (De la Torre, 2008, 206) y, como sostiene

Andrade (2006), “Gutiérrez no sólo se alineó con la política estadounidense hacia la región andina, a través de su respaldo al Plan Colombia y al Tratado de Libre Comercio (…) sino que además dio un rol particularmente activo a la Embajada de Estados Unidos en el manejo

casi cotidiano de su política interna” (Andrade, 2006).Durante los dos años de gobierno de

Gutiérrez, la economía encontró cierta estabilidad, logrando una reducción de la inflación y un leve mejoramiento de los indicadores como el PBI y la pobreza (Larrea, 2004). No obstante, los problemas comenzaron a provenir de otro frente, el político-partidario. Dado que no tenía mayoría en el Parlamento, Gutiérrez elaboró una estrategia orientada al tejido de alianzas electorales con el Partido Social Cristiano, las cuales fracasaron luego de las elecciones legislativas de 2004. El PSC y la ID, junto con el respaldo de Pachakutik, manifestaron su intención de iniciar juicio político al presidente, hecho que generó la

68 _{El PSP es un partido político nacionalista de derecha, fundado en 2001 por el ex coronel Lucio Gutiérrez a}

raíz de la intervención de las cúpulas militares en el derrocamiento del ex presidente Jamil Mahuad. Las bases sociales de apoyo a este partido residen en militares, policías y sectores sociales ligados a la fuerza pública, por eso es considerado por muchos analistas (García, 2005) como el brazo político de las Fuerzas Armadas y la Policía. En palabras de García (2005), “el PSP reproduce la versión politizada y tecnocrática de la seguridad nacional, aquella que llega a justificar la intervención militar directa en la política” (García, 2005, citado por Burbano de Lara, 2005: 25).

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reacción de Gutiérrez quien dada su debilidad partidaria- institucional conformó una alianza con el PRE (Bucaram) y el PRIAN (Álvaro Noboa) e intervino inconstitucionalmente la Corte Suprema de Justicia para reemplazarla por una nueva que desactivara los juicios contra Bucaram para que éste pudiera regresar al país y de esta forma lograr una mayoría legislativa con el PRE.

Estas maniobras políticas fraudulentas y arbitrarias, así como el retorno efectivo de Bucaram al país, generaron una masiva ola de protestas y movilizaciones ciudadanas que carecieron de una “dirección política organizada” (Ramírez, 2005: 24) así como de la presencia de los movimientos sociales, como la CONAIE, tal como había sucedido en anteriores crisis políticas e institucionales (Ramírez, 2005). Estas movilizaciones- protagonizadas por un espectro diverso de actores sociales, aunque fueron las clases medias- altas de las principales ciudades, como Quito, Cuenca y Guayaquil las que cobraron mayor visibilidad mediática –los forajidos, según Lucio Gutiérrez-, condesaban en el reclamo “Que se vayan todos” diversas demandas que expresaban el hartazgo social para con la clase política en general y el formato de la democracia representativa que excluía políticamente a