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Pero, para desgracia de IBM, el escándalo en la Argentina no pasó al olvido. Por el contrario, el perfil público del caso fue creciendo. El 9 de julio de 1996, el juez Bagnasco y el fiscal Cearras hicieron su primer viaje a Nueva York para presentar el caso ante los fiscales de Estados Unidos, en medio de una gran cobertura periodística por parte de los medios argentinos. Luego de entrevistarse con los fiscales del caso en White Plains, la ciudad del norte del estado de Nueva York en cuya jurisdicción se encuentra la sede central de IBM, los dos funcionarios fueron a Wall Street a presentar su caso ante agentes de la Comisión de Valores de Estados Unidos. "El juez investiga en Manhattan", tituló el periódico Clarín. La prensa argentina siguió a diario las actividades de los dos funcionarios en Nueva York, en medio de cada vez mayores expectativas.

Lo que quizás ignoraban Bagnasco y Cearras era que, en el mismo día en que ellos estaban en Nueva York tratando de abrirse paso en el sistema de justicia de Estados Unidos, IBM estaba reuniéndose con Menem en Buenos Aires, y amenazando veladamente con retirarse del país si continuaba lo que la empresa calificaba como un "acoso legal". El 10 de julio de 1996, el nuevo presidente de IBM Argentina, Gueicamburu, fue recibido por Menem y su ministro Cavallo en la Casa de Gobierno. Según reportó La Nación al día siguiente, IBM negó que estuviera amenazando con retirarse del país, pero "fuentes gubernamentales reconocieron que el directivo le aclaró al Presidente de que la decisión de IBM de permanecer en el país no es irrevocable".

A la salida de la entrevista, Gueicamburu intentó dar una imagen de total tranquilidad y confianza. "La empresa que represento no se siente presionada para nada por las investigaciones de la Justicia, la cual está haciendo su trabajo, y tenemos que dejarla que actúe", dijo el ejecutivo a los periodistas. Agregó que "a mí no me preocupa en absoluto que se descubra la verdad de los hechos, porque no tenemos nada que ocultar".

Sin embargo, documentos internos de IBM demuestran que dentro de la empresa había una atmósfera de pánico total. Memorandos internos encontrados en

un allanamiento del edificio de IBM cuatro años después revelan que se estaba viviendo un clima diametralmente opuesto al que uno podría imaginarse en una compañía que "no se siente presionada para nada", y que sólo deseaba que la Justicia siguiera haciendo su trabajo.

Los documentos encontrados durante el operativo, ordenado por el juez Jorge Brugo en una investigación paralela por presunta evasión de impuestos en el contrato IBM-Banco Nación, revelan que IBM Argentina —o por lo menos algún ejecutivo de la corporación— quería hacer todo lo posible por torcer el rumbo de la investigación judicial. El memo proponía ofrecer varias cosas a Menem a cambio de un desvío de la causa: entre otras, un mayor apoyo político, y utilizar la influencia de IBM a nivel mundial para lograr traer las Olimpíadas del 2004 a la Argentina.

Uno de los documentos confiscados, parcialmente dado a conocer por los periódicos La Nación y Página/12, era un memorándum de ocho páginas, escrito a mano, que según los investigadores había sido redactado por algún alto ejecutivo de IBM Argentina en preparación para la entrevista de la cúpula de la empresa con Menem. En principio, se había planeado una entrevista para junio de 1996 entre el presidente y Elio Cattania, un alto ejecutivo de la casa matriz de IBM que visitó la Argentina en esa fecha para participar en una reunión internacional. Pero dicha entrevista tuvo que ser postergada por motivos de agenda, y Menem terminó recibiendo al mes siguiente al presidente de IBM Argentina, Gueicamburu.

El documento, sin firma, pero registrado en el juzgado como encontrado en las oficinas de IBM Argentina durante el allanamiento, proponía la estrategia de IBM para la entrevista con Menem. El punto central del memo era presentar las investigaciones judiciales sobre el caso IBM-Banco Nación como un ataque al modelo económico pro-libre mercado de Menem. Bajo el título "mensajes", sugería tocar los siguientes puntos durante la entrevista con el presidente:

—"Los adversarios del modelo han instalado en la opinión pública el concepto de corrupción".

—"Esto debe ser desarticulado".

—"Intereses políticos y/o comerciales que buscan un gran escándalo" —"Esto daña al gobierno y perjudica a IBM".

—"Aparecen viejos preconceptos con el pasado [USA] que usted ayudó a cerrar".

—"Países de donde nos retiramos y no volvimos [Cuba]".

El memo también contenía lo que parecía ser una velada advertencia a Menem de que una acusación de sobornos contra la empresa podía abrir una caja de pandora que podía hacer tambalear al gobierno. "Una vez instalado el tema de cohecho en un contrato, es muy difícil de parar en todos los otros", decía. Tras esta última frase, el memo agregaba, entre paréntesis, la palabra "¡Ojo!". Asimismo,

sugería que se le estaba haciendo un daño enorme a IBM por apenas uno de sus tantos contratos en la Argentina. Para enfatizar el punto, proponía decirle al presidente: "No se anula la policía de Buenos Aires por unos casos de corrupción".

Acto seguido, el memo sugería que "personas inteligentes y con respaldo pueden encontrar/implementar una solución", y enfatizaba la necesidad de "evitar" que el caso derivara en una acusación por sobornos. "Para la imagen del gobierno y de IBM, el tema habría que circunscribirlo al tema del precio y la cantidad de servicios contratados... Se puede dejarlo a nivel de fraude, muy difícil de probar". Hacia el final, bajo el subtítulo "Apoyo a Menem", venían las zanahorias. Entre otras, se proponía "Confianza en su gobierno... y en el proceso de transformación", y el apoyo de IBM en el tema de las "Olimpíadas 94/2004".

No está claro si, en su entrevista con Menem, Gueicamburu tocó alguno, varios, o todos los puntos de la estrategia. Pero dos altos funcionarios del sistema judicial argentino, consultados sobre el memo, no pudieron dejar de observar la naturalidad con que el redactor de la estrategia había sugerido proponer al presidente Menem lo que de concretarse constituiría un delito: interferir con el sistema de justicia para que la investigación terminara en una denuncia de fraude —"difícil de probar"— y no de cohecho, que tenía consecuencias mayores, sobre todo en cuanto sus posibles repercusiones en Estados Unidos.

"Lo que denota esa documentación evidentemente es una estrategia de bajar la calificación del delito, porque una cosa es defraudar a la administración pública y otra cosa muy distinta es el soborno", me explicó Bagnasco, quien había agregado los documentos al expediente de su causa. "El soborno sí implica la violación de la ley norteamericana".