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Según señalamos, una política efectiva de garantía de derechos requiere una política activa y deliberada en materia de producción de información. A su vez, dicha información deberá producirse en base a parámetros que permitan dar cuenta de la suficiencia o insuficiencia de las acciones estatales diseñadas e implementadas con tal propósito. A estos parámetros que se construyen sobre la base del contenido y alcance de los derechos y las obligaciones estatales se los denomina indicadores de derechos humanos.

El modelo de indicadores en derechos humanos es una herramienta para examinar en qué medida los Estados están cumpliendo con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Sirven, así, para medir el grado en que estos derechos, contemplados en las constituciones y/o los instrumentos internacionales, están siendo implementados. Son útiles, en particular, a la hora de evaluar si las medidas estatales son adecuadas y suficientes y cumplen con el fin para el cual han sido diseñadas. O si, por el contrario, habiendo arrojado resultados positivos, es oportuno insistir o seguir fortaleciendo cierto tipo de intervenciones por sobre otras. A su vez, permiten identificar vacíos o baches en donde el Estado no está interviniendo.

los indicadores de derechos humanos “brindan informaciones concretas sobre el estado de un acontecimiento,

actividad o resultado que pueden estar relacionadas con las normas de derechos humanos; que abordan y reflejan las preocupaciones y principios en materia de derechos humanos y que se utilizan para evaluar y vigilar la promoción y protección de los derechos humanos” (Naciones unidas/oaCDH, 2006a).

El sistema de indicadores de derechos humanos es una herramienta metodológica que facilita una aproximación empírica a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, indicando en qué medida las instituciones del Estado avanzan, retroceden, se estancan o fallan en relación con las metas establecidas. El sistema de indicadores de derechos humanos utiliza un conjunto de parámetros: i) seleccionados a partir del marco normativo que garantiza el derecho, ii) para medir tanto la intención y compromiso de las políticas públicas, como el resultado y la consolidación de esfuerzos de las instituciones, iii) que permiten incorporar la dimensión de aceptabilidad y adaptabilidad para dar cuenta de la garantía de la universalidad de los derechos humanos y las especificidades culturales y; iv) que reflejan las obligaciones estatales de respetar, proteger y garantizar.

Ahora bien, ¿qué aportan los indicadores de derechos? ¿Cuál es su valor agregado? Los indicadores de derechos humanos se distinguen de otro tipo de indicadores (indicadores socio-económicos, indicadores de desarrollo humano, etc.) en tanto se estructuran en torno a las nociones de sujeto de derecho, agente responsable y rendición de cuentas. Por tanto, incluyen información referida a los mecanismos institucionales y las políticas públicas, así como a la conducta de los funcionarios públicos y otros actores relevantes que permiten garantizar la efectividad de esos derechos y a los recursos y capacidades con que cuenta la población para exigirlos. Los indicadores de derechos van más allá del examen de los datos relativos a los resultados de las medidas adoptadas, aunque también se ocupan de relevar esa información. A diferencia de los indicadores socio-económicos, que buscan medir el grado de desarrollo económico y

obstante, las cifras sobre el grado de desarrollo pueden servir como un factor relevante en la determinación de algunas obligaciones estatales de derechos humanos, como la obligación de progresividad (CIDH, 2008)12_.

INDICaDorEs DE saluD E INDICaDorEs DEl DErECHo HumaNo a la saluD

El ex relator sobre Derecho a la salud de Naciones unidas, paul Hunt, señala que la diferencia entre un indicador de salud y un indicador del derecho humano a la salud radica en: a) su derivación explícita de normas concretas del derecho a la salud; y ii) la utilización que se les da, es decir, la vigilancia del derecho a la salud con miras a conseguir la rendición de cuentas de los responsables (Hunt, 2003). los indicadores socioeconómicos o socio demográficos pueden ser utilizados como indicadores de derechos humanos, en la medida en que se refieran a las normas de derechos humanos, y se utilicen para la evaluación de los derechos humanos (Naciones unidas/oaCDH, 2006).

De este modo, los indicadores de derechos humanos promueven una mirada en la institucionalidad pública existente en los Estados para hacer posible el cumplimiento de los derechos. Es decir, ponen el foco en la normativa, las políticas, los programas específicos y los recursos presupuestarios existentes y disponibles, así como en las instituciones creadas para posibilitar su implementación. Se ocupan tanto de las características y modalidades de implementación como de los resultados. En particular, este enfoque permite identificar la oferta de servicios y programas y si ésta responde adecuadamente a la demanda existente. Los indicadores de derechos humanos permiten contestar preguntas como: ¿Es suficiente la oferta, está disponible, es asequible, aceptable, adaptable? A su vez, revelan las instituciones y recursos necesarios para poder implementar tales medidas con algún grado razonable de éxito. A través de los indicadores de derechos humanos, se visibilizan las acciones que el Estado está adoptando y las capacidades estatales existentes y si éstas son adecuadas para dar progresiva satisfacción a los derechos.

Los indicadores de derechos humanos, a la par, promueven una mirada sobre el “cómo” se hace la política pública y sobre la “infraestructura” disponible para reclamar los derechos. Sugieren un abordaje procedimental. Indagan sobre los procesos de la acción estatal para efectivizar los derechos con el objeto de fortalecer su exigibilidad e institucionalización. En particular, permiten examinar si se han abiertos canales de participación social en tales procesos, si las políticas dirigidas a superar situaciones de vulneración de derechos se basan en información suficiente y de calidad así como si existen déficits de información y si, en caso de incumplimiento, las personas cuentan con las capacidades y recursos para hacerlos efectivos. En otros términos, centran la atención en las condiciones instrumentales vigentes para la adecuada implementación de los derechos, tomando como eje la condición de sujetos de derechos de las personas y los grupos destinatarios de las políticas: disponibilidad y accesibilidad a mecanismos de participación social y vías de exigibilidad, acceso y producción de información y capacidades efectivas de la población para exigirlos.

En definitiva, los indicadores de derechos humanos proponen una mirada holística y comprensiva, indagando sobre el conjunto de las condiciones que hacen posible o dificultan el ejercicio de derechos. Permiten tener un panorama más certero de las causas y factores que hacen factible su cumplimiento de derechos y aquellos que lo obstaculizan, lo retrasan, lo estancan y entonces constituyen una valiosa herramienta para formular intervenciones más apropiadas.